Un repaso sereno a la controversia sobre el valor y los efectos económicos del reajuste que decretó el gobierno. Pero ya es tiempo de proponernos una política laboral de largo plazo que evite el rito de las irresolubles discusiones anuales.
Jaime Tenjo G.*
Juez y parte
Los colombianos estamos acostumbrados a que el mes de diciembre, además del descanso y los festejos, trae las discusiones sobre el salario mínimo y su posterior fijación por parte del gobierno nacional. Y el diciembre pasado no fue distinto.
Pero a diferencia de otros años, esta vez no solo no hubo acuerdo entre las partes sino que la Confederación General de Trabajadores de Colombia (CGT) anunció una demanda por inconstitucionalidad contra el Decreto 2552 que fijó un aumento del 7 por ciento al salario mínimo.
Hay que recordar que las discusiones sobre salario mínimo no se limitan a los aspectos económicos, sino que tienen muchos elementos de tipo político. Según la imagen que se presenta al público, se trata de una negociación entre empleadores y trabajadores donde el gobierno en cabeza del Ministerio del Trabajo actúa como mediador.
El gobierno no es un mediador imparcial sino el empleador más grande de Colombia.
Pero el gobierno no es un mediador imparcial sino el empleador más grande de Colombia y la fijación del salario mínimo afecta directamente los ajustes de la nómina gubernamental. Además, debido a que este salario ha convertido en un factor de “indexación” o corrección automática de muchas cosas (tarifas de servicios públicos, multas, etc.) estas decisiones afectan los ingresos del gobierno y de muchas entidades privadas.
El poder adquisitivo del salario
 El índice de precios de alimentos en 2015 tuvo una caída del 2,6% respecto al año 2014. Foto: Carlos Espejo |
Uno de los aspectos que más complicaron las negociaciones fue el aumento de la inflación, resultante tanto de la devaluación del peso, que encareció las importaciones, como del fenómeno de El Niño, que aumentó el precio de los productos agrícolas, en especial de los alimentos.
Según el DANE, la inflación en 2015 fue de 6,7 por ciento, mientras en los años anteriores se había mantenido en menos del 4 por ciento. Es decir, el aumento del salario mínimo que decretó el gobierno apenas compensó la pérdida de poder adquisitivo.
Con frecuencia se dice que la inflación medida por el índice de precios al consumidor (IPC) no es adecuada para reajustar el salario mínimo porque quienes lo ganan son personas de bajos ingresos en cuya canasta de consumo los alimentos tienen un peso mayor que en la del resto de los colombianos, y en el último año los alimentos se encarecieron más que los demás elementos de la canasta familiar.
Esto es completamente cierto. La gráfica siguiente compara las dos medidas de salario mínimo real (corregido -o “deflactado”- por el IPC y por el índice de alimentos):
Cálculos del autor a partir de información del DANE
Como se puede ver, entre 2009 y 2014 el salario mínimo real subió, pero subió menos si se usa el índice de precios de alimentos, y en el año 2015 tuvo una caída de aproximadamente 2,6 por ciento en comparación con 2014.
Los efectos del mínimo
Evaluar los impactos de un cambio en el salario mínimo es una tarea muy difícil porque son muchos los aspectos a tener en cuenta. Aquí aludiré a tres de ellos.
1. Trabajadores cobijados. Los más beneficiados por un reajuste del salario mínimo son por supuesto los trabajadores del sector formal con salarios bajos. Según cálculos del autor, esta masa de beneficiarios directos puede representar alrededor del 25 por ciento de los empleados del país.
Obviamente, quedan por fuera de este grupo los trabajadores por cuenta propia y la gran masa de informales (que en gran medida, pero no completamente, son el mismo grupo). Muy posiblemente los trabajadores que quedan por fuera del impacto directo del salario mínimo son en su mayoría bastante pobres.
Colombia no ha diseñado ni aplicado una política coherente de largo plazo en materia laboral.
2. Generación de empleo. Según suelen decir los empleadores -y el gobierno- los aumentos del salario mínimo desestimulan la creación de empleo.
