Sergio Martinez, autor en Razón Pública
Foto: Minambiente

Compartir:

Foto: Minambiente

Enfrentamos la crisis más grave en cuarenta años en materia de suministro de agua potable en Bogotá. Un camino para proteger este recurso es avanzar en la transformación digital del acueducto de la capital.

Sergio Martínez Medina*

Sin solución inmediata

Los bogotanos enfrentamos la peor crisis en el suministro de agua potable de los últimos 40 años, ocasionada por el fenómeno de El Niño y los efectos del cambio climático. Para responder a este difícil problema, la Alcaldía Mayor ordenó restringir el servicio de acueducto ante la incertidumbre sobre el suministro de agua que proviene del sistema Chingaza.

La crisis abrió el debate sobre la necesidad de ampliar la capacidad de este sistema hídrico, pero el impacto ambiental sobre una amplia parte del Parque Nacional Natural Chingaza, además de los alto costos económicos que deberán asumir los bogotanos, hacen que esta posibilidad esté lejos de concretarse. 

Ante este escenario es fundamental que la Alcaldía estudie otras alternativas para optimizar la prestación de agua potable en los próximos años, sin afectar el bienestar de los bogotanos y evitando nuevos racionamientos.

Un camino urgente pasa por avanzar de manera decidida en la transformación digital de los servicios públicos domiciliarios de red, que llevan energía, gas o agua potable a los hogares colombianos.

Una transformación digital pendiente

La revolución digital en la prestación de los servicios públicos es una realidad en varias ciudades de Estados Unidos, Europa y Asia. A través de la tecnología conocida como el Internet de las Cosas (IoT), los usuarios de energía o de agua pueden controlar su consumo y contar con información precisa sobre el estado de las redes, mientras que las empresas pueden planear de manera más precisa la oferta y la demanda de los servicios públicos. 

Además, los dispositivos inteligentes o medidores digitales pueden capturar información con un mayor nivel de detalle, lo que permite a las autoridades anticiparse a las crisis, tomar decisiones sobre política pública y adquirir datos para mejorar la gestión climática, elemento esencial para el futuro de los grandes centros urbanos.

Mediante la ciencia de los datos las ciudades pueden construir modelos predictivos para conocer la demanda futura, identificar puntos críticos para focalizar la gestión de la red, tener información para desarrollar sistemas eficientes para eliminar o mitigar las pérdidas que se generan en servicios, y, quizás el aspecto más importante, darle al usuario la posibilidad de controlar su consumo.

Por ejemplo, con el uso de sensores digitales en ciudades como Nueva York, se han instalado contadores electrónicos para evaluar el consumo, mejorar el uso de los residuos en los sectores industriales y comerciales, y administrar los recursos escasos de manera eficiente.

El futuro está en la revolución de los datos

El uso de sensores inteligentes está integrado con la analítica de datos para administrar las redes de los servicios públicos, como en el caso del acueducto. Mediante la ciencia de los datos las ciudades pueden construir modelos predictivos para conocer la demanda futura, identificar puntos críticos para focalizar la gestión de la red, tener información para desarrollar sistemas eficientes para eliminar o mitigar las pérdidas que se generan en servicios, y, quizás el aspecto más importante, darle al usuario la posibilidad de controlar su consumo. 

Con el uso de datos la administración de una ciudad cuenta con instrumentos o herramientas para enfrentar el cambio climático, optimizar el uso de recursos escasos, como el agua, y fortalecer las finanzas de las empresas o entidades públicas.

La transformación digital del Acueducto de Bogotá (EAAB)

En los últimos días la agenda pública del Distrito se ha concentrado en enfrentar la severa crisis de suministro de agua potable en la ciudad, mediante la imposición de un racionamiento zonal. Sin embargo, no se observa que exista una agenda digital robusta, no solo para superar esta crisis, sino también para transformar al acueducto de Bogotá (EAAB) en una empresa digital.

De acuerdo con la información que entrega el Acueducto de Bogotá, las pérdidas por agua no contabilizada superaron el 35% en el 2023, es decir que por cada 100 litros de agua que se distribuyen desde los embalses hasta los hogares bogotanos se pierden casi 35 litros en el recorrido. Esto demuestra la existencia de serias deficiencias en la distribución del recurso hídrico y una clara ausencia de control efectivo de la red.

De la misma manera, los bogotanos no tenemos mecanismos para controlar el consumo del agua en nuestras casas o apartamentos. Los contadores del consumo del Acueducto de Bogotá son obsoletos: no son entendibles para el usuario y no registran la información de manera precisa. Adicionalmente, la información en la factura también es confusa para la ciudadanía.

Frente a la gestión de la cuenca hidrológica y su interrelación con el medio ambiente, se ha evidenciado de manera notoria la poca capacidad que tuvo el Acueducto de Bogotá (EAAB) para prever la crisis de los últimos meses. Aparentemente, no existen modelos climáticos interrelacionados con la situación de la cuenca de Chingaza capaces de anticipar la rápida disminución de los embalses. 

En este contexto se requiere que el Distrito cuente con una administración integral del recurso hídrico, que incluya una completa interoperabilidad de los sistemas y bases de datos climáticos que tienen las autoridades ambientales con los de las empresas de servicios públicos.

Hacia la construcción de una prestación inteligente

La transformación digital del Acueducto de Bogotá (EAAB) debe ocupar un primer nivel en la agenda de política de la Administración Distrital, con el propósito de preparar a la ciudad para enfrentar los retos climáticos que impactarán al territorio en los próximos años. Por lo tanto, es importante comenzar a trabajar en las siguientes acciones:

  • Dotar a la EAAB de los suficientes recursos presupuestales para incorporar tecnologías, sensores, contadores y medidores digitales en toda la cadena de suministro. Para lograr este propósito, será necesario conseguir fuentes de recursos nacionales e internacionales para que la financiación del cambio tecnológico no se soporte únicamente en los cobros tarifarios.
  • El Distrito puede unir los intereses del Acueducto de Bogotá con la Empresa de Telecomunicaciones Distrital (ETB) para que esta última lidere el proceso de incorporación de tecnologías y dispositivos, de tal forma que se generaría un nueva oportunidad comercial y financiera para proteger el valor de ETB y así contribuir en garantizar su viabilidad futura.

Con el uso de tecnologías emergentes se podrán mitigar las pérdidas que tiene el Acueducto y esto hará posible optimizar la distribución del agua en la ciudad, en lugar de realizar proyectos orientados a almacenar el agua que tienen un elevado costo ambiental y social.

  • En el frente del uso de datos, es el momento de usar de manera eficaz la Agencia de Analítica de Datos-AGATA, creada precisamente con el objetivo de solucionar a través de la analítica de datos los retos que tiene la ciudad. 

Debería ser tarea prioritaria de esta agencia diseñar y ejecutar una estrategia multisectorial para contar con tableros de control, mapas de consumo, modelos de predictibilidad y capacidad para el diseño de soluciones, soportadas en Inteligencia Artificial (IA), que le sirvan a la ciudad para administrar de manera eficiente su recurso hídrico.

Este trabajo implicará una activa participación del Catastro Distrital, la entidad más avanzada en el manejo de información que tiene Bogotá, para unir la información de los diferentes sectores, integrar las bases de datos y articular los sistemas tecnológicos distritales con los de la región metropolitana y con los datos que recopilan las corporaciones autónomas regionales en cuanto a las cuencas hídricas.

