Álvaro Villarraga, autor en Razón Pública
Foto: Diálogos FARC

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El diálogo de paz con las disidencias de las FARC, y sus ulteriores resultados de negociación, dependen de la forma como estas agrupaciones se conciban.

Álvaro Villarraga Sarmiento*

El debate de en el contexto de la paz total

En el contexto de la Paz total promulgada por el gobierno de Petro, surge un debate sobre la validez y el sentido de las conversaciones y los acuerdos con las agrupaciones llamadas “disidentes” o agrupaciones post Farc.

Para el gobierno, no puede haber exclusión de ningún grupo partícipe del conflicto armado o de la delincuencia organizada que ejerza poder, control y formas de coerción en territorios contra la población.

Sin embargo, el Acuerdo Final de Paz (AFP) de 2016 establece que los guerrilleros que rechazaron o abandonaron el acuerdo tienen que ser tratados como delincuentes comunes.

No obstante, aunque el gobierno Petro se comprometió en aplicar cabalmente el AFP, esto no contradice la búsqueda de soluciones particulares de cada grupo armado ilegal que participa en el proceso.

En ese sentido, es importante aclarar si las actuales «disidencias» de las FARC son la prolongación de grupos guerrilleros insurgentes o si, en cambio, pertenecen a la delincuencia organizada relacionada con el narcotráfico para que el gobierno pueda actuar en consecuencia en ulteriores acuerdos de paz o de acogimiento a la justicia.

Las agrupaciones “disidentes” o post FARC

Las agrupaciones que pretenden continuar el alzamiento armado a nombre de las FARC-EP son grupos muy minoritarios y pueden dividirse en tres tipos:

  • El primero y mayoritario, se conformó bajo el mando de “Gentil Duarte” con integrantes del Frente Primero y en discrepancia con el AFP de 2016. Se ha expandido desde Caquetá, Meta y Guaviare hacia Casanare, Arauca, Huila, Cauca y Nariño, principalmente.
  • El segundo, con el nombre Segunda Marquetalia, es resultado de un rearme en 2019 liderado por Iván Márquez junto con otros excomandantes guerrilleros en reacción al “entrampamiento” de la Fiscalía y la DEA con el que se intentó capturarlos y extraditarlos a E.E. U.U. Sus jefes se han refugiado en Venezuela y ha tenido expansiones principalmente en Norte de Santander, Antioquia, Cauca y Nariño.
  • El tercer tipo lo conforman varios grupos regionales que permanecieron armados o se rearmaron desde exguerrilleros o exmilicianos de las anteriores FARC-EP, de forma que en la gran mayoría de los casos se han integrado a redes del narcotráfico. Están en el norte del Cauca, el Pacífico de Nariño y el bajo Putumayo, donde el Comando de la Frontera  se integró con el grupo mafioso La Constru, ligado al narcotráfico en la región.

Antecedentes de acuerdos de paz con guerrillas y «disidencias»

Si bien hay un nuevo contexto, existen experiencias históricas cercanas que tienen algunas similitudes y que pueden proveer una guía sobre el tratamiento de este tipo de agrupaciones:

  • Tras el acuerdo de paz con el M19 en 1990 surgió el pequeño grupo armado Jaime Bateman Cayón (JBC), liderado por dos anteriores mandos medios del M19, el cual actuó casi una década entre Cauca y Valle.

El gobierno Samper sostuvo diálogos entre 1996 y 1998 con el JBC que no prosperaron. Ante el rechazo a su presencia por parte de las comunidades indígenas, la presión militar de las FARC cuando se desplazaron a su zona de presencia histórica en la región y, finalmente, ante la presión militar del Ejército los mandos fueron capturados y el JBC se disolvió.

  • Tras el acuerdo de paz con el EPL en 1991, en trece de los dieciocho frentes se formaron pequeñas agrupaciones de combatientes que permanecieron en las armas.

De tales fracciones “disidentes”, o post EPL, las de Urabá y Córdoba fueron asimiladas por las AUC. La de Bolívar entró en diálogos con el gobierno Gaviria en 1994 y suscribió un acta o protocolo de adhesión al acuerdo de paz bajo el nombre de Frente Francisco Garnica.

La del Eje Cafetero mantuvo discurso insurgente por una década, pero sucumbió ante la presión del Ejército y sus pocos integrantes que quedaban se entregaron a las autoridades, de forma que quienes no tenían compromiso con graves violaciones se integraron al programa de reincorporación.

