El asesinato del río Nechí, los derechos a perpetuidad, y la refutable idea de un yacimiento aluvial

Fue en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, y la presidencia en el senado de Julio Cesar Tuybay Ayala, cuando se promulgó la Ley 20 de 1969. Con esta disposición se estableció lo obvio: las materias primas encontradas en el subsuelo serían de la Nación, del pueblo colombiano, y no del dueño de la finca o hacienda donde se hallaren. Esta Ley, sin embargo, dejó “un guardadito” muy importante que está afectando la vida de miles de personas y hoy se presenta como la causa principal del mayor desastre ambiental de la historia del país: el asesinato del río Nechí y por tanto del Río Cauca y de La Mojana. Con esta Ley, en aras de “respetar” los derechos adquiridos de las firmas privadas vinculadas a yacimientos mineros descubiertos hasta entonces, se impuso el irrespetar la vida misma del segundo río más importante del país.

“ARTÍCULO 1º. Todas las minas pertenecen a la Nación, sin perjuicio de los derechos constituídos a favor de terceros. Esta excepción, a partir de la vigencia de la presente ley,  sólo comprenderá las situaciones jurídicas subjetivas y concretas debidamente perfeccionadas y vinculadas a yacimientos descubiertos”

Intentando ser indulgentes con los artículos 1 y 13 de esta Ley, y que son específicamente los causantes de la muerte –por decir lo menos- del río Nechí, podría decirse que con ellos se buscó nacionalizar de manera tibia la riqueza minera del país. No se trató de una medida radical, como la ejercida por Salvador Allende a propósito del cobre chileno, y que en buena medida llevó a su sangriento derrocamiento; tampoco tiene punto de comparación con la nacionalización de hierro y del petróleo que unos años después llevara a cabo Carlos Andrés Pérez y que dio surgimiento a la famosa -y hoy desvencijada- PDVSA en Venezuela. La iniciativa de Lleras Restrepo, como muchas de sus propuestas, en cambio, buscando quedar bien con todo el mundo tal como ocurrió con su propuesta de reforma agraria, terminó siendo fundamentalmente una iniciativa maquinada para difuminar las causas objetivas de una revolución en Colombia.

Como consecuencia de ese “mico” de la Ley 20 de 1969 tenemos el asesinato del río Nechí y de otros varios. Allí tenemos asentada una empresa minera legal que explota y explotará (a perpetuidad) el oro que se encuentra en la base del río por tratarse –supuestamente- de un yacimiento descubierto. Y es a perpetuidad porque la defensa de la propiedad y el principio liberal de los derechos adquiridos, le hacen pensar al Estado que allí hay un “yacimiento descubierto” cuyo dominio resulta inalienable independientemente que, como quisiéramos discutirlo a continuación a través de un breve razonamiento lógico, no se trata de un yacimiento. Algo no puede ser y no ser un yacimiento al mismo tiempo, diría Aristóteles.

El mico legislativo tiene que ver con la ambigüedad de la palabra “yacimiento”, que en 1969 fue interpretada por los legisladores atendiendo los principios y necesidades de una minería terrestre, fundamentalmente petrolera. En aquella época se tenía al yacimiento como ese recurso finito que yacía bajo la tierra, y que desde luego debería acabarse en algún momento. Un yacimiento (ya sea geológico, arqueológico o paleontológico) no es jamás eterno y resulta una contravención a la lógica pensar un yacimiento infinito. Un yacimiento, para serlo, debe ser definitivamente finito; si se tratara de un material infinito no yacería bajo la tierra, sino que sería la esencia de la tierra misma.

Es esta la realidad ambiental que tenemos en ríos como el Nechí y el Atrato, en cuyos lechos no hay yacimientos, sino una circulación permanente de minerales que viajan en temporalidades distintas. Y si un material circula… definitivamente no yace.

Pero además de ser finito, un yacimiento debe ser físicamente invariable. A nadie le crece un pozo petrolero o se le agranda la veta de una mina; lo que se podría agrandar, quizás es el descubrimiento, pero no la veta misma.  Y esto es justamente lo que no ocurre en aquellos minerales que circulan de manera lenta bajo un río, y que no son siempre los mismos, sino que se mueven a lo largo de sus cursos, se acumulan y se disgregan a partir de factores climáticos contingentes como los vientos, las corrientes y los cambios de curso. Esto es claro en ríos como el Nechí y el Atrato, cuyos minerales vienen, han venido y vendrán de las montañas situadas más arriba, y de los cientos de ríos que las bañan. Se trata de minerales que viajan a través del agua, muchos de los cuales (seguramente los más superficiales) han llegado de manera reciente.

El oro que tenemos, pues, tanto en el río Nechí, tal como ocurre en el río Atrato, son minerales que están determinados por una circulación y fluidez hídrica y una descarga permanente de minerales que tiene origen tanto en la Serranía de San Lucas como en la Serranía del Darién; hablamos de zonas lluviosas arropadas por selva húmeda tropical que irrigan sus cuencas de una biodiversidad que incluye necesariamente elementos minerales.

Es tanto el oro que circula en estas cuencas que ni siquiera sus explotadores pueden determinarlo o terminarlo. Al momento de circular ese mismo oro en la sustancia del agua (incluso como lodos), es decir al no yacer, tanto la medición de su propia dimensión como la previsión de su agotamiento resultan ininteligibles. Lo del Río Nechí, definitivamente es una gallina de oro, pero no es una gallina de oro a perpetuidad. Las gallinas de oro no son eternas, tienen que morirse; a menos que fueran unas “diosas gallinas de los huevos de oro” como quieren hacernos pensar las empresas (y sus defensores en el gobierno) quienes creen creen tener títulos mineros a perpetuidad sobre un yacimiento circulante.

Mientras tanto, hasta el día de hoy el drama es dantesco. Los bagres y bocachicos tienen atrofiadas sus branquias por los sedimentos mineros y muchos de ellos están contaminados con el mercurio que tanto la empresa legal como los dragones ilegales de la mafia han dejado sembrados por décadas. Mientras tanto, las ciénagas se taponan por esos mismos sedimentos lo que conduce a que los peces no puedan ir a ellas para desovar. Las aguas cada vez menos profundas por culpa de arenas emergentes tienen al borde de la extinción a especies como el sábalo y el manatí. Todo por un oro que es sacado de las aguas para ser enterrado en bóvedas de bancos centrales, o quedar en las manos de poseedores de ostentosas y ridículas joyas.