La participación ciudadana es necesaria

Estas estrategias digitales necesariamente se deben complementar con un cambio estructural en el consumo del agua que tienen los bogotanos. Para lograr este efecto, será necesario diseñar una nueva cultura ciudadana enfocada en promover el ahorro y cuidado del agua, en toda la cadena de valor, que también se soporte en los medios y servicios digitales. 

Esto se consigue, por ejemplo, a través de formación virtual con énfasis en preservación del agua, para apropiar a los jóvenes y niños sobre el cuidado del medio ambiente y la protección de los recursos naturales. También con la utilización de procesos de innovación se podrán desarrollar aplicativos digitales para el control del consumo en los hogares. 

por cada 100 litros de agua que se distribuyen desde los embalses hasta los hogares bogotanos se pierden casi 35 litros en el recorrido.

Adicionalmente, se podrá dar un uso diferente a las redes sociales con mensajes institucionales orientados hacia la preservación de las cuencas hidrográficas, fomentar la participación ciudadana digital en el cuidado del medio ambiente y pensar, por parte de las autoridades, en el uso de mecanismos tarifarios que incentiven el ahorro de agua en los hogares, comercios e industrias.

Una nueva política pública con componente digital

El próximo 30 de abril de 2024 la Alcaldía de Bogotá entregará al Concejo de la ciudad el nuevo Plan de Desarrollo Distrital, que definirá la hoja de ruta de la administración en los próximos cuatro años. Esta crisis significa una gran oportunidad para que se incluya en este plan un componente digital robusto que inicie el proceso de transformación tecnológica que requiere con urgencia el Acueducto de Bogotá (EAAB). 

Asimismo, en esta hoja de ruta está la oportunidad para que se construya una nueva institucionalidad digital en la ciudad, que soporte con el uso de tecnologías emergentes las decisiones del futuro de la capital del país.

En su paso por la alcaldía mayor, el presidente Virgilio Barco, probablemente uno de los mejores alcaldes que ha tenido la ciudad, se preocupó por el ensanche o ampliación permanente de la red del acueducto capitalino. Con el paso del tiempo esta visión le permitió a los bogotanos mejorar su bienestar y contar con un servicio de agua potable de primer nivel mundial.

Es el momento para que la Alcaldía Mayor y el Concejo de Bogotá recuerden el ejemplo del alcalde Barco y tomen decisiones sobre el futuro del agua en la ciudad. Un paso en ese sentido es la transformación digital de este servicio, esencial para la calidad de vida de los ciudadanos. Las generaciones futuras lo agradecerán y reconocerán.  

0 comentarios

Sergio Martinez

Escrito por:

Sergio Martinez

*Economista de la Universidad de los Andes, Magister en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes, Máster en Economía y Regulación de los Servicios Públicos de la Universidad de Barcelona, mimbro de la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC (2019-2022), Alto Consejero Distrital de TIC de la Alcaldía Mayor de Bogotá (2016-2019).

Foto: Gobernación de Antioquia

Compartir:

Las nuevas administraciones locales tienen la oportunidad de acelerar el desarrollo digital de sus comunidades. Estas son las oportunidades, las prioridades y los desafíos.

Sergio Martínez Medina*

Democracia electrónica

Los alcaldes recién posesionados empezaron a diseñar sus políticas para los próximos cuatro años; este proceso, que culmina con la expedición de los planes de desarrollo local, necesita de la activa participación ciudadana para garantizar su legitimidad democrática.

Pero en Colombia los planes y políticas tienden a formularse sin la participación de la ciudadanía o con una participación pasiva porque le son presentadas propuestas complejas, distantes de las realidades locales y con frecuencia irrelevantes para el ciudadano. A veces se utilizan instrumentos de una sola vía, como encuestas y sondeos de opinión, pero resultados de estos ejercicios se archivan y se olvidan, sumándose a la frustración de los ciudadanos que optaron por participar en este tipo de procesos.

Los medios y servicios digitales no son usados de manera intensiva en los procesos de participación, y menos en la formulación de políticas. Pero las tecnologías digitales pueden abrir verdaderos espacios de interacción con las comunidades, para extraer nueva información sobre las realidades locales y, lo más importante, asegurar la participación ciudadana de manera transparente. De esta manera se crearían incentivos para que las comunidades se interesen en la formulación de las políticas como también en vigilar el uso de los recursos públicos y el avance en la ejecución de los programas.

se requiere avanzar rápidamente en la preparación de los territorios para que los proyectos que involucran tecnologías emergentes tengan un impacto profundo en su desarrollo económico, apartando las decisiones políticas en este tipo de proyectos.

Por eso las administraciones territoriales pueden retomar experiencias exitosas de participación, como fue el caso de las plataformas Bogotá Abierta o Mi Medellín, para crear nuevos canales participativos, con un lenguaje cercano y orientado a que la ciudadanía pueda proponer nuevas ideas para su ciudad.

Este proceso se puede complementar con una estrategia digital que incluya un tablero de control que facilite a los ciudadanos verificar de manera sencilla el cumplimento del plan de desarrollo.

Adicionalmente, estos procesos se pueden ampliar a la formulación de presupuestos participativos para que las comunidades tengan real incidencia sobre el uso de los recursos públicos, a través de medios digitales sencillos y accesibles.

Foto: Gobernación de Cundinamarca - Es indispensable que las alcaldías pongan la tecnología al servicio de la ciudadanía, para lo cual se debe trabajar en la virtualización de trámites, la integración de plataformas y sistemas digitales.

Le recomendamos: La subasta del 5G : ¿qué podemos esperar?

El reto de la conectividad

La conectividad digital, entendida como el despliegue de las redes de comunicaciones, debe ser un punto esencial en los planes de desarrollo locales y un propósito fundamental en la agenda de las alcaldías en los próximos cuatro años.

En este contexto, es urgente que las grandes capitales del país adopten un capítulo especial en sus políticas que incluya una estrategia urbana integral para eliminar las barreras y obstáculos que impiden el despliegue la conectividad digital.

Por ejemplo, varias ciudades mantienen en sus Plan de Ordenamiento Territorial (POT) serias restricciones que van a impedir o dificultar que tecnologías como el 5G se desplieguen de manera eficiente en sus territorios.

En el caso de Bogotá, el último POT y sus decretos reglamentarios, formaron un retroceso en materia urbana en cuanto al uso del espacio público, condiciones técnicas excesivas y trámites adicionales que dificultan el desarrollo de las redes de comunicaciones en la ciudad.

Los municipios deben tener la posibilidad de invertir recursos en proyectos asociados con el cierre de la brecha digital, gestionar recursos del Fondo de Comunicaciones del MinTIC para proyectos de conectividad social o, al menos, incentivar la inversión por parte los operadores privados y públicos en la expansión de sus redes en las zonas urbanas y rurales.

La inteligencia artificial

Durante los últimos meses el gobierno nacional ha venido anunciando  una serie de centros especializados en desarrollar la Inteligencia Artificial (IA) en los municipios de Zipaquirá, la localidad de Usme en Bogotá y la ciudad de Cali.

Si bien es cierto que estas iniciativas pueden contribuir a la apropiación digital de estas regiones y, probablemente, suscitar proyectos con el uso de esta tecnología emergente, su implementación no se soportó en un estudio técnico robusto sobre las condiciones del ecosistema digital local.

No se tuvo en cuenta la integración con los sectores educativos, ni las necesidades empresariales que se pretenden solucionar a través de la inteligencia artificial.

