La Imprenta Republicana y las “vacas” por la democracia

Las vacas por la democracia demostraron la capacidad de organización de los liderazgos campesinos y comunitarios para responder a un desafío inmediato. Pero, también, mostraron la fragilidad de una democracia en la que el ejercicio del derecho al voto todavía depende, para miles de ciudadanos, de la solidaridad de otros.

En las cuatro semanas previas a la segunda vuelta presidencial ocurrió en Colombia un auténtico movimiento social. De manera espontánea, miles de personas organizaron colectas entre amigos y conocidos para apoyar a comunidades negras, indígenas y campesinas que, por vivir en las periferias, tradicionalmente encuentran grandes obstáculos para ejercer su derecho al voto. Fueron cientos de “vacas”, impulsadas por activistas, estudiantes, profesoras universitarias y las propias comunidades, con un único propósito: hacer efectivo el derecho al voto en medio de una forma de iniquidad que suele pasar inadvertida.

Una de esas colectas fue la organizada por la Imprenta Republicana, que logró recaudar cerca de $250 millones para contribuir a que decenas de miles de personas pudieran ejercer su derecho al voto. Esta es una historia de solidaridad, transparencia y empatía que se repitió durante las semanas previas al 21 de junio y que debería servir como un baño de realidad para políticos y periodistas indolentes que insisten en explicar los resultados electorales mediante el lugar común del “voto fusil”, pasando por alto la capacidad de una sociedad civil desarmada para organizarse en defensa de un derecho fundamental: el derecho al voto. 

De la brecha digital a la movilización ciudadana

Marta y Valentina son dos activistas que, a lo largo de sus vidas, han trabajado junto a decenas de líderes y lideresas sociales. Ese vínculo permanente con personas de territorios distantes les permitió advertir una realidad que el país urbano conoce, pero parece no querer comprender: la enorme brecha de conectividad entre el campo y la ciudad. En amplias zonas rurales, la comunicación digital no se sostiene principalmente en las redes sociales, sino en WhatsApp, una aplicación de mensajería cuyo bajo consumo de datos y capacidad para funcionar incluso con conexiones inestables la convierten en la herramienta más eficaz para sortear las limitaciones de infraestructura.

Conscientes de que WhatsApp es el principal canal de comunicación en la Colombia rural —y también en buena parte de la Colombia periférica—, Marta y Valentina fundaron en 2023 la Imprenta Republicana, una iniciativa de acción política que, a través del diseño y de un lenguaje visual directo, busca conectar con ese vasto universo digital que no circula principalmente por plataformas construidas sobre perfiles públicos, como Facebook, Instagram y TikTok.

Con ese propósito comenzaron a crear decenas de grupos de WhatsApp en los que hoy interactúan miles de personas. Allí no solo circulan los afiches y contenidos producidos por la Imprenta Republicana, sino que también se tejen conversaciones entre comunidades separadas por cientos de kilómetros. En ese momento llegaron a conformar cerca de treinta grupos de mil integrantes cada uno, una red de alrededor de treinta mil personas que, con toda seguridad, hoy es mucho más amplia.

El nombre de la Imprenta Republicana es profundamente evocador. Hace pensar en una empresa de larga tradición, nacida entre aquellas antiguas imprentas de tipos móviles: enormes máquinas de hierro accionadas por un operario de gafas redondas y coderas negras que protegían su impecable camisa, mientras componía, letra por letra, las páginas de periódicos, panfletos y libros. Pero la Imprenta Republicana que imaginaron Marta y Valentina, aunque hereda el espíritu de aquellos viejos talleres, no imprime sobre papel. Su materia prima es la información; su tinta, los mensajes; su prensa, los teléfonos móviles que enlazan a buena parte de la Colombia rural.

