¿Qué reclaman los docentes? ¿Qué tan legítimos son los paros de este año?
Ángel Pérez Martínez*
Otra vez a paro
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) ha realizado dos paros en lo que lleva corrido del año. Y ya está programado el siguiente para el próximo 25 de abril.
¿Por qué FECODE decide llevar a cabo estos paros? ¿Tiene razón en sus motivaciones gremiales, educativas y sociales, o son solo una excusa para oponerse al gobierno de turno?
Los problemas de la educación
 Marcha de Maestros de Fecode. Foto: Facebook Fecode |
Los permanentes paros de FECODE son consecuencia de un Estado débil en materia de política social, y de un Ministerio de Educación Nacional al que le han faltado sabiduría y paciencia para buscar acuerdos con los representantes del magisterio.
El gobierno debe reconocer que en materia educativa subsisten problemas que exigen soluciones de largo plazo, por ejemplo:
- las bajas coberturas en la educación preescolar;
- la cobertura neta en el nivel de transición del 55 por ciento;
- la cobertura neta en el nivel medio del 42,8 por ciento;
- los altos índices de deserción de los adolescentes y jóvenes en la secundaria;
- la mala calidad de la educación.
También debe reconocer que el más grave de los problemas del sector es la escasa financiación. Colombia invierte apenas 4,5 puntos del PIB en educación; pero para aumentar el acceso y elevar la calidad en relación con países similares, deberíamos estar invirtiendo cuando menos 6 puntos del PIB. Esta es la recomendaciones de entidades tan serias como la Fundación Empresarios por la Educación o la Fundación Compartir.
Según los datos de la OCDE, mientras que Chile invierte 100 dólares por cada estudiante de educación básica, Colombia invierte 60. También es desalentador que el Estado invierta 3,5 millones de pesos promedio por año en cada estudiante, mientras que algunos colombianos invierten más de 20 millones en los mejores colegios privados.
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Paros y democracia
FECODE es el sindicato más importante del país. Sus afiliados se acercan a los 300.000 docentes; incide de manera sustancial sobre la vida actual y futura de unos ocho millones de estudiantes y más de doce millones de padres de familia o acudientes; y tiene una gran capacidad de movilización, que se demuestra permanentemente en las calles
Los permanentes paros de FECODE son consecuencia de un Estado débil.
En general, puede afirmarse que los paros de FECODE están asociados con tres asuntos:
- Pedir estabilidad, mejoras salariales y bienestar para sus afiliados;
- Exigir el cumplimiento de acuerdos ya firmados, y
- Mejorar el financiamiento de la educación oficial en los niveles de preescolar, básica y media, en el que se registra según el DANE un 80 por ciento de la matrícula total en Colombia.
Aunque se trata de reclamos legítimos, el rechazo de algunos sectores a las movilizaciones de FECODE muestra la escasa cultura democrática en Colombia, rezago de nuestro conflicto armado. Algunos simplifican la cuestión al afirmar que se trata de movilizaciones de “extrema izquierda”, y hasta sostienen que su único propósito es desestabilizar al gobierno. Estos sectores se han empeñado en deslegitimar al sindicato de los docentes, acusándolo de que no educa sino que “adoctrina”; por eso algunos políticos han propuesto limitar la libertad de cátedra y privatizar la administración de la educación.
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Los reclamos de 2019
 Iván Duque y la ministra de educación, María Victoria Ángulo. Foto: Facebook Ministerio de Educación Nacional |
FECODE justifica los paros que ha llevado a cabo en 2019 con dos argumentos:
1. Garantía de recursos para la educación básica y media
En 2016 finalizó el periodo de vigencia de la fórmula del Sistema General de Participaciones (SGP) que estableció el Acto Legislativo 04 de 2007, mediante el cual se desarrollaron los artículos 356 y 357 de la Constitución.
El SGP es el instrumento que utiliza la Nación para financiar la educación pública básica y media, la salud para la población de menores ingresos, el acceso al agua potable y saneamiento básico, y el funcionamiento de los municipios más pequeños del país.
