El Congreso discute la posibilidad de que los padres de familia envíen a sus hijos a colegios privados sin preocuparse por el dinero. ¿Es esta una manera de cerrar la brecha o de mejorar la calidad de la educación?
Ángel Pérez Martínez*
Libertad de elección
El proyecto de Ley 192 de 2022 que se discute en el Congreso crearía un mercado de educación básica y media para los más pobres.
El proyecto pretende estimular la demanda por educación de buena calidad mediante bonos que se entregarían a los más pobres y que pagaría el Estado con los recursos del Sistema General de Participaciones.
El proyecto implicaría competencia entre el sector público y el privado para mejorar la calidad y reducir la deserción en sus planteles respectivos.
La exposición de motivos toma como ejemplos de éxito experiencias como la de Chile y, en Colombia, los logros del Programa de Ampliación de la Cobertura y la Calidad en la educación Secundaria y Media (PACES).
El proyecto
El proyecto fue presentado por la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, y en él propone crear bonos escolares que serán entregados a los padres de familia, o a quienes ejerzan la patria potestad, para que puedan escoger la institución escolar donde niños y adolescentes accederán a la educación preescolar, básica y media.
En las zonas rurales y en los barrios más pobres de las grandes ciudades no hay educación privada. Los colegios de las élites que cobran más de 20 millones de pesos año por estudiante no están interesados en participar en este tipo de propuestas.
La propuesta aclara que los recursos serán entregados a los estudiantes que estén en condición de vulnerabilidad, pobreza moderada o pobreza extrema. El bono escolar es un cheque o giro que financia el Estado y se entrega a la familia del estudiante. El proyecto prevé dos tipos de bonos:
- El “Bono Escolar Universal”, que incluye el pago total de matrícula y pensiones, así como los pagos de comida, útiles escolares, derechos académicos y demás servicios que defina el Ministerio de Educación.
- El “Bono Escolar Aditivo”, para los estudiantes que tengan el “Bono Escolar Universal” y necesiten un pago adicional para su formación. Destinado a estudiantes pobres con discapacidad o con méritos académicos especiales.
Para resolver posibles problemas de información, se crearía un Sistema de Información Regional de Instituciones de Educación que describa las características de los colegios y permita a las entidades territoriales y a los padres de familia comparar los parámetros de las instituciones educativas, tales como:
- número de estudiantes por salón de clases,
- resultados de las pruebas de Estado por cada una de las áreas,
- ubicación de la institución;
- formación del profesorado por grado académico:
- oferta de idiomas y actividades extracurriculares;
- oferta de formación religiosa.
El caso de Estados Unidos
En un celebre artículo de 1955, el economista neoliberal Milton Friedman lamentó que en Estados Unidos el Estado financiara, administrara y prestara el servicio educativo a través de las escuelas públicas — un sistema que se consolidó desde el origen de ese país—.
Para Friedman los gobiernos deberían exigir un nivel mínimo de calidad de la educación y financiar sus costos entregando a los padres giros, cheques o bonos por una suma máxima específica por niño y año para que ellos ejerzan la libertad de elección, que les permita escoger las instituciones escolares (privadas o públicas) donde deben ir los hijos, a las que se les exige cumplir unos requisitos mínimos de aprobación.
La propuesta de Friedman tuvo un problema: más del 90% de la educación en Estados Unidos era pública, no existían los anhelados mercados educativos. Además, en ese país las escuelas privadas siempre han sido muy costosas cuando se comparan con las públicas.
Para enfrentar la falta de mercado, en el siglo pasado —a partir de 1991—, los gobiernos de Estados Unidos apoyaron la creación de escuelas contratadas (Charter Schools), donde los subsidios van a las escuelas chárter y no a los padres de familia. Entre los propósitos de esta iniciativa se mantiene la elección entre escuelas públicas y contratadas, para los padres de familia. En algunos Estados también se trató de estimular los centros con innovación en las prácticas educativas.