La del Putumayo debilitada en combates con el Ejército se disolvió en la Bota Caucana y la del Catatumbo aún existe.

Guerrillas o delincuencia organizada

El grupo mayor que lideró Gentil Duarte sucedido por el comandante “Iván Lozada” declara adoptar los estatutos y  el programa que tuvieron las FARC-EP antes del AFP.

Ha mantenido hostilidades contra el Ejército, ataques en los municipios y su infraestructura pública y ha sido señalado en casos de homicidios y de masacres contra pobladores. Su financiación ante todo depende del narcotráfico. Además, ha sostenido guerras locales con la Segunda Marquetalia en Cauca y Nariño y con el ELN en Arauca y zonas de Venezuela.

La Segunda Marquetalia tenía el núcleo de excomandantes de las anteriores FARC replegados en Venezuela pero, tras la muerte en confrontaciones de varios de ellos, tiene como mandos a “Zarco Aldinever” y “Walter Mendoza” que acatan a Iván Márquez que está en convalecencia. También depende del narcotráfico.

A la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH), deben promoverse acuerdos espaciales humanitarios con todas las partes en conflicto, lo que implica también con todos los “grupos armados organizados” (GAO) que actúen en el marco del conflicto.

El Consejo Nacional de Seguridad, con base interpretativa en el Protocolo II de 1977, reconoce como GAO a determinados grupos procedentes de la insurgencia o del paramilitarismo que cuentan con mando reconocido, control territorial y capacidad de realizar hostilidades bélicas.

En ese sentido, tanto las principales facciones de las “disidencias” de FARC, como la “disidencia” vigente del EPL, las AGC y oalgunos de los grupos del narco-paramilitarismo pueden caber en tal definición y son objeto de exigencias humanitarias. Otras estructuras o redes delincuenciales organizadas no.

De hecho, el actual delegado del CICR en Colombia, Lorenzo Caraffi, declara que los grupos herederos o residuales de las antiguas FARC EP, que no denomina disidencias, son agrupaciones distintas de la anterior guerrilla, pero que algunos de ellos se inscriben como partícipes del conflicto armado.

Foto: Twitter - Iván Mordisco reapareció para mostrar su voluntad de comenzar los diálogos.

Comienzo de diálogos exploratorios y posibilidades de cese al fuego

Recientemente, hubo una reunión entre el gobierno, a través del Comisionado de Paz, y el grupo post Farc que lidera Iván Lozada.

A partir de esa reunión, se emitió un comunicado que expresa la voluntad de preparar un cese bilateral del fuego y avanzar hacia un diálogo para una solución de paz definitiva.

En declaraciones de prensa, mandos de esta agrupación han expresado que consideran que el AFP puede ser la base para considerar por su parte el paso hacia la paz, pero agregando otros puntos como los relacionados con la Fuerza Pública, el efecto de las transnacionales y los beneficios para la juventud.

También han expresado resistencia a dejar las armas. Esto, por cuanto pretenden que se condicione a la ejecución efectiva de lo acordado. A su vez, muestran optimismo frente al carácter “alternativo” del nuevo gobierno que les da confianza en su disposición y capacidad de cumplimiento. Por último, manifestaron su deseo de que los diálogos se hagan en Colombia.

El comisionado de paz también ha informado que hay un “acercamiento indirecto con Iván Márquez”, en el que se expresó un acuerdo entre las partes para comenzar las conversaciones, “de forma que ha enviado mensajes y hay un grupo de ellos que directamente se acercan a este diálogo de exploración de las posibilidades de un diálogo hacia la paz”.

Esto indica que hay ambiente para el diálogo con estas dos agrupaciones post FARC que permita el cese de hostilidades, el compromiso con demandas humanitarias y la creación de una hoja de ruta y de una agenda de temas a considerar.

Aceptar el AFP

La experiencia con este tipo de agrupaciones residuales o rearmadas minoritarias de los acuerdos de paz con las guerrillas nos dice que las disidencias no representan a las guerrillas históricas, lo cual tiene efectos en el alcance de la negociación a abordar.

Es deseable que acepten la validez del AFP, lo cual podría ser posible por las declaraciones hechas por integrantes del grupo de Lozada y porque la Segunda Marquetalia no constituyó una ruptura programática ni política con el acuerdo, sino que se originó de la forma referida.

Caben opciones de agendas complementarias, de protocolos de adhesión y de tratamiento de asuntos del orden regional, social, comunitario y otros en sintonía con la importante agenda de reformas que el actual gobierno propone.

