Deliberar no es hacer campaña: el rol del debate en la universidad

En las últimas semanas, el debate sobre los límites de la participación en política de los servidores públicos ha cobrado una renovada presencia en los espacios universitarios. La advertencia, en sí misma, no genera ninguna incomodidad. Hace parte del Estado de Derecho. Resulta apenas obvio que quienes ejercemos funciones públicas no podemos utilizar nuestros cargos para hacer campaña, favorecer partidos o promover candidatos. La neutralidad electoral es una obligación y una garantía democrática. Mi preocupación es otra. La sensación de que están ampliando la noción de participación en política hasta incluir discusiones que forman parte de la deliberación académica en las universidades.

Los profesores influimos en nuestros estudiantes. Sería ingenuo negarlo. Hablar de desigualdad de ingreso, de la participación de las mujeres en el mercado laboral o de los techos de cristal tiene consecuencias sobre la forma en que se entiende el mundo y se conciben las relaciones de poder y la política. Debatir sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas o los efectos de determinadas políticas puede moldear preguntas, inquietudes e incluso posiciones frente a la realidad. Así ha sido siempre la universidad.

Pero una cosa es influir a partir de argumentos y otra muy distinta es hacer proselitismo electoral. La Constitución y la jurisprudencia han sido claras en distinguir entre ambas cosas. La prohibición para los servidores públicos busca impedir que se utilicen los cargos para favorecer candidatos, partidos o campañas. Pero esa misma jurisprudencia reconoce que los funcionarios pueden asumir posiciones sobre asuntos de relevancia colectiva y participar en debates que tienen consecuencias políticas en el sentido más amplio del término, lo que permite abordar temas como la desigualdad, la política fiscal, la economía del cuidado o la política exterior entre muchos otros temas, sin que esto constituya participación en política.

Discutir la seguridad social no es hacer campaña. Analizar las consecuencias de una decisión del Emisor no equivale a respaldar un partido. Hablar de derechos y libertades, de seguridad o de política exterior no convierte a un profesor en activista político. Las universidades existen para examinar decisiones públicas, cuestionarlas, debatirlas y comprender sus implicaciones. Lo que la ley prohíbe es el proselitismo. Lo que la universidad necesita proteger es la deliberación.

La preocupación surge cuando las advertencias sobre la participación en política terminan siendo leídas como una invitación a la autocensura: no hables demasiado de determinados temas. No opines con demasiada contundencia. No promuevas ciertos debates. No invites a ciertos funcionarios. No discutas asuntos que puedan interpretarse como cercanos al escenario electoral. El resultado de estas advertencias no es la neutralidad sino la autocensura, y esta nunca ha sido la vocación de la universidad.

Esta sensación de alejar lo “político” de ciertos espacios no me es ajena.  Durante buena parte del siglo XX, algunas corrientes de la teoría económica buscaron comprender el comportamiento de los agentes aislándolos de la política, las instituciones y las relaciones de poder. Este ejercicio, que logró penetrar el núcleo de la disciplina, produjo avances importantes, pero también mostró sus límites. Las decisiones económicas no ocurren en el vacío. Están atravesadas por intereses, conflictos, reglas e incentivos políticos.

Algo parecido podría ocurrir si las universidades terminan concibiéndose como espacios asépticos, donde cualquier discusión que tenga consecuencias políticas debe evitarse por precaución. Una universidad que renuncia a debatir los asuntos públicos deja de cumplir una de sus funciones esenciales: producir argumentos, cuestionar certezas y ofrecer herramientas para comprender la complejidad de la sociedad. Las universidades públicas, incluso aquellas con una larga tradición de pluralismo y diversidad, no están exentas de estas tensiones.

La inquietud es mayor cuando la vigilancia parece recaer con especial intensidad sobre la discusión académica, mientras otras formas de intervención política en los campus reciben respuestas ambiguas o insuficientes. El resultado puede ser una extraña paradoja: quienes argumentan, investigan y deliberan terminan sintiendo mayores restricciones que quienes imponen consignas o buscan clausurar la conversación.

No defiendo ni defenderé que los funcionarios públicos hagamos campaña política desde nuestros cargos. La frontera existe y debe cuidarse. Pero tampoco puedo dejar de preguntarme si, en nombre de esa necesaria neutralidad electoral, estamos empezando a confundir la discusión de los asuntos públicos con la participación partidista. Las universidades no están llamadas a ser plataformas electorales, pero tampoco pueden convertirse en espacios donde, por miedo, se renuncia a debatir los asuntos públicos.

Frente a este contexto quizá lo más prudente no sea hablar de qué necesita el país sino limitarme a comentar el espectáculo de inauguración del Mundial y la participación de la magnífica Shakira.  Porque, al parecer, hablar de crecimiento económico o de política ambiental puede comenzar a parecer demasiado político. Ojalá me esté equivocando.