La reforma laboral: ¿Y dónde queda la otra mitad de los trabajadores?

Una buena reforma laboral debe reconocer la heterogeneidad del mercado de trabajo, pero el Código actual no cobija a la mitad de los trabajadores. Estas son algunas de las medidas que debería incluir esa reforma.

Entre la urgencia y el desacierto

El haber puesto los temas laborales sobre el tapete de discusión nacional es un mérito que debe reconocérsele al presente gobierno. Primero fue la reforma pensional —ya aprobada por el Congreso y actualmente en revisión por parte de la Corte Constitucional— y después la reforma laboral, que fue rechazada en la Comisión Séptima del Senado.

La respuesta del gobierno fue convocar a una consulta popular, mientras que el Partido Liberal presentó un “mini proyecto” de reforma que comienza a estudiarse en el Congreso.

De todas estas iniciativas, la única que ha tenido éxito hasta ahora es la reforma pensional, lo cual puede atribuirse al consenso básico que existía sobre el tipo de reforma deseada. Ese consenso se basaba en la creación de un sistema de pilares y en acabar con la competencia entre los regímenes público y privado, haciéndolos complementarios.

Dos problemas no resueltos

Colombia se caracteriza por tener un alto desempleo (en relación con países de desarrollo similar) y niveles de informalidad muy elevados. Sin embargo, ninguno de los proyectos presentados busca solucionar o reducir estos problemas. Ambas situaciones están relacionadas, pero son apenas síntomas de una estructura laboral más compleja.

Este escrito no pretende discutir los méritos o defectos de las reformas propuestas, sino aportar algunas reflexiones que contribuyan a construir un diagnóstico robusto del mercado laboral colombiano. Aquí se destacan dos características claves:

1. La legislación laboral contenida en el Código Sustantivo del Trabajo (CST) solo protege a la mitad de los trabajadores.
2. El mercado laboral colombiano es profundamente heterogéneo, y esta diversidad suele ignorarse al diseñar políticas.

¿Quiénes están protegidos?

Según cálculos del autor sobre la base de la Gran Encuesta Integrada de Hogares  (GEIH) del DANE, en 2024 había alrededor de 23 millones de personas ocupadas en Colombia. De ellas:

• El 48 % trabajaba como asalariado en el sector privado o público (sin incluir el servicio doméstico, que representa otro 3 %, en su mayoría mujeres). Si se incluyen estas últimas, apenas la mitad del empleo está protegido por el CST.
• El 41 % eran trabajadores por cuenta propia.
• El 9 % restante se dividía entre empleadores, jornaleros y trabajadores familiares sin remuneración.

Esto implica que cualquier reforma al CST afectaría directamente a la mitad de los trabajadores. Las condiciones laborales y la protección legal de los demás grupos son muy diferentes.

Un mercado profundamente desigual

En teoría económica, el mercado laboral suele tratarse como un espacio homogéneo o, en el mejor de los casos, dividido entre urbano y rural. Pero en Colombia esta simplificación ignora diferencias estructurales sustanciales.

Una forma de visualizar la heterogeneidad es como un continuo de empleadores, desde grandes empresas modernas hasta pequeños productores tradicionales. Los extremos de ese espectro son muy distintos:

Grandes empresas. Usan tecnología moderna con un alto componente de capital físico y financiero, tienen oficinas de recursos humanos, planean a largo plazo y pueden absorber variaciones en costos laborales. Para ellas, los costos laborales son una fracción relativamente baja del costo total, y su objetivo es maximizar ganancias.

Pequeños emprendimientos. Basados en el trabajo del dueño y unos pocos ayudantes, cuentan con poco capital y escaso acceso a tecnología. Su lógica no es maximizar utilidades, sino garantizar ingresos para sobrevivir. Para ellos, los costos laborales representan una parte muy alta del total, y la relación con los trabajadores suele ser personal.

Entre ambos extremos hay múltiples formas intermedias, con implicaciones diferentes frente a cualquier medida de política laboral.

¿Quién produce el empleo?

Según cálculos del autor con la GEIH para 2024:

• El 62 % del empleo se generaba en unidades de 10 trabajadores o menos.
• Más de la mitad de ese grupo (34 %) correspondía a unidades de una sola persona (probablemente el dueño).
• Las empresas con más de 100 trabajadores solo generaban el 24 % del empleo total.

La estructura laboral también varía según el tipo de vínculo:

• En las unidades de 10 o menos trabajadores, solo el 15,5 % eran asalariados.
• Entre las grandes empresas (100 o más empleados), cerca del 90 % eran asalariados.

Si el CST protege sobre todo a asalariados, las pequeñas unidades productivas —que son mayoría— quedan prácticamente excluidas de esa protección.

¿Quién cotiza?

La informalidad también varía según el tamaño de la unidad:

• En las pequeñas (10 o menos), solo el 9 % de los trabajadores cotiza a salud y pensiones (91 % de informalidad).
• En las grandes (más de 100 empleados), el 96 % sí lo hace.

Por tipo de trabajador:

• El 73,2 % de los asalariados cotiza.
• Entre los trabajadores por cuenta propia, solo el 13,6 % lo hace.

Además, el comportamiento varía por rama de actividad: agricultura, comercio, manufactura, etc., con niveles muy distintos de dinamismo y capacidad para absorber costos adicionales.

Implicaciones para una política sensata

Una reforma laboral eficaz debe reconocer esta complejidad estructural. Algunas ideas preliminares para avanzar en esa dirección podrían ser:

1. Definir prototipos de unidades productivas según tamaño, rama, y ubicación para aplicar reglas diferenciadas.
2. Fijar condiciones laborales (como salario mínimo o jornada) adaptadas a cada prototipo.
3. Fomentar el sindicalismo donde exista capacidad de negociación, para repartir los beneficios de la productividad.
4. Sustituir la rigidez normativa con mecanismos de protección alternativos como un seguro de desempleo eficiente.

Hay muchas otras opciones que podrían discutirse. Lo importante es empezar por reconocer la realidad del mercado laboral colombiano y, desde ahí, construir reformas viables y efectivas.

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