En Colombia el empleo no crece con la economía y las condiciones de los trabajadores no son las mejores. Estos son los puntos que deberá solucionar la nueva ministra de trabajo.
Jaime Tenjo G.*
Un problema técnico y social
Entre los problemas a los que el nuevo gobierno deberá hacer frente, los del desempleo y los mercados laborales están entre los más importantes. Estos temas son altamente contenciosos porque en ellos se cruzan elementos técnicos de eficiencia y crecimiento económico con aspectos de equidad y justicia social.
Ese es el campo donde más obvia es la interacción de lo económico y lo social. La nueva ministra, la doctora Gloria Inés Martínez, tendrá que balancear estos dos aspectos muy cuidadosamente.
Leyes con miopía
Tradicionalmente, la política laboral se ha caracterizado por la regla de que “lo urgente no deja tiempo para lo importante” y esto ha llevado a que se tomen muchas decisiones con visión de corto plazo y sin mayor análisis.
Un ejemplo de esto puede ser la Ley 789 de 2002, hecha en medio de la crisis de desempleo creada por la recesión de finales del siglo pasado, pero cuyos seguimientos posteriores muestran que se basaba en expectativas demasiado optimistas por parte del gobierno del momento.
El otro ejemplo típico de este cortoplacismo es la fijación de salarios mínimos cada diciembre, que no responde a estrategias y políticas laborales de largo plazo, sino a negociaciones que aspiran a responder a intereses coyunturales.
La nueva ministra ha dejado entrever en algunas entrevistas a los medios que está más preocupada con los aspectos de equidad del mercado laboral. Dentro de los elementos de política que quiere adelantar ha mencionado dos a los que parece darle especial importancia: uno es el relacionado con la definición de jornada nocturna y el otro con la abolición de los contratos de prestación de servicios.
Los dos puntos de la agenda
Sobre la definición del llamado trabajo nocturno, la ministra ha dicho que quiere volver a la situación que había antes de la Ley 789 (2002), cuando la jornada diurna iba de 6:00 am a 6:00 pm y la nocturna, que se debía pagar con un sobrecosto de 35 %, iba de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana.
La mencionada ley prolongó la jornada diurna hasta las diez de la noche con el argumento de que con las 16 horas diurnas las empresas podían montar dos turnos de producción y aumentar el empleo, lo que nunca se materializó[1].
Recientemente, la Ley 1846 de 2017 disminuyó la jornada diurna a quince horas (de las seis de la mañana a las nueve de la noche).
El principal argumento que se le ha oído a la ministra Martínez para volver a la situación anterior a 2002 parece ser el de recuperar un derecho que los trabajadores perdieron. Posiblemente hay otros motivos, pero en el poco tiempo que lleva de posesionada posiblemente no ha tenido tiempo aún de realizar un estudio más profundo.
Como la misma Martínez lo reconoce, su propuesta implica aumentar los costos laborales en 35 % entre las 6 y las 9 de la noche. Sin embargo, no es claro que esto beneficie a los trabajadores, ya que las condiciones económicas han cambiado mucho desde principios de siglo.
Los sectores del comercio, de restaurantes y de entretenimiento, entre otros, se convirtieron en creadores muy importantes de empleo y sus horas de más actividad son precisamente las que saldrían penalizadas con dicha medida. En el 2002 la Ley 789 no tuvo mayor efecto sobre el empleo, según parece, pero en 2022 (veinte años después) el efecto puede ser mayor y negativo, debido a cambios en las condiciones económicas.
El otro tema que la ministra ha mencionado es el de los contratos de prestación de servicios. Estos son modalidades de contratación que se han prestado para que el gobierno mantenga extensas nóminas paralelas y para que las empresas privadas eviten tener que pagar parafiscales.
Desde el aspecto práctico, estos contratistas operan de manera muy parecida a los asalariados (muchas veces tienen que cumplir horarios, a veces de más 8 horas, y realizan tareas regulares y misionales que en otras circunstancias harían los trabajadores permanentes), pero no tienen los beneficios del personal de planta. Deben pagar su seguridad social (sobre el 40% de sus ingresos), no tienen vacaciones, ni primas, ni cesantías.
Además, se ha vuelto costumbre que lo corto del plazo de estos contratos sea un factor de incertidumbre y una herramienta de presión por parte de algunos empleadores.
