Catastro y predial: no reversar pero sí coordinar

Abril llega con impuestos por pagar, como el predial. Este año llegó además con actualización catastral en la mayoría de recibos. Para algunos, no hubo cambios importantes; para otros, la actualización desbordó las expectativas, llevando a la controversia que el país registró la semana pasada, en particular en Santander, pero con referentes en distintos departamentos.

Esta situación no nació de la nada. Hace décadas hemos leído y escuchado a analistas, académicos y expertos que señalan que el predial rural está profundamente desactualizado y que esto no es un accidente, sino el resultado de dinámicas que han favorecido la concentración de la tierra, su uso extensivo y un bajo recaudo para los municipios. Desde los trabajos de Absalón Machado, Luis Lorente o Darío Fajardo, se ha señalado la estructura altamente concentrada de la propiedad rural (con un Gini cercano a 0,89), y autores como Salomón Kalmanovitz han advertido sobre la bajísima tributación, especialmente de los grandes propietarios. 

Por eso, pensar que la actualización catastral responde a una política improvisada es impreciso. En la década de 2010, el agro y la estructura rural volvió con fuerza a la agenda nacional. Desde el informe Colombia Rural del PNUD (2011), pasando por la Misión para la transformación del Campo y el Censo Nacional Agropecuario se abordó la preocupación por la alta concentración,de la tierra y la desactualización catastral que distorcionaba el recaudo y contribuioa a a desigualdades en el acceso y uso de la tierra. Cada uno manifestaba la necesidad de actualizar la información catastral.  

En 2016, el Acuerdo de Paz retomó ese diagnóstico al plantear un catastro multipropósito que hiciera visible el valor, uso y tenencia de la tierra como base para ordenar el territorio. No se trataba de redistribuir directamente, sino de corregir distorsiones, entre ellas, las tributarias que favorecieran la desconcentración. Sin información actualizada, no hay política rural posible: ni tributación equitativa, ni planeación, ni instrumentos efectivos frente a la concentración.

Entonces, la controversia en Santander debe leerse en ese contexto. No es solo una reacción a un cobro puntual, sino el resultado de una deuda larga que, al corregirse genera fricciones, eso pasó. Sin duda, hay casos que deben revisarse pero la totalidad es un cambio necesario que necestia el país y el campo: traer el catastro a una foto actual es una necesidad.

Ese rezago es profundo. Antes del catastro multipropósito, cerca del 60% del territorio nacional no tenía información catastral actualizada y, en zonas rurales, más del 80% de los predios presentaban rezagos que en muchos casos superaban una década. En la práctica, durante años no ha sido claro quién es dueño de la tierra, cuánto mide o cuánto vale. Lo que se tenía era una fotografía vieja que ya no corresponde a la realidad.

Ahora bien, los efectos de la actualización eran previsibles. Al corregir avalúos rezagados, aumenta la base gravable y, con ello, el impuesto. ¿Podía manejarse mejor? Sí. El predial no depende de una sola decisión. Intervienen la alcaldía, responsable de la actualización y del recaudo; el Concejo Municipal, que define tarifas, exenciones y gradualidades; y los gestores catastrales. La falta de coordinación llevó, en muchos casos, a aplicar tarifas diseñadas para avalúos rezagados sobre valores actualizados. Ese desajuste explica parte del choque. Pero frenar la actualización no es la respuesta.

El predial, además, no es un impuesto menor. Aunque los municipios dependen en gran medida de transferencias nacionales, sus ingresos propios se concentran en pocos tributos: el impuesto de industria y comercio (ICA) y el predial. En muchas ciudades, el ICA domina la estructura tributaria, mientras que el predial tiene un peso significativo, mayor aún en municipios rurales.  Tributar según lo que se tiene y el valor, es parte del ejercicio que tenemos como ciudadanos.  Si, en el pasado se mantenían valores irrisorios, esto no exime a los ciudadanos de corregir el fallo.  

El camino entonces, no es retroceder, sino hacerlo mejor. Ajustar con gradualidad, corregir errores, coordinar decisiones locales. Pero, sobre todo, sostener el principio: que cada quien contribuya según el valor real de lo que tiene, no solo en extensión, sino en calidad, uso y localización. Ese es un pilar de cualquier sistema tributario equitativo.

Este esfuerzo de actualización catastral no solo mejora las finanzas públicas. También disciplina a los contribuyentes y nos recuerda algo esencial: la democracia se sostiene, en buena medida, sobre la responsabilidad tributaria. Se trata de consolidar una idea moderna de ciudadanía en la que contribuir no es una carga excepcional, sino parte del vínculo entre el Estado y quienes se benefician de lo público.

No hay Estado sin contribuyentes. Y no hay ciudadanía plena cuando la contribución se evade o se posterga indefinidamente.