En la última década en Colombia se ha ensayado el modelo de colegios en concesión. El balance demuestra que algo han hecho por mejorar la calidad pero al costo de mantener la inequidad que reina en la educación colombiana.
Ángel Pérez Martínez*
Para qué los colegios en concesión
Los colegios en concesión surgieron en Estados Unidos como un modo de crearles competencia a los colegios oficiales y mejorar así la prestación del servicio.
En el modelo inicial, los padres de familia tendrían la opción de escoger dentro de una especie de mercado educativo, donde colegios públicos, colegios concesionados y, ojalá, colegios privados que acepten estudiantes subsidiados por el Estado, competirían por los estudiantes. Esta decisión buscaba romper el monopolio de la escuela pública, que a comienzos de la década de 1990 atendía más del 93 por ciento del total de la matrícula en Estados Unidos.
Con los colegios en concesión se pretendió lograr todo aquello que no podía lograrse con los oficiales.
En el caso colombiano, según un documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elaborado por Fabio Villa y Jesús Duarte, los colegios en concesión surgieron como un modo de innovar en la gestión del sector educativo y de enfrentar problemas institucionales resultantes de incentivos perversos.
Entre esos incentivos se encontraba la inercia que en los colegios públicos produce la estabilidad laboral de rectores y docentes, además de la propia financiación del sector que según los autores, “está orientada no tanto a la educación de los niños y jóvenes, sino a pagar la nómina de los maestros”.
También eran inconvenientes el poder de FECODE, el centralismo en las negociaciones laborales y la estructura salarial de los docentes a través de un estatuto único.
Y así, con los colegios en concesión se pretendió lograr todo aquello que no podía lograrse con los oficiales:
1) Obligarlos a ser colegios de calidad mediante un contrato que incluye su evaluación permanente;
2) Privatizar la gestión porque estos colegios se rigen por el derecho privado, y
3) Garantizar la flexibilidad de los contratos de los docentes, hasta el extremo de que algunos concesionarios renuevan esos contratos cada año, por sólo diez meses.
 Colegio por concesión en Bogotá. Foto: Portal Oficial de Bogotá |
Educación barata
Todos los colegios en concesión fueron construidos y dotados por la Secretaría de Educación de Bogotá (SED) en barrios de estratos 1 y 2, y con la idea de que sus costos fueran menores que los de los colegios públicos.
En 1999, cuando arrancó el programa, la canasta educativa por estudiante fue valorada y contratada a razón de $ 950.000 por año. Según la SED, en 2014 la canasta promedio está en $ 2.050.718, y la de aquellos estudiantes de colegios distritales que acceden al programa de 40×40 asciende a $ 3.696.991. El programa 40×40 busca extender la jornada escolar a 40 horas semanales y es por lo tanto, comparable a los colegios en concesión, instituciones que ofrecen jornada completa.
La SED presentó al Concejo Distrital los datos anteriores, además de otros rubros para comparar las dos canastas. Por ejemplo, en los colegios en concesión el costo del componente humano (directivos, docentes y personal de apoyo) es de $1.121.742, mientras que en los colegios distritales donde funciona 40×40 este costo es de $2.027.264.
Es claro entonces que el ahorro de los colegios en concesión resulta de pagarles menos a los docentes y al resto del personal. También se encuentran diferencias notables a favor de los colegios en concesión en rubros como alimentación escolar, transporte y materiales para los alumnos.
De los 40 países que suministran información a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre cuánto invierten por niño-año en educación primaria y secundaria, Colombia ocupa el puesto 39. Para hacer una comparación, la OCDE, en su Panorama de la Educación 2014, sostiene que en Estados Unidos se gastaron 10.958 dólares año por estudiante en primaria y 12.731 en secundaria. En Colombia gastamos 1.094 y 1.164 dólares, respectivamente.
En este informe también se destaca que los países de la región gastan al año por niño en primaria y secundaria dos y hasta cuatro veces más que Colombia: Chile, 4.551 y 4.495 dólares respectivamente; México, 2.622 y 2.693 dólares; Argentina, 2.167 y 3.034 dólares; Brasil, 2.349 y 2.662 dólares. Los colegios en concesión apenas pasan de 1.000 dólares al año.
Un modelo reproductor de divisiones
Las aulas en Colombia no son puntos de encuentro; al contrario, dividen según ingresos y modelos educativos.