Ante las preocupaciones expresadas por Humberto De la Calle y otros negociadores de AFP que rechazan la negociación con Iván Márquez y la Segunda Marquetalia, hay que advertir que el gobierno Petro ha sido claro y resulta evidente que el AFP no está en negociación ni en revisión.

Conviene  entender la nueva realidad del contexto actual, la existencia de nuevos GAO procedentes de las antiguas FARC en el marco del conflicto, con quienes se deben encontrar soluciones humanitarias de forma urgente y soluciones de paz que culminen con su desmovilización y el paso de sus efectivos a la vida civil.

Del mismo modo, cuando se aclare la verdadera naturaleza insurgente de las agrupaciones, corresponde la aplicación de compromisos de acuerdos de paz, solución jurídica posible de amnistía e indulto, con exclusión del beneficio para los principales responsables de graves violaciones e infracciones.

Se habrá de estudiar la fórmula para que quienes acogidos al nuevo acuerdo de paz con tal particularidad deban responder por graves delitos en derechos humanos y derecho humanitario, en el sentido de considerar las opciones que al respecto pueda ofrecer el Sistema Integral de Justicia y Verdad y en especial la JEP, su experiencia, posibilidades, posibles reformas en respuesta a las nuevas necesidades y posibilidades.

En ese sentido, es claro que agrupaciones post FARC degradadas y asimiladas al narcotráfico y las redes de economías ilegales, tendrán el tratamiento previsto para este tipo de grupos. Esto implica aportar a la paz y superar la violencia mediante el marco legal de acogimiento a la justicia, con el cumplimiento de los términos que se definan de desarticulación, entrega de recursos u bienes, colaboración con la justicia, compromisos con los derechos de las víctimas y la sociedad, para que les puedan otorgar beneficios penales y de reintegración social.

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Álvaro Villarraga

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Álvaro Villarraga

*Directivo de la Fundación Cultura Democrática y catedrático universitario.

Foto: Elaboración propia - Otoniel pidió pista en la JEP.

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La disposición de alias ‘Otoniel’ a declarar ante la JEP y la Comisión de la Verdad encuentra resistencia del gobierno y de voces que reclaman su extradición inmediata a Estados Unidos. ¿Lograrán prioridad los derechos de las víctimas?

Álvaro Villarraga Sarmiento*

Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’

Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, era un campesino muy joven que se vinculó a las FARC y luego al EPL en Urabá a mediados de los 80.

Úsuga se desmovilizó en 1991, pero al año siguiente se vinculó a un grupo rearmado por exintegrantes del EPL en la misma región, es decir a una disidencia que después se dedicó a atacar a los excombatientes del EPL que se habían acogido al proceso de paz.

La disidencia del EPL en Urabá se entregó al Ejército en 1996 y sus integrantes fueron trasladados a Córdoba a una zona dominada por los Castaño, de manera que ‘Otoniel’ se vinculó a la Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU). Con la expansión nacional del paramilitarismo a nombre de las AUC, ‘Otoniel’ fue trasladado al inicio de los años 2000 a Casanare y Meta, integrándose al Bloque Centauros, bajo la jefatura de Diego Rendón, alias Don Mario.

Entre 2004 y 2006 se desmovilizaron las AUC, pero pronto ‘Otoniel’ resultó vinculado al grupo narco-paramilitar que se reorganizó entre el Atrato y Urabá, denominado entonces los Urabeños, nuevamente bajo el mando de Don Mario.

Se traslada a Los Llanos a actuar a nombre del grupo narco-paramilitar ERPAC. En el curso de los años 2010 fueron capturados o dados de baja Don Mario y otros jefes de los Urabeños, por lo cual ‘Otoniel’ pasó a ser su comandante principal.

En 2021 la fuerza pública y el gobierno anunciaron la captura de ‘Otoniel’ en Urabá, pero él ha declarado que se trató de una entrega voluntaria.

‘Otoniel’ y la JEP

‘Otoniel’ tiene numerosos procesos judiciales en la justicia ordinaria y una solicitud de extradición por la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Paralelamente, desde diciembre de 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP lo ha escuchado y tiene previstas otras audiencias para reunir información sobre  el macro caso 04 referente a Urabá y Atrato.

Además, ‘Otoniel’ presentó una solicitud para ser admitido como compareciente ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas con apoyo en su equipo de abogados, argumentó que en condición de “tercero civil” fue colaborador de las Fuerzas Militares y financiador y promotor de grupos paramilitares.

