La semana pasada se expidió un decreto que modifica las actividades permitidas en los humedales y que tomó por sorpresa a las organizaciones que trabajan para protegerlos. ¿En qué consiste el decreto y cuáles son los temores y críticas frente a él?
María Mercedes Maldonado*
¿Cambios menores?
La semana pasada las personas que durante años y de manera organizada han defendido los humedales de Bogotá se enteraron accidentalmente de la expedición del Decreto 565 de 2017, que modifica significativamente los usos permitidos de estos espacios.
Aunque la política de humedales establecida en 2007 es ejemplar gracias al sólido proceso de participación y concertación que la soporta, la Secretaría de Ambiente tramitó silenciosamente la nueva norma. No se consultó con nadie de la Mesa de Humedales del Consejo Consultivo de Ambiente ni de ningún otro espacio de participación.
La administración Peñalosa pretende hacer creer que el Decreto es un cambio menor necesario para desarrollar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Pero no es intrascendente cambiar la definición de recreación pasiva para que incluya la posibilidad de construir senderos para bicicletas. Tampoco es un cambio menor añadir como parte de los usos condicionados de los humedales centros de recepción, educación e información ambiental, dotacional de seguridad ligado a la defensa del parque y demás infraestructura asociada con los usos permitidos. Ese “demás” en manos de Peñalosa puede dar para muchas cosas.
Lo que permite el Decreto
 Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá |
El nuevo Decreto suprime una directriz de la política de humedales que obligaba a la Secretaría de Ambiente y a las entidades distritales a “vigilar y garantizar que las intervenciones de recuperación de los humedales respeten principios de conservación y protección y que no incluyan obras urbanísticas duras, tales como ciclo rutas, senderos para bicicletas, alamedas, plazoletas, luminarias y adoquinados”.
En palabras simples, la modificación inconsulta se hizo para permitir la implantación de ciclorrutas, superficies duras y equipamientos dentro de los parques ecológicos de humedales, que incluyen el espejo de agua, la ronda hidráulica y la zona de manejo y protección ambiental. La modificación permitirá incluso construir senderos peatonales y observatorios de aves dentro de la ronda hidráulica.
La prohibición de esas superficies duras se había incluido de manera expresa en la Política de Humedales del Distrito Capital como respuesta a la huella que había dejado la agresiva intervención de la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB) en el tercio alto del Humedal Juan Amarillo durante la primera alcaldía de Peñalosa. En palabras de Daniel Bernal, reconocido activista ambiental, el humedal quedó convertido en “una piscina de cemento”.
Esta prohibición también fue una victoria para las organizaciones que habían logrado proteger el Humedal Córdoba de obras similares gracias a la acción popular y a un trabajo persistente de vigilancia y seguimiento por parte de la comunidad organizada. La directriz eliminada en el Decreto era un seguro de protección contra los planes que tienen Peñalosa y muchos técnicos de la EAB para estos valiosos y frágiles ecosistemas urbanos.
El cambio que acaba de aprobar Peñalosa se hizo para permitir un programa asignado a la EAB que paradójicamente lleva el nombre de Recuperación y Manejo de la Estructura Ecológica Principal. Este programa tiene 590 mil millones de pesos en recursos, es decir, el 19 por ciento del cupo total de endeudamiento –3,1 billones de pesos– que el Concejo aprobó a la Empresa en junio.
En el momento de la discusión del cupo de endeudamiento se cuestionaron varias de las inversiones previstas, pero el debate acerca de la amenaza para los humedales y otras áreas protegidas se quedó en el recinto. La voz de alarma de concejales como Celio Nieves fue aplastada por la aplanadora de la coalición de gobierno que, sin sentido crítico alguno, apoya todo lo que se le ocurra a Peñalosa.
La financiación aprobada afectará a varias áreas protegidas para las cuales se han propuesto proyectos como:
- El Parque Regional San Rafael, cuyo diseño ha provocado resistencias en los habitantes de ese municipio;
- El supuesto sendero cortafuegos dentro de la reserva forestal de los Cerros, y
- Los corredores ambientales en los humedales Juan Amarillo, Jaboque, Córdoba, Conejera-Salitrosa y Torca Guaymaral, así como en los ríos Tunjuelo, Fucha y Bogotá.
Este último proyecto se describe como “inversiones ambientales que permitan el acceso de los ciudadanos a 92 kilómetros nuevos de corredores ambientales y a 1.228 hectáreas de espacios públicos”. En los cinco humedales mencionados se construirán 39 kilómetros de circuitos de bicicletas con una inversión total de 123 mil millones de pesos, distribuidos así:
|
Humedal |
Extensión circuito de bicicletas (kilómetros) |
Valor de las obras sin predios ni estudios (millones) |
|
Juan Amarillo |
6,5 |
$ 19.187 |
|
Jaboque |
5,5 |
$ 15.316 |
|
Conejera-Salitrosa |
11 |
$ 34.679 |
|
Córdoba |
5,5 |
$ 18.894 |
|
Torca-Guaymaral |
10 |
$ 34.418 |
|
Total |
38,5 |
$ 122.494 |
Fuente: Elaborada sobre la base de la presentación realizada el 24 de mayo de 2017por la EAB ante el Concejo de Bogotá para justificar el cupo de endeudamiento.
