Política antinarcóticos

La política antinarcóticos del actual gobierno ha sido un fracaso. La administración Duque presento su política en diciembre de 2018, un año más tarde entregó el Informe Ejecutivo: Plan de Acción de la Política Ruta Futuro 2019-2022, donde estableció las actividades necesarias para cumplir con su política hasta el final de la administración.

El Plan de Acción se diseñó mediante un consenso entre 29 ministerios y entidades estatales que asistieron a unas 90 mesas temáticas, donde se definieron 268 acciones interinstitucionales repartidas entre los cinco pilares sobre los cuales está construida la política antinarcóticos:

• Pilar 1. Reducir el consumo de sustancias psicoactivas (86 acciones).
• Pilar 2. Reducir la disponibilidad de drogas ilícitas (58).
• Pilar 3. Desarticular las organizaciones criminales (22).
• Pilar 4. Afectar las economías y rentas criminales (25).
• Pilar 5. Trasversal (77)

Se supone que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) es la autoridad máxima en la política antinarcóticos y el principal promotor de Ruta Futuro como política de Estado y que una oficina de una dirección de un vice-ministerio del ministerio de Justicia es quien la instrumentaliza.

La administración Duque manifestó que su política antinarcóticos es fruto de un acuerdo al más alto nivel y por eso se convertirá en una Política de Estado que deberán aplicar los próximos gobiernos.

Según el informe, las 268 acciones identificadas serían financiadas con recursos del presupuesto nacional de acuerdo con las proyecciones de las entidades, no se mencionan otras fuentes de financiación.

El presupuesto para la ejecución del Plan de Acción se repartió entre los cinco pilares. El Cuadro 1 muestra dicha división.

Cuadro 1. Distribución de recursos del sector público para los cinco pilares de Ruta Futuro

Fuente: Informe Ejecutivo: Plan de Acción de la Política Ruta Futuro2019-2022

Es claro que hubo un desbalance en la asignación de los recursos. La Ruta Futuro fue en realidad una política estatal contra los cultivos ilícitos, la producción de cocaína y heroína, la incipiente industria de las drogas sintéticas producidas en el país y algunos subproductos de la marihuana.

El desbalance está relacionado con la financiación que recibe el país: en el Plan no se separaron los recursos nacionales de los recursos externos que se reciben para la lucha antinarcóticos (principalmente de Estado Unidos).

La Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho coordinó las 90 mesas que permitieron definir los recursos a destinar en Ruta Futuro. Es claro que la Dirección del Ministerio de Justicia carece de la capacidad de convocatoria y de personal técnico necesaria para tratar asuntos presupuestales.

El Cuadro 1 refleja únicamente las actividades que los Ministerios y Agencias estatales quisieron identificar como parte de la política Ruta Futuro. Esto se ratifica en el desbalance de recursos asignados a cada pilar: para reducir la disponibilidad de drogas ilícitas se destinaron 4.2 billones de pesos.

Los 4.2 billones se repartirían así: $4.1 billones (el 97,8 %) se destinarían a reducir los cultivos ilícitos (interdicción, erradicación y desarrollo alternativo entre ortos); $48.000 millones (1 %) para reducir las vulnerabilidades (no definidas); $10.100 millones (0,2 %) para controlar las sustancias químicas y las infraestructuras de producción; y $3.450 millones (0,08 %) para reducir las drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas. Los otros cuatro pilares parecen insignificantes, escasamente suman $225.000 millones.

Este plan claramente pretende combatir la drogadicción mediante la represión y no como un problema de salud pública. Así ha reacionado el gobierno Duque, como ejemplo como manejo la situación del portal de las Américas en Bogotá, donde la preocupación es la venta callejera de narcóticos y no la prevención.

La política antinarcóticos de este gobierno sigue exhibiendo el sesgo creado hace más de 40 años sobre los cultivadores y exportadores de cocaína. Además ratifica que no hay una entidad que tenga la jerarquía para diseñar, administrar y ejecutar una política adecuada con una visión integral de la producción, la prevención y la atención social del problema.

Es inoperante hacer responsable al Ministerio de Justicia de la ejecución de la política antidrogas, ya que este carece de la capacidad administrativa para asegurar dicha operación.

Pero esto no es culpa del gobierno actual. Este problema se originó cuando se cerró la Dirección Nacional de Estupefacientes sin considerar la necesidad de mantener un órgano capaz de manejar la política antinarcóticos.

Conviene recordar que desde mediados de los año 90 Colombia es el mayor cultivador y procesador de cocaína del mundo, que también cultiva y procesa amapola para exportar heroína y que desde los 70 cultiva y exporta marihuana.

El Plan de Acción insinuó que cada entidad debería ejecutar su propio presupuesto identificando las partes de la política “Ruta Futuro”. Pero al carecer de una institución con la autoridad, el personal y la capacidad necesaria para reunir las 29 entidades convocadas para ejecutar el Plan, quedan interrogantes sobre la fiabilidad de la información presentada.

El de Plan de Acción no identificó ni cuantificó los montos de las inversiones a realizar para desarticular las organizaciones criminales y afectar las economías y rentas criminales, aun cuando es el propio Ministerio de Justica, dentro de su Dirección de Política Criminal, la institución encargada de coordinar y orientar dichas actividades.

Quedan cuatro meses para el cambio de gobierno y es claro que la lucha contra las drogas y las organizaciones criminales no ha sido una prioridad. Por el contrario, el gobierno se dedicó a adornar la situación con capturas, extradiciones o dar de baja a altos mandos, eso no se traducen en una política eficiente y exitosa.

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Disponibilidad de las drogas ilícitas

Aunque supuestamente se hicieron inversiones para reducir la disponibilidad de las drogas, poco ha cambiado, especialmente en el caso de la cocaína. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a menos hectáreas sembradas de hoja de coca más cocaína se produce en Colombia (Cuadro 2).

Cuadro 2. Datos básicos sobre el cultivo y la producción de cocaína en Colombia 2018-2022

Fuente: Informes anuales SIMCI

*Los datos del 2021 se recopilan de las declaraciones del Ministro de defensa el 20 de diciembre de 2021.

Si quiere formularse un plan adecuado, habría que considerar también que las organizaciones criminales que exportan la droga se benefician del mayor rendimiento de los cultivos de coca.

Dichos cultivos cayeron un 16 % entre 2018 y 2020 en el país (no hay datos oficiales para el 2021), pero la productividad aumentó un 9,6 %, eso significa que las organizaciones criminales aumentaron sus ganancias.

Algunos aseguran que los decomisos también aumentaron en el mismo periodo un 22,3 % y eso afectaría las ganancias de estos grupos. Pero el dato sobre decomisos carece de importancia, pues no se considera la pureza del producto, antes bien dentro de esa cifra se incluye la base de cocaína y eso pone en duda el efecto de la interdicción sobre las finanzas de las organizaciones criminales.

Es sabido que el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) es financiado por Colombia y operado por la UNODC, cuya oficina en Colombia también es financiada por el gobierno. Esto podría explicar el interés de la oficina de la ONU en entregar información que beneficie al gobierno, obedeciendo a intereses económicos.

Este es apenas un ejemplo de los problemas que aquejan la formulación de una adecuada política antidrogas en Colombia, un reto que deberá afrontar el próximo gobierno.