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Santos y la economía de la desigualdad

Escrito por Fernando Estrada

fernando estradaUn cuerpo creciente de investigación en el ámbito económico apunta a defender que son las políticas de gobierno, y no los mercados, las causas principales de una mayor o menor desigualdad.

Fernando Estrada *

Democracia y desigualdad 

Al analizar la transición entre el gobierno de Álvaro Uribe y el del presidente electo Juan Manuel Santos, la mayoría de los comentaristas han escogido aspectos relacionados con la psicología del poder político para mostrar la similitud de personalidades, o las diferencias que podría marcar Santos, bien para devolverle al modelo de gobierno mayor pluralidad de tendencias dentro de los logros de la seguridad democrática, bien para mejorar las relaciones con los países de la región. Se puede ensayar, sin embargo, otro marco analítico fundado en la postura que puede tener el Presidente electo frente a la nueva economía de la desigualdad.

Se trata de un tema central en los debates políticos contemporáneos. En su libro The Idea of Justice (Penguin Press, 2009), Amartya Sen, ha hecho énfasis sobre algunas recomendaciones:

  • Interpretar la economía de la desigualdad no sólo en función de fallos institucionales, sino de las personas que gobiernan y están involucradas en tales instituciones;
  • Tomar en cuenta las vidas de las personas y sus libertades, como significativas para evaluar de nuevo el papel instrumental en la búsqueda de la justicia;
  • Elegir adecuadamente instituciones que contribuyan a resolver la desigualdad social. Las instituciones son importantes para examinar nuestra capacidad de estudiar los valores y las prioridades que ponderamos, en especial a través de las oportunidades de deliberación pública.

En línea crítica con los argumentos que da John Rawls en La justicia como equidad (Paidós, 2001), para Sen la democracia se evalúa desde el punto de vista de la razón pública. Considera que una política pública concentrada en un único rango de intereses, corre el riesgo de desproteger derechos básicos de la mayoría. La democracia se entiende como un gobierno por deliberación, una idea que John Stuart Mill contribuyó a impulsar. La democracia debe juzgarse en función de la capacidad de enriquecer el encuentro razonado a través del mejoramiento de la disponibilidad de información y la viabilidad de discusiones interactivas.

El alcance que tienen estos argumentos, depende de si el nuevo gobierno se puede abrir o no a este tipo de debates. Como sucede que el presidente electo ha dado atención a estos avances contemporáneos de la economía, esperemos que entienda la necesidad de un cambio decisivo con respecto a la doctrina rentista que caracterizó a los ganadores económicos durante el gobierno de Álvaro Uribe.

¿Más de lo mismo?

Bajo las condiciones políticas creadas por Uribe durante casi una década, ¿puede el gobierno de Santos ejercer una influencia decisiva sobre la desigualdad económica? La pregunta es clave para observar las tensiones entre continuidad y/o cambio que podemos esperar los colombianos. Un cuerpo creciente de investigación en el ámbito económico (Cohen, Sen, Krugman) apunta a defender que son las políticas de gobierno, y no los mercados, las causas principales de una mayor o menor desigualdad.

Dentro de este marco es razonable comprender que las graves desigualdades creadas por el gobierno Uribe no pueden eliminarse con más de lo mismo, sino por medio de un cambio de perspectiva que contemple tiempos diferentes para el ejercicio del gobierno: en el largo plazo, la capacidad del nuevo mandatario para promover debates públicos, buscar consensos mínimos y construir un ambiente social favorable; en el corto plazo, la esperanza dirigida a los ciudadanos de que las cosas van a mejorar, aunque en lo inmediato se observen dificultades (González, Razón Pública, 21.08.10).

La economía de la desigualdad adquiere con el tiempo una naturaleza persistente, por lo que su solución también exige medidas racionales y colectivas duraderas. Durante el gobierno Uribe, quienes poseían más se hicieron todavía más ricos; mientras sectores de clase media, se sumaron a la parábola de pobreza; y los más pobres, ahora viven en la miseria. Crecieron los niveles de desigualdad, a la vez que una masa desempleada ampliaba su imposibilidad de acceso a empleos estables y bien remunerados.

Contexto político y fuerzas del mercado

Inmediatamente después de la segunda guerra mundial, y gracias a las políticas emprendidas por la administración Roosevelt, surgieron las clases medias de la sociedad posbélica de Estados Unidos. Dentro de esas políticas se destacaron los controles salariales puestos en práctica durante la contienda. Una vez finalizado el conflicto y, por consiguiente, dejados de lado los controles impuestos durante la emergencia, hubiera podido esperarse que la desigualdad económica volviera a su condición inicial. Pero no fue así, y la distribución equitativa de los ingresos persistió por más de treinta años.

¿Por qué esta analogía histórica? Sencillamente, porque constituye un poderoso indicio de que las instituciones, las normas y el contexto político tienen una repercusión mayor sobre la distribución de los ingresos que las fuerzas impersonales del mercado, por más que la ideología considere que son los mercados los que deciden sobre la inversión y la concentración de políticas económicas.