En la solicitud a la JEP afirma Úsuga que él quiere describir su “colaboración en acciones ilegales de graves violaciones de los derechos humanos por parte del Ejército colombiano y el DAS, así como la promoción, planeación, organización y financiación de grupos paramilitares sucesores de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre los años 2006 y 2008”.

Le recomendamos: La competencia de la JEP: ¿quién debe juzgar a los asesinos?

Las revelaciones de ‘Otoniel’

La interpretación de un artículo reciente artículo de El Espectador resulta confusa al no distinguir entre el histórico acuerdo de paz del EPL en 1991 —en el contexto de la Asamblea Nacional Constituyente— y el surgimiento de varias agrupaciones disidentes que no aceparon ese acuerdo. En una de las dichas agrupaciones disidentes estuvo ‘Otoniel’ en Urabá y es un primer escenario referido en el documento de solicitud de sometimiento. En este contexto, se produjeron en la región simultáneamente el exterminio contra la UP por el paramilitarismo y de Esperanza Paz y Libertad por ésta disidencia y por las FARC.

Un segundo escenario hace referencia a los primeros años 2000, cuando fue trasladado a zonas de Casanare y Meta, donde actuó como mando intermedio del Bloque Centauros de las AUC. En estos años, las AUC sostuvieron una cruenta guerra con otro grupo paramilitar en la región, las ACC, en alianza con el Ejército, a la vez que mantenía ataques sistemáticos contra pobladores de la región señalados de supuestos vínculos con las guerrillas.

También hace referencia expresa de querer esclarecer casos de “falsos positivos” en esta región coordinados entre militares y paramilitares, entre ellos el conocido caso de los campesinos Julio y Daniel Torres, padre e hijo.

Igualmente, el documento dice que ‘Otoniel’ habría tenido vínculos con mandos militares en esta región entre 2005 y 2007, periodo que se corresponde con la desmovilización parcial de las AUC.

Otro escenario transversal que se extiende desde los años 80 hasta la actualidad, es el de las revelaciones sobre políticos, ganaderos, empresarios y otros actores que participaron o contribuyeron en las alianzas con el paramilitarismo, en especial en estas regiones de Urabá y los Llanos Orientales.

A todo lo cual habría que añadir el escenario de la conformación o rearme de otros grupos narco-paramilitares como el llamado inicialmente los Urabeños, después autonombrado AGC y conocido como Clan del Golfo en la actualidad.

La actuación comprometida de estas estructuras con ciertos poderes tradicionales de élites y con mafias del narcotráfico también denota ataques y presiones contra líderes sociales y de poblaciones reclamantes de derechos, como es el caso del ataque contra los campesinos reclamantes de las tierras que les fueron despojadas. Además, esta alianza criminal incluía perpetrar asesinatos, secuestros, amenazas, atentados y el desplazamiento forzado de familias campesinas. En este punto dice ‘Otoniel’ que “Esa práctica contó con el apoyo de dirigentes políticos regionales de Casanare y Urabá, aliados del entonces presidente Uribe, así como de alcaldes, diputados y congresistas pertenecientes a la coalición de gobierno entre 2006 y 2008…”.

alias ‘Otoniel’ y la JEP
Foto: Twitter: Diego Molano - Las verdades pendientes de Otoniel.

Lea en Razón Pública: El narcotráfico después de Otoniel

Suspensión abrupta de una audiencia con la Comisión de la Verdad y su reclamo de garantías   

El gobierno nacional y algunos analistas han insistido en la más rápida extradición de ‘Otoniel’, sin valorar la importancia de garantizar su aporte efectivo a la verdad ante la justicia transicional.

Por otra parte, las organizaciones de víctimas, de derechos humanos y vertientes políticas partidarias del acuerdo de paz han defendido la sujeción prioritaria de ‘Otoniel’ a la justicia colombiana, tanto la regular como la JEP y al mecanismo extrajudicial de la Comisión de la Verdad.

En medio de esta tensión, la Comisión de la Verdad inició el 14 de febrero una audiencia de entrevista con Dairo Antonio Úsuga, ‘Otoniel’, en la sede de la Dijín, la cual fue suspendida abruptamente por la Policía Nacional, por presuntos motivos de “seguridad”.

El 18 de febrero fue asaltada la vivienda de un profesional investigador que asiste al comisionado Alejandro Valencia, encargado por la Comisión de la Verdad para realizar las entrevistas a ‘Otoniel’. El asalto fue obra de un grupo que actuó con el formato de las operaciones “técnicas especiales y secretas”, de la misma manera como se hicieron comunes contra ONG de derechos humanos en los años 2000. En la operación fueron sustraídas las grabadoras digitales, un celular y un computador que estaban en su vivienda.

El presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, se pronunció contra este tipo de presiones, dirigió una carta al presidente Duque solicitando garantías para la Comisión y solicitó apoyo de la ONU. Por su parte, Alejandro Valencia declaró ante la prensa que, además del robo de los equipos, se habían producido seguimientos, pero que la información estaba a salvo y bajo custodia por la Comisión de la Verdad.

El equipo de abogados de ‘Otoniel’ denunció la gravedad de estos hechos que “bloquean el avance de la construcción de la verdad sobre el conflicto armado además de la hostilidad por parte de los miembros de la fuerza pública”.

La Policía declaró que las medidas de seguridad debían ser muy estrictas al tratarse del “narcotraficante más buscado” y argumentó la existencia de un “posible plan de fuga” para liberarlo. Esta versión ha sido reiterada por el ministro de defensa Diego Molano.

El aporte a la verdad antes de la extradición

El editorial de El Espectador se sumó a la exigencia de garantías para la JEP y la Comisión de la Verdad y argumentó la importancia de dar prioridad al tratamiento judicial de las violaciones de los derechos humanos sobre el delito transnacional del narcotráfico.

Por su parte, la ONU instó al Estado a tomar medidas urgentes para proteger la actuación de la JEP y de la Comisión de la Verdad para el esclarecimiento de los hechos denunciados por la Comisión.

Sobre este debate es preciso recordar que la extradición de la mayoría de los exjefes paramilitares por el gobierno Uribe a los Estados Unidos por cargos de narcotráfico en 2008, cuando estaban recluidos y sometidos a la Ley 975 por violaciones masivas a los derechos humanos, produjo un cambio en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia a este respecto.  Por eso a partir de 2010 la Corte comenzó a negar las extradiciones de ex paramilitares comprometidos en violaciones graves y masivas violaciones de los derechos humanos.

Así lo hizo al negar la extradición de Edward Cobos, alias Diego Vecino, al estar implicado con masacres y desplazamientos forzados en Montes de María. Igualmente lo hizo al no autorizar la extradición de Diego Rendón, alias Don Mario. Además, negó la extradición de Freddy Rendón, alias El Alemán.

De esta manera la Corte dio prioridad al tratamiento en la justicia interna y sus formas transicionales de los crímenes de lesa humanidad y de guerra. En este cambio de jurisprudencia coincidieron en tales momentos los conceptos de la Procuraduría General de la Nación, de la Fiscalía General de la Nación y de numerosas voces de opinión interna e internacional.

En consecuencia, es de esperar que la Corte mantenga su jurisprudencia, favorable a la justicia en favor de las víctimas, del derecho a la verdad y de la consolidación de las condiciones para la paz.

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Álvaro Villarraga

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Álvaro Villarraga

*Directivo de la Fundación Cultura Democrática y catedrático universitario.

Foto: Radio Nacional de Colombia - La amnistía es una figura jurídica que otorga perdón judicial a quienes participaron en la guerra.

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Alvaro Villarraga Razón Pública

En su presentación ante la Comisión de la verdad, el expresidente Uribe propuso una “amnistía general”. ¿Qué hay detrás de la propuesta y qué podría ser factible?

Álvaro Villarraga Sarmiento*

La idea y las reacciones

El expresidente Álvaro Uribe participó con resistencia de una reunión con la Comisión de la Verdad y aprovechó la oportunidad para justificar sus actuaciones cuestionadas por muchos, negar la legitimidad del Acuerdo de la Habana y de las instituciones derivadas de él (incluyendo a la propia Comisión) y proponer una “amnistía general”.

El líder de la oposición, Gustavo Petro, apoyó la posibilidad de este tipo de propuesta, pero a condición de establecer compromisos con la verdad y los derechos de las víctimas. Uno de los líderes de la Coalición de la Esperanza, Juan Fernando Cristo, consideró que la discusión es válida, pero con compromisos como la “restitución de bienes despojados a víctimas y verdad, reconocimiento y arrepentimiento de victimarios. De todos”.

El senador Iván Cepeda declaró que los “crímenes contra la humanidad no son amnistiables y la verdad es una condición insoslayable”. Y el senador del Partido Comunes, Carlos Antonio Lozada, afirmó que esta propuesta: “evidencia(sic) que cada vez más el exsenador (Uribe) siente los pasos de la justicia… y por eso busca […]  garantizar la impunidad de él y sus copartidarios en la responsabilidad por crímenes gravísimos que se cometieron durante los ocho años en que él fue el comandante supremo de las fuerzas armadas”.