En este sentido, se requiere avanzar rápidamente en la preparación de los territorios para que los proyectos que involucran tecnologías emergentes tengan un impacto profundo en su desarrollo económico, apartando las decisiones políticas en este tipo de proyectos.

Valdría la pena que el gobierno nacional revise la experiencia del Centro para la Cuarta Revolución, de Medellín, para aprender de esta experiencia y lograr que este tipo de centros verdaderamente incentive la generación de proyectos que solucionen retos sociales o empresariales mediante el uso de una tecnología emergente como la Inteligencia Artificial.

Buen gobierno digital

Un componente importante en cualquier plan de desarrollo regional es el que promueve la efectiva incorporación de las tecnologías en el servicio a la ciudadanía. Por lo tanto, un territorio inteligente necesariamente se soporta en disponer de un gobierno digital que les permita a los ciudadanos acceder a los servicios públicos, pagar sus tributos o recibir la información sobre la ejecución de las obras en sus barrios, entre otros.

Es indispensable que las alcaldías ejecuten en los próximos años una estrategia que promueva la virtualización de trámites, fomente la interoperabilidad entre las plataformas y sistemas municipales, y administre las bases de datos para un verdadero gobierno digital.

Esta tarea se debe complementar con una política de ciberseguridad local que proteja a los ciudadanos y produzca confianza sobre los servicios digitales a cargo de la administración local.

Concertación entre el gobierno nacional y los territorios

Las tensiones que se observan entre el gobierno nacional y algunas administraciones locales no contribuyen a generar las condiciones para el fortalecimiento de los ecosistemas digitales y, por lo tanto, es imperativo que se aparten las dificultades políticas y se generen los espacios institucionales para tener una articulación completa entre las autoridades nacionales y los entes territoriales.

Pero las tecnologías digitales pueden abrir verdaderos espacios de interacción con las comunidades, para extraer nueva información sobre las realidades locales y, lo más importante, asegurar la participación ciudadana de manera transparente.

La ejecución de los planes de desarrollo locales debe estar armonizada con las políticas públicas nacionales y de esta forma alcanzar el propósito nacional de cerrar la brecha digital en varias zonas del país.

Las autoridades regionales tienen un rol fundamental en la eliminación de barreras normativas urbanas que impiden el desarrollo de la conectividad en las zonas urbanas y rurales. También son el puente ideal para organizar las comunidades de Internet y juegan un papel fundamental en la implementación de los proyectos de conectividad social dado su conocimiento del terreno y de las comunidades.

Si el gobierno tiene un escenario articulado con las regiones le facilitará apoyar a las entidades municipales con la estructuración de los proyectos de conectividad social, incentivará la apropiación digital con énfasis local y fortalecerá los diferentes ecosistemas regionales con el portafolio de proyectos a cargo del MinTIC de manera organizada y focalizada.

Las nuevas alcaldías tienen la gran oportunidad de incorporar en sus planes de desarrollo el componente digital. Dependerá de su interés avanzar de forma definitiva en la inserción de los colombianos en la economía digital y mejorar, con la tecnología, su calidad de vida.

Puede ver: La Inequidad de la conectividad

0 comentarios

Sergio Martinez

Escrito por:

Sergio Martinez

*Economista de la Universidad de los Andes, Magister en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes, Máster en Economía y Regulación de los Servicios Públicos de la Universidad de Barcelona, mimbro de la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC (2019-2022), Alto Consejero Distrital de TIC de la Alcaldía Mayor de Bogotá (2016-2019).

Foto: MinTic

Compartir:

Con la crisis de Tigo se reabre la discusión sobre el futuro de las empresas públicas de telecomunicaciones en Colombia. ¿Cómo abordar este desafío?

Sergio Martínez Medina*

La crisis de Tigo

Los colombianos observan con inquietud las noticias del sector de las comunicaciones.

Tigo, segundo operador móvil del país, con una facturación anual cercana a los 5 billones y cerca de 15 millones de clientes, es un actor fundamental del sistema. Pero la empresa ha tenido serias dificultades financieras en el último año y afronta una difícil situación de liquidez: en el ejercicio contable de 2022, las pérdidas se aproximan a los 473 mil millones de pesos.

Tigo es un proveedor de comunicaciones cuyos socios principales son Millicom, un operador multinacional privado, y las Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Para enfrentar la crisis de Tigo, se propuso que los accionistas efectuaran una capitalización conjunta cercana a los 150 millones de dólares, para cubrir sus pasivos de corto plazo, que se vencen en los próximos meses, y para financiar las inversiones necesarias para continuar el ciclo del negocio.

La crisis de Tigo abre otra vez el debate sobre el papel del Estado en la prestación de los servicios de comunicaciones y sobre la necesidad de una agenda de política que enfrente esta difícil situación. No solo para garantizar el valor público que tienen estas empresas sino como un elemento clave para evitar que se consolide un monopolio en un servicio esencial para la sociedad colombiana.

Le recomendamos: El papel de las comunidades para cerrar las brechas de conectividad

El futuro de las comunicaciones

El gran reto que tendrán las autoridades nacionales y locales en los próximos meses es aumentar el valor de las operaciones de comunicaciones públicas. Además de representar el activo principal para el desarrollo de los territorios inteligentes en el país, será un elemento primordial para el cierre de la brecha digital que existe en varias zonas urbanas.

El otro factor para preservar el valor público es evitar destinar recursos públicos para capitalizar o apalancar proyectos de comunicaciones si las empresas no son sostenibles.

Por ejemplo, al capitalizar Tigo, EPM destinó recursos que pudo destinar a fortalecer su unidad energética, y ahora tendrá que invertir en un negocio con un perfil de riesgo mucho mayor que el de otros servicios públicos, con un agravante añadido: probablemente vendrán otras capitalizaciones en el futuro.

Sin duda, una nueva estrategia que oriente a las ciudades colombianas en la evolución tecnológica podrá poner las tecnologías emergentes al servicio de los ciudadanos.

Foto: Facebook: Ministerio TIC - El gobierno debería tener una agenda pública que promueva la participación de empresas públicas para el desarrollo de la conectividad digital y el cierre de la brecha digital.
Tampoco se ve en el panorama que EPM, y por ende Medellín, reciba dividendos o beneficios por participar en la prestación de un servicio que enfrenta una compleja situación causada de la difícil situación cambiaria, el pago de las obligaciones por el uso del espectro y la financiación de la inversión en las redes.

La consolidación de los territorios inteligentes

En materia sectorial, el gobierno Petro tendrá el gran reto de evitar que las operaciones de comunicaciones con capital público como Tigo, ETB o EMCALI entren en dificultades financieras.

Para avanzar en la generación de valor de estas compañías se necesita una nueva perspectiva sobre el papel de las empresas de comunicaciones públicas. Estrategia que el gobierno nacional debe liderar y enfocarse en diseñar y ejecutar un programa orientado a la transformación inteligente de las regiones y territorios del país.

En un contexto donde existe un plan robusto de transformación digital de los territorios, se podrá conectar la necesidad de avanzar en la formación de competencias digitales para la ciudadanía y cambiar el rumbo de las empresas dedicadas exclusivamente a proveer conectividad.

Además, las empresas de comunicaciones públicas pueden asumir el papel de canales o medios para adoptar tecnologías emergentes como el Internet de las cosas (IoT), el Internet Industrial, la analítica de datos, la gestión de la ciberseguridad y hasta la misma Inteligencia Artificial.

