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En defensa del (verdadero) debido proceso

Escrito por Silvia Serrano

Defender los derechos humanos incluye desmontar sus usos distorsionados, que son tan comunes como variados.

Pasa, por ejemplo, con la oposición a la autonomía reproductiva de las mujeres, a la eutanasia, a otras formas de muerte digna, a las medidas positivas para superar la desigualdad estructural, a las políticas fiscales redistributivas y hasta a las regulaciones a favor de la alimentación saludable. La lista es más larga. En algunos casos se trata de manipulaciones burdas que no soportan el menor análisis. En otros casos puede ser que existan tensiones reales entre derechos, pero la distorsión es consecuencia de la dificultad para tramitar esas tensiones de manera razonada y razonable.

Esta semana le tocó el turno al derecho al debido proceso, con dos casos que hacen parte del grupo de las manipulaciones burdas.

El primero fue en el contexto del alegado acoso por parte de Hollman Morris, periodista y actual subgerente de RTVC (televisión pública) y persona muy cercana al presidente Gustavo Petro. En un trino de una cuenta que se denomina como la oficial del partido de gobierno, la Colombia Humana, se afirmó que se le estaba violando el debido proceso a Morris, entre otras cosas, porque no se había iniciado antes un proceso ante un comité de convivencia. Luego la Procuraduría General de la Nación indicó que las denunciantes debían agotar esa instancia, invocando una norma que no dice eso. A esto se sumó el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo, Edwin Palma, validando esta acción de la Procuraduría y vinculando, también, el agotamiento de los procesos ante esos comités con el debido proceso.

El segundo fue el trino del líder político del partido Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, mediante su reacción al posicionamiento del gobierno de Colombia sobre el asunto presentado por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia con base en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en el marco de las acciones del gobierno israelí en Gaza. Galán dijo que el gobierno de Colombia estaba “prejuzgando” al hablar de genocidio sin que dicha corte se haya pronunciado.

El debido proceso es un derecho humano de tanta importancia que hacer pedagogía sobre su verdadero contenido es imperioso. He defendido el debido proceso muchas veces en mi vida profesional, incluso en casos que me resultaron particularmente difíciles por tratarse de imputaciones muy graves. Hoy uso este espacio de opinión para defenderlo frente a las dos distorsiones de la semana.

En el caso de Hollman Morris el planteamiento es reprochable porque la sola idea de exigirle a una persona que se considera víctima de acoso que intente antes un proceso de “conciliación” o “convivencia”, ignora las profundas asimetrías de poder presentes en casos de acoso laboral y/o sexual y es indolente frente a los efectos dañinos de la revictimización. Estos mecanismos suelen operar como un desincentivo para que las víctimas denuncien, especialmente las mujeres. Además, nadie tiene el derecho a que una persona que se considera víctima de una conducta sancionable, le notifique previamente a su alegado abusador que lo va a denunciar, ni mucho menos el contenido de esa denuncia. Eso le corresponde al ente sancionador para que la persona denunciada pueda ejercer su derecho de defensa. No existe base jurídica – ni en la Constitución ni en los tratados internacionales de derechos humanos – sobre la que se puedan sostener semejantes interpretaciones del debido proceso en su componente de derecho a la defensa.

En la crítica de Juan Manuel Galán al comunicado del gobierno de Colombia alegando “prejuzgamiento” apareció sorpresivamente el debido proceso en su componente de imparcialidad. Pero esto es un error mayúsculo porque quienes no pueden prejuzgar son las autoridades judiciales – en este caso, la Corte Internacional de Justicia –, que tienen ese deber de imparcialidad. Los gobiernos del mundo tienen el deber político y moral de denunciar las atrocidades en todos los espacios posibles. Esto incluye graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales como los de lesa humanidad, de guerra y el genocidio. Pretender evitarlo alegando un supuesto deber de imparcialidad de los gobiernos es más que un desacierto. Es una insensatez.

Estos ejemplos nos recuerdan que la manipulación de los derechos humanos no es monopolio de la derecha, del centro ni de la izquierda. Y por eso quienes los defendemos en nuestra vida profesional, académica y en el debate público, recibimos ataques de todos lados. Siempre les digo a mis alumnos y alumnas que quieren dedicarse a los derechos humanos, que tomen esos ataques como un indicio de que están haciendo bien su trabajo aunque, lamentablemente, es una vocación que puede ser peligrosa.

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