Los niños malnutridos y los corruptos llevándoselo todo - Razón Pública
Inicio TemasEconomía y Sociedad Los niños malnutridos y los corruptos llevándoselo todo

Los niños malnutridos y los corruptos llevándoselo todo

Escrito por Yolanda Puyana

Captura de pantalla del video tomado por la profesora Claribel Rodríguez en Aguachica, Cesar.

Yolanda PuyanaEl escándalo por la pésima alimentación en algunos colegios ha puesto en evidencia tres problemas: menores malnutridos, corrupción generalizada y un modelo de política social que impide construir la ciudadanía que podría vigilar a los corruptos.   

Yolanda Puyana Villamizar*

Indignante

Gracias a los medios de comunicación se han hecho públicas graves denuncias contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y varias alcaldías por irregularidades en la distribución de alimentos en los colegios de Colombia.

En estas denuncias, realizadas por personas que bien podrían llamarse heroicas porque han enfrentado la negligencia del Estado y de los organismos de control, se ve que algunos contratistas distribuyen alimentos básicos cometiendo todo tipo de irregularidades para apropiarse de los recursos y enriquecerse mediante fundaciones “sin ánimo de lucro” que -bajo nombres como Esperanza o Solidaridad- contribuyen de hecho al deterioro de las condiciones de vida de los menores.

Un ejemplo de ello ocurrió en el departamento del Cesar y se conoció gracias a un video que logró una docente y donde se muestra el modo como Acción Social Integral distribuía insuficientes alimentos a niños y niñas, les hacía comer con la mano y los fotografiaba con un plato de comida y un vaso que no usaban y debían entregar al siguiente niño para  engañar al supervisor.

El informe 2014-2015 de la Contraloría contiene otros datos escalofriantes sobre la repartición de alimentos en las escuelas del país:  

  • Entrega de porciones alimenticias por debajo de lo contratado,
  • Cubiertos oxidados,
  • Infraestructura inadecuada,
  • Suciedad,
  • Irregularidades en la contratación,
  • Enriquecimiento de las organizaciones que obtienen las licitaciones y están involucrados en estos desfalcos.

Esto ocurre especialmente en los departamentos de la Costa Caribe y en lugares donde han dominado los paramilitares, como fue descrito en el artículo de El Heraldo, “La galería de los horrores de la administración escolar”.

Por su parte, la directora del ICBF manifestó su indignación frente a los titulares de prensa y argumentó que no basta con achacar la responsabilidad al Instituto: “Nunca culpan a las EPS que, por cierto, deberían estar haciendo programas de prevención y promoción. (…) Incluso, nunca responsabilizan a las autoridades indígenas”.

Pero, más allá de estas noticias escalofriantes, ¿qué nos dicen las estadísticas sobre la nutrición infantil en Colombia? ¿Por qué se trata de un problema recurrente que se discute en momentos de crisis pero se olvida con tanta rapidez? Para responder estas preguntas, presento aquí un breve análisis sobre los problemas nutricionales de los niños colombianos, sorbe  la crisis ética del sistema, y sobre como la orientación de la política social tiende a  aumentar la incidencia de la corrupción.

Desnutrición infantil

Atención de niños con desnutrición en centro médico de Arauca.
Atención de niños con desnutrición en centro médico de Arauca.
Foto: Defensoría del Pueblo

Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia 2010, la desnutrición crónica afecta al 3,4 por ciento de la población infantil. Aunque las comparaciones anuales indican que esta cifra ha descendido, aún en 2016 no alcanza a cumplir las metas del milenio –u objetivos que Colombia se autoimpuso para el año 2015 al suscribir el acuerdo de la ONU al comenzar el siglo XXI-.  

La desnutrición crónica afecta al 3,4 por ciento de la población infantil. 

El retraso del crecimiento por falta de nutrición se concentra en la población indígena, en la  rural y en la urbana afiliada al Sisbén. La misma fuente muestra que el 42 por ciento de los hogares en Colombia están afectados por la inseguridad alimentaria:

  • El 3,0 por ciento sufre una inseguridad severa,
  • El 11,9 por ciento, una moderada, y
  • El 27,9 por ciento, una leve.

En el caso de la región Caribe, donde son más agudos los problemas de corrupción con la comida de los niños, esta tasa es mayor que el promedio nacional, pues asciende al 58 por ciento.

Además en la Encuesta se destaca que en Colombia el 52 por ciento de los niños no consumen lácteos todos los días y el 66 por ciento no comen frutas. En contraste, los índices de comida de dulces y harinas son muy altos, lo que produce cada vez más casos de obesidad infantil.