Sin duda, una nueva estrategia que oriente a las ciudades colombianas en la evolución tecnológica podrá poner las tecnologías emergentes al servicio de los ciudadanos. Quizá vaya a ser el reto más sensible que tendrán que enfrentar las alcaldías que comienzan el próximo 1 de enero de 2024.

El cierre de la brecha digital

Otro componente fundamental para las operaciones públicas de comunicaciones es redefinir su papel en el cierre de la brecha digital, que afecta varias zonas y regiones del país a nivel urbano y rural.

Este propósito social se logra mediante el diseño de una nueva agenda política que permita a las empresas públicas de comunicaciones expandir las redes de fibra óptica en las ciudades colombianas. Asimismo, este plan debe permitir que las empresas públicas puedan acceder a otras fuentes de recursos como regalías o presupuesto de índole territorial.

El programa debería habilitar mecanismos que favorezcan la compartición de redes, la habilitación de permisos por el uso del espectro para operaciones de comunicaciones locales y la posibilidad de cambiar impuestos por el desarrollo de proyectos de infraestructura de comunicaciones.

Adicionalmente, las operaciones públicas deben abandonar la dispersión en la oferta de servicios y enfocarse en los negocios locales con énfasis en el despliegue de redes de fibra óptica. Esto bajo un esquema gerencial eficiente que permita ahorrar costos y aumentar la inversión en este tipo de redes.

La competencia en el mercado de las comunicaciones

Es innegable que la posibilidad de generar valor para las empresas públicas de comunicaciones se debe acompañar de una política regulatoria que fomente efectivamente la competencia en los mercados de comunicaciones en Colombia.

Para lograr este objetivo es oportuno que las autoridades nacionales que lideran el sector TIC promuevan mecanismos que faciliten a las empresas públicas competir. Por ejemplo, la compartición de redes, el uso del espectro compartido y, eventualmente, pensar en la posibilidad de integrar las operaciones regionales para generar economías de escala que les permita a las empresas públicas enfrentar a los competidores privados.

El otro factor para preservar el valor público es evitar destinar recursos públicos para capitalizar o apalancar proyectos de comunicaciones si las empresas no son sostenibles.

En este sentido cobra especial relevancia la necesidad de afianzar la institucionalidad del sector TIC para que las intervenciones regulatorias efectivamente corrijan los desequilibrios competitivos y se promueva una efectiva competencia que beneficie a los colombianos al momento de adquirir sus servicios de comunicaciones.

Es entendible que para cerrar la brecha digital el gobierno nacional involucre a los operadores regionales pequeños, pero no es comprensible la ausencia de una agenda pública que promueva la participación de las empresas públicas en el desarrollo de la conectividad digital. Estas empresas conocen los mercados, tienen experiencia en el tendido de redes y salvaguardan recursos públicos de los colombianos.

Por lo tanto, es urgente que el gobierno nacional y los próximos alcaldes, especialmente de las grandes capitales del país, revisen el futuro de los operadores de comunicaciones y construyan un plan para garantizar su futuro y especialmente como el medio para transformar digitalmente los territorios.

La crisis de Tigo prendió una alarma que a todos nos debe hacer reflexionar porque el futuro digital del país dependerá de las decisiones que se tomen al respecto en los próximos meses.

Lea en Razón Pública: Los desafíos de la ciberseguridad en Colombia

9 comentarios

Sergio Martinez

Escrito por:

Sergio Martinez

*Economista de la Universidad de los Andes, Magister en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes, Máster en Economía y Regulación de los Servicios Públicos de la Universidad de Barcelona, mimbro de la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC (2019-2022), Alto Consejero Distrital de TIC de la Alcaldía Mayor de Bogotá (2016-2019).

Foto: Pixabay

Compartir:

El nuevo ataque cibernético a un proveedor del Estado colombiano confirma que el país está viviendo el mayor reto de ciberseguridad en los últimos años. ¿Cómo abordar este desafío?

Sergio Martínez Medina*

El ataque

En los últimos días, los colombianos vimos con sorpresa e inquietud las noticias que divulgó el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) confirmando el ataque cibernético al proveedor IFX, que afectó a 20 entidades públicas de manera directa y a otras 78 de forma indirecta.

Este ataque paralizó la rama judicial del país, tiene bloqueadas algunas entidades de salud—con el impacto negativo sobre la protección de la vida de los colombianos— y dejó por fuera de servicio a otras instituciones del Estado, lo cual produce incertidumbre entre la ciudadanía.

Poco a poco comenzamos a familiarizarnos con términos técnicos como ransomware, que consiste en el secuestro de la información que alojan las bases de datos de las entidades del Estado por parte de los cibercriminales. Como ocurre en el mundo “real”, si no se paga el rescate, los criminales amenazan con destruir los sistemas, alterar la información o colapsar los medios digitales.

El nuevo ataque viene a confirmar que la situación es crítica, tanto por nuestra dependencia de los sistemas informáticos para casi todas las operaciones de la vida, como por la amenaza creciente de delitos que afectan al sector público y al privado. Esta amenaza es entonces el principal reto en materia digital del país.

Le recomendamos: Ciberseguridad y Privacidad Digital en el PND: un Frankenstein descubierto a tiempo

Debilidad institucional

De manera similar a la que ocurre en el mundo real, enfrentamos el cibercrimen sin contar con instituciones robustas, coordinadas y eficientes para hacer frente a estas organizaciones criminales. Aunque existen varios documentos CONPES y actos administrativos para fortalecer la ciberseguridad, Colombia no tiene un norte estratégico que apunte a prevenir estos crímenes y, cuando ocurran, enfrentarlos de manera oportuna y eficaz.

La principal lección que nos deja el ataque es la urgencia de contar con una estrategia nacional de ciberseguridad integral, técnica y suficientemente coordinada entre las entidades del Estado.

Foto: Facebook: Ministerio TIC - El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones debe ser transformado para enfrentar acertadamente los difíciles retos de ciberseguridad.
La debilidad institucional viene de tiempo atrás, al no fortalecer el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia, conocido como el ColCERT, que para el año 2023 apenas tuvo un presupuesto de tres mil millones de pesos (aunque después el MinTIC anunció que aumentaría a diez mil millones).

Asimismo, y a diferencia de otros países donde la Ciberseguridad es un asunto de seguridad nacional a cargo de las Fuerzas Armadas, en Colombia esta oficina pertenece al MinTIC, entidad que —aunque tiene el conocimiento especializado— carece de las facultades propias de las fuerzas de seguridad para detectar y combatir las organizaciones criminales nacionales y extranjeras.

En la discusión del actual Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso se propuso crear una Agencia de Seguridad Digital que coordine los esfuerzos del Estado contra el cibercrimen. Esta es una buena iniciativa, pero el hacer que la Agencia dependiera de la Presidencia de la República despertó resistencias de diversos sectores políticos que lograron hundir la iniciativa.

Por concentrar los esfuerzos del gobierno en la creación de esta Agencia, se han debilitado las instituciones que venían gestionando la política de ciberseguridad en Colombia. De hecho, bajo el gobierno Petro no ha habido continuidad en la dirección de gobierno digital del MinTIC, mientras que la Consejería Presidencial de Transformación Digital tiende demasiadas tareas y no cuenta con el equipo técnico suficiente para asesorare a las entidades públicas sobre los avances tecnológicos para mitigar estas amenazas.

