2018 fue un año atípico: el presupuesto para educación superior pública fue aumentado como nunca, gracias a la protesta de los estudiantes de universidades de todo el país. Pero quedó faltando.
Ángel Pérez Martínez*
Un triunfo histórico
El reciente movimiento estudiantil universitario logró cuatro hechos históricos para la educación colombiana:
- Por primera vez el país comprendió la magnitud del déficit de recursos de las universidades públicas;
- El gobierno nacional cedió y redirigió más de 5 billones de pesos adicionales para las universidades y Colciencias,
- Durante dos meses, la educación fue tema de interés para los medios de comunicación, las redes sociales y el gobierno, en un país donde la educación es un tema secundario en la agenda pública, y
- Los líderes estudiantiles actuaron guiados menos por la ideología y más por la información (datos, comparaciones y otras evidencias); y ganaron la batalla, apoyados por la sociedad, que los respaldó a pesar de los inconvenientes causados por las marchas.
¿Los estudiantes derrotaron al gobierno?
Hay que valorar que, en un país violento como este, los estudiantes dieron una batalla basada en argumentos sobre los problemas de la financiación de la educación superior pública. Los líderes estudiantiles demostraron que conocían el tema, estaban bien informados y tenían un discurso que por igual convocaba a las marchas y llamaba al diálogo y a la concertación.
Además, los líderes estudiantiles se opusieron a todas las formas violentas durante la protesta. Entendieron que los datos les daban la razón. La mayor prueba del impacto de la movilización de los estudiantes universitarios fue que la caída en la imagen del presidente y la ministra de Educación.
Los estudiantes demostraron que en los últimos quince años la matrícula de las universidades oficiales se duplicó (346.013 alumnos en 2003, y 690.000 en 2018), y las maestrías y los doctorados crecieron un 425 y un 832 por ciento respectivamente, mientras que los recursos solo crecieron un 43 por ciento en el mismo periodo.
Los estudiantes dieron una batalla basada en argumentos
Esto produjo un déficit estructural en las universidades, que creció sin solución a la vista. Desde 1992, con la Ley 30 (artículos 86 y 87) se estableció un aumento ligado a la inflación, pero año tras año la cobertura y los costos crecieron por encima de la inflación.
Los mismos rectores fueron conscientes del tamaño del problema, como lo demuestra su comunicado de las 32 universidades públicas donde manifiestan un “categórico desacuerdo frente la continuidad del programa Ser Pilo Paga o su posible reestructuración, ya que ha significado un aumento muy reducido de la cobertura—calculado en 1,97 %—, con un costo muy alto que se estima en 3,5 billones para financiar a tan solo 40.000 jóvenes. En contraste, para el 2017, las universidades públicas atendieron 611.800 estudiantes con un aporte de la Nación de 2,93 billones”.
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El problema estructural no se ha resuelto
 Universidad de Antioquia. Foto: Procuraduría General de la Nación |
Los rectores de las universidades públicas sostenían que el déficit histórico acumulado para funcionamiento era de 3,2 billones de pesos y que se necesitaban 15 billones para inversión. El acuerdo final logró 5,8 billones de pesos adicionales: 4,5 billones para las universidades públicas y 1,3 billones para Colciencias.
Para hacerse una idea de la magnitud de los recursos obtenidos basta recordar que la Nación giró a las instituciones de educación superior oficiales 13,2 billones de pesos entre 2014 y 2017, 11,6 billones para funcionamiento y 1,6 billones para inversión.
En el acuerdo se estableció el aumento de los aportes para ampliar la base del actual gasto en funcionamiento, cercana a los 3,1 billones. Esta base se incrementará en 2019 según el índice de precios al consumidor, IPC, más el 3,5 por ciento. En 2020 se aumentará en la proporción del IPC más 4 por ciento; en 2021 será el IPC más 4,5 por ciento y en 2022, el IPC más 4,65 por ciento.