Como se sabe, la malnutrición tiene efectos nefastos sobre el desarrollo intelectual de niños y niñas y provoca todo tipo de enfermedades.

La crisis ética

En un estudio de Javier Duque que el autor resumió para Razón Pública se encontró una muy clara y perversa asociación entre quienes ejercen la política para apropiarse de los recursos públicos y las redes establecidas entre partidos políticos y actores armados ilegales.

Esas alianzas se hacen a partir de cálculos sobre la inversión necesaria para extraer  cierta cantidad de recursos públicos, ya que la probabilidad de ser juzgado y condenado en Colombia por estos delitos es sumamente reducida. Y si por algún motivo se cae preso, los años de cárcel son insignificantes dadas las medidas de disminución de penas.

La posibilidad de éxito de quienes cometen estos crímenes también aumenta ante la falta de una ciudadanía activa que lleve el control y haga veedurías. Pero, como gran parte de la población beneficiaria de los programas de nutrición ha sufrido desplazamientos o ha presenciado masacres, es comprensible su temor a oponerse a prácticas como las descritas. Por eso se necesita una población civil organizada que haga el ejercicio de una veeduría activa.

La orientación de la política social

Comisión Humanitaria de la Defensoría del Pueblo en resguardos indígenas de Arauca.
Comisión Humanitaria de la Defensoría del Pueblo en resguardos indígenas de Arauca.
Foto: Defensoría del Pueblo

Desde la década de 1990 prevalecieron en Colombia las políticas neoliberales que afectaron la operación del Estado y la posibilidad de ejecutar recursos en alianza con el sector privado.

Como sostiene César Giraldo, “La política social comenzó a privatizarse en varios sentidos: La canalización de ahorros de seguridad social (pensiones, salud, riesgos profesionales) hacia mercados de capitales privados, se combina con un subsidio a la demanda, que es la forma que toman las políticas de gasto social focalizado hacia sectores pobres y vulnerables, privatización de la provisión de bienes sociales y ajuste fiscal”. 

En Colombia la política social hace énfasis sobre la cobertura, con frecuencia sin hacer un seguimiento de la calidad, y buscando reducir gastos. Los recursos públicos se entregan a fundaciones privadas u ONG “sin ánimo de lucro” que se ajustan a los requisitos de los contratos, establecen alianzas con los políticos de turno y empiezan a prestar los servicios. Pero esas fundaciones u ONG no tienen conocimiento suficiente sobre el tema, tienen poca supervisión por parte del Estado y sobre todo están motivadas por el negocio de la apropiación de los recursos estatales.

La privatización también significa contratar el mínimo de personal idóneo, a término fijo, sin continuidad y con contratos de corta duración para ahorrar recursos, lo cual hace imposible acompañar los procesos de participación comunitaria por parte de la población. Por ejemplo en el caso de la nutrición, no se han tenido en cuenta los datos sobre la necesidad de la prevención nutricional del sobrepeso entre los menores. 

La malnutrición tiene efectos nefastos sobre el desarrollo intelectual de niños y niñas.

Además, las políticas sociales se han concentrado en aquellos sectores caracterizados como “pobres y vulnerables”, a quienes usualmente se les asignan subsidios, lo cual conlleva  efectos perversos sobre el proceso de construcción de ciudadanía. Estos subsidios hacen que las personas empiecen a competir con otros “pobres” para ser merecedores de la ayuda, sin construir proyectos de vida propios. Como dice Andrés García: “En lo social el programa Familias en Acción debilitó el Estado Social de Derecho, se sustituye la exigibilidad característica del derecho por el agradecimiento que genera la obtención del subsidio”.

Si bien estos proyectos  han permitido aumentar la cobertura de los servicios del Estado colombiano, a largo plazo tienen un efecto nefasto porque inhiben la formación de una ciudadanía independiente y capaz de ejercer las necesarias veedurías, de confrontar a las autoridades locales o, en este caso, de controlar la distribución de alimentos.  

Para revertir esta situación, se necesitan medidas de fondo como decir la integración de los programas de distribución de alimentos con proyectos de producción agropecuaria, la promoción del  trabajo comunitario y, sobre todo, el combate real contra la corrupción.

Pero si no se hace algo este crimen- peor que el narcotráfico- seguirá destruyendo lo mejor que tenemos: nuestras niñas y niños.    

 

* Profesora de la Universidad Nacional de Colombia

 

Artículos Relacionados

Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Leer políticas Aceptar

Política de privacidad y cookies