Un nuevo diseño institucional

El complejo ataque cibernético de los últimos días debe motivar al gobierno nacional a repensar la estrategia de gobierno digital. Este suceso no debe ser un motivo para detener la migración de los datos hacia la nube que han realizado las oficinas públicas en los últimos años: es el momento de endurecer los requisitos técnicos que se exigen en la contratación pública de estos servicios.

La principal lección que nos deja el ataque es la urgencia de contar con una estrategia nacional de ciberseguridad integral, técnica y suficientemente coordinada entre las entidades del Estado. Para lograr este propósito sería preciso desarrollar un marco normativo que incluya la reforma profunda de las instituciones digitales del Estado.

El gobierno tendría que reformar el MinTIC para que, y en vez de tener un viceministerio de economía digital ocupado en tareas como la formación en competencias digitales—que deberían estar a cargo del Ministerio de Educación—, tengamos un viceministerio de gobierno digital que concentre recursos presupuestales, técnicos y humanos para diseñar las políticas en materia de ciberseguridad.

De la misma manera, y en vez de crear otra agencia burocrática, el gobierno puede fortalecer el ColCERT bajo el Ministerio de Defensa Nacional, que tiene la suficiente experiencia en combatir el crimen bajo un modelo concertado con la misma oficina de la Presidencia de la República —como ocurre en otros países del mundo—.

Más cultura digital

La prevención de los riesgos en ciberseguridad es una tarea básica que lamentablemente ha sido descuidada por las autoridades. Necesitamos comenzar a trabajar en el robustecimiento de la cultura de prevención digital, y para esos se necesita capacitar a los funcionarios públicos.

Las autoridades nacionales y territoriales deben comprender que se necesitan recursos para formación en TIC, así como dar la suficiente relevancia a las oficinas encargadas de gerenciar los proyectos tecnológicos y promover activamente una cultura de prevención multinivel, para que los ciudadanos entiendan la necesidad de cuidar la información y los activos digitales de la sociedad.

La creación de una Agencia de Seguridad Digital no debe convertirse en un pulso político entre el gobierno y la oposición. Por el contrario, este debe ser un espacio para desarrollar una política digital generosa

En el sector privado se necesita elevar los estándares de los proveedores tecnológicos, aumentar la competencia y compartir la información con el Estado en las mejores prácticas de gestión de la ciberseguridad.

La agenda digital debe ampliarse en otros ámbitos que sirven para enfrentar los riesgos cibernéticos. Por ejemplo, consolidar la interoperabilidad de la información entre las entidades del Estado, avanzar en la creación de gemelos digitales y comenzar a desarrollar tecnologías emergentes como el Blockchain que tienen protocolos de seguridad más confiables que las actuales.

Acuerdos para el desarrollo digital

La creación de una Agencia de Seguridad Digital no debe convertirse en un pulso político entre el gobierno y la oposición. Por el contrario, este debe ser un espacio para desarrollar una política digital generosa que abarque otras dimensiones y no se reduzca a una nueva oficina estatal.

Es el momento de reformar el MinTIC, dar poder a las entidades territoriales para que puedan enfrentar el reto de la ciberseguridad, y comenzar a trabajar con las universidades para formar los profesionales y técnicos que van a combatir a los cibercriminales.

También importa fortalecer las instituciones existentes, de manera concertada con las Fuerzas Armadas, con cooperación internacional de primer nivel y de común acuerdo con el sector privado.

Los retos asociados con la ciberseguridad son mayúsculos y seguramente enfrentaremos grandes desafíos debido a que dependemos completamente de los medios y servicios digitales. Será deber de todos enfrentar estos riesgos, y para eso tenemos que comenzar a preparar a la sociedad colombiana lo más rápido y de la mejor forma posible.

Puede leer: ¿Qué pasó con el plan digital en Bogotá?

1 comentarios

Sergio Martinez

Escrito por:

Sergio Martinez

*Economista de la Universidad de los Andes, Magister en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes, Máster en Economía y Regulación de los Servicios Públicos de la Universidad de Barcelona, mimbro de la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC (2019-2022), Alto Consejero Distrital de TIC de la Alcaldía Mayor de Bogotá (2016-2019).

Foto: Facebook: Claudia López

Compartir:

A pocos meses de las elecciones para la Alcaldía, conviene hacer un balance de las políticas digitales de Claudia López. ¿Qué se hizo bien y qué quedó faltando?

Sergio Martínez Medina*

Un gobierno sin metas

A diferencia de los gobiernos de Petro y Peñalosa, Claudia López no fijó ninguna meta específica relacionada con la conectividad, la innovación o el gobierno digital.

De hecho, por primera vez la ciudad no tuvo una meta indicativa para medir el avance en el acceso a Internet, la digitalización de los trámites, los avances en datos abiertos o la apropiación digital de los ciudadanos.

Esta carencia afecta el desarrollo de los programas porque no hay indicadores cuantitativos y por tanto se pierde continuidad en las políticas digitales que la ciudad mantiene desde 2012. Por eso en este texto acudo a los grandes proyectos que indicó la administración en su Plan de desarrollo para hacer seguimiento a sus aciertos y debilidades.

Le recomendamos: La troncal de fibra óptica que nunca fue

Logros digitales

Los avances digitales de Bogotá en los últimos cuatro años tienen un importante carácter local, rural y con perspectiva urbana.

En efecto, el programa de presupuestos participativos territoriales que desarrolló la Secretaría de Gobierno combinó el uso de las tecnologías con la innovación local en la construcción de los presupuestos locales de la ciudad.

De la misma forma, la Administración Distrital organizó y ejecutó un programa de conectividad rural que beneficia a los habitantes de la localidad de Sumapaz con acceso a tecnología móvil de 4G y a zonas wifi. Este proyecto es un ejemplo en el uso de las regalías para el desarrollo digital que el MinTIC podría aplicar en otras regiones rurales de Colombia.

por primera vez la ciudad no tuvo una meta indicativa para medir el avance en el acceso a Internet, la digitalización de los trámites, los avances en datos abiertos o la apropiación digital de los ciudadanos.

Foto: Alcaldía de Bogotá - Se debe reconocer la entrega masiva de tabetas para los niños que estudian en colegios públicos; será un gran legado para Bogotá.
En el sector urbano, se reconoció en dicho plan la importancia de contar con redes neutrales pese a que se perdió la gran oportunidad de diseñar un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Además, se destacó la importancia de promover la efectiva compartición de redes de comunicaciones, elementos que seguramente contribuirán al desarrollo de las tecnologías emergentes en los próximos años en la ciudad, especialmente las de 5G.

Asimismo, es importante reconocer los programas de masificación de terminales móviles como las tabletas para los niños que estudian en los colegios públicos que serán un legado importante para Bogotá junto con el programa de becas universitarias.

Los retos digitales

La principal apuesta de la Administración Distrital fue la Agencia de Analítica de Datos-Ágata, una entidad pública adscrita a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, que se nutre principalmente de recursos de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y del grupo de Energía de Bogotá. Según su página web, su propósito es impulsar la toma de decisiones basadas en datos para proveer soluciones analíticas que transformen la ciudad.

El funcionamiento de esta agencia fue muy criticado por el Concejo de Bogotá en marzo de 2023 pues la Agencia no tenía resultados concretos en movilidad o seguridad a través del uso de datos después de una inversión de casi 36 mil millones de pesos. Además, se demostró en ese debate la resistencia de la Agencia por liberar los datos de su gestión, lo que es muy contradictorio en una institución pública ya que esto dificulta el seguimiento efectivo de los avances de su gerencia.

