Inicio TemasConflicto, Drogas y Paz ¿Cómo será la amnistía pactada con las FARC?

¿Cómo será la amnistía pactada con las FARC?

Escrito por Álvaro Villarraga

Firma de los Acuerdos entre las FARC-EP y el gobierno nacional.

Álvaro VillarragaEs una de las muchas medidas discutidas del Acuerdo, pero en Colombia se ha utilizado de manera repetida, y la amnistía para los integrantes de las FARC ha sido diseñada con especial cuidado. 

Álvaro Villarraga Sarmiento*

Pasar a las acciones

Una vez cumplida la revisión del Acuerdo que se hizo necesaria a raíz del plebiscito, se procedió por fin a suscribir su versión definitiva el pasado 26 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá.

Poco después el Congreso ratificó el texto final, con el voto favorable del 77 por ciento de los parlamentarios. De esta forma el 1 de diciembre pasó a ser el esperado día D es decir, el día del comienzo oficial de la “implementación integral” de este histórico acuerdo de paz.

La amnistía es un instrumento histórico del derecho internacional para resolver guerras y habilitar acuerdos de paz.

Dicha implementación implica el desarrollo simultáneo y progresivo de múltiples acciones políticas, militares, de seguridad, humanitarias, administrativas y legislativas. En lo inmediato se destacan:

  • Se retomó el cronograma y los compromisos establecidos para la concentración guerrillera en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), donde se dejarán las armas y se hará la preparación para el paso de los excombatientes a la vida legal.
  • Se instaló la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), así como el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), que entrarán a funcionar junto con el previamente instalado Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) integrado por representantes de la ONU, del gobierno y de las FARC.
  • Se debe presentar el paquete de más de cuarenta iniciativas legales previstas para el desarrollo del Acuerdo, la primera de las cuales será el proyecto de ley de amnistía para integrantes de las FARC.
  • Adicionalmente, avanzan los preparativos para que el presidente Santos expida un decreto de indulto, habilitado por la Ley 418 de 1997, para excarcelar un número significativo de integrantes de las FARC procesados o condenados por el delito de rebelión (cerca de 400 personas).          

Otros indultos y amnistías

Antiguos guerrilleros, miembros hoy de los acuerdos de paz
Desmovilización del paramilitar Freddy Rendón Herrera, excomandante del bloque Elmer Cardenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), alias ‘El Alemán’.

La amnistía es un instrumento histórico del derecho internacional para resolver guerras y habilitar acuerdos de paz que exoneren de responsabilidad jurídica a ciertos actores del conflicto. Desde 1977 el Segundo Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 estableció en su artículo 6 que “a la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado”.

En Colombia y en varias naciones muchos levantamientos armados se han resuelto durante siglos mediante la concesión de amnistías a los alzados en armas. Por ejemplo en Colombia fue usual el uso de este instrumento para poner fin a las guerras civiles de los siglos XIX y XX, y desde la década de 1970 hasta la actualidad todos los gobiernos han aplicado medidas de amnistía e indulto, con resultados diversos.

