Cuando lo fiscal aprieta

El desafío fiscal que enfrenta Colombia no es ideológico ni retórico: es estructural y responde a decisiones, choques y herencias acumuladas a lo largo del tiempo. Se trata de reconocer que enfrentar la realidad fiscal exige decisiones incómodas que, tarde o temprano, deberán tomarse.

La reciente decisión de Fitch Ratings de rebajar la calificación de la deuda soberana de Colombia de BB+ a BB volvió a poner en el centro del debate un tema que suele quedar relegado cuando la economía muestra señales de recuperación: la situación fiscal. Si bien los indicadores macroeconómicos muestran algo de holgura (crecimiento alrededor del 2,7%, desempleo en 8,2%, tasa de cambio debajo de $4.000), la situación fiscal es distinta y lo advierte la calificadora. No estamos ante una crisis inmediata, pero se señala la ausencia de un ancla fiscal creíble que comprometa las perspectivas de consolidación fiscal, incluso después de las elecciones. El señalamiento no apunta al desempeño macroeconómico, sino a la fragilidad de las finanzas públicas.

Pero ¿cómo se llegó a esto? La respuesta no está en un solo año ni en un único gobierno o decisión, sino en una secuencia de factores que, vistos en perspectiva, ayudan a entender el desbalance actual. Para efectos de esta explicación, conviene partir de los últimos años, cuando varias de esas tensiones comenzaron a hacerse más visibles.

La holgura que no era permanente

En 2023, las finanzas públicas contaron con una holgura poco común: el presupuesto incorporó los recursos de la reforma tributaria recientemente aprobada (Ley 2277 de 2022), que recogía los buenos resultados del crecimiento de 2021 y 2022. Esa combinación creó un margen fiscal real —no ficticio— que permitió asumir compromisos largamente postergados, pero también elevó el nivel de gasto y las expectativas sobre los ingresos futuros.

En ese contexto de holgura fiscal transitoria, el nivel de gasto público comenzó a ajustarse a compromisos y obligaciones que venían acumulándose desde años previos, al tiempo que se consolidaban expectativas de mayor inversión pública que debían ser respaldadas de manera consistente por el Presupuesto General de la Nación (PGN). 

En ese marco se tomaron decisiones que eran difíciles de eludir, pero cuyas implicaciones fiscales se hicieron evidentes con el tiempo. Una de ellas fue asumir el pago de las obligaciones acumuladas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), un pasivo que se había venido gestando desde 2020 como resultado de la política de congelamiento de los precios de los combustibles fósiles. La factura fue alta: cerca de $36,8 billones pagados en 2023, con efectos posteriores sobre la holgura fiscal.

A la par, el país enfrentó vencimientos concentrados de deuda externa y compromisos financieros de corto plazo asociados a los instrumentos de liquidez utilizados durante la pandemia, con pagos relevantes en 2024 y 2025. Honrar estas obligaciones ha sido parte de una disciplina crediticia que Colombia ha mantenido de facto: preservar la credibilidad y el acceso al financiamiento, aun cuando ello estreche el espacio fiscal en el corto plazo. En este caso, el uso intensivo de liquidez y endeudamiento para cumplir esos compromisos redujo margen presupuestal que habría podido destinarse a otros fines.

Al cierre de 2023, las cuentas fiscales se mantenían dentro de parámetros que la propia institucionalidad fiscal del país considera manejables. El déficit fiscal del gobierno nacional central se ubicó alrededor del 4,2% del PIB y la deuda bruta se mantuvo cercana al 55% del PIB, nivel que coincide con el ancla definida en la regla fiscal. Eran cifras consistentes con un escenario de sostenibilidad y de ajuste gradual en el que el cumplimiento de los compromisos fiscales podía coexistir con una agenda de política pública ambiciosa.

Ese equilibrio empezó a romperse en 2024. El PGN aprobado en 2023 se construyó con base en la fotografía fiscal relativamente holgada del año anterior y en una dinámica económica que luego no se sostuvo. Sectores clave como el minero-energético enfrentaron una caída en precios y utilidades, lo que redujo de manera significativa el recaudo tributario esperado. El resultado fue un desacople claro entre ingresos y gastos, que solo se hizo plenamente visible en la segunda mitad del año.

Frente a este deterioro, el Ministerio de Hacienda respondió con un ajuste significativo del gasto. En 2024 se realizó un recorte presupuestal cercano a $28,4 billones, que afectó gastos tanto de funcionamiento como de inversión. El ajuste no fue neutro: se dio prioridad a la protección del gasto en salud y educación, trasladando el esfuerzo hacia otros rubros del presupuesto. Con estas decisiones se logró cumplir la regla fiscal, aunque a costa de una mayor presión sobre la ejecución y una contracción de la inversión pública.

Ajustar sin ajustar: la estrategia de 2024-2025

Entonces, al cierre de 2024 las finanzas públicas ya estaban tensas y se comenzó el año 2025 con dificultades que, de un lado se asociaron a un PGN decretado y una ley de financiamiento que esperaba recaudar $12 billones, no aprobada. Así, el inicio del año implicó un aplazamiento del valor de la ley de financiamiento (Decreto 0069 de 2025), trasladando nuevamente el ajuste hacia adelante. La decisión inicial del MHCP fue buscar un mecanismo para ajustar el gasto similar al que se hizo en 2024, pero ante la posibilidad de desfinanciar programas y compromisos de gasto ya incorporados en el gasto, se imposibilitó esa estrategia. Se ha privilegiado la continuidad de las apuestas del PND, antes que definir una corrección más clara y estructural del gasto.

