Un análisis en profundidad del impacto económico del aumento reciente del salario mínimo y de su paradójica importancia como instrumento de una política laboral, todavía en borrador.
Jaime Tenjo Galarza*
No hubo acuerdo
En diciembre pasado, los empresarios y los trabajadores no lograron llegar a un acuerdo sobre el porcentaje de aumento del salario mínimo. Por lo tanto, el gobierno terminó fijándolo por decreto, como viene ocurriendo en los últimos años.
Esta vez las posiciones estuvieron bastante distantes: los trabajadores solicitaban aumentos de 6 por ciento (aunque dijeron estar dispuestos a negociar dicha cifra) mientras que los empresarios se mantuvieron firmes en que el aumento no debería ser superior al 3 por ciento.
El gobierno decretó inicialmente un aumento de 3,4 por ciento, pero posteriormente modificó el decreto para adoptar el aumento en 4 por ciento, tras conocerse los inesperados resultados de la inflación[1], dejando el salario mínimo en $535.600 mensuales. El subsidio de transporte subió de $61.500 a $63.600, equivalente a un aumento del 3,4 por ciento para este otro rubro.
Muy pequeños impactos
En términos reales el aumento salarial fue muy pequeño, del 0,82 por ciento (menos del 1 por ciento), lo cual nos lleva a pensar que no va a tener ningún efecto significativo -ni positivo, ni negativo- sobre la economía.
Así lo confirman algunos cálculos aproximados. Por ejemplo, se sabe que la demanda por trabajo es poco sensible a las variaciones en el salario o, como dicen los economistas, es inelástica[2]; si suponemos que dicha elasticidad es del orden de -0,3, como indican los estudios conocidos, el efecto de esta alza será reducir el empleo en 0,25 por ciento[3], una magnitud realmente minúscula[4].
Es cierto, como lo dijeron los trabajadores en la mesa de concertación, que los aumentos del salario mínimo aumentarían el ingreso total de los trabajadores, pero dicho aumento también es minúsculo (solo de 0,57 por ciento[5]), lo cual probablemente no tendrá un impacto significativo sobre la demanda de bienes de consumo.
Vale la pena recordar que esto es sólo un efecto inicial: después vienen los efectos secundarios sobre los precios, la demanda agregada y otros que son más difíciles de predecir, pero que seguramente también serán de magnitudes minúsculas. El resultado global más probable del aumento en el salario mínimo será un impacto económico pequeño.
Un mínimo de máxima importancia
Esto no debe llevar a pensar que el salario mínimo, como herramienta de política laboral, deje de ser importante. Claramente lo es, pero hay que distinguir dos conceptos: el nivel del salario mínimo y el aumento del mismo. Se desprende del análisis anterior que el aumento fue tan pequeño que sus efectos sobre el mercado laboral no van a ser significativos.
Sin embargo, el nivel que tiene el salario mínimo puede ser un factor importante para determinar el nivel de empleo, la selección de tecnologías, la distribución del ingreso y la pobreza, entre otros.
De hecho, recientemente se ha discutido mucho si el salario mínimo es demasiado alto para las condiciones actuales de la economía colombiana, en especial por los costos que significa para los empleadores el pago de seguridad social y parafiscales. También, se ha comenzado a explorar cómo la pobreza y la informalidad laboral se han visto afectadas por los niveles salariales. Sin embargo, hay que señalar que estos esfuerzos investigativos apenas comienzan.
La paradoja
El tema que más se ha investigado es el de los costos laborales. Frente a la decisión de contratar un trabajador no calificado, muchos empresarios optan a la larga por usar tecnologías intensivas en capital, que les permiten ahorrar trabajo.
Por otro lado, los trabajadores argumentan que el salario mínimo es paradójicamente demasiado bajo en relación con el costo de la canasta familiar y no les permite tener niveles de vida dignos.
De cierta manera ambos tienen razón; veamos por qué.
No todo el costo laboral representa ingresos para los trabajadores: los llamados parafiscales -las contribuciones al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de 2 por ciento, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de 3 por ciento y a las Cajas de Compensación de 4 por ciento y las contribuciones que hacen los empresarios para salud, pensiones y riesgos profesionales, entre otros- son costos laborales no salariales ya que no representan ingreso directo para los trabajadores, aunque sí generan servicios que éstos pueden usar[6].
Se estima que el costo laboral total de contratar un trabajador es aproximadamente 158 por ciento del valor del salario. Dado que el salario mínimo se fijó en $531.600, el costo laboral para el empleador de un trabajador que gana dicho salario es de $854.500.
Este alto costo no salarial crea una situación aparentemente paradójica, donde el costo de contratar un trabajador de salario mínimo puede ser muy alto, al mismo tiempo que el ingreso que recibe el trabajador es bajo.
La solución propuesta es buscar otra forma de financiar la salud y los demás servicios que prestan el SENA y el ICBF a fin de descargar el componente no salarial del costo del trabajo. Sin embargo, dicha opción requiere un debate a fondo, no solo de los aspectos laborales propiamente dichos, sino de la política de seguridad social y de la política fiscal del gobierno, haciendo poco viable en el corto plazo una reforma estructural en la materia.