Tres décadas después, la experiencia de subsidiar la demanda y privatizar no produjo los resultados esperados en calidad ni en innovación educativa. Los estudios demuestran que las escuelas contratadas lograron una menor deserción y, en algunos casos, tuvieron un pequeño efecto positivo en calidad frente a la escuela pública, pero no lograron mejorar la calidad del sistema educativo.
El caso de Chile
La exposición de motivos del Proyecto de Ley 192 de 2022 pone como ejemplo el caso chileno, donde más del 50% de la educación básica utiliza bonos escolares y logra mejores resultados que Colombia en las pruebas PISA.
Durante los años ochenta, el gobierno Pinochet creó los colegios subvencionados, con el propósito de estimular un mercado para la educación, donde los padres de familia tuvieran la posibilidad de escoger entre escuelas públicas municipales y escuelas subvencionadas. Estas últimas crecieron muy rápido hasta representar cerca del 52% de la matrícula.
Las instituciones escolares privadas subvencionadas reciben un bono pagado por el Estado. Hasta el año 2009, las normas permitieron el financiamiento compartido, es decir que los colegios subvencionados podían cobrar una cuota compensatoria a los padres de familia de cada estudiante. Esta cuota favoreció a los subvencionados donde asistían sectores de clase media que podían pagar un poco más.
El gobierno Bachelet suspendió esta cofinanciación porque discriminaba a los padres de familia y a los estudiantes de colegios subvencionados ubicados en los barrios o zonas más pobres, que no podían pagar por la educación de sus hijos. Igual sucedía con los estudiantes de los colegios municipales (públicos) que solo recibían recursos gubernamentales.
Un estudio sobre los resultados del sistema de mercado y de libre elección de los padres de Familia en Chile cita diversas investigaciones e informes, entre ellos, uno de la OCDE, y concluye que los colegios subvencionados han tenido escasos efectos positivos en los logros académicos de los estudiantes en comparación con los públicos municipales.
Los resultados son mínimos, incluso cuando se controlan las diferencias en el nivel educativo de los padres y en los exámenes de admisión de los estudiantes: las mejoras en calidad provienen de las escuelas públicas y no de las privadas subsidiadas.
No podemos olvidar que los niveles de gasto e inversión en Estados y Unidos y Chile en educación son muy superiores a los de Colombia:
- Handel y Hanushek encontraron que en el año académico 2018-19, los estados del noreste de Estados Unidos gastaron más de 15,000 dólares año por estudiante y los estados del sur entre 9,000 y 11,000 dólares por alumno.
- También la OCDE muestra que en 2020 Chile invirtió más que Colombia: un 26% más por estudiante de la educación media, utilizando dólares paritarios.
- En Colombia, en el año 2022 gastamos en promedio 4,5 millones de pesos por estudiante en la educación pública. Con estos recursos, según la Ley, se pretende encontrar colegios privados de buena calidad.
Antecedentes en Colombia
La propuesta de bonos escolares en la educación para financiar la demanda no es nueva en Colombia.
De hecho, desde finales del siglo pasado han circulado propuestas como los programas de colegios cooperativos y el programa PACES; esta última iniciativa ha sido evaluada por la Universidad de los Andes y el premio Nobel de economía Michael Kremer, pero ninguna de ellas ha tenido un efecto de largo plazo para mejorar la calidad de la educación.
La educación contratada y por concesión en Colombia llegó a tener más de un millón de estudiantes en 2008. Desde entonces esta matrícula se ha disminuido hasta alcanzar 478.611 estudiantes en el 2021.
La contracción de los programas de educación contratada y el PACES se debió a problemas de corrupción y de intervención de los políticos locales, quienes crearon colegios privados para acceder a los bonos educativos o lograron que les asignaran cupos, con bono, a colegios privados de sus amigos. Para no mencionar el hecho de inflar matrículas y demás, con un sentido de ganancia que iba más allá de lo legal.
El problema y sus remedios
Las propuestas para la educación contratada y en concesión en Colombia siempre han tenido el propósito de promover desde Estado un mercado para la educación, que, a través de la competencia, estimule calidad y eficiencia con un menor gasto por estudiante.