Finalmente, se revisó el aislamiento de la Agencia de Datos con el ecosistema digital de la ciudad. No existe una coordinación activa por parte de Ágata con las universidades, las comunidades o la misma administración distrital en cuanto al uso de los datos para resolver los graves problemas que enfrentan los bogotanos.

Al revisar los resultados del debate del Concejo, se concluye que Bogotá perdió la oportunidad de tener una Agencia pública que lidere la gobernanza de los datos, promueva la innovación en las localidades y se integre armónicamente con los investigadores, estudiantes y emprendedores para construir soluciones tecnológicas en movilidad, seguridad, medio ambiente o igualdad social con el uso avanzado de la analítica de datos.

El gobierno digital no fue una prioridad

Un frente que la Administración Distrital abandonó fue el de gobierno digital.

Para los bogotanos pagar un impuesto, una multa de tránsito o realizar un trámite se ha convertido en un martirio. Esto se debe a que no se construyó una estrategia robusta para mejorar los sistemas distritales. Se abandonaron las iniciativas para usar tecnologías emergentes en la gestión pública y no se le dio importancia a mejorar el servicio digital al ciudadano.

En cuanto a la innovación pública, pese a lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Bogotá 718 de 2018, se dio poca importancia a la consolidación de los laboratorios digitales de las localidades. En vez de eso, se concentró el esfuerzo en el proyecto del Distrito de Ciencia y Tecnología, iniciativa que lleva más de diez años en diseño y que seguramente será de nuevo revisada por la próxima Gerencia de la Cámara de Comercio y el Gobierno Nacional, a causa de la coyuntura actual.

La incertidumbre sobre el futuro de la ETB

En el balance digital de la Alcaldía de Claudia López, el futuro de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá -ETB es una gran preocupación.

Al comienzo de la Administración Distrital, ETB diseñó una estrategia orientada a producir rédito con sus redes de fibra óptica mediante la consolidación de una red neutral en Bogotá. Esta visión acorde con la realidad mundial de empresas similares a la ETB fue lamentablemente objetada por la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que le ocasionó a la compañía perder una valiosa oportunidad comercial que tendrá efectos negativos en los próximos años.

La situación competitiva de ETB en el sector de las comunicaciones es cada día más complicada. Según el MinTIC, ETB registró una participación del 0,32 % en el mercado móvil del país a finales de 2022. En Bogotá, su fortín, logró un 29 % de participación en el mercado de Internet fijo, muy alejado de Claro que alcanzó un 51 %.

La incapacidad para proponer nuevas propuestas de valor para su red de fibra óptica, la incertidumbre sobre los nuevos negocios, su participación en el controvertido programa del MinTIC, de centros poblados o la poca capacidad que va a tener la empresa para acceder a la tecnología 5G crean dudas sobre el futuro de la empresa y sobre la gestión de la presente alcaldía sobre uno de los principales activos de los bogotanos.

Una mirada hacia el futuro digital de Bogotá

Si Bogotá quiere volverse un territorio inteligente, la próxima administración tendrá que revisar a fondo el marco institucional que liderará los proyectos digitales.

Para lograr este propósito, conviene explorar la experiencia de Medellín que cuenta con una Secretaría de Innovación Digital, encargada de planear y ejecutar los proyectos tecnológicos de la ciudad. Esta oficina, incluye una Subsecretaría de ciudad inteligente, lo que refleja la relevancia que tiene en la capital antioqueña avanzar en la transformación digital de su territorio.

Al revisar los resultados del debate del Concejo, se concluye que Bogotá perdió la oportunidad de tener una Agencia pública que lidere la gobernanza de los datos, promueva la innovación en las localidades y se integre armónicamente con los investigadores, estudiantes y emprendedores

De la misma manera, ProBogota publicó una guía denominada “Visión Bogotá Región Inteligente 2051” para convertir a Bogotá en un territorio inteligente. Será fundamental, que la siguiente administración distrital siga varias de las sugerencias y recomendaciones que tiene esta guía para el desarrollo de los proyectos futuros que se hagan en el distrito capital.

Sobre ETB, la alcaldía, el concejo de Bogotá, los sindicatos y los empleados de la compañía, en cabeza de la próxima gerencia, deberán hacer un ejercicio reflexivo, técnico y conjunto para comenzar a organizar el futuro de la compañía.

Las oportunidades de ETB a futuro en el desarrollo de tecnologías emergentes, Internet de las Cosas, valorización de sus redes de fibra óptica o la misma transformación digital de la administración distrital son muchas.

La agenda digital debe ser una prioridad para los candidatos a la Alcaldía de Bogotá, no solo porque sobre ella se sustenta el reto pendiente del cierre de la brecha de acceso a la conectividad que existe en la ciudad sino porque los medios digitales serán fundamentales para que Bogotá transite definitivamente hacia el siglo XXI.

Este artículo fue posible gracias a la colaboración de nuestros lectores. Te invitamos a apoyar nuestra labor a través de una donación#YoapoyoaRazónPública

Puede leer: El papel de las comunidades para cerrar las brechas de conectividad

0 comentarios

Sergio Martinez

Escrito por:

Sergio Martinez

*Economista de la Universidad de los Andes, Magister en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes, Máster en Economía y Regulación de los Servicios Públicos de la Universidad de Barcelona, mimbro de la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC (2019-2022), Alto Consejero Distrital de TIC de la Alcaldía Mayor de Bogotá (2016-2019).

Foto: Alcaldía de Santa Marta

Compartir:

El presidente anunció que las juntas de acción comunal instalarán redes de fibra óptica, pero esta no es la solución a los problemas de conectividad en las regiones apartadas. Estos son los motivos.

Sergio Martínez Medina*

Cerrar las brechas de conectividad

El presidente Petro anunció que llevará acabo la instalación de la fibra óptica a través de las juntas de acción comunal (JAC).

Es probable que este pronunciamiento responda a las demandas de las comunidades que no tienen acceso a Internet y se integra con la visión de dotar a la población con herramientas para que pueda construir vías o energía eléctrica. Esto sería un elemento importante en la llamada “economía popular”, componente esencial del Plan Nacional de Desarrollo.

Sin embargo, estos datos constatan que el avance no ha sido uniforme y persiste una seria desigualdad digital en el territorio. Es evidente la brecha entre las zonas urbanas y las rurales, que se amplifica en la medida en que estas regiones se encuentran en territorios de difícil acceso como los departamentos insulares o los que se encuentran ubicados en las zonas del Pacífico, Amazonía y Caribe.

De forma complementaria, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) quiere cerrar la brecha digital con el apoyo de los operadores comunitarios para que desplieguen la fibra óptica que las empresas privadas no han instalado en algunos territorios de Colombia.

Para analizar esta propuesta, es necesario revisar:

  • El estado de la conectividad en el país;
  • Las restricciones que enfrentan los operadores de comunicaciones, y
  • Si el camino que el gobierno nacional plantea es el ideal para cerrar la brecha digital.

Le recomendamos: Conectividad social: el principal reto del 2023

Estado actual de la conectividad

Los servicios de comunicaciones avanzaron de manera notable durante los últimos 30 años. Esto se explica por la entrada de la libre competencia en la prestación de los servicios públicos, la regulación expedida por las autoridades sectoriales y la confianza que los inversionistas públicos y privados depositaron en el modelo institucional soportado en las diversas leyes que se han expedido al amparo de la Constitución de 1991.