Hoy existen cinco modelos de educación para los niños y jóvenes entre 3 y 17 años. Tres son públicos: colegios oficiales, en convenio o educación subsidiada, y concesión; y dos son privados: colegios privados para pobres, que de acuerdo con los datos de SED cobran entre $ 700.000 y $ 1.500,000 por niño año, y colegios privados de buena calidad por los cuales las familias pagan desde $ 12 millones y hasta más de $ 20 millones anuales.
El reciente debate en torno a la continuidad de los colegios en concesión de Bogotá es la mejor prueba de que la educación en Colombia no es un punto de encuentro social. Quienes la defienden presentan la educación por concesión como buena, bonita y barata, lo cual, cuando se compara entre pobres, es cierto.
Con salones con más de 40 estudiantes en promedio, estos colegios obtienen mejores resultados que los colegios oficiales, dado que por contrato es su obligación estar clasificados entre altos y superiores, según las categorías del ICFES.
El ahorro de los colegios en concesión resulta de pagarles menos a los docentes y al resto del personal.
Además, la tasa de deserción, según la SED en 2012 fue menor en estos (0,8 por ciento) que en los colegios oficiales (3,7 por ciento). Sin embargo, ninguno clasifica como muy superior.
Finalmente, las evaluaciones de Alfredo Sarmiento señalan que en la mayoría de estos colegios se promueve la participación de los estudiantes y padres de familia y existe una amplia gama de programas para mejorar la convivencia.
Las administraciones Peñalosa y Mockus se esforzaron por construir 25 colegios en concesión, dotarlos y lograr que el Concejo aprobara sus vigencias futuras a 15 años.
En 2004, cuando empezó la administración de Garzón, el deterioro y abandono de las escuelas públicas era tal que 400 de las 750 sedes amenazaban ruina. Bogotá en el periodo 2004-2008 invirtió más de 1,5 billones de pesos en construir 38 colegios nuevos y en recuperar en su totalidad más 230 sedes educativas y dotarlas, entendiendo la importancia de fortalecer la educación oficial.
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Antes ocurría que dos niños que vivían en una misma cuadra estudiaban en dos realidades distintas: uno iba a un colegio por concesión, nuevo, con dotación escolar adecuada y con jornada escolar completa; el otro salía a un colegio oficial en ruinas, mal dotado y con apenas media jornada.
Pero la educación oficial ha cambiado: los avances de la calidad y de los resultados de los colegios oficiales en Bogotá en los últimos diez años son innegables. El 61 por ciento de estos se sitúa en categoría alta o superior, y ya empiezan a clasificar algunos colegios oficiales en la categoría muy superior.
La evaluación del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) del año 2010 a los colegios en concesión ya mostraba que al comparar por localidades con colegios oficiales, las diferencias en resultados de pruebas Saber 11 están a favor de los primeros pero tan solo entre 0 y 3 puntos.
Pero como sociedad nos falta grandeza en materia educativa. Pobres, ricos, sindicatos, políticos y académicos deberíamos reconocer, basados en la evidencia de las pruebas internacionales como SERCE y PISA, que en Colombia se ofrece a los niños y jóvenes un pésimo sistema educativo, así nos digan que la educación por concesión es una maravilla, que es de altísima calidad y que además es menos costosa que la educación que reciben los niños de los colegios distritales.
Las pruebas PISA de la OCDE del 2012 muestran un retroceso de Colombia con respecto a las pruebas realizadas en 2009 y 2006; otros países de la región como Chile, Brasil y México progresan más rápido que nosotros.
Lo más grave es que los estudiantes de las élites del país (los mejores de Colombia) rinden menos que los peores estudiantes de países como Japón, Holanda, Finlandia, Suiza, Canadá, entre otros.
Copiando programas como los vouchers y las charter schools, términos de moda para hablar de educación, se busca promover una competencia cercana al mercado capitalista, alejada de la realidad del país y de los patrones de calidad internacionales.
Así, mientras nosotros queremos ser como Chile hace 20 años, hoy Chile quiere ser como Finlandia o Canadá. Los chilenos saben que solo si tienen una muy buena educación oficial, a la que la sociedad le apueste de manera integral, se producirá calidad para todo el sistema.
*Profesor y asesor en temas educativos.