En total, se hará un aumento real de 16,65 por ciento para los próximos cuatro años, que equivalen a 1,3 billones de pesos que se destinarán a gastos de funcionamiento y que serán la base presupuestal para los siguientes años.
Los gobiernos en el pasado habían destinado recursos del presupuesto nacional para atender los déficits de algunas universidades públicas o habían realizado inversiones para construcciones y dotaciones, pero se habían negado a elevar la base de los gastos de funcionamiento de las universidades.
Pero a pesar de la magnitud de los recursos conseguidos, el país debe ser consiente de que estos no solucionan el problema de la financiación de las universidades oficiales ni del sector educativo en su conjunto. Solo resuelven los problemas básicos de su funcionamiento e inversión en los próximos cuatro años.
A mediano plazo la financiación del sector educativo seguirá siendo un problema para los gobiernos y para el país. No podemos olvidar que la tasa de cobertura para la educación superior es del 52 por ciento, siendo así que deberíamos tener una tasa cercana al 70 por ciento en los próximos diez años. Esto exigirá crear por lo menos 1.200.000 cupos nuevos en la educación superior.
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Tampoco podemos evadir el hecho de que en la educación básica y media hay más de 1,2 millones de niños y adolescentes por fuera del sistema educativo. Colombia tiene que crear por lo menos 500.000 cupos adicionales en preescolar y lograr que cerca de 700.000 adolescentes de las áreas rurales y deprimidas de las ciudades ingresen a la educación básica y media, y permanezcan en un sistema educativo público de calidad. En el 2018 invertimos 3,5 millones por estudiante en la educación básica y media, así que por lo menos necesitamos adicionar a estos niveles de la educación 4,2 billones de pesos año.
Problemas ausentes en la negociación
 Marchas estudiantiles. Foto: Mirada Pública-Andrés Monroy |
En la protesta, en las discusiones y en los acuerdos faltaron, por lo menos, dos temas muy importantes para el desarrollo y la consolidación de la educación superior: la deserción escolar y la calidad de la educación superior pública.
La deserción escolar en la educación superior colombiana es un problema gravísimo. El exrector de la Universidad de los Andes, Carlos Angulo Galvis, ha dicho que, según el Banco Mundial, Colombia tiene las más altas tasas de deserción en la educación superior de Latinoamérica.
En 2016, según el MEN, esta tasa fue del 45 por ciento para la educación universitaria y de más del 52 por ciento para la educación técnica y tecnológica. Estas tasas de deserción significan que por cada dos estudiantes que ingresan a la educación superior, uno se retira. ¿Será que las universidades, los profesores, directivos y los otros estudiantes no tienen nada que ver con este problema?
A mediano plazo la financiación del sector educativo seguirá siendo un problema para los gobiernos y para el país.
Tampoco se habló de la calidad de la educación superior, pero es claro que las universidades oficiales tienen resultados muy divergentes en esta área. Hay cerca de una docena de instituciones que, lideradas por la Universidad Nacional, tienen un sentido académico e investigativo alto. Pero en las otras aún subsisten problemas de clientelismo y de mala gestión que les aportan poco al desarrollo regional o nacional.
A juzgar por mi experiencia como estudiante y como profesor universitario, al lado de buenos profesores se mantienen algunos profesores de planta malos, que no han hecho nada durante años, que no investigan y publican poco pero que, igual, se pensionan.
El futuro
La evidencia indica que tendremos que invertir por lo menos 2 puntos adicionales del PIB en educación. Para eso los colombianos tendremos que pagar más impuestos. La sociedad y el gobierno tendrán que priorizar el gasto del Estado, y reconocer que la guerra y la violencia nos quitan desarrollo social.
Según datos suministrados por el Banco Mundial, Colombia ocupa el lugar más alto de América Latina en gasto militar (3,38 por ciento de su PIB). En el futuro deberíamos bajar por lo menos en un punto este gasto y pasarlo a educación. Es decir, cambiar guerra y destrucción por derecho a la educación de calidad.
*Profesor universitario y asesor en temas educativos.
