
Se necesita confianza
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Una mirada a los resultados para 2023 del latinobarómetro, la confianza en Colombia está resquebrajada. En términos interpersonales 81.4% afirma que no se puede confiar en las otros y, en términos institucionales, hay desconfianza en las instituciones democráticas como el Congreso, los partidos políticos, el Poder Judicial y el gobierno. Por su parte, entidades económicas como los bancos generan poca y ninguna confianza (60.9%), las compañías internacionales también tienen una alta percepción negativa, así como los sindicatos. Las instituciones de mayor confianza son las compañías nacionales (51.2% favorable) y los bomberos y la Iglesia arrasan con una percepción favorable con 84,8% y 61% respectivamente. Algunos dirán que esto es una tendencia en todos los países, pero no es así y, aún si lo fuera, no deberíamos conformarnos con el mal común. ¿Cómo moverse en un país sin confianza?
La respuesta es compleja pues no parece ser que sólo un lado de sistema o de los agentes deba generarla. Mucho se ha señalado al gobierno actual como gran responsable de la confianza inversionista por algunas señales erráticas o decisiones tomadas frente a temas como los contratos de infraestructura o las exploraciones de hidrocarburos, también por la demora en la ejecución presupuestal que genera incertidumbre como ocurrió hace unos días con los Panamericanos.
Pero el gobierno no es la única fuente de posible erosión de la confianza y así se está queriendo mostrar por algunos analistas. De parte de instituciones económicas como los bancos, hay una alerta sobre su percepción. Debería importar que la población no confía en los bancos, pues esto se traduce en la búsqueda de mecanismos alternativos informales de crédito oneroso y peligroso. Esto no es menor en un país donde mecanismos como el gota a gota han capturado y se han extendido por buena parte del país afectando, sin duda, el bienestar económico y social. Pero esto es en doble vía, los bancos, a su vez, desconfían de sus clientes y eso ralentiza los procesos.
Más aún, la confianza no sólo es de quién lidera o las grandes instituciones. En el día a día transitamos en la desconfianza en actividades rutinarias como el tráfico, los trámites y las transacciones, las filas o cualquier pregunta que un extraño haga. Como sociedad no creemos en la gente que tenemos cerca y menos con quienes debemos hacer intercambios (las compras virtuales, por ejemplo). Algunas plataformas han ayudado a mejorar esto, pero son varios los casos de gente estafada que encuentra no en la institucionalidad sino en las redes sociales los mecanismos de “justicia” frente a los abusos.
Entonces, el tema no es menor y no sólo debería enfocar a los inversionistas como las “víctimas” de la erosión de la confianza. Algunos de ellos han causado desconfianza cuando no entregan las obras a tiempo y nada ocurre o cuando algunas grandes apuestas terminan en casos de corrupción con muy baja posibilidad de recuperación de los recursos públicos invertidos.
Todo el país requiere creer. Todos los habitantes necesitamos tener certezas en que los impuestos se usan de manera apropiada, en que hay una institucionalidad que respalda las transacciones que se hacen, en que cuando hay una contravención (venga de quién venga, sea del político o el ciudadano que se parquea donde no debe o de la iglesia o el vecino que sube su bafle a todo volumen, por ejemplo), las normas se hagan valer. Eso genera certeza y credibilidad. Ese es un camino sólido no sólo de recuperación económica sino de sostenibilidad en el tiempo.
Claro, esto debe escalarse a las decisiones legislativas, las políticas públicas, el sentido del bien común, las comunicaciones asertivas, la justicia operante, la eficiencia en las decisiones. Cosa que toma tiempo y la academia no se cansa en señalar que ahí está uno de los diferenciales en el desarrollo económico. La confianza como bien superior, debe ser una apuesta que comience en actos simples, diarios y sencillos, se teja en la educación y se aplique en las normas. No es una aspiración inalcanzable y debemos construirla todas y todos.
Acerca del autor

Marta Juanita Villaveces Nino
Economista, MSc en Política Comparada y PhD en Estudios Políticos. Profesora Asociada, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia. Ex Decana de la FCE, Ex viceministra técnica de Hacienda.
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