Por su parte, el padre Francisco De Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, dijo que “la propuesta… parece armonizante y coherente con una paz más grande en Colombia (…) En la que realmente encontremos salidas que no sean militares y violentas para que este país pueda caminar hacia la reconciliación de los colombianos”.

Tres consideraciones  

Para evaluar esta propuesta, me anticipo a resumir las tres grandes conclusiones del análisis jurídico e histórico que presento en este artículo, así:

  1. Las amnistías aplicadas por el Estado colombiano a las guerrillas y los instrumentos de sometimiento a la justicia a paramilitares y narcotraficantes, excluyeron a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. No fueron amnistías generales o incondicionales con las guerrillas y tuvieron limitaciones con actores armados de naturaleza no insurgente.
  2. Uribe aceptó amnistías e indultos limitados para los integrantes de las guerrillas en acuerdos de paz y desertores de ellas de forma individual, pero de forma equivocada ha pugnado en repetidas ocasiones por otorgar beneficios que rayan en la impunidad para los agentes estatales, paramilitares y actores sociales involucrados en graves violaciones de los derechos humanos. Esto causó rechazo político en el pasado y resultaba inviable jurídicamente.
  3. Las iniciativas hacia la consolidación de la paz y la ambientación de la reconciliación son válidas, pero para eso no es posible una “amnistía general” para los responsables de graves, masivas y sistemáticas violaciones, sino otros instrumentos de sometimiento que exijan reconocer los derechos de las víctimas.

Las amnistías ayudan a la paz  

La amnistía es una figura jurídica que otorga perdón judicial a quienes participaron en la guerra.

Para las guerras de carácter “no internacional”, el Protocolo II de Ginebra establece que “a la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto”.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), intérprete oficial de los instrumentos del derecho internacional humanitario, explica que “la amnistía es competencia de las autoridades. Se trata de un acto de poder legislativo que borra un hecho punible, detiene las diligencias y anula las condenas”.

Amnistías limitadas

Pero las amnistías en Colombia relacionadas con los procesos de paz con las guerrillas históricamente recientes, han excluido a los implicados en graves violaciones; en el marco del “conflicto armado interno” aún vigente en cierto grado:

El gobierno Betancur expidió la Ley 35/1982 que dio amnistía a 2000 integrantes de las guerrillas durante el proceso de paz con las FARC EP, el EPL y el M-19.

El gobierno Barco expidió la Ley 77/1989 que dio lugar a amnistías e indultos para más de 4000 excombatientes, tras la firma de la paz con el M-19, el EPL, el PRT, el MAQL y varias organizaciones milicianas de Medellín.

Lo mismo hizo el gobierno Gaviria con el Decreto 1384/1994 que otorgó indulto entre 1994 y 2002 a más de 2000 excombatientes desertores de guerrillas.

La Ley 1820/2016 benefició con amnistía a la mayoría de los más de 13 000 excombatientes de las FARC acogidos al acuerdo de paz. Las personas excluidas por cometer graves violaciones debían comparecer ante la JEP con la opción de penas alternativas bajo la condición de “verdad completa” y acciones de reparación a las víctimas.

Incluso el gobierno Uribe expidió el Decreto 128/2003 de “desmovilización individual” al que se acogieron más de 20.000 personas durante dos décadas. Sin embargo, la Procuraduría discutió este decreto porque exigía a los beneficiados colaborar “en acciones de desmantelamiento” de las organizaciones guerrilleras de las que provenían, algo que contraviene el derecho humanitario.

Uribe también expidió la Ley 1424/2010, que benefició con la libertad a la mayoría de los paramilitares desmovilizados con la misma exclusión de los casos anteriores, a condición de contribuir a la verdad y la reparación de las víctimas.

La Ley 975/2005, para las desmovilizaciones de las AUC, permitió el acogimiento a la justicia de más de 4 000 exparamilitares responsables de graves violaciones, una ley que les concedió beneficios penales condicionados a algunos compromisos con los derechos de las víctimas.

Durante el gobierno Santos, también se estableció la comparecencia ante la JEP de los miembros de la fuerza pública, con normas diferenciadas y proporcionales, que permiten penas alternativas condicionadas a la revelación de la verdad y la reparación de las víctimas.