  • En 1982 el gobierno Betancur expidió la Ley 35 de amnistía a guerrilleros implicados en el delito político de rebelión y delitos conexos, pero excluyó del beneficio a responsables directos de graves delitos. Esta medida benefició a cerca de dos mil insurgentes, muchos de los cuales fueron excarcelados. No obstante, los pactos de tregua bilateral y paz suscritos en 1984 con las FARC, el EPL y el M19 no fueron cumplidos y estas guerrillas retornaron a las hostilidades entre 1985 y 1987.
  • En 1989 el gobierno Barco expidió la Ley 77 de amnistía e indulto que sirvió como marco legal para los sucesivos pactos de paz con el M19, el EPL y otras varias guerrillas regionales. En esta ocasión 5.500 excombatientes de la insurgencia pasaron a la vida legal. Esta amnistía también estableció exclusiones del beneficio para responsables directos de graves violaciones e integrantes de agrupaciones calificadas como “terroristas”.
  • El gobierno Gaviria expidió la Ley 104 de 1993 que concedió indulto, pero amplió las exclusiones no solo para las graves violaciones sino para ciertos delitos comunes asociados, como el secuestro. Esta nueva restricción fue motivo de controversia porque limitó las posibilidades de la amnistía e indulto para otras agrupaciones que suscribieron pactos de paz como la Corriente de Renovación Socialista (CRS) y las Milicias Populares de Medellín que suscribieron pactos de paz bajo la Ley 104. Gaviria también expidió en 1994 el Decreto 1385 de indulto individual a desertores de las guerrillas que no habían pactado la paz, de modo que hasta agosto de 2002 se acogieron a la legalidad otros más de dos mil excombatientes de la insurgencia.   
  • Por su parte, el gobierno de Uribe desconoció la diferencia entre las guerrillas y los paramilitares y equiparó su tratamiento legal mediante la Ley 782 de 2002. Después expidió los Decretos 128 y 2767 para reglamentar la desmovilización, desarme, reintegración y otorgamiento de indultos a quienes de manera individual o colectiva se acogieran a la ley.

Sin embargo, la Corte Constitucional y luego la Corte Suprema de Justicia invalidaron el reconocimiento del delito político y la aplicación del indulto a los paramilitares y exigieron el cambio del marco legal. A su vez, el Ministerio Público y organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso del indulto como una estrategia de guerra, un hecho agravado por las recompensas económicas autorizadas por esos decretos que estimularon frecuentes violaciones a los derechos humanos.

La amnistía para las FARC

Antiguos guerrilleros, miembros hoy de los acuerdos de paz
Los senadores Manuel Cepeda y Hernána Motta con antiguos guerrilleros, miembros hoy de los acuerdos de paz
Foto: Facebook Farc-EP

En lo referente a la amnistía, hay que destacar que al comienzo del proceso entre las FARC y el gobierno las dos partes sostenían posiciones totalmente contrarias e igualmente inviables, pero los consensos evolucionaron hasta llegar a una solución adecuada a los términos del derecho nacional e internacional vigente.

El presidente Santos declaró repetidamente que no habría amnistía y afirmó que esa figura no tenía vigencia en el derecho contemporáneo. Mientras tanto las FARC exigían una amnistía general para todos sus integrantes, insistiendo en que no permitirían sanciones penales ni encarcelación para sus miembros.

La amnistía es un instrumento histórico del derecho internacional para resolver guerras y habilitar acuerdos de paz.

No obstante, el Acuerdo Final incluyó la adopción de una ley de amnistía para los integrantes de las FARC implicados en el delito político de rebelión y en conductas conexas a tal delito. Pero quienes resulten implicados en graves violaciones habrán de responder por ellas de acuerdo con los términos establecidos por la Jurisdicción Especial de Paz, que incluye sanciones y penas alternativas.

Como se ve, el gobierno tuvo que aceptar la vigencia de las amnistías y su aplicación generalizada con la única excepción de los responsables directos de graves delitos reconocidos internacionalmente. Y las FARC tuvieron que aceptar que sus miembros estuvieran sometidos a amnistía o a sanción penal, según cada caso.

El Acuerdo Final incluye entre las competencias de la Jurisdicción Especial una serie de delitos que implican esas graves violaciones y excluye a sus responsables directos del beneficio de la amnistía. A su vez, hace viable la amnistía para el delito de rebelión y las conductas asociadas, pero la inscribe dentro de las obligaciones del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición.

En tal sentido, establece que la amnistía podrá otorgarse, pero “sin perjuicio” del deber del Estado de satisfacer el derecho de las víctimas a la reparación integral y de las obligaciones de reparación que se impongan “en cumplimiento de lo establecido en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”.

También aclara que la amnistía no afecta las acciones de extinción del dominio sobre bienes o recursos que tengan origen ilícito, ni anulará posibles acciones de indemnización de las víctimas que sancione la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

 

* Presidente de la Fundación Cultura Democrática, integrante del Centro de Memoria Histórica y catedrático universitario.

 

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