Juan Manuel Santos, que es economista, parece seguir lo convencional. Varios argumentos de Kalmanovitz (El Espectador, 20.06.10) fundamentan este escepticismo. Dejar a las fuerzas del mercado imponer su propia lógica, es facilitar para pocas familias el poder económico. Mantener las exenciones de impuestos, sin mayores contraprestaciones, gravar fiscalmente el consumo básico de la canasta familiar, y exonerar de impuestos las grandes rentas. La estructura de conservadurismo fiscal en Colombia no se ha reflejado en mejores equilibrios en los ingresos económicos de una mayoría.

Derecha, seguridad y monopolios

La cronología de los cambios políticos y económicos señala que se produjo un considerable incremento de la desigualdad económica durante el gobierno de Álvaro Uribe. Las debilidades institucionales causadas en los períodos de Samper y Pastrana junto con el narcotráfico y el conflicto armado, fueron abriendo la posibilidad de un cambio hacia la derecha, en el que jugó un papel preponderante la personalidad carismática de Uribe. En este gobierno la afirmación de la seguridad como panacea originó una oportunidad envidiable para el juego económico de los monopolios corporativos. Por lo tanto, la polarización política durante estos años tuvo entre sus consecuencias una desigualdad económica creciente. A los poderes económicos, Uribe les facilitaba todas las ventajas para que aparecieran como grandes inversionistas. Una ilustración patética la conformaba los negocios rentables de sus hijos, quienes finalmente han figurado, como genialidades de los “neocons” en Colombia, el ejemplo a seguir por parte de las nuevas generaciones.

Ahora bien, el supuesto de la seguridad como factor para aumentar la inversión, y la reducción de los derechos de los trabajadores con el pretexto de dar mayores incentivos a la generación de empleos, incrementaron la desigualdad económica y el crecimiento de la población subempleada. El axioma de beneficios tributarios para las empresas generadoras de empleo, fue un sofisma para desviar la atención sobre la impotencia del gobierno en materia de seguridad social.

Quienes sí lograron sacar ventajas considerables de esta situación fueron los miembros de una muy reducida élite: sector terrateniente, sector financiero, sector interbancario, sector inmobiliario. Es decir, la inversión y la profesionalización no fueron relevantes frente al considerable aumento de la desigualdad económica, que tuvo en el desempleo y el subempleo muestras de una mayor descomposición de las oportunidades sociales y económicas. La mayor brecha de la desigualdad fue causada por un socavamiento de las relaciones entre los poderes institucionales destinados a fomentar la igualdad. Como ejemplo, la indiferencia del gobierno Uribe frente a los fallos constitucionales en materia de desplazamiento forzado. Durante este gobierno se pasaron por alto las decisiones tomadas por las Altas Cortes para proteger derechos fundamentales.

Persistencia del fantasma

La victoria en las urnas de Juan Manuel Santos, no representa una ganancia con nombre propio, por esto se equivocan quienes suponen que habrá un cambio radical de perspectiva con relación al presidente Uribe. La abrumadora mayoría de electores reafirmaron su fe en el fantasma de la seguridad creado por este gobierno, y todo apunta a que una de las razones por las que Santos mantendría las políticas de Uribe, es su considerable trayectoria de lealtad sobre convicciones políticas compartidas. El Presidente electo ha dado pasos orientados a mantener una línea regresiva en materia económica. La nominación del conservador Juan Carlos Echeverri como ministro de Hacienda, muestra por dónde va el agua al molino.

La cuestión que se plantea ahora es qué se podrá hacer frente a la economía de desigualdad del gobierno Uribe. La respuesta es que, por el bien del país, Santos debería decidirse por un programa destinado a extender la red de cobertura social y a reducir la desigualdad económica. En suma, a promover políticas de un gobierno con equidad. La diferencia fundamental de su gobierno debería afirmarse sobre el equilibrio institucional, la mayor cobertura sanitaria, una política amplia de empleo estable y la consolidación de planes para la construcción de viviendas de interés social.

El pro, el contra y la recontra

El presidente electo deberá ponerle coto, además, a las tensiones generadas por Uribe frente a los gobiernos de Venezuela y Ecuador, que han tenido considerable incidencia sobre la economía en las fronteras, y reestructurar las deterioradas relaciones institucionales, en especial con las cortes y con los partidos políticos. Pero los correctivos a la desigualdad dependen del marco normativo de nuestra democracia. Por eso puede preverse que la trayectoria de nuestras tradiciones obra en contravía de esta premisa. Por dos razones: la primera, que la cultura institucional en Colombia ha quedado atrapada en el oportunismo de la coyuntura; y la segunda, que las soluciones a la economía de la desigualdad dependen de la acción política del gobierno. De tal manera que la búsqueda de una salida estructural a los problemas de la desigualdad social, debe desarrollarse en niveles locales de decisión política.

Santos hereda tensiones políticas regionales que puede convertir en una oportunidad, no sólo para reconstruir los vínculos con los distintos sectores, sino para ofrecer caminos diferentes en materia de justicia social. El presidente electo tiene la ocasión de demostrar que los prejuicios heredados, no son superiores a su madurez como estadista. Las condiciones de seguridad que contribuyó a consolidar en el gobierno Uribe, le ofrecen también la posibilidad de ampliar las oportunidades para que la mayoría de colombianos tengan mayor bienestar social y económico.

* Analista político e investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos especiales CIPE de la Universidad Externado de Colombia. 

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