Lamentablemente, el Congreso le quitó a la JEP la facultad de obligar a comparecer a los terceros responsables y la convirtió en un acto voluntario. Por eso son pocos quienes comparecen y lo hacen por conveniencia ante excepcionales actuaciones de la justicia ordinaria que les impondría penas más altas.Le recomendamos: Santos dice su verdad sobre los falsos positivos: ¿dijo poco o dijo mucho?

Qué hay detrás de la propuesta   

En su primer gobierno, Uribe tramitó dos proyectos de ley que no incluían penas efectivas para los paramilitares desmovilizados ni exigencias claras relativas a los derechos de las víctimas. Esto se solucionó gracias a los organismos internacionales, los debates de opositores políticos, las exigencias de las organizaciones de derechos humanos y la Sentencia 370/2006 de la Corte Constitucional.

En su segundo mandato expidió la Ley 1312/2009, que otorgó beneficios en condiciones de impunidad y favoreció a los paramilitares que no se acogieron a la Ley 975. Pero la Corte declaró esa nueva ley inconstitucional.

Como senador, Uribe promovió sin éxito tres proyectos de ley contra el marco jurídico del Acuerdo con las FARC:

  1. Otorgar libertad a militares implicados en graves violaciones al cumplir cinco años de prisión;
  2. Crear un tribunal para dichos militares en condiciones de impunidad;
  3. Debilitar la autonomía y las facultades de la JEP; proyecto presentado por Duque y derrotado en Senado y Cámara en 2019.

En la reunión con la Comisión de la Verdad el expresidente afirmó que se necesita “una amnistía general, […] borrón y cuenta nueva”, o habría un “desbalance” jurídico a favor de los exintegrantes de las FARC.

Pero eso no le bastó, pues también propuso beneficios penales amplios para los miembros de la fuerza pública, exparamilitares y sectores de la delincuencia común, sin aludir a los compromisos con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición por parte de los beneficiados.

Uribe afirma que la JEP debe acabarse y que los congresistas de las FARC deben perder sus curules y pagar pena de cárcel, pero aboga para que militares y paramilitares que aún tienen procesos pendientes tengan impunidad. También calla sobre la impunidad de los terceros, excluidos de la competencia de la JEP.

La inviabilidad de la amnistía general

Ante el predominio de la impunidad en Colombia, existen algunos desarrollos positivos en la Constitución de 1991, varias reformas penales y la contribución referida de amnistías, indultos y normas de sometimiento a la justicia.

El sistema previsto en La Habana contribuye a esclarecer la verdad, recuperar la justicia, reparar y garantizar la no repetición. Sería equivocado invalidar este avance con una “amnistía general” que implicaría un nuevo marco legal para los integrantes del conflicto. Esto choca con el derecho internacional de los derechos humanos después de entrar en vigencia el Estatuto de la Corte Penal Internacional en 2001, que prohibió amnistiar  a los responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.

Foto: Flickr - El expresidente aprovecho la oportunidad para justificar sus actuaciones, proponer una “amnistía general”.

Puede leer: La exigencia de las víctimas en Dabeiba

El gobierno Duque

El CICR reconoce que las amnistías favorecen la reconciliación. Existen dispositivos legales para que las agrupaciones disidentes se acojan a la legalidad y la justicia. Además, pueden desarrollarse nuevas iniciativas que garanticen los derechos humanos y la reparación de las víctimas.

Pero parece que el gobierno Duque será el único desde los 80 que no avanzará en el proceso de paz. Este gobierno tampoco tendría un proceso de sometimiento colectivo a la justicia en el marco del conflicto.

Queda pendiente entonces la búsqueda de un acuerdo con el ELN que implicaría una amnistía a sus integrantes, con excepción de los principales responsables de graves infracciones humanitarias, que podrían tener igualmente tratamiento con figuras transicionales.

En resumen, cuando el respaldo del uribismo tiende a debilitarse y Uribe es acosado por los procesos judiciales, la propuesta de beneficios penales generalizada puede favorecer el entorno de sus aliados y su propia situación. También llama la atención la respuesta de los diversos sectores de oposición, que aceptan su propuesta como posible insumo hacia la paz, pero rechazan la impunidad y la negación del Acuerdo de Paz y los derechos de las víctimas.

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Álvaro Villarraga

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Álvaro Villarraga

*Directivo de la Fundación Cultura Democrática y catedrático universitario.

Flickr La verdad que han ofrecido las FARC en el cumplimiento del acuerdo de paz, es necesaria para la reparación.

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Álvaro Villarraga Sarmiento

El reconocimiento de las FARC, un paso correcto en la vía de la reconciliación y la justicia. ¿Será que otros seguirán el ejemplo?