Según informan personas vinculadas a la red de humedales, estos circuitos estarán acompañados de puentes peatonales sobre los espejos de agua y quién sabe cuáles equipamientos.
Es evidente entonces que los cuantiosos recursos aprobados no van dirigidos a restaurar los humedales, sino a volverlos parque urbanos con uso intensivo. Esto a pesar de que la restauración se necesita con urgencia porque algunos humedales se están muriendo de sed, son afectados por aguas residuales o enfrentan conflictos de predios.
Leguleyadas
 Ex-alcalde de Bogotá Antanas Mockus y alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá |
El argumento para defender la modificación de la Política de Humedales del Distrito es insostenible. Afirman que proteger los humedales restringiendo usos de impacto va en contra del POT, pero pasan por alto que las decisiones derogadas se ajustaban a la Política Nacional de Humedales Interiores y a la Convención Ramsar.
Expliquemos el enredo jurídico. Curiosamente, la definición de recreación pasiva de la Política de Humedales del Distrito Capital coincidía con la del POT aprobado durante el primer gobierno de Peñalosa. Fue durante la revisión realizada por el gobierno de Antanas Mockus que se incluyeron como parte de la recreación pasiva los senderos para bicicletas y otros usos. Pero para entonces la Política Nacional de Humedales había adoptado la definición restrictiva, que excluye estos usos, por lo que con la revisión del POT de 2003 se incumplió ese mandato de jerarquía superior y de obligatorio cumplimiento.
Ese grave desliz del POT de Mockus, que en términos generales estaba bien orientado, le cae de perlas a las intenciones depredadoras de Peñalosa, que son las que explican que haya removido a escondidas los obstáculos que una política de humedales ampliamente concertada imponía a su afán de llenarlos de cemento.
El ajuste aprobado en el Decreto 565 es dudoso desde todo punto de vista. Que el POT contemple ciertos usos no impide que una política ambiental específica los acote y restrinja para que se ajusten a sus directrices y objetivos y a los acuerdos ciudadanos. El principio ambiental de rigor subsidiario permite que las normas ambientales de menor jerarquía se puedan volver más rigurosas y el de gradación normativa obliga a las entidades territoriales a respetar las normas y directrices dictadas por autoridades supramunicipales.
Lo que tendría que hacer Peñalosa en su proyecto de revisión del POT es incluir la derogación de las normas sobre humedales de 2003 para ajustarlas a las normas superiores, como la Política Nacional de Humedales y la Convención Ramsar.
Futuro preocupante
En reunión con la Mesa de Humedales la directora jurídica de la Secretaría de Ambiente argumentó sin ruborizarse que el proyecto de decreto había estado en la página web de la entidad por cinco días y que nadie había hecho ninguna observación. Se refería al cumplimiento del deber de información contenido en el Código de Procedimiento Administrativo que de ninguna manera remplaza los mecanismos de participación que rigen la gestión ambiental y que obligaban al alcalde y al secretario a convocar a las organizaciones ciudadanas para discutir y concertar el cambio del régimen de usos de los humedales. Pero ya se sabe que concertar no hace parte del lenguaje de la actual administración de Bogotá.
Esta situación es apenas un anticipo de lo que nos espera con la propuesta del POT:
- Urbanización de la Reserva Thomas van der Hammen, del Bosque Seco en Ciudad Bolivar y de la zona de protección y manejo del río Bogotá;
- Régimen urbano en la Franja de adecuación de los Cerros Orientales, y
- Expansión del relleno de Doña Juana, entre otras cosas.
El uso público de las áreas protegidas es un reto para una ciudad densa y con poco espacio público como Bogotá. Implica gestión de tierra pública y privada, estudios sobre capacidad de carga, pedagogía ciudadana y acuerdos sociales, así como reglas claras sobre la relación con espacios naturales frágiles. Por desgracia, hay una visión que usa su deterioro como excusa para urbanizarlas o que pretende que la mejor forma de protegerlas es convertirlas en parque urbanos que desconocen y agreden sus condiciones ecológicas.
* Profesora e investigadora en temas urbanos, vocera de la Veeduría Ciudadana para la Protección de los Cerros Orientales, amiga de la Veeduría Ciudadana para la Protección de la Reserva Thomas van der Hammen.