Y sin lugar a dudas, como en cualquier mercado, un aumento en el precio (en este caso el salario) hace que disminuya la cantidad demandada (el empleo). Pero los pocos estudios conocidos al respecto indican que la demanda de trabajo no se ve muy afectada por el reajuste del salario mínimo, menos aún porque en Colombia son muchos los trabajadores que no reciben el aumento y cuando existe un alto grado de evasión de la ley laboral.
Los principales factores que determinan el volumen de empleo a corto plazo son los niveles generales de consumo e inversión. La expectativa para este año es un crecimiento económico menor que el de los últimos años, y esto seguramente tendrá un efecto negativo sobre la generación de empleo. Es muy posible que tengamos un aumento en la tasa de desempleo, pero esto tendrá muy poco que ver con las modificaciones del salario mínimo.
3. Crecimiento y equidad. Otro aspecto que hay que considerar son los efectos a largo plazo. Aunque no hay muchos estudios al respecto, ellos parecen indicar que los países que han adoptado estrategias adecuadas de salario mínimo (mantener o aumentar de manera mesurada el poder adquisitivo y elevar los niveles de productividad laboral) han logrado mejores resultados en la distribución del ingreso y la equidad.
El aumento de la productividad laboral no viene solo de las mejoras en la calidad de la oferta de trabajo sino de mejorías en terrenos como la composición de la demanda y la competitividad del sector productivo.
Una política laboral coherente
 Beneficiarios del programa “40 mil primeros empleos” del Ministerio del Trabajo. Foto: Ministerio del Trabajo |
Colombia no ha diseñado ni aplicado una política coherente de largo plazo en materia laboral, dentro de la cual el salario mínimo sea una herramienta importante, pero no única.
Al decir esto no desconozco los esfuerzos de entidades como el Ministerio de Educación, Planeación Nacional o el SENA, que han intentado mejorar el mercado laboral pero que por falta de herramientas adecuadas no han aplicado estrategias consistentes de largo plazo. Este vacío fue llenado por fin en 2011, con la creación del actual Ministerio del Trabajo y, especialmente, con la del Viceministerio de Empleo y Pensiones, encargado del diseño y ejecución de la política laboral.
Con todo y eso Colombia no ha logrado establecer directrices estratégicas en materia de mercado laboral, y seguimos empeñados en negociaciones anuales para fijar el salario mínimo que no necesariamente conducen a políticas laborales coherentes. Entre los temas que una política de salario mínimo de largo plazo debería considerar están:
- La diferencia entre el costo para los empleadores (incluyendo impuestos a la nómina y otros recargos) y el pago neto que reciben los trabajadores (teniendo en cuenta las deducciones que se les hacen).
Este desfase genera una curiosa situación, donde los empleadores se quejan porque los costos laborales son muy altos y los trabajadores porque sus ingresos son muy bajos. Detrás de esto hay decisiones del gobierno referentes a la financiación de servicios como la salud, cuya conveniencia es evidente, pero que distorsionan las percepciones de la población y, en el caso de los trabajadores, aumentan el costo de la formalización.
- La posibilidad de tener salarios mínimos diferenciales. Muchos países hacen esto para facilitar la contratación de grupos poblacionales especiales. En Colombia existía un salario diferencial entre el sector rural y el urbano, pero la Corte Suprema lo acabó con el argumento de que era inequitativo.
Pero al contrario: hay argumentos de equidad que justificarían dicha diferenciación, como la diferencia en el costo de vida entre las ciudades y las regiones. Además, hay argumentos de eficiencia en el sentido de si los salarios fueran más bajos podría generarse más empleo para sectores o grupos poblacionales donde hay la productividad es menor. Las formas de salarios diferenciales más comunes incluyen salarios menores para zonas rurales y ciudades con bajo costo de vida y para la población joven sin experiencia laboral.
De todas maneras, Colombia está en mora de plantear políticas laborales de largo plazo. En el pasado esto no se hizo quizás por falta de una institución especializada y porque las autoridades laborales se dedicaban solo a manejar las relaciones (conflictos) laborales. Con la creación del nuevo Ministerio del Trabajo sería posible comenzar a trabajar en estas estrategias de largo plazo.
Ya es hora de que comencemos a aprender de lo que se está haciendo en otras partes.
* Director del Departamento de Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
@jtenjo
