Vergara no firmó, Ávila se retiró: actos que erosionan la autonomía y la independencia

Vergara no firmó. Ávila se retiró. Dos gestos que tensionaron principios introducidos y reforzados por la Constitución de 1991: la autonomía universitaria y la independencia del Emisor. La ministra de Educación, Aurora Vergara, no firmó el acta de la sesión del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia que designaba al profesor José Ismael Peña y el ministro Germán Ávila se retiró en la última sesión de la Junta del Banco de la República al manifestar su desacuerdo con el aumento de la tasa de referencia en 100 puntos básicos. Más allá de los episodios, lo que quedó en evidencia es algo más profundo: la dificultad de aceptar reglas cuando no producen el resultado esperado.

¿Qué se tensionó? La autonomía universitaria no es una idea genérica. Es la búsqueda de que las universidades tengan la capacidad de definir sus propias directivas y regirse por sus estatutos. Esto implica, entre otras cosas, establecer quién las dirige, cómo se organizan y bajo qué reglas operan. No es solo autonomía académica, es también organizativa y administrativa.

Antes de la Constitución del 91, la relación entre gobierno y universidad era mucho más directa. El rector podía ser designado por el Presidente, abriendo la puerta a la captura política de estas instituciones. No es una hipótesis abstracta: en distintas regiones del país, las universidades públicas han sido escenarios de disputa entre intereses políticos, clientelares e incluso de control territorial. La autonomía se pensó, precisamente, como un límite y como una forma de proteger a la universidad para que pudiera ser un espacio de pensamiento crítico, plural y no subordinado al gobierno de turno.

Por su parte, la independencia del Banco de la República no responde a un capricho tecnocrático, sino a la necesidad de evitar que la política monetaria quede supeditada a las necesidades fiscales y políticas del Ejecutivo, como ocurrió en el pasado. La independencia buscó romper con esa lógica y crear un espacio donde las decisiones se tomen con criterios técnicos, con un horizonte de mediano plazo y con un mandato claro: preservar el poder adquisitivo de los colombianos. Al igual que con la autonomía universitaria, no se trata de excluir la democracia, sino de ordenarla y fijar reglas para que ciertas decisiones no queden al vaivén de la coyuntura política. Y es justamente ese orden el que hoy parece incomodar.

En ambos casos, algunas voces han señalado la necesidad de un cambio hacia “más democracia”, pero tanto para las decisiones universitarias como las del Emisor, sin que se aclare qué se entiende por democracia. ¿Debe toda decisión ser consultada y refrendada para considerarse democrática? ¿Dónde se traza el límite entre participación y bloqueo? Madison ya lo advertía: la democracia también implica contener los excesos de las mayorías; la tiranía de la mayoría puede ser tan lesiva como cualquier forma de concentración del poder.

La democracia no es solo participación directa; es también delegación. Delegar es confiar en que otros, en un marco previamente definido, tomen decisiones en nombre del conjunto. Eso es, en esencia, la representación. Pretender sustituirla por mecanismos de consulta permanente o por la incorporación de voceros de intereses específicos en cada instancia de decisión desdibuja esa lógica. No se trata de eliminar la participación, sino de reconocer que la democracia funciona precisamente porque combina participación con delegación, y porque establece límites a ambas.

Por eso, cuando la ministra no firmó y el ministro se retiró, lo que está en juego no es la falta de democracia, sino la incomodidad con sus resultados. La autonomía universitaria y la independencia del Banco no son obstáculos para la democracia. Fueron concebidas precisamente para evitar que decisiones fundamentales quedaran expuestas a la presión inmediata o a la captura por intereses particulares.

Sin duda, el país no es el de 1991. Pero la autonomía y la independencia no deben por ello ponerse en entredicho. Pueden abrirse debates, por ejemplo, sobre la participación del Ministro de Hacienda en la Junta o sobre los mecanismos de elección de rector, pero los actos de “no firmar” o de “retirarse” no invitan a discutir los alcances de las normas, sino a desconocer el andamiaje institucional a favor de una postura política.

Eso no significa que estos arreglos sean intocables. Pueden y deben debatirse. Pero ese debate no puede partir de la idea de que toda mediación institucional es falta de democracia. Si esas mediaciones institucionales se deslegitiman, lo que queda no es más democracia, sino más discrecionalidad.

Al no firmar y al retirarse, los ministros mostraron formas de tensionar las reglas. Dos señales de una misma dificultad: aceptar que, en democracia, las reglas importan, especialmente cuando no producen el resultado que se quisiera.