Predial rural como parte de una política integral

Hace 17 años me lancé al doctorado y a investigar en torno a la cuestión de la tierra en Colombia.  Pensé un modelo de largo plazo para ver de qué manera las configuraciones políticas locales explicaban el comportamiento del recaudo y la tarifa del predial rural.  La primera crisis que tuve fue encontrar que no había series de datos del recaudo del predial rural. La información que existía agregaba el recaudo urbano y rural sin permitir comprender la dinámica rural.  Tampoco había series de la tarifa (al menos la promedio) que se aplicaba en cada municipio.  Para mi tesis era una crisis, para el país era un reflejo lamentable de la condición de la información del predial como si fuera irrelevante saber qué tanto recaudaba la Colombia rural.   A eso había que sumarle la deficiente información catastral sobre el valor de los predios, su tamaño, dueños y uso.

Este mundo de datos precarios, incompletos y fraccionados es una de las realidades más rudas del país que lleva a la bajísima contribución de los dueños de tierra y las excesivas rentas de su uso que reflejan otras de las desigualdades del campo colombiano.  Esto lo han dicho a gritos no sólo académicos sino también escritores como Juan Gabriel Vásquez, en el Ruido de las cosas al caer, cuando habla de “[…] los terratenientes de Bogotá y Medellín, una especie de poderes ausentes que tenían la tierra, pero nunca estaban en ella, y vivían de ella, pero nunca pagaban los impuestos que ella les causaba […]”.  No sólo es cuestión de falta de información y de baja tributación sino de desidia o incapacidad institucional para actualizar la información y actualización catastral.

Los datos del IGAC indican que no sólo hay desactualización catastral (que al menos debería hacerse cada 5 años) sino que hay regiones que no tienen formación catastral y otras llegan a desactualización de casi 30 años.  Esto no es un tema menor si se entiende que la tierra juega un rol importante en la economía y en las rentas municipales y, su desactualización no sólo ha incentivado a la concentración (es bueno tener mucha tierra que paga bajos impuestos) sino a la estrechez fiscal de los municipios al no contar con ese tributo local.  Más aún, esta situación se entrelaza con el conflicto, en la medida que la casi ausencia de institucionalidad en el ámbito rural ha sido aprovechada por los actores armados que encuentran más facilidad para despojar tierras.

Todo lo anterior se relaciona al debate que ha suscitado el proyecto de ley del gobierno sobre el pago del predial y sus topes en el marco de un esfuerzo por la actualización catastral. La propuesta es simple: si se actualiza, se debe aumentar el recaudo pero con topes según el incremento causado, corrigiendo la ley 44/1990 y la ley 1995/2019. La intención es que la tierra contribuya como cualquier otra propiedad de manera gradual y proporcional. Derivado de esto, puede dinamizarse su uso en la medida que no tenerla explotada pero si pagar impuestos resulta muy costoso, por tanto se requiere más actividad.  También puede dinamizar el acceso a crédito sobre valores actualizados o favorecer el mercado de tierras.

Qué los latifundistas comiencen a pagar impuestos sobre un valor que se acerca al de la actualización, no me parece injusto más cuando han podido explotar la tierra a bajísimo costo en actividades fuertemente extensivas.  Sin embargo, quedan preocupaciones: ¿qué va a pasar con los pequeños propietarios que son la gran mayoría de los dueños rurales que se enfrenten a un posible incremento del 50% de su valor predial?.  Estos propietarios pequeños pueden ver lesionado su ingreso y sentirse vulnerables.

Desde el escritorio, entiendo que se plantea un instrumento correcto asociado al derecho de propiedad. Pero, desde la práctica, desde la conversación con el campesinado, la situación es distinta: su acceso a la tierra ha sido complicado, su capacidad productiva, al vaivén de condiciones que no controlan; el acceso al crédito es esquivo y muchas veces deben diversificar sus actividades más allá de la unidad productiva pues no se alcanzan a obtener los ingresos suficientes para la familia.  Entonces, ¿cómo armonizar el predial con la actividad productiva real para generar ingresos?

Ahí está uno de los dilemas de la propiedad rural y la necesidad de una política integral que articule tanto la responsabilidad tributaria como la creación de capacidades para quiénes han estado marginados de posibilidades estables.  No se pretende que una política necesaria (el predial) empuje a propietarios pequeños a vender sus tierras por las dificultades de ingresos. Se necesita entonces articular estrategias, no frenar una iniciativa necesaria y profundizar en la política para la reforma rural que tanto se requiere para la transformación de la Colombia rural.