Martínez ha dicho que quiere acabar con dichos contratos, que ella considera –con toda razón— injustos e inequitativos.
[1] Ver por ejemplo el Boletín del Mercado de Trabajo y Seguridad Social No 6, del Observatorio del Mercado de Trabajo y Seguridad Social. Universidad Externado de Colombia. https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2017/01/boletin_6.pdf
Sin embargo, son muchos los trabajadores que operan bajo esta forma de contratación, especialmente en el gobierno. Según plataformas como Elempleo estos pueden llegar a ser 2,5 millones de personas y no es factible trasladarlas a la planta de las instituciones rápidamente. En el caso del gobierno esto puede exigir una reforma del servicio civil.
De esta manera, la propuesta que se hace es que en el corto plazo se mantenga esta forma de contratación, pero se mejore la situación de los trabajadores haciendo que las contribuciones para la seguridad social se paguen de la misma forma que se hace con los asalariados.
El empleador de una persona natural bajo esta modalidad pagaría el 12 % para pensiones y el 8,5 % para salud; por su parte, los trabajadores pagarían el 4 % y el 4,5 %, respectivamente.
Los pagos a pila los haría el empleador directamente y le descontaría al trabajador la parte correspondiente. La base de la liquidación seguiría siendo el 40 % del valor del contrato.
Esta reforma removería los incentivos para que algunos empleadores usen la prestación de servicios como una herramienta para evadir pagos de seguridad social y mejoraría la situación de los trabajadores, por lo menos parcialmente. Desde luego que esta sería una reforma transitoria, mientras se toman las medidas necesarias para convertir estos contratos en contratos laborales con plenos derechos.
Sin embargo, quedan muchos temas aún sobre los cuales no es claro qué piensa hacer la nueva ministra. Personalmente considero que el informe que La Misión Alternativa de Empleo produjo en el 2021 debe ser un mapa de ruta que el Ministerio esté considerando, dado que encaja muy bien con el programa general del actual gobierno.
La economía avanza pero no crea empleo
Un problema que no ha recibido suficiente atención es el de nuestra incapacidad de generación de empleo. Desde hace ya varios años nuestra economía avanza, pero no crea empleo. Esto nos convirtió en uno de los países con más alto desempleo en la región. Se trata de un problema arraigado, no coyuntural.
La llegada de la pandemia lo agravó seriamente, pero este viene desde antes. Una forma de ver esto es mirando la relación histórica entre las tasas de crecimiento del empleo y el pib.
Entre 2005 y 2015 por cada 1 % de crecimiento del pib el empleo crecía, en promedio, 0,6 %. Esto muestra una situación grave porque indica que el aparato productivo no era capaz de crear suficientes puestos de trabajo, o que la economía tendría que crecer muy rápido (por encima del 5 % anual) para que se logre una generación de empleo del 3% anual.
Lo más grave es que, a partir de 2015, dicha relación se deterioró de manera importante. Entre 2015 y 2018, para lograr el mismo crecimiento de 3 % en el empleo, la economía habría tenido que crecer a una tasa del 9 %, y en el 2019, todavía antes de la pandemia, el empleo disminuyó, aunque el pib creció en 3,2 %.
En lo corrido de este año el pib ha crecido en más de 10 % (según el dane), pero, a pesar de esta recuperación, la tasa de desempleo aún permanece en dos dígitos. Este alto crecimiento no ha creado mucho empleo, por lo que los viejos problemas comienzan a hacerse obvios de nuevo.
Es bastante probable que el modelo de crecimiento basado en exportación de materias primas y recursos naturales, con poco desarrollo de la industria y la agricultura, tiene mucho que ver con este problema. También se sostiene que los costos laborales son un factor importante.
Este es un tema abierto a discusión y en el actual gobierno parece que se está creando un espacio para ello. Hay que esperar para ver qué se propone.
Mientras tanto, el país tendrá que enfrentarse a decisión críticas, algunas de corto plazo, como la fijación del salario mínimo en diciembre, en un ambiente de alta inflación y serias restricciones macroeconómicas; y otras de más largo plazo, pero que posiblemente afectarán profundamente el aparato de seguridad social del país. El Ministerio del Trabajo debe muy pronto comenzar a concretar su plan de actividades para saber qué podemos esperar.
