¿Aceptamos —y olvidamos cuestionar— las restricciones al espacio público?

Quien transite por el centro de Bogotá —turista, ciudadano que intenta hacer un trámite o alguien que simplemente busca acortar una ruta— encuentra, desde hace ya varios años, cierres en la tradicional carrera séptima y todo el perímetro alrededor del Palacio de Nariño. Solo podrán atravesar algunos puntos quienes tengan citas programadas y sean verificados en improvisadas garitas frente al DAPRE, la iglesia de San Agustín o vías adyacentes. No siempre es fácil superar el filtro, dejando a transeúntes impedidos de recorrer lo que antes era una zona abierta. Sin darnos cuenta, normalizamos esta situación y, con la naturalidad de un país donde la sospecha es rutina, entregamos la cédula para que alguien decida si podemos pasar.

¿Qué pasó con el espacio público en esa zona neurálgica de Bogotá? La ciudad ha tenido, durante décadas, una relación ambigua con su espacio público: calles cerradas por decisiones privadas, parques apropiados, andenes ocupados por ventas o vehículos. Pero también ha habido esfuerzos por recuperarlo. Nos tuvieron que enseñar que el espacio público era de todos, y aprendimos —no sin dificultad— a defenderlo: no se negocia, se garantiza. Precisamente por eso, lo que hoy ocurre en el centro plantea una paradoja distinta: no es el privado quien delimita, es el Ejecutivo de turno.

Las calles alrededor de la Casa de Nariño funcionan hoy bajo una lógica de control. Se puede ingresar, pero no cualquiera; se puede circular, pero bajo condiciones nuevas. ¿En qué momento aceptamos que transitar un lugar público dependa de una autorización? Quizá la respuesta está en que asumimos, casi automáticamente, que detrás de estos controles hay un argumento incuestionable: la seguridad del presidente.

Si se trata de seguridad, vale la pena mirar el contexto. Colombia no atraviesa su momento más crítico de violencia, aunque algunos indicadores hayan repuntado. En Bogotá, además, la inseguridad que más preocupa no está asociada a amenazas contra el poder político, sino a la vida cotidiana: hurtos, atracos y robos violentos. ¿Existe entonces un temor de que esa inseguridad se traslade sin control a las puertas del Palacio?

La historia reciente ofrece contraste. En 2002 hubo ataques directos en el centro de Bogotá sin que el cierre permanente del espacio público fuera la respuesta. En 2021, en el marco del estallido social, se restringió la carrera 7 por temor a la protesta, decisión que fue ampliamente cuestionada. Esto no significa que no existan riesgos hoy, sino que la magnitud y duración de las medidas actuales deben discutirse, no asumirse.

En una democracia, este no es un asunto menor. La Constitución establece que el espacio público está destinado al uso común y su protección es un deber del Estado (art. 82). La Corte Constitucional ha reiterado que ese uso implica libre circulación en condiciones de igualdad, y que cualquier limitación debe ser excepcional, proporcional y justificada. La democracia también se expresa en la posibilidad de moverse sin salvoconducto y de habitar los espacios comunes. Cuando entrar depende de estar en una lista, la igualdad se convierte en privilegio.

Además, un gobierno que ha construido su identidad alrededor de la inclusión, el territorio y la participación —y que ha reivindicado la protesta social como derecho legítimo— termina gestionando uno de los espacios más simbólicos del país bajo una lógica selectiva. No se trata solo de una decisión operativa, sino de una señal política: un gobierno que habla de apertura no puede, al mismo tiempo, administrar lo público distinguiendo entre quienes pueden y quienes no.

Resulta aún más llamativo si se recuerda que, al inicio de este gobierno, la apertura de la Plaza Núñez fue presentada como un gesto de cercanía: un espacio que volvía a la ciudadanía. Ese mensaje de inclusión contrasta con lo que hoy ocurre, donde el mismo entorno opera bajo esquemas que filtran la circulación y condicionan el tránsito.

No se trata de comparar con otras ciudades, sino de preguntarnos qué acuerdo hemos construido en Bogotá sobre el espacio público. Mientras la ciudad ha intentado ampliarlo y recuperarlo para el peatón, las decisiones desde el Ejecutivo parecen moverse en la dirección contraria.

Lo más llamativo, sin embargo, no es solo lo que ocurre, sino el silencio que lo rodea: de las instituciones, de la administración distrital y de una ciudadanía que parece haberse acostumbrado a la restricción. Lo excepcional se vuelve rutina, lo transitorio permanente y lo cuestionable deja de cuestionarse.

Ojalá quien llegue a la Casa de Nariño se pregunte cómo quiere relacionarse con el espacio público y qué lugar le quiere dar a la ciudadanía en uno de los entornos más simbólicos del país. Porque aceptar sin cuestionar decisiones como esta no solo limita la movilidad: redefine, silenciosamente, la relación entre el poder y la ciudadanía.