Cuáles son las propuestas del gobierno para atender los problemas de los jóvenes —y por qué estas propuestas no ayudarían a mejorar la calidad de vida de la gran mayoría de los jóvenes—.
Jaime Tenjo G.*
Un cambio de actitud
Los jóvenes fueron uno de los grupos más activos en el paro que comenzó el 28 de abril.
Sus protestas no son nuevas: desde hace ya varios años ellos lideran las diferentes expresiones de inconformidad y han obtenido triunfos importantes. Entre otras cosas, lograron crear un consenso en la sociedad, que ahora reconoce la gravedad de los problemas de la juventud. Posiblemente no hay todavía una comprensión clara sobre en qué consisten estos problemas y cuál es su magnitud, pero ya se acepta que la grave situación de la juventud es parte importante de la de la sociedad.
El gobierno hizo un reconocimiento (apenas parcial) de dicha situación, hasta el punto de incluir en la nueva reforma tributaria (Ley de Inversión Social) elementos que pretenden solucionarla. Sin embargo, la comprensión del problema por parte del gobierno es limitada e incompleta —de modo que las soluciones que plantea también son insuficientes—.
Las fórmulas del gobierno
Parece que el diagnóstico del gobierno apunta a que los problemas de la juventud tienen que ver con su empleabilidad en el sector formal y con el acceso a la educación universitaria. Consecuentemente, propuso las siguientes soluciones:
- Subsidios al empleo a través del PAEF (Plan de Apoyo al Empleo Formal) que espera mantener en la ley de presupuesto hasta diciembre de 2021.
- Subsidios a la creación de nuevos empleos para jóvenes entre 18 y 28 años, que consisten en pagar a los empleadores 25% del salario mínimo mensual por cada nuevo joven que contraten.
- Anteriormente, el Ministerio del Trabajo ya había dicho que los empleadores deberían reconocer el tiempo de prácticas universitarias como forma de experiencia laboral.
- Finalmente, la ley de inversión social espera recaudar suficientes fondos para ofrecer matrícula gratis a los estudiantes pobres (según puntaje del SISBEN) en las universidades públicas. Conviene mencionar que la ley no define la magnitud absoluta o relativa (porcentaje de algo) de dichos fondos. Además, debe notarse que las instituciones públicas de educación superior cubren sólo el 40% de la demanda de educación profesional en el país y el 80% de la educación técnica. En promedio, la mitad de los estudiantes de pregrados profesionales están en IES oficiales y la otra mitad en privadas; por otra parte, hay un sesgo oficial hacia la educación técnica y tecnológica (posiblemente por la importancia que tiene el SENA).
Remedios insuficientes
Sin negar que estas medidas son un avance en el reconocimiento de la situación de los jóvenes, hay varios aspectos que limitan seriamente su efectividad frente a la magnitud de los problemas:
- Los subsidios al empleo van dirigidos a mejorar el empleo formal pero no hacen nada para ayudar al empleo informal. Como propósito de largo plazo la formalización del empleo es una meta importante, pero como estrategia de corto plazo, para solucionar los graves problemas actuales de la mayoría de jóvenes, tiene alcances limitados.
- La matrícula gratis para estudiantes pobres probablemente no es una medida de tanto impacto como el gobierno parece creer por varias razones. En primer lugar, aplica apenas para las instituciones públicas, no para las privadas. Además, en las instituciones públicas se paga de acuerdo con los recursos económicos de las familias, lo que implica que, de todos modos, los más pobres pagan matrículas muy bajas. Hay estudiantes de bajos recursos en universidades privadas que no se van a beneficiar de estos subsidios. Sin desconocer que esta nos es una mala medida, su impacto probablemente será mínimo.
- Estas políticas dejan por fuera a un sector importante de los jóvenes, compuesto por aquellos que no pueden (o no quieren) hacer estudios superiores ni tienen las habilidades o conocimientos necesarios para vincularse a empleos formales. Es probable que este grupo de jóvenes constituya una parte importante de quienes en el último paro no se sentían representados en las mesas de negociación.
Para poner en contexto estas observaciones es conveniente resumir algunos de los resultados de una investigación todavía incipiente del autor de este artículo.
La universidad es para muy pocos
La información más reciente del Ministerio de Educación Nacional (MEN) indica que la cobertura neta de la educación secundaria fue muy baja en 2017. Por cobertura neta se entiende la proporción de estudiantes matriculados en un nivel frente a la población total con la edad teórica para cursarlo.