En este escenario, la disyuntiva es compleja:  cumplir parámetros fiscales contenidos en la Regla Fiscal, responder a las restricciones de gasto que son constitucionales y legales, pagar la deuda pública y aumentar el recaudo. No es un equilibrio fácil: cualquier ajuste en una de estas variables genera resistencias, ya sea de los ciudadanos, del presidente, de los analistas o de los mercados nacionales e internacionales. Así, la estrategia fiscal ha privilegiado la continuidad del plan de gobierno y las expectativas de inversión contenidas en el PND, aun cuando ello ha generado tensiones y críticas de analistas y organismos multilaterales preocupados por la ausencia de un ajuste más estructural.

En 2025, frente a la tensión fiscal, la presión presupuestal y las exigencias de la Regla Fiscal, se activó la cláusula de escape, una decisión contemplada dentro del marco legal, pero cuestionada por no haber venido acompañada de medidas estructurales de ajuste del gasto. La decisión implica que no se cumplirá el mandato de la regla en cuanto al déficit primario y la deuda respecto al PIB. Esta situación, si bien está contenida dentro del marco legal, incomodó a los analistas que señalaron esto como una indisciplina fiscal. Pero la norma la contempla y esta fue así argumentada. La ley señala que el gobierno nacional establecerá la duración de la desviación de las metas fiscales y la senda de retorno al pleno cumplimiento de estas. Sin embargo, hay críticas sobre el plan de ajuste pues las señales han sido intentar aumentar el ingreso –mediante una ley de financiamiento o la posibilidad de un decreto de estado de excepción o emergencia económica– y sin esfuerzos visibles del lado del gasto. Esto ha abierto interrogantes sobre el manejo fiscal que está adoptando el actual ministro.  

A su vez, en un contexto en el que el acceso a la Línea de Crédito Flexible (LCF) ya estaba suspendido, el Fondo Monetario Internacional señaló su posición cautelosa, ante lo cual el Gobierno optó por no mantener la LCF, un instrumento al que Colombia había recurrido durante la pandemia como mecanismo de aseguramiento frente a choques externos. Más allá de limitar el acceso a un instrumento de financiamiento de corto plazo, la LCF envía una señal al mercado de buenas prácticas macroeconómicas y de reputación fiscal. El deterioro de esa reputación se traduce, en la práctica, en una deuda más costosa: mayores tasas, primas de riesgo más altas y un servicio de la deuda que presiona crecientemente el presupuesto. Aun con las operaciones de reconversión y recomposición de la deuda, ese mayor costo no desaparece y terminará siendo un factor relevante para los próximos gobiernos.

Entonces, cuando el ajuste no se logra por la vía de mayores ingresos —porque no hay una reforma tributaria aprobada— ni por la vía del gasto corriente —porque no se realizan recortes significativos asociados a las apuestas del Plan Nacional de Desarrollo (PND)—, el margen de maniobra se traslada inevitablemente hacia la deuda. En términos simples, ajustar por deuda implica aumentar el endeudamiento o reconfigurarlo para acoplar ingresos y gastos en el corto plazo.

En ese marco, la estrategia adoptada en 2025 por la Dirección de Crédito Público ha sido la de reconfigurar la deuda, privilegiando instrumentos y plazos que permitan reducir el pago del servicio de la deuda en el corto plazo. Esta estrategia ha contribuido a aliviar las presiones inmediatas sobre el presupuesto de este año, pero no es neutral en el tiempo: traslada costos hacia adelante y refuerza la necesidad de definir una senda de ajuste fiscal creíble para los próximos años.

Los retos hacia adelante no son menores. El PGN arranca 2026 con un nivel de desfinanciamiento que reduce el margen de maniobra del próximo año fiscal. A ello se suma un recaudo esperado que exige una disciplina y una capacidad de gestión por parte de la DIAN particularmente exigentes frente a las metas previstas. En este contexto, una senda clara de consolidación fiscal resulta fundamental y debe pensarse como un ajuste sostenible de mediano plazo, capaz de compatibilizar estabilidad macroeconómica, credibilidad fiscal y prioridades de política pública.

Frente a este panorama, lo fiscal debe leerse como un llamado a fortalecer el ancla fiscal y a alinear las decisiones de corto plazo con una estrategia consistente hacia adelante. El desafío fiscal que enfrenta Colombia no es ideológico ni retórico: es estructural y responde a decisiones, choques y herencias acumuladas a lo largo del tiempo. No se trata de buscar culpables ni de distinguir entre buenos y malos, sino de reconocer que enfrentar la realidad fiscal exige decisiones incómodas que, tarde o temprano, deberán tomarse.

Cuando el desbalance persiste, sus efectos se hacen sentir aun cuando no sean inmediatamente visibles: más recursos destinados al pago de la deuda, menos espacio para la inversión pública y mayores presiones sobre el costo del financiamiento, con posibles efectos sobre la tasa de cambio y la inflación. Al final, la lógica es simple: mirar con realismo lo que se tiene, lo que se debe y lo que se quiere hacer, y calibrar esos tres elementos sabiendo que siempre habrá que sacrificar algo, en particular gasto presente. No es una decisión fácil ni popular —menos aún en tiempos electorales—, pero es una discusión que no puede seguir postergándose.

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