Economía en repunte, finanzas públicas frágiles

En el cierre del primer gobierno de izquierda en Colombia, habría sido políticamente cómodo que los resultados económicos confirmaran los augurios iniciales. Para efectos electorales, el relato estaba listo: “¿Lo ven? La izquierda acabó con la economía del país”. Ese libreto se instaló en el debate público bajo la idea de que las propuestas, las reformas anunciadas y una mayor intervención del Estado afectarían la inversión, la confianza y el crecimiento. En 2023, cuando la economía apenas creció 0,6%, pareció darle sustento a esa narrativa. Pero no se sostuvo.

Ese escenario no se materializó. Por el contrario, en 2024 y lo corrido de 2025 la economía colombiana mostró una capacidad de ajuste mayor a la anticipada. Incluso, hace unos días, The Economist ubicó a Colombia entre las economías de mejor desempeño en 2025, considerando variables macroeconómicas y el comportamiento del mercado accionario. La combinación de indicadores relativamente sólidos y dinamismo financiero contrasta con las predicciones de colapso que circularon con insistencia.

El crecimiento reciente —3,6 % en el tercer trimestre— ha estado jalonado por sectores como el entretenimiento, los servicios, el comercio y algunas ramas de la industria, mostrando que es posible crecer aun con restricciones al sector minero-energético. La economía no se apagó; se reacomodó. A ello contribuyeron políticas de reactivación —incluyendo ajustes arancelarios y nuevas versiones de instrumentos de apoyo a las exportaciones— junto con un sector privado que, pese a la incertidumbre política, siguió invirtiendo, produciendo y generando empleo, en un contexto externo marcado por el crecimiento de las exportaciones, flujos robustos de remesas y la entrada de inversión extranjera directa.

También ayudó el comportamiento del crédito. Aunque la tasa de intervención se ha mantenido relativamente alta (9,25%) y el Banco de la República ha sido prudente en su reducción, pues la inflación no ha cedido como se esperaba, hogares y empresas han accedido a crédito dado el comportamiento de tasas del sector financiero que reactivó la colocación y evitó el freno abrupto que muchos anticipaban.

El mercado laboral acompaña este panorama. Las tasas de desempleo se ubican en sus niveles más bajos de la última década, alrededor de 8,2%. Sin embargo, este avance convive con una informalidad estructural cercana al 56%. Hay más empleo, pero no necesariamente mejor empleo.

Estos indicadores desmienten el relato del desastre anunciado. Además, el país no ha declarado un default ni ha perdido acceso a los mercados. Los equilibrios macroeconómicos básicos se han preservado. Decir que este gobierno “acabó con la economía” no resiste el contraste con la evidencia.

La economía ha mostrado capacidad de ajuste y señales de recuperación. Sin embargo, ese desempeño convive con unas finanzas públicas tensionadas. El recaudo no alcanza para sostener el ritmo del gasto y el equilibrio no puede seguir descansando en la deuda. Bajo la regla fiscal, el endeudamiento permanece en niveles altos y sensibles. El reto es volver al ancla de deuda y reducir un déficit fiscal cercano al 6,7% del PIB, en un año con un presupuesto de 546,9 billones de pesos y sin una Ley de Financiamiento aprobada.

En condiciones normales, cuando la economía crece, las finanzas públicas deberían respirar. Más crecimiento suele traer más recaudo; más empleo, más cotización y menos presión sobre los subsidios; una inflación más baja puede dinamizar el consumo y la inversión; y tasas de interés en descenso facilitan decisiones de inversión de largo plazo, con efectos positivos sobre la base tributaria. Ese es el círculo virtuoso que conecta crecimiento con sostenibilidad fiscal.

Aun cuando varios de esos mecanismos han empezado a operar, no son suficientes para corregir el desajuste fiscal acumulado. La magnitud del déficit y el nivel de endeudamiento hacen que la mejora macroeconómica, por sí sola, no alcance. Para cerrar esa brecha se requieren decisiones estructurales: una base de ingresos más sólida y permanente y ajustes del gasto, incluida la corrección de distorsiones como las asociadas al precio del diésel y las crecientes necesidades de un sistema de salud deficitario, con un régimen solidario amplio. Sin estos ajustes, el crecimiento corre el riesgo de convivir con una fragilidad fiscal persistente.

Precisamente por eso, el debate político que viene ya no puede refugiarse en el escenario cómodo de un mal desempeño económico que nunca ocurrió. Cuando la economía no colapsa, la discusión deja de mirar por el retrovisor y se vuelve más exigente. La pregunta ya no es si la economía resiste, sino cómo se va a empujar un crecimiento más alto y sostenido, qué sectores lo van a liderar, qué fallas estructurales se van a corregir y cómo se van a hacer esos cambios sin perder credibilidad fiscal. Ese es el verdadero debate pendiente: no uno contra el pasado, sino uno a favor de un desarrollo económico capaz de sostenerse en el tiempo.