Pero al buscar mecanismos para entregar su administración y recursos en el sector privado, disminuye la responsabilidad del Estado con los niños, adolescentes y jóvenes.
Así mismo, estos esfuerzos de bonos escolares se proponen romper el poder de negociación de FECODE en las decisiones de política para la educación oficial.
Las políticas educativas promercado centran los incentivos de calidad de la gestión en resultados y costos. La discusión se debe referir entonces al tipo de incentivos que los gobiernos deben usar para lograr calidad con bajos costos
¿Cómo hacemos para ayudar a los maestros que hacen esfuerzos extraordinarios por avanzar? La mayoría aún discuten y sueñan con avanzar en procesos de calidad de la educación, sin apoyo y sin recursos. Gracias a ellos este país no es peor.
Fajnzylber y Lara sostienen que se han utilizado dos tipos de políticas para proporcionar tales incentivos: “Una es diseñar un sistema de rendición de cuentas que proporcione incentivos monetarios para mejorar los resultados educativos. Una segunda alternativa es introducir la elección de escuela”
El olvido y los olvidados
Este tipo de políticas se concentra en la gestión administrativa y olvida lo pedagógico.
Olvidan que para mejorar la calidad de la educación existen los procesos de transformación pedagógica. Olvidan el impacto que pueden tener el liderazgo escolar y un trabajo en equipo con maestros comprometidos con una apuesta educativa común construida por ellos para enfrentar entornos adversos a la calidad; sin dejar de papel que puedan cumplir las facultades de educación y los procesos de formación de docentes.
La política educativa necesita integralidad: oportunidades para buscar la igualdad, necesidades de compensar con los que parten o vienen de atrás y resultados.
En las zonas rurales y en los barrios más pobres de las grandes ciudades no hay educación privada. Los colegios de las élites que cobran más de 20 millones de pesos año por estudiante no están interesados en participar en este tipo de propuestas.
En caso de que lo hicieran, Pedrito, de estrato cero o uno, seguiría siendo Pedrito a menos de que estas instituciones lo apoyaran con procesos super especiales, que aumentarían los costos de esos colegios. Pero la realidad es esta: no tenemos recursos para financiar ese tipo de educación y de integración.
Los procesos de educación son complejos. Para empezar, los niños no llegan a la escuela en igualdad de condiciones, no todos aprenden a la misma velocidad y las circunstancias de la vida familiar, cultural, social y económica incidirán en su desarrollo.
Mientras tanto ¿qué hacemos con miles de sedes educativas, de manera especial en el sector rural, que funcionan sin energía, sin internet, sin computadores, sin aires acondicionados?
¿Cómo hacemos para ayudar a los maestros que hacen esfuerzos extraordinarios por avanzar? La mayoría aún discuten y sueñan con avanzar en procesos de calidad de la educación, sin apoyo y sin recursos. Gracias a ellos este país no es peor.
Sin duda, necesitamos una FECODE más preocupada y comprometida con la calidad de la educación, pero también una clase dirigente comprometida con mejorar la educación pública y no con destruirla.
7 Comentarios
El proyecto referente a los bonos puede tener cabida frente a los resultados que ha tenido en países como Chile y Estados Unidos. Sin embargo, a partir del proyecto se abondonaria el compromiso del estado con las instituciones de carácter público frente a la educación básica y media porque en lugar de proponer la mejora del nivel educativo en los colegios públicos, se busca directamente el acceso a instituciones educativas privadas en donde no se contempla que no todos los estudiantes tendrían acceso a los bonos, generando que continúe la brecha de diferencias en la calidad educativa entre instituciones educativas publicas y privadas; siendo esto poco factible para la contribución en la equidad de condiciones frente a la educación dentro del país.
Los bonos educativos en Colombia son una iniciativa interesante que busca promover el acceso a la educación de calidad para todos los estudiantes. Estos bonos pueden ser otorgados a familias de bajos recursos para cubrir los gastos educativos de sus hijos, como matrículas, libros y materiales escolares.