Este avance se refleja en las cifras de penetración del Internet en el país. Según el DANE, el 60,5 % de los hogares colombianos tenía conexión a Internet a finales de 2021, de los cuales el 70 % se ubicó en las cabeceras municipales y el 28,8 % en los centros poblados y rurales. Asimismo, se destaca que Bogotá es líder del servicio de Internet, con el 81, 5 % de cobertura Vichada es el departamento con menor penetración, 4,6 %.

Sin embargo, estos datos constatan que el avance no ha sido uniforme y persiste una seria desigualdad digital en el territorio. Es evidente la brecha entre las zonas urbanas y las rurales, que se amplifica en la medida en que estas regiones se encuentran en territorios de difícil acceso como los departamentos insulares o los que se encuentran ubicados en las zonas del Pacífico, Amazonía y Caribe.

Esta situación es similar a la que ocurre en otros países tanto desarrollados como en vía de desarrollo, en donde el gran desafío para los Estados es conectar con redes de alta velocidad a los habitantes de las zonas rurales.

Los obstáculos  

Son varios los obstáculos que explican por qué los operadores de los servicios de comunicaciones no han llevado la cobertura a las zonas alejadas de los centros urbanos.

El primero es la escasa capacidad de pago de los colombianos que habitan estas zonas.  El segundo es la precariedad o ausencia de condiciones técnicas para llevar el servicio a esas regiones, como decir:

  • la falta de energía eléctrica,
  • la lentitud en la ejecución de los proyectos de infraestructura debida a los trámites sobre el uso del suelo, o
  • la tardanza o bloqueo de las obras que suelen resultar de las consultas previas.

Estos factores, en conjunto con la dispersión geográfica o las licencias medioambientales, retrasan la construcción y operación de las redes de comunicaciones en varias regiones del país.

Por otra parte, los costos que deben asumir los operadores cuando llevan la red a estos territorios, son superiores a los que deben asumir en las ciudades; esto se debe a que el componente de transmisión es elevado, especialmente en las regiones apartadas como el Amazonas o San Andrés, y a que no existe suficiente competencia u oferta de ese servicio de transmisión.

En conclusión, para cerrar la brecha digital, se necesitan estrategias que resuelvan los problemas subyacentes de demanda y de oferta.

Bajo esas circunstancias, entregar la instalación de las redes de fibra óptica a las comunidades no ayudaría mucho a resolver el problema de conectividad de las poblaciones rurales.

Los riesgos de esta estrategia

Involucrar a las JAC o a otros operadores comunitarios en la instalación de redes de fibra óptica podría dificultar en lugar de mejorar el desarrollo de la conectividad digital del país.

El principal riesgo es el efecto que tendría esta medida sobre la calidad, la confiabilidad y la estabilidad del servicio esencial de Internet, porque las asociaciones o empresas comunales no tienen el conocimiento, la experiencia, ni el recorrido técnico que supone operar las redes de comunicaciones. Por eso, si el gobierno decide llevar a cabo este proyecto con recursos públicos, será fundamental analizar la capacidad financiera y técnica de las JAC que van a recibir esos recursos, pues de otro modo se estarían desperdiciado.

De la misma manera, el sector de las comunicaciones puede aprender de la experiencia de otros servicios de red, como el de acueducto, donde la proliferación de agentes prestadores ocasionó la atomización de los mercados y no permitió obtener economías de escala. Esto hizo imposible recuperar las inversiones y poner en marcha los proyectos de manera eficaz, lo cual acabó por aumentar la frustración de las comunidades.

En síntesis, es clave que el MinTIC detalle el plan de ejecución, los recursos y los programas de conectividad social que se van a usar en los próximos cuatro años con el concurso de los operadores comunitarios, los pequeños proveedores de Internet o con las mismas Juntas de Acción Comunal.

Cómo llegar a las comunidades

La incorporación directa de las comunidades en la construcción de proyectos de conectividad no es nueva, y se ha adelantado en los últimos años a través de operadores comunitarios o pequeños proveedores de Internet en diversas regiones del país. En este sentido, es importante trabajar con las comunidades para identificar las zonas en donde se necesita con más urgencia la instalación de la infraestructura necesaria para proveer el servicio de Internet.

Foto: Unidad para las víctimas - Aunque en los últimos 30 años han avanzado los servicios de comunicaciones, persiste la desigualdad digital; la brecha es más amplia en zonas del Pacífico, Amazonía y Caribe.

El principal riesgo es el efecto que tendría esta medida sobre la calidad, la confiabilidad y la estabilidad del servicio esencial de Internet, porque las asociaciones o empresas comunales no tienen el conocimiento, la experiencia, ni el recorrido técnico que supone operar las redes de comunicaciones.

Las políticas de conectividad deben estimular el despliegue de redes de fibra óptica por parte de los operadores privados, públicos, pequeños o grandes y, para lograr ese propósito, se deben eliminar las restricciones normativas al desarrollo de estos proyectos, intervenir a través de la regulación los componentes de la cadena de valor que obstaculizan los proyectos y seguir con el modelo de promoción efectiva de la competencia que tanto ha beneficiado al país.

En el frente de la demanda, es urgente que el gobierno nacional revise la cadena de valor para disminuir los tributos que hoy recaen sobre los servicios de comunicaciones y así facilitar el acceso a Internet para los colombianos más pobres. También, se debe analizar la posibilidad de crear algún tipo de subsidio focalizado en los hogares rurales que alivie el pago de estos servicios para estas comunidades que merecen contar con las mismas oportunidades digitales que tiene los colombianos que habitan los centros urbanos.

Puede leer: Ciencia, tecnología e innovación en el gobierno Petro-Márquez

0 comentarios

Sergio Martinez

Escrito por:

Sergio Martinez

*Economista de la Universidad de los Andes, Magister en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes, Máster en Economía y Regulación de los Servicios Públicos de la Universidad de Barcelona, mimbro de la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC (2019-2022), Alto Consejero Distrital de TIC de la Alcaldía Mayor de Bogotá (2016-2019).

Foto: Foto libre

Compartir:

Habrá avances importantes en materia de conectividad, pero el acceso a Internet en Colombia sigue siendo limitado. Estos son los proyectos del gobierno y estas las cosas que quedan por hacer.

Sergio Martínez Medina*

Inversiones y políticas en conectividad

Este nuevo año estará marcado en el sector TIC por la asignación de las bandas del espectro que permitirán el funcionamiento de la tecnología móvil de 5G y por la renovación de las frecuencias del espectro móvil que sostienen en gran parte la tecnología de 4G.

Ambos procesos, liderados por el gobierno nacional, marcarán el crecimiento del sector de las comunicaciones en Colombia, definirán las expectativas de la inversión por parte de los operadores nacionales y extranjeros y determinarán el futuro de la conectividad, elemento fundamental para la transformación digital de los colombianos.

El factor crítico de este proceso será el valor del precio del espectro, tanto para las renovaciones de los bloques que usan los operadores móviles en la actualidad, como para los bloques de espectro que se van a necesitar para el uso de la tecnología móvil 5G.

Es necesario revisar a fondo la condiciones técnicas y financieras que usa el gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), para determinar la valoración del pago por el uso del espectro por parte de las empresas de comunicaciones y de esta forma no afectar el desarrollo del sector TIC.

