El presidente tiene compromisos con los estudiantes universitarios y con FECODE, pero el sistema educativo debe atender primero las necesidades de los niños y de los adolescentes. ¿Para dónde va el gobierno?
Ángel Pérez Martínez*
Primero los niños
La sociedad y el gobierno nacional no pueden equivocarse. Las prioridades para el sector educativo en el plan nacional de desarrollo deben ser los niños y los adolescentes.
Al pasar más de 100 días del gobierno de Gustavo Petro no se conoce aún una propuesta integral para el sector educativo, ni la ruta para alcanzar los propósitos y las metas. Los recursos y las principales metas del sector, por ahora, parecen estar enfocados en la solución de los problemas de los jóvenes y de los adultos.
Lo anterior en gran medida como respuesta a quienes tuvieron la oportunidad de luchar por sus derechos y apoyaron la elección del presidente Petro: la primera línea. El gobierno tiene el deber de cumplirles, está bien, pero, a su vez, los colombianos y quienes gobiernan deben ser conscientes que las principales necesidades del sector están en la educación inicial, en la básica y en la media.
No podemos excluir a los niños y adolescentes más pobres, porque su voz no es escuchada y porque la mayoría de los padres de familia no participa en el diálogo sobre la educación de calidad (de qué se trata el derecho integral con calidad y los efectos que tiene para los hijos y la sociedad).
En esta etapa temprana de la vida empiezan a ampliarse o a crearse las brechas en la sociedad colombiana. Desde la perspectiva de la política educativa es la oportunidad del Estado para empezar a construir un proceso de educación que lleve a disminuir dichas brechas.
Una gran oportunidad
A partir de su propuesta política e ideológica, antes y durante la campaña electoral, Gustavo Petro se comprometió con el desarrollo del sector educativo y, de manera especial, con los maestros oficiales (representados por FECODE) y con los jóvenes.
Para cumplir estas promesas, designó como ministro de Educación Nacional a Alejandro Gaviria, académico, técnico y político, cuyo nombramiento fue bien recibido por la comunidad educativa, así como por intelectuales, académicos y medios de opinión. Estos avalaron el conocimiento de Gaviria sobre los temas sociales, la experiencia adquirida en el Ministerio de Salud y en la rectoría de la Universidad de los Andes, así como los conocimientos expuestos en sus artículos académicos, relacionados con las brechas que reproduce la educación y su escaso efecto en la movilidad social y en las trayectorias educativas de los estudiantes más pobres, al igual que sus reflexiones filosóficas muy cercanas al desarrollo humanista.
Por otro lado, un hecho nuevo es el compromiso de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, que por unanimidad de su junta directiva se adhirió a la campaña de Gustavo Petro, situación inédita —recordemos que en los últimos cuarenta años apenas los gobiernos de Ernesto Samper y de Juan Manuel Santos (segundo gobierno) habían obtenido el apoyo de algunos de los dirigentes de FECODE—.
La relación gobierno nacional, MEN y FECODE puede ser una gran oportunidad para alcanzar acuerdos a favor de los derechos de los niños y adolescentes. Sin embargo, también puede convertirse en un gran problema para el Ministerio si el tema central de esta relación son las condiciones laborales de los docentes, que es en esencia el interés de FECODE como sindicato, y se olvidan de los niños y adolescentes de la educación oficial, cuyos derechos pasan a ser secundarios cuando se da prioridad a la discusión sobre los derechos de los adultos.
La conjunción de astros es entonces la siguiente:
- Gobierno nacional, encabezado por el presidente, comprometido en su propuesta con el sector social y la educación;
- Un ministro de Educación reconocido, con peso académico y político y;
- Apoyo de los maestros, a través de FECODE.
La unión de estos tres sectores es una oportunidad única para el sector y una enorme responsabilidad. Ellos han creado un marco de expectativas entre los maestros, políticos y activistas de la Colombia humana y otros sectores de la sociedad, que, con seguridad, desborda las posibilidades de respuesta del MEN y de su actual equipo directivo, entre otros temas porque aún no está claro de dónde saldrán los recursos y cuáles serán las prioridades.
Entre el 2006 y el 2018, según las pruebas PISA, observando exclusivamente a los jóvenes de 15 años, las diferencias que antes eran de un año de escolaridad entre la educación privada y pública, ahora pasan a dos años menos de escolaridad para quienes asisten a los colegios públicos.
Un gobierno no lo puede resolver todo
Cobertura. Más del 60 % de los niños más pobres entre los 3 y los 5 años no realizan los tres grados de preescolar.
En esta etapa temprana de la vida empiezan a ampliarse o a crearse las brechas en la sociedad colombiana. Desde la perspectiva de la política educativa es la oportunidad del Estado para empezar a construir un proceso de educación que lleve a disminuir dichas brechas.
Se deben crear cerca de un millón de cupos escolares en preescolar, pero no está clara la fuente de estos recursos y cómo alcanzar dicha meta.
Ahora bien, de acuerdo con los datos del observatorio de gestión educativa, la cobertura neta en la educación primaria es cercana al 90% y la cobertura bruta es del 106 %.
En secundaría, a partir del grado sexto, los niños empiezan a repetir el año (cerca al 5 %) y a desertar del sistema educativo, hasta situar la cobertura neta de la educación media en 48,73 %. Esto se debería considerar como un desastre nacional. Un estudio de la Universidad de los Andes menciona que en Colombia, según la OCDE (2018), “el 25% de las mujeres y el 35% de los hombres de 25 a 34 años no completaron la educación media”.