Pues bien: la cobertura neta en secundaria básica (grados 6 a 9) es de 71,7%, mientras que la de la educación media (grados 10 y 11 o 13) cae a 42,8%. Esto demuestra un alto grado de deserción escolar al finalizar noveno grado y habla de un número importante de estudiantes que no acabaron la educación media (es decir que no completan el bachillerato).
Según el mismo Ministerio, la población entre 15 y 24 años tiene en promedio apenas 10 años de educación, es decir, no tienen bachillerato. Esto les cierra la posibilidad de entrar a programas de educación superior técnicos o profesionales.
Según la Encuesta de Hogares del DANE (2019), el 17,9% de los jóvenes entre 21 y 25 años no acabó el bachillerato. Además, si los jóvenes no completan el bachillerato antes de los 20 años, la probabilidad de que lo completen después es muy baja.
No tener diploma de bachillerato les cierra muchas puestas a los jóvenes, tanto en el campo educativo como en el mercado laboral. Las razones de la falta de futuro que sienten los jóvenes que protestan, especialmente los miembros de la Primera Lína, posiblemente tiene que ver con estos factores.
El empleo formal también es para pocos
Los datos de la Gran Encuesta integrada de hogares de 2019 y 2020—segundos semestres—, procesados por el autor, ilustran la gran diferencia que hay entre los jóvenes que lograron acabar su bachillerato y los que no lo hicieron. Algunas de estas diferencias son las siguientes:
- Los jóvenes con título de bachiller tienden a tener empleos asalariados (en el sector privado o en el gobierno) y por lo tanto gozan de la protección del código laboral. Los que no lo tienen, tienden a trabajar por cuenta propia (independientes) o como trabajadores sin remuneración (probablemente como una forma de aprendizaje).Por ejemplo, según la encuesta de hogares del DANE, en 2019 más del 60% de los jóvenes bachilleres eran asalariado. En el caso de los trabajadores sin estudios de bachillerato, este porcentaje no llega a 50%. Para el grupo de 21 a 25 años que tiene título de bachillerato el porcentaje que trabaja como asalariado es de 68% mientras que si no lo tiene es de 48.7%. En el mismo año, en el grupo de 21 a 25 años, 42% de los que no han acabado el bachillerato son trabajadores por cuenta propia y sin remuneración, en comparación con apenas el 29% de los que sí lo completaron.
- Los jóvenes que acabaron sus estudios de bachillerato tienen remuneraciones 35% más altas que los que no finalizaron. Esta brecha aumenta con la edad de los trabajadores.
- Las tasas de participación laboral son mayores entre los jóvenes sin educación, sobre todo en las edades más tempranas. Esta brecha se reduce a medida que aumenta la edad de las personas. Las tasas de desempleo son más altas para lo que no acabaron bachillerato, pero las diferencias no son muy grandes.
La información anterior está basada en la Encuesta de Hogares del DANE del año 2019 y estimados para el año 2020. Sabemos que los problemas laborales se agravaron enormemente por la pandemia. Los jóvenes sin título de bachillerato sufrieron más que los que sí completaron sus estudios, pero las relaciones expuestas se mantienen.
El mal diagnóstico del gobierno
La conclusión de todo lo anterior es que los problemas educativos de los jóvenes son importantes, pero no se reducen a pagar las matrículas universitarias. Debido a la deserción durante la secundaria muchos no acaban su bachillerato y esto limita sus posibilidades de lograr empleos formales y su capacidad de producir ingresos. La pandemia agravó estos problemas y posiblemente va a aumentar la proporción de jóvenes que no completan el bachillerato.
Desafortunadamente, el gobierno no parece entender estas dimensiones del problema. Basado en un diagnóstico equivocado —o por lo menos incompleto— propone medidas que no son suficientes y que probablemente dejan por fuera a los grupos de jóvenes más necesitados. No responde a las necesidades de los que no ven un futuro.
El mensaje para los políticos en la campaña electoral que se aproxima es que la construcción de una política de empleo para los jóvenes no puede estar separada de una política educativa. Hacerlo es un error. En términos educativos, una prioridad tiene que ser garantizar que todos los jóvenes completen el bachillerato, por tarde, a la edad de 20 años. El empleo de calidad necesita este mínimo nivel de educación. Desafortunadamente, creo yo, este es un elemento que muchos posibles candidatos, todavía, no logran entender.