Esta política tiene el potencial de reducir la brecha educativa y brindar igualdad de oportunidades a los estudiantes colombianos. Al proporcionar apoyo financiero a las familias, se les permite elegir la institución educativa que mejor se adapta a las necesidades de sus hijos, ya sea una escuela pública o privada.
Sin embargo, es importante asegurarse de que estos bonos educativos estén bien implementados y supervisados para garantizar que se utilicen de manera efectiva y que realmente beneficien a los estudiantes. Además, se deben establecer mecanismos de seguimiento y evaluación para medir el impacto de esta política en el sistema educativo del país.
El artículo proporciona una visión general de la propuesta de bonos educativos en Colombia con argumentos bastantes sólidos que a mi parecer si se sabe hacer seria un gran desarrollo en el sistema educativo Colombiano, sin embargo, este articulo parece estar sesgado, se pudo presentar un análisis equilibrado y mas concreto que examine tanto los pros como los contras después de ejecutar la propuesta, o señalar las preocupaciones y desafíos relacionados con la propuesta, a su vez, el artículo podría beneficiarse al explorar soluciones alternativas o sugerir formas de mejorar el sistema educativo sin depender exclusivamente de bonos que podrían incluir políticas centradas en la formación de maestros, la inversión en infraestructura escolar o la implementación de programas pedagógicos innovadores.
Me parece que la propuesta lleva amplios movimientos que de ser posibles lograrían beneficiar a unos cuantos, sin embargo en vez de promover que la gente pueda acceder a escuelas de mayor valor y precio no significa una mejora en la educación, con esos mismos recursos se puede mejorar en infraestructura, espacios, los maestros con mayor preparación y otras herramientas para que el estudiante pueda avanzar, inclusive estos métodos si podrían ser mucho más baratos para el gobierno (Y por lo tanto para el país) y también mucho más efectivos.
La discusión en torno al proyecto de Ley 192 de 2022 que propone la implementación de bonos escolares en Colombia plantea una serie de desafíos y oportunidades. Por un lado, la iniciativa busca promover la libertad de elección para los padres, fomentar la competencia entre el sector público y privado, y proporcionar referencias objetivas para la toma de decisiones educativas. Sin embargo, se plantean preocupaciones sobre la desigualdad que podría surgir si solo los estudiantes más vulnerables se benefician, la efectividad cuestionable de sistemas similares en otros países, los desafíos infraestructurales en zonas rurales y barrios pobres, y la sostenibilidad económica de la propuesta. En última instancia, la discusión debe considerar cuidadosamente estos aspectos para garantizar una educación de calidad para todos, involucrando a la comunidad educativa en la toma de decisiones para abordar los retos específicos de Colombia en el ámbito educativo.
La iniciativa que se presenta en esta noticia pretende buscar libertad en aquellos que desean estudiar y no buscan depender de alguna entidad en especifico, alli se pretende involucrar a la comunidad educativa para tomar decisiones y plantear una discusión entre todos para garantizar educación de alta calidad. En lo personal considero que el proyecto propone y mantiene una buena iniciativa, sin embargo, no se debería considerar a la educación costosa como una buena sino buscar que la educación gratis sea de alta calidad.
Realmente este proyecto busca cerrar brechas educativas? Esta diseñado y direccionado para rellenar, atestar, los vacíos educativos (por que sientan ahí y es indiscutible)? Los que navegamos día a día en la educación percibimos que son iniciativas que más que mejorar calidad, buscan dañar o entorpecer o quizás aligerar el peso que sienten algunos políticos y que han perdido con el sector educativo público. En esta referencia que hace el Dr. Pérez podemos ver como una y otra vez, si no han fracasado esos intentos (Chile, EU), no han dado los resultados esperados, entonces por que no mirara a lo publico como la verdadera solución con redireccionamiento de las políticas educativas con mejor y mayor inversión? por que no dejar que los que saben de educación hagan las políticas públicas educativas?