Por eso desde 2017 no está garantizado el financiamiento de la educación básica y media. En el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2018, el gobierno reconoció que la transferencia del SGP disminuyó el 2,3 por ciento entre 2017 y 2018. Por ese motivo, el gobierno ha tenido que suplir el déficit a través de otras fuentes de recursos, por ejemplo, el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET).
El más grave de los problemas del sector educativo es la escasa financiación.
Lo anterior explica por qué desde 2017 FECODE reclama una reforma de la Constitución que reajuste el SGP. En concreto, FECODE pide recuperar para el SGP los recursos que se transferían antes de la Ley 715 de 2001, que en su momento llegaron a representar cerca del 50 por ciento de los ingresos corrientes de la nación, repartidos así:
- 24,5 por ciento de situado fiscal (artículo 10, Ley 60 de 1993);
- 22 por ciento de participaciones (artículo 357 de la Constitución);
- Y alrededor de un 3 por ciento de los recursos del Fondo de Compensación Educativa, que fue creado durante el gobierno Samper para completar la financiación del sector educativo.
Si se hubiera mantenido la proporción de recursos del 2000, en 2019 el SGP tendría cerca de 70 billones de pesos y no los 41 billones que fueron distribuidos por el DNP para este año.
Por fortuna, lo paros de FECODE ya dieron su primer fruto: el gobierno, a través del Ministerio de Educación Nacional, se comprometió a elaborar un artículo para el Plan Nacional de Desarrollo. Dicho artículo propone una comisión de alto nivel encabezada por entidades de gobierno para presentar un acto legislativo que reforme el Sistema General de Participación.
2. Cierre de brechas en educación
Además de los problemas de financiación, FECODE ha propuesto cerrar “cinco brechas” de la educación, que a continuación intento explicar en forma de objetivos:
- Avanzar en el acceso universal a la educación pública. Además del millón de niños y adolescentes en edad escolar que están por fuera del sistema educativo, FECODE insiste en que hay cerca de un millón de estudiantes de estratos 1, 2 y 3 que hoy asisten a la educación privada y cuyos padres hacen un enorme esfuerzo para asegurar su pago, lo cual afecta seriamente su calidad de vida.
- Establecer la jornada única con condiciones dignas. La propuesta incluye mejoría del salario de los maestros que asuman la jornada única, quienes en todo caso no podrán tener una sobrecarga laboral. También contempla el aumento del número de docentes, así como ampliar la oferta de alimentación, transporte, conectividad y otros apoyos de bienestar para los estudiantes que asistan a dicha jornada.
- Mejorar las relaciones técnicas. Esto implica revisar la relación alumnos-por-docente en aulas de clase.
- Adecuar la infraestructura educativa. El documento CONPES 3831 de 2015 declaró el plan nacional de infraestructura educativa para la jornada única escolar como un asunto de “importancia estratégica”. Allí se dice que en 2030 el gobierno debería haber construido las 51.134 aulas necesarias para universalizar la jornada única en todo el territorio nacional. La meta para 2018 era alcanzar 30.680 aulas, pero a la fecha aún no se alcanza a cumplir la tercera parte de esa cifra.
- Mejorar la educación rural. Las evidencias señalan de manera consistente que el mayor atraso y abandono de la educación en Colombia está en el área rural, donde todos los indicadores son negativos.
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¿Qué sigue?
Está claro que los paros no le convienen a nadie, mucho menos a los niños y adolescentes.
Por eso el gobierno y FECODE tienen el deber de dialogar y discutir en un marco realista, sobre la base de cifras y con comparaciones internacionales sobre los puntos anteriores —en especial sobre la financiación y la gestión del sector educativo—.
Pero ante todo es necesario establecer las prioridades políticas del gasto del Estado. En los años 70 y 80 concebimos un sistema educativo oficial barato y de mala calidad; ahora, nos parece muy caro garantizar el derecho a la educación con calidad.
Cuando se afirma que Colombia debería invertir más de 6 millones de pesos al año por estudiante, siempre se objeta que no tenemos el espacio fiscal para lograrlo. Por eso, la solución es reordenar los gastos del Estado en consonancia con las prioridades que todos deseamos.
Y a propósito, ¿la calidad de la educación para cuándo?
*Profesor universitario y asesor en temas educativos.