Logística, confianza y transparencia en las urnas

En medio de su contacto cotidiano con comunidades de distintas regiones del país, y cuando se acercaba la primera vuelta presidencial, en varios de los grupos de WhatsApp comenzaron a repetirse los mismos mensajes: muchas personas querían votar, pero no podían hacerlo. Vivían en lugares tan apartados que el costo del desplazamiento hasta el puesto de votación superaba con creces sus ingresos y resultaba incompatible con las necesidades básicas de sus familias. Colombia sigue siendo un país donde vastas extensiones del territorio carecen de vías de comunicación. En muchas regiones, la movilidad depende de los ríos o de vehículos de doble tracción que apenas logran abrirse paso entre el barro de la montaña. Esa precariedad convierte cualquier desplazamiento en un viaje costoso y hace que ejercer un derecho tan elemental como votar tenga, para miles de personas, un precio simplemente inalcanzable. Es en ese contexto que votar se torna un lujo.

Y así, en medio de interminables conversaciones que iban y venían por WhatsApp, el acuerdo fue casi instantáneo: hacer una colecta. La idea era sencilla: ayudar a quienes querían votar, pero no podían pagar el viaje hasta las urnas. Lo extraordinario vino después. En apenas tres días se reunieron $33 millones, suficientes para facilitar el desplazamiento de 30.700 personas hacia sus puestos de votación.

Transcurrida la primera vuelta, el éxito de la colecta hizo evidente la necesidad de continuar el esfuerzo hasta la segunda ronda electoral. Comenzaron entonces a llegar solicitudes desde todos los rincones del país, y las manos de Marta y Valentina ya no bastaban. Fue necesario diseñar un formulario público para recibir las peticiones y convocar a voluntarios y voluntarias que apoyaran las labores legales, contables y, sobre todo, el exigente trabajo operativo. Cada solicitud debía ser recibida, contrastada, verificada en su legitimidad, contrastada con liderazgos locales y, finalmente, sólo quedaba decidir si cumplía las condiciones para recibir el apoyo. La prudencia y perspicacia era indispensable. Entre los cientos de solicitudes apareció, por ejemplo, la de una persona que pedía financiar un romántico viaje a “votar” en Cartagena con salida un jueves y regreso el domingo por la noche. 

El equipo fue creciendo al mismo ritmo que las solicitudes. Terminó conformado por dos contadoras, cuatro abogadas y una decena de personas dedicadas a la operación diaria, encargadas de sostener las minucias de una iniciativa que crecía con la misma velocidad que el entusiasmo de miles de ciudadanos olvidados, cuyo voto —por fin— comenzaba a ser tomado en serio. La iniciativa había dejado de ser una colecta para convertirse, en cuestión de semanas, en una movilización ciudadana capaz de responder a una necesidad que el Estado nunca había resuelto.

Y se equivocan quienes piensan que los recursos llegaron únicamente desde las ciudades, o incluso desde el exterior. Las donaciones también nacieron en el mundo campesino. En más de una finca se sacrificaron y vendieron pollos para aportar a la causa. De hecho, comenzaron a llegar miles de giros de montos muy distintos, pero sorprendentemente parecidos en el afecto con que eran enviados. Hoy ambas cierran los ojos cuando piensan en la declaración de renta del próximo año. “Pero ese es un problema del otro año”, bromea Valentina con ese desenfado irónico que parece venir incorporado en el acento antioqueño.

Quizás el mayor temor era convertirse en blanco de una acusación infundada. Aunque la campaña insistía en que el apoyo no estaba dirigido a votantes de ningún candidato en particular, el riesgo de que se interpretara como una forma de compra de votos estaba siempre presente. Entonces, por recomendación del equipo jurídico, se estableció un procedimiento adicional: cada beneficiario debía firmar una declaración juramentada en la que constaba que la campaña desconocía por quién votaría y que el apoyo recibido no estaba condicionado a ninguna preferencia electoral.

Los recursos asignados a cada solicitud variaban según las condiciones del territorio. En algunos casos bastaba con cubrir el alquiler de un bus, en otros era necesario financiar la gasolina para un costoso transporte fluvial. Hubo apoyos para pasajes en flotas, mototaxis, pangas, chivas, motos, camperos 4×4 y, por supuesto, la infaltable mula.

