La Constitución establece la autonomía universitaria, pero el gobierno debe asegurar la calidad de quienes ejercen las profesiones. Un decreto del gobierno revive la controversia.
Ángel Pérez Martínez
El problema
Mediante el Decreto 1330 de julio de 2019 el gobierno intervino en favor de la calidad de la educación superior, al ordenar el registro calificado para que una institución pueda ofrecer y adelantar programas académicos.
Pero la tarea de controlar la calidad de la educación no es fácil, porque la Constitución garantiza la autonomía de las universidades.
En principio, la calidad de la educación depende de los esfuerzos de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento permanente que realicen las propias instituciones. La sociedad y el Estado deben confiar en ellas, y por eso les reconocen su autonomía dentro del marco de la Constitución.
La Corte Constitucional define la autonomía universitaria como el derecho de las instituciones de educación superior para autodeterminar, entre otros, su orientación ideológica, su forma de administración y sus estatutos.
Los abusos
Pero lo anterior no impide que las instituciones de educación superior sean responsables de:
Ningún sistema de evaluación y calidad de la educación podrá garantizar transparencia si no existe información veraz y oportuna.
- Buscar y mantener la calidad académica de sus programas, y
- Promover la participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones y en el diseño de instrumentos de autocontrol.
Hay, además, evidencia de que la educación superior deja de cumplir sus fines cuando las universidades se manejan como un fortín político al servicio del clientelismo y la corrupción en las regiones. O cuando la educación se reduce a una operación mercantil que reparte utilidades entre sus socios fundadores o les paga salarios jugosos a ellos o a sus familiares.
La intervención del Estado
De otra parte, garantizar la calidad de la educación superior es un tema complejo para los Estados, porque implica lograr el equilibrio entre tres criterios u objetivos no siempre compatibles entre sí:
- Respetar la autonomía académica de las instituciones, condición obligada para que existan el pensamiento independiente y la investigación científica;
- Garantizar que las instituciones no estafen a los estudiantes, y
- Lograr que las entidades del Estado conformen un equipo que haga cumplir los mandamientos de la ley, con el apoyo de los pares académicos.
Por fortuna para Colombia, desde comienzos del siglo se ha profundizado la discusión sobre la calidad de la educación y sobre el papel que en ella tienen el Estado, las instituciones educativas y la comunidad alrededor de ellas (directivos, docentes, estudiantes, padres de familia y sociedad).
Sin llegar, por supuesto, a respuestas concluyentes, esta conversación ha permitido ahondar sobre la naturaleza y la forma de medir la calidad de la educación, y sobre cómo mejorar los resultados de las instituciones (gestión académica y administrativa), de los docentes (investigación, publicaciones, clases, apoyo a estudiantes…) y de los estudiantes (pruebas Saber Pro, vinculación al mundo laboral y remuneración de los egresados…).
Por todo esto, bienvenido sea el Decreto 1330 de 2019.
Foto: Gobernación de Norte de Santander |
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Un decreto consultado
Acostumbrados a que las normas y decisiones sobre la calidad de la educación se impongan a las instituciones y a sus comunidades educativas, no deja de sorprender que el gobierno lograra preparar el Decreto 1330 de 2019 de manera consensuada..
El Observatorio de la Universidad Colombiana destacó que para la firma de esta norma se hicieran presentes “el presidente y la ministra de Educación delante de voceros de rectores de todos los sectores, profesores, estudiantes y miembros del CESU y CONACES”.
Entre los considerandos del decreto se reconoce que su expedición responde a las objeciones que provocó su antecesor, el Decreto 1280 de 2018. La mayoría de las instituciones de educación superior rechazaron esta norma porque no fue precedida de consultas y porque se expidió a última hora (julio 25 de 2018), por la ministra de educación Yaneth Giha, quien concluyó su gestión tan solo doce días después.
Por su parte el Decreto 1330 de 2019 es el resultado de un proceso de construcción colectiva que permitió la reflexión y la visión conjunta sobre la calidad de la educación superior.
Este proceso incluyó “29 talleres denominados ‘Calidad ES de Todos’, que tuvieron lugar en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, entre octubre de 2018 y junio de 2019. En estos talleres participaron más de 600 rectores y representantes de 247 instituciones de educación superior”. El gobierno cuenta con tres años para su desarrollo y ejecución.
Qué es la calidad de la educación
El decreto define la calidad de la educación superior como un conjunto de atributos articulados, interdependientes y dinámicos que cada institución puede ajustar de la mano de su comunidad educativa, de acuerdo con sus particularidades y propósitos.
Según el decreto, estos atributos deben responder “a las demandas sociales, culturales y ambientales”. Además, dichos atributos permiten hacer valoraciones internas y externas a las instituciones, con el fin de promover su transformación y el desarrollo permanente de sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión”.
El registro calificado de los programas académicos de educación superior permite que el Estado evalúe las condiciones de calidad en las instituciones educativas. Este registro sigue siendo obligatorio, se expide con una validez de siete años y hace parte del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
La educación superior deja de cumplir sus fines cuando las universidades se manejan como un fortín político al servicio del clientelismo y la corrupción en las regiones.
Al mismo tiempo el decreto establece la posibilidad de un registro calificado único para las instituciones que pretendan ofrecer programas académicos con el mismo contenido curricular, en diversas modalidades y/o en diferentes municipios.
Además de la evaluación de las capacidades, de los procesos de las instituciones y de los programas académicos, el decreto incluye la evaluación del aprendizaje de los estudiantes. Según el texto, los resultados de aprendizaje son las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico.
En consonancia con el punto anterior, se retoma del Decreto 1280 de 2018 la necesidad de que las instituciones incluyan en su misión institucional la preocupación por sus egresados, a través de programas de seguimiento de su actividad profesional y de mecanismos de aprendizaje a lo largo de la vida.
Foto: Facebook Ministerio de Educación. |
El decreto igualmente promueve la incorporación de los estudiantes en la formación investigativa.
No menos importante, el decreto reconoce la diversidad de oferta y demanda de programas, de niveles de formación y de modalidades (presencial, a distancia, virtual, dual u otros) de la educación superior. El Ministerio de Educación sostiene que de esta manera se da reconocimiento a las nuevas tendencias educativas.
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Pero falta por hacer
El Decreto 1330 de 2019 no resuelve la profusión de los actores del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. En esta misma norma se mencionan nada menos que catorce entidades o actores diferentes.
Es necesario revisar este sistema, que debe ser autónomo y de muy alta calidad.
Para empezar, habría que reducir el tamaño del Sistema y buscar su integración en una o dos instituciones, donde de manera coordinada se cumplan las funciones de aseguramiento de la calidad que realizan el Ministerio, el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), la Comisión Nacional intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES), el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) y los pares académicos.
De igual forma, se corren riesgos al vincular los resultados de los estudiantes y egresados al sistema de evaluación de las instituciones para la obtención del registro, pues esto puede llevar a que las instituciones sobrevaloren la empleabilidad y el mercado laboral, desvirtuando así los esfuerzos por mejorar la formación integral y la calidad de la educación superior.
Por último, una pregunta: ¿para cuándo quedan la actualización y el mejoramiento de los sistemas de información de la educación superior? El país está conociendo estos datos con un retraso de hasta dos años. Ningún sistema de evaluación y calidad de la educación podrá garantizar transparencia si no existe información veraz y oportuna.
*Profesor universitario y asesor en temas educativos.
