¿Qué se está sincerando?

No todo lo que se debe se presupuesta. Y no todo lo que se presupuesta se paga. Sin embargo, en las últimas semanas el debate sobre el presupuesto de 2027 parece haberse convertido en una discusión sobre sinceramiento. El proyecto asciende a 634,9 billones de pesos, 88 billones más que el presupuesto aprobado para 2026. Una diferencia que lleva a preguntarse qué cambió. Parte de la respuesta ha sido que se están incorporando obligaciones que antes no aparecían. 

Sincerar sugiere que hubo algo que antes permaneció escondido. Pero las cuentas públicas ocurren dentro de límites presupuestales y normas que determinan qué puede incorporarse, cómo y cuándo.

Un presupuesto no es un balance de todas las deudas del Estado. Conviene diferenciar entre la contabilidad, que registra qué tiene y qué debe el Estado; el presupuesto, que autoriza los ingresos y gastos de una vigencia, y la regla fiscal, que establece una restricción dentro de la cual se toman esas decisiones.  Entonces, presupuestar una deuda no implica que antes se desconociera. La contabilidad de la Nación da cuenta de las obligaciones del Estado, aun cuando no estén plenamente reflejadas en el presupuesto. 

Hablando del presupuesto, este se establece dentro de un espacio fiscal. El Estatuto Orgánico del Presupuesto señala que los gastos autorizados por leyes preexistentes se incorporan de acuerdo con la disponibilidad de recursos y las prioridades del Gobierno. No siempre cabe todo, el espacio fiscal determina cuánto cabe; las prioridades y qué cabe primero.

Un espacio fiscal restringido sí permite priorizar. Es decir, el gobierno no solo define qué va primero, también puede reducir otros gastos, buscar ingresos o postergar pagos. Pero que hoy se priorice una obligación no significa que hubiera estado escondida: pudo ser conocida y, aun así, no recibir suficiente prioridad, cosa que también debería importar en el debate. 

Al espacio fiscal se suma la regla fiscal. Una de sus funciones es limitar la posibilidad de resolver una insuficiencia de recursos aumentando el déficit y el endeudamiento. El presupuesto que hoy se está presentando fue formulado bajo la cláusula de escape, un mecanismo previsto en la legislación que permite apartarse temporalmente de la senda ordinaria de la regla. Esto modifica la restricción fiscal bajo la cual se formula el presupuesto y, por tanto, el espacio disponible para incorporar obligaciones. De ahí que valga la pena preguntar si parte de lo que hoy se denomina “sinceramiento” responde también a un margen distinto para presupuestar obligaciones que ya eran conocidas.

Entonces, ¿qué apareció hoy que antes no estaba? Se dice que las obligaciones asociadas al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles -FEPC- son uno de estos casos. Este déficit difícilmente puede describirse como desconocido: durante años ha sido calculado, discutido públicamente y sus obligaciones pagadas progresivamente. Además, distintas normas presupuestales habilitaron mecanismos para su pago, incluso mediante operaciones que no requerían una operación presupuestal convencional.

Por eso, decir que ahora sí se sinceró porque antes la apropiación estaba en cero no permite concluir que la obligación hubiera estado escondida. Existía una habilitación legal que establecía cómo atenderla por otra vía sin presupuestarla. Se puede discutir si ese es el mejor mecanismo, pero eso es distinto a afirmar que fue ocultamiento. 

El caso de la deuda en salud es más complejo e incómodo. Allí existían obligaciones conocidas, decisiones judiciales que exigían su reconocimiento y pago, y un antecedente que lo confirma: el aval fiscal que el Ministerio de Hacienda dio en septiembre de 2024 al proyecto de reforma a la salud condicionó expresamente a que el sistema deba estar a paz y salvo con las deudas corrientes acumuladas al cierre de ese año. Es decir, esas obligaciones ya eran conocidas. También hubo retrasos, decisiones de política y prioridades del gobierno anterior que pueden ser cuestionadas, pero no por esto estaban escondidas: la demora es un problema distinto a la transparencia. 

Estos no son los únicos casos, pero muestran que la idea de “sincerar” no puede convertirse en un lenguaje que simplifique la filigrana de la gestión fiscal, ignore el origen estructural de las deudas o dé a entender que algo estaba escondido debajo del tapete. Este presupuesto, además, se formula en unas condiciones particulares: bajo la cláusula de escape, con un espacio fiscal distinto y con nuevas decisiones de priorización. 

Lo que hoy puede incorporarse no necesariamente era desconocido ayer.  En algunos casos, lo que cambió fue la posibilidad fiscal o la decisión de presupuestarlo. Presupuestar no es descubrir una deuda. Tampoco es pagarla. Por eso, frente a esa parte del presupuesto de 2027 que hoy se presenta como “sinceramiento”, se debe analizar lo nuevo, lo que ya se conocía, qué no se había presupuestado y por qué. Solo entonces podremos saber qué fue lo que, en realidad, se “sinceró”.