Al final, se destinaron $248.447.500 para apoyar el desplazamiento de 52.113 personas. Los recursos llegaron a comunidades de Antioquia (Alto Necorá, Apartadó, Chigorodó, Murindó, Necoclí, Puerto Nare, Tarazá, Turbo, Urabá y Valdivia), Bolívar (Brisas de Bolívar y San Basilio de Palenque), Caquetá (La Solita), Cauca (El Tambo y Guapi), Cesar (Valledupar), Chocó (Bahía Solano, Carmen del Darién, Litoral del San Juan, Nuquí, Quibdó y Riosucio), Cundinamarca (Fusagasugá), Córdoba (Sahagún y Tierralta), Guainía (Inírida), Guaviare (Calamar), La Guajira (Uribia), Magdalena (Ciénaga, Fundación y Santa Marta), Meta (Mesetas y Villavicencio), Nariño (El Charco, San Bernardo y Tumaco), Putumayo (resguardo inga Aponte, Valle del Guamuez y Villagarzón), Santander (Barrancabermeja), Sucre (Sincelejo) y Valle del Cauca (El Dovio). Incluso hubo apoyos para comunidades del departamento del Amazonas.

Hubo solicitudes exorbitantes, algunas de hasta $200 millones. Sin embargo, desde el principio se estableció que ningún apoyo superaría los $20 millones. Solo una petición alcanzó ese tope: la presentada por un comité de comunidades de Santa Marta, que logró movilizar a cerca de 7.000 personas hacia las urnas. La operación abarcó toda la Zona Bananera y requirió la articulación de 66 mototaxis, seis busetas y 180 motocicletas para garantizar el traslado de los votantes.

Pero la vaca de la Imprenta Republicana no fue ni la primera ni la única. De manera simultánea surgieron cientos de colectas en todo el país. Algunas buscaban apoyar comunidades específicas y se fijaban metas modestas de dos, diez o quince millones de pesos; otras reunían los recursos primero y luego buscaban los territorios donde más se necesitaban. Lejos de competir entre sí, muchas de estas iniciativas comenzaron a comunicarse y coordinarse. Gracias a esa red de confianza, los superávits de unas colectas pudieron transferirse a otras que aún no alcanzaban sus objetivos.

En ese proceso, la Imprenta Republicana terminó asumiendo una función adicional: compartir su experiencia y ofrecer orientaciones jurídicas y contables a quienes impulsaban iniciativas similares. Era una ayuda necesaria. En un país marcado por la compra de votos, el trasteo electoral y otras formas de constreñimiento, resultaba apenas natural que muchas personas dudaran sobre los límites que imponía la legislación electoral. Sin embargo, la consigna era siempre la misma: los recursos estaban destinados a garantizar el ejercicio del derecho al voto de cualquier ciudadano, sin importar su preferencia política. El propósito era tan simple como ambicioso: hacer posible la democracia allí donde esa misma democracia llega todavía a lomo de mula.

Llamadas, mensajes, verificaciones, rutinas bancarias y precauciones jurídicas hicieron que el equipo de la Imprenta Republicana viviera cuatro semanas tan agotadoras como apasionantes. Fueron días de cansancio extremo, pero también de emoción y esperanza, al comprobar hasta qué punto la solidaridad puede ser contagiosa cuando nace de la empatía.

Una movilización que desafía narrativas autoritarias

Las vacas por la democracia demostraron la capacidad de organización de los liderazgos campesinos y comunitarios para responder a un desafío inmediato. Pero, al mismo tiempo, dejaron al descubierto la fragilidad de una democracia en la que el ejercicio del derecho al voto todavía depende, para miles de ciudadanos, de la solidaridad de otros.

Lo ocurrido en las semanas previas al 21 de junio fue, en el sentido más pleno del término, un movimiento social. Una movilización ciudadana espontánea, descentralizada y organizada alrededor de un objetivo concreto: garantizar que miles de personas pudieran ejercer su derecho al voto. Esto conviene recordarlo frente a quienes, con una enorme irresponsabilidad, reducen el aumento de la participación electoral en las periferias a narrativas de coacción o violencia. Más grave aun cuando convierten en carne de cañón y hasta sugieren ¡bombardear! a unas comunidades que simplemente aumentaron su participación electoral.

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