El cuadro siguiente muestra la matrícula por grados y sectores. Se destaca que en el transcurso de seis años esta baja de 818 111 estudiantes en grado sexto, a 514 247 estudiantes en grado 11 303 864 estudiantes menos. Del total de la deserción escolar de la educación secundaria y media, el sector público aporta el 91 % de los estudiantes.
Para la inmensa mayoría de estos adolescentes no habrá una segunda oportunidad; tenemos evidencia de que ellos fueron a la educación primaria, pero los perdimos en la secundaria y aún en la media.
La tasa de cobertura en educación superior, de acuerdo con el SNIES, en 2021 alcanzó el 53,94 % (aumentó 2,36 puntos porcentuales frente a la registrada en 2020) recordemos que desde 2018 la cobertura en educación superior estaba estancada.
Calidad. Según lo expresado por el ministro Gaviria en el foro educativo nacional, la situación de los niños y adolescentes no puede ser peor. El daño que ocasionó la pandemia a los estudiantes más pobres es irrecuperable. Gaviria sostuvo que las pérdidas de aprendizaje durante la pandemia nos han llevado a la peor crisis de la educación en dos generaciones: dos de cada tres niños en cuarto grado no saben leer y no avanzan en lectura comprensiva.
Además, destacó que en el sector rural la educación se detuvo y que la mala calidad de la educación oficial se manifiesta en las brechas en el grado 11, donde, de acuerdo con las pruebas SABER 11, entre los estudiantes del nivel socioeconómico más bajo y el más alto existe una diferencia de 79 puntos (escala 0 a 500), con una desviación estándar de 1,6.
Así mismo, en dicho foro, el pedagogo Julián de Zubiría señaló que la educación en Colombia mantiene y hasta agrava las condiciones de cuna, reproduce la pobreza y, algo más grave, en línea con el ministro, las diferencias en los resultados de los colegios oficiales y privados se han duplicado a favor de los últimos.
Entre el 2006 y el 2018, según las pruebas PISA, observando exclusivamente a los jóvenes de 15 años, las diferencias que antes eran de un año de escolaridad entre la educación privada y pública, ahora pasan a dos años menos de escolaridad para quienes asisten a los colegios públicos.
Financiación. Sin embargo, el problema más grave del sector es presupuestal. Los actuales recursos y fuentes de financiación no soportan el funcionamiento básico del sector, que hoy no garantiza ni cobertura universal ni calidad, en ninguno de sus niveles.
Según Gaviria, el desfinanciamiento de la educación superior es estructural (más de dos billones por año) y, de no corregirse, el sistema será inviable para el 2023.
Además, el Sistema General de Participaciones (SGP), mediante el cual se financia el sistema de la educación básica y media (representa cerca al 90 % de los recursos con que las entidades territoriales financian la educación básica y media), en los últimos cuatro años, no garantizó el funcionamiento del sector.
El SGP tiene un déficit anual cercano a los 2 billones de pesos, que obliga a la nación a estirar los recursos y tapar los huecos, lo que impide el mejoramiento de la calidad de la educación de los niños y adolescentes.
El 90 % del gasto es inmovible: pago de 330.000 docentes y por lo menos 50.000 personas de apoyo administrativo que laboran en los colegios. El MEN, para financiar este déficit recurrente, en los dos últimos gobiernos ha usado otras fuentes, como los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, FONPET, regalías y presupuesto nacional.
Lo anterior significa que el sector, sin crecer ni avanzar, necesita 4 billones extras por año para atender el funcionamiento del sistema actual.
Las apuestas del gobierno
El MEN no ha producido un documento sobre las líneas de su programa de gobierno. Sin embargo, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, así como en el foro educativo nacional y en entrevistas o intervenciones del ministro Gaviria se ha hecho énfasis en el desarrollo de la educación superior.
En palabras del Ministro, la prioridad es ampliar en 500 mil nuevos cupos la cobertura de educación superior, una revolución para los jóvenes. También se propone reformar la Ley 30 de 1992 para aumentar los ingresos de las universidades públicas, y usar el ICETEX para apalancar recursos, con créditos e intereses subsidiados o condonar créditos para la población de especial protección constitucional.
En las bases del Plan, documento aún en desarrollo, en las páginas 77 a 82, se mencionan 13 líneas de acción para el sector educativo. Cuatro para la educación superior, dos para los docentes, una para el programa de alimentación escolar y otros, como la ampliación de la jornada escolar o mejorar la educación media, aún sin datos y metas a lograr.
Lo único que por ahora parece claro para el actual gobierno es que aumentará los 500 000 cupos de la educación superior y, para los niños de 0 a 5 años, se pasará de 1,9 millones a 2,7 millones de niños cubiertos, en un programa conjunto entre ICBF-MEN y otras entidades.
El plan nacional está en proceso de concertación y elaboración, pero aún no aparecen los niños y adolescentes de los territorios rurales. Tampoco se menciona con exactitud cuántos niños se van a vincular al sistema educativo por grados en preescolar, así como cuál será el programa para enfrentar la deserción escolar de los adolescentes.
Puede entenderse que la deserción escolar comprende diversas acciones, pero éstas deberían estar integradas en un solo programa con recursos y metas definidas, dada la gravedad y el efecto negativo en el desarrollo social y económico del país.
Igual ocurre con el objetivo de mejorar la calidad educativa, ello necesita acciones puntuales y sobre todo recursos, la calidad en educación es costosa. La buena relación de FECODE y el gobierno nacional es una gran oportunidad para el sector, se necesitan compromisos de unos y otros en favor de los derechos de los niños y los adolescentes.