Lea en Razón Pública: El caso MinTIC podría ser el nuevo carrusel de la contratación

En este marco, es importante que la política asociada con la gestión del espectro se complemente discutiendo con la industria, los entes de control y la academia, sobre los parámetros técnicos, financieros y económicos que usará el gobierno nacional para realizar la valoración de este recurso escaso.

La discusión técnica alrededor del precio del espectro ha desplazado de la agenda la necesidad de contar con un programa de conectividad social que apunte a cerrar de forma definitiva la brecha digital que afecta a los colombianos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

De la misma manera, es el momento de consolidar el mercado secundario, para que se trancen de forma directa las frecuencias de espectro entre los diversos agentes que compiten en el sector TIC, se habilite la compartición del espectro y se comiencen a diseñar mecanismos que promuevan la asignación de frecuencias de manera regional, tal como sucede en los Estados Unidos o en algunos países de Europa.

En síntesis, es importante que el país cuente con una política de espectro actualizada con las tendencias internacionales, que promueva la competencia y que ofrezca los beneficios en materia de conectividad social que necesita la sociedad colombiana.

Conectividad social

La discusión técnica alrededor del precio del espectro ha desplazado de la agenda la necesidad de contar con un programa de conectividad social que apunte a cerrar de forma definitiva la brecha digital que afecta a los colombianos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, especialmente los que habitan las zonas rurales o los que se encuentran en zonas urbanas pero que no cuentan con las condiciones económicas necesarias para acceder a servicios de comunicaciones o de Internet.

Sin embargo, esta discusión no ha sido liderada desde el gobierno nacional, ni en la anterior administración ni bajo la actual. Los avances normativos observados en los últimos meses sobre el acceso a Internet vinieron del Congreso y de los entes territoriales.

En este sentido, se expidió la Ley 2108 de 2021, que consagró el acceso a Internet como un servicio de carácter esencial. Asimismo, el Acuerdo 855 de 2022, del Concejo de Bogotá, definió los lineamientos para promover el acceso y uso al servicio público esencial de internet y se reconoció el mínimo vital de este.

De la misma forma, el Acuerdo 057 de 2022 del Concejo de Medellín estableció los lineamientos para conseguir el mínimo vital de Internet en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Esto indica que existen los instrumentos jurídicos para promover una política de conectividad social que comience a garantizar a todos los colombianos el acceso a Internet con la misma importancia legal que tienen otros servicios, como el de salud o educación.

Conectividad en el Plan Nacional de Desarrollo

Al revisar los diferentes documentos e insumos técnicos que componen el Plan Nacional de Desarrollo que va marcar las políticas en los próximos cuatro años, no se observa que exista una hoja de ruta que tenga un plan de conectividad social que comience a cerrar la brecha digital en el país.

Preliminarmente, las propuestas que se identifican en dicho plan se concentran en mantener el crecimiento de la conectividad a cargo de las obligaciones de cobertura que los operadores de comunicaciones desarrollarán, resultantes de las renovaciones por el uso del espectro.

¿Cómo cerrar la brecha digital?

Para avanzar de forma decidida en el cierre de la brecha digital es importante que el MinTIC y el DNP analicen una serie de programas que nutran la estrategia de conectividad social en el país.

Foto: Gobernación de Quindío - Es fundamental que el país cuente con una política que garantice la conectividad social mediante el acceso equitativo a internet y a otros servicios de comunicaciones a lo largo del territorio nacional

El otro componente que el gobierno nacional debe mejorar es el estudio integral de la cadena de valor de los servicios de comunicaciones en el país, para identificar los ajustes tributarios necesarios para que los colombianos más pobres tengan alivios en el momento de acceder a los servicios de comunicaciones.

En primera instancia, es fundamental contemplar una asignación de recursos públicos, adicional a la que tiene el Fondo de Comunicaciones, con diversas fuentes que pueden comprender partidas adicionales del presupuesto nacional.

También puede fomentarse la participación de presupuestos de otros sectores para proyectos de conectividad de Internet, provenientes, por ejemplo, de los ministerios de Educación o Agricultura.

Adicionalmente, se deben usar los recursos de regalías en iniciativas que apunten a aumentar la cobertura en redes de alta velocidad en las regiones, especialmente en los centros educativos públicos.

Por otro lado, la constante tensión sobre el valor del espectro en Colombia ha desviado del análisis sectorial la necesidad de contar con un plan de fibra óptica, elemento esencial para el desarrollo de las comunicaciones en el país, no solo en lo que concierne a la mejor calidad y velocidad que traen consigo las redes de fibra óptica, sino por el soporte que estas redes darán en la transmisión de datos que necesita la tecnología de 5G.

En este escenario es clave que el gobierno nacional estructure y ejecute un plan de fibra óptica que comprenda una serie de medidas que fomenten el desarrollo de estas redes en los territorios nacionales.

Es importante trabajar de manera coordinada con las entidades locales para aumentar la instalación de redes neutrales; promover, a través de medidas regulatorias, la compartición de redes y elementos de la infraestructura de vías, energía eléctrica y otros servicios públicos para que los operadores de fibra óptica puedan instalar sus redes en estas infraestructuras; y contemplar el financiamiento de proyectos de fibra óptica con recursos del Fondo de Comunicaciones.

El otro componente que el gobierno nacional debe mejorar es el estudio integral de la cadena de valor de los servicios de comunicaciones en el país, para identificar los ajustes tributarios necesarios para que los colombianos más pobres tengan alivios en el momento de acceder a los servicios de comunicaciones.

Además, este es el momento de analizar el diseño de programas que incluyan subsidios o ayudas a la demanda, de forma similar al programa de conectividad social que tienen los Estados Unidos, en donde el gobierno federal le ha dado una importante prioridad a mantener la conexión permanente a las redes de comunicaciones a los norteamericanos que se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad.

Por último, el éxito de una política social se debe en gran parte a la integración de todos los agentes que componen el ecosistema digital. Por lo tanto, para lograr el propósito nacional de alcanzar una cobertura de Internet cercana al 85 %, en los próximos cuatro años es necesario convocar a los operadores públicos, regionales, comunitarios y a los pequeños proveedores de este servicio que cubren los territorios a donde no llegan las empresas tradicionales de comunicaciones.

Por ende, será fundamental contar con una estrategia que articule los esfuerzos de la Nación con las entidades regionales, y que identifique las tecnologías y servicios que respondan de manera efectiva a las necesidades de las comunidades en materia de conectividad.

La tarea en los próximos meses será enorme y necesitará una transformación del sector TIC (para no repetir la experiencia negativa del proyecto de centros poblados) que le facilite al MinTIC estructurar diversos proyectos, construir alianzas con las empresas privadas y enfocar su gestión en los programas de conectividad social. Es entendible, la urgencia de traer el 5G a Colombia; pero no hay que olvidar la obligación que tenemos con los colombianos de llevar los servicios y medios digitales a sus hogares.

Le recomendamos: Tecnología y Comunicaciones: qué deja Duque y qué quiere Petro

0 comentarios

Sergio Martinez

Escrito por:

Sergio Martinez

*Economista de la Universidad de los Andes, Magister en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes, Máster en Economía y Regulación de los Servicios Públicos de la Universidad de Barcelona, mimbro de la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC (2019-2022), Alto Consejero Distrital de TIC de la Alcaldía Mayor de Bogotá (2016-2019).

ISSN 2145-0439

Razonpublica.com se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. Basada en una obra en razonpublica.com.