Un instrumento clave de política
El problema fundamental radica en la carencia de una política laboral claramente definida[7] y de la institucionalidad necesaria para llevarla a cabo. Por tal razón, los ajustes anuales del salario mínimo y el mecanismo diseñado para fijarlo a través de acuerdos en la Comisión Nacional de Concertación no responden a una estrategia laboral de creación de empleo o de aumento de la productividad laboral u otro objetivo concreto.
El único criterio que se aplica en la práctica es el fijado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el sentido de que las alzas deben ser por lo menos iguales a la inflación, lo que garantiza el aumento continuo del salario mínimo en términos reales, independientemente de los niveles que éste haya alcanzado en relación con otras variables, de los niveles de desempleo, de los aumentos de productividad laboral, o de las condiciones de competitividad internacional que prevalezcan en un momento determinado.
El salario mínimo podría ser una herramienta muy importante de política laboral de largo plazo, pero hay que comenzar por diseñarla. Sus objetivos deberían ser tres: primero, generar suficiente empleo de buena calidad; segundo, promover el crecimiento de la productividad laboral, y tercero, facilitar la movilidad laboral de ocupaciones de baja remuneración a otras de mayor productividad.
Cómo fijar el salario
Para lograr estos objetivos se deben fijar estrategias de largo plazo, cuyo diseño y ejecución exige la coordinación de varios Ministerios y entidades públicas y un liderazgo claramente definido, que por el momento no existe. Se requiere también tener instituciones laborales suficientemente fuertes y dotadas de los instrumentos necesarios para realizar su trabajo de manera eficiente. Finalmente, debe haber un sistema de seguimiento del mercado laboral, que tampoco existe.
Como se dijo, el salario mínimo podría ser un instrumento de política laboral para el logro de los tres objetivos mencionados anteriormente (empleo, productividad y movilidad). Sin embargo, para que lo sea efectivamente, se debe revisar la forma actual de fijar el aumento para que sea coherente con el logro de dichos objetivos.
Por ejemplo, habría que discutir si la concertación es la mejor forma de determinar los niveles salariales; si en dicha concertación están interviniendo todos los actores afectados; si hay mejores alternativas para determinar el salario mínimo, y aún si la periodicidad anual para fijar el aumento resulta un elemento distorsionante del mercado laboral.
El Plan de Desarrollo que el gobierno debe presentar al congreso parece hacer más énfasis en aspectos críticos del mercado laboral que otros planes anteriores. Esperemos que el debate de dicho proyecto de ley constituya una oportunidad para profundizar en la elaboración de una verdadera política laboral.
* Economista Ph.D. Investigador sobre temas de mercado laboral y temas sociales. Ha sido consultor internacional y profesor de varias universidades en Canadá, USA, Jamaica y Colombia. En la actualidad trabaja como consultor y profesor de economía laboral en la Universidad Javeriana.
Notas de pie de página
[1] Medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor de diciembre a diciembre, la inflación del año fue de 3,18 por ciento, cuando se esperaba que fuera sólo del 3 por ciento.
[2] La elasticidad es una medida que usan los economistas para medir el grado de respuesta del empleo ante cambios en los salarios. La mayoría de los estudios hechos para Colombia y para otros países de la región indican que la elasticidad de la demanda es muy baja, con estimativos de -0,3 o aún menores (más cercanos a cero). Esto implica que el efecto directo inicial de un cambio en el salario sobre el empleo es muy pequeño.
[3] El efecto sobre el empleo se calcula multiplicando el incremento salarial por la elasticidad (0,82 por ciento * -0,3 = -2,46 por ciento).
[4] Debe señalarse que una disminución en el empleo no necesariamente se convierte en un aumento en el desempleo.
[5] Calculado como el porcentaje en que aumenta la nómina salarial en términos reales teniendo en cuenta la disminución en el empleo: (1,0082*(1-0,0025))-1 =0,00568 = 0,568 por ciento.
[6] Un punto de debate es el relacionado con los servicios de salud y pensiones. Claramente las contribuciones a los fondos de pensiones son ingresos futuros que los trabajadores van a recibir. En ese sentido son ingreso laboral diferido, pero si la tasa de descuento subjetiva del trabajador es mayor que el interés que los fondos de pensiones pagan, el trabajador tiene una pérdida privada (aunque no necesariamente social). En cuanto a las contribuciones a salud, el debate radica en si la valoración por parte de los trabajadores de los riesgos que dichas contribuciones cubren son mayores o menores que la valoración que implícitamente representan dichas contribuciones.
[7] Sin negar que se han hecho algunos intentos. Por ejemplo, en los años noventa la política laboral se basó en la llamada flexibilización laboral. A principios del siglo XXI se inició un proceso de creación de un sistema de Protección Social. Por diversas razones que no se analizan en esta oportunidad, dichos esfuerzos no produjeron el dinamismo que el mercado laboral requiere para generar suficiente empleo de buena calidad.