Álvaro Villarraga Sarmiento*

El reconocimiento

A principios de este mes, el Partido FARC reconoció su responsabilidad en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y de otros casos.

Algunos interpretaron ese reconocimiento como una expresión de su voluntad de acatar la justicia y ofrecer la verdad. Otros, incluido el presidente Duque, afirmaron desconfiar de ese reconocimiento y hasta llegaron a decir que los responsables debían salir del Congreso, de la política e ir a la cárcel, sin importar lo que establece el Acuerdo de La Habana.

Según el presidente, las FARC podrían estar encubriendo a otros actores: “que no se vaya a permitir que por una vía se trate de obstruir la verdadera responsabilidad que hay detrás de ese asesinato. Porque adjudicarse esos crímenes, cuando ya hay garantías de que nadie va a pagar cárcel, no deja de generar dudas”.

Duque se refiere a la hipótesis de los familiares de Gómez Hurtado, quienes afirman que el expresidente Samper y su exministro de Gobierno Serpa estarían detrás del asesinato. Por eso, tanto Samper como Serpa han dicho que son “víctimas de las calumnias de la familia de Álvaro Gómez (…) [y] del silencio de las FARC sobre su responsabilidad en este homicidio”. Además, han pedido que las FARC esclarezcan “los detalles de modo, tiempo y lugar” del asesinato.

Por su parte, Héctor Paul Flórez, quien fue condenado a cuarenta años de cárcel por el asesinato de Gómez –de los cuales pagó más de dieciocho–, reiteró su inocencia y dijo que recibía con optimismo las declaraciones de las FARC.

Por todo lo anterior, el reconocimiento de las FARC no solo es importante porque puede llevar a esclarecer la verdad sobre hechos relacionados con el conflicto armado, sino porque puede mostrar la arbitrariedad y el error de la justicia en casos similares.

¿Qué más implica el reconocimiento de este asesinato y qué otras consecuencias podría tener?

La difícil verdad

Para garantizar una transición adecuada hacia el postconflicto, el Acuerdo de Paz de La Habana incluyó varios pilares. Uno de ellos es la verdad: las partes deben reconocer los hechos de violencia que cometieron y contribuir a la reparación de las víctimas dentro de los mecanismos de justicia transicional convenidos.

En cualquier conflicto, lo usual es que un actor se niegue a reconocer su responsabilidad y que señale a otros. Las antiguas FARC EP fueron bastante reticentes a reconocer la verdad: en los diálogos del Caguán, los dirigentes contestaban con evasivas los reclamos de las víctimas o de los periodistas y señalaban siempre solo a la responsabilidad del Estado.

En las negociaciones con el gobierno Santos, hubo episodios similares. Recordemos, por ejemplo, que cuando le preguntaron a Jesús Santrich si iba a pedir perdón por lo que había hecho este contestó de forma irónica “quizás, quizás, quizás”.

A pesar de este tipo de tropiezos, la actitud de la guerrilla cambió progresivamente a lo largo del proceso de paz:

  • La mesa de negociaciones contó con la participación de varias delegaciones plurales de víctimas, que sensibilizaron a los negociadores con sus impactantes testimonios.
  • Al final de la negociación, los miembros de las FARC realizaron actos de reconocimiento de verdad con las víctimas de varios hechos, como las masacres de Bojayá y La Chinita, el secuestro de los diputados del Valle, y las acciones armadas en Granada, Antioquia y El Nogal, en Bogotá.

Estas acciones de verdad y perdón fueron más decididas que las del gobierno: por ejemplo, cuando el expresidente Santos hizo un reconocimiento a las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica (UP) no llegó a pedir perdón ni a reconocer claramente la responsabilidad del Estado.

Foto: Facebook: Rodrigo Londoño Las declaraciones de Rodrigo Londoño y del partido FARC afirman su disposición a actuar con iniciativa y coherencia con respecto a la verdad.

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Un paso correcto

Con la llegada de Duque a la presidencia, el desarrollo del Acuerdo del Colón empezó un momento mucho más difícil.

Aunque el presidente está obligado a llevar a cabo los acuerdos, él y su partido se resisten a hacerlo y se oponen públicamente a lo acordado. En 2017, el Congreso le quitó a la Justicia Especial para la Paz (JEP) la competencia para juzgar a terceros civiles responsables de graves violaciones de derechos humanos en el contexto del conflicto.

Bajos estas circunstancias, los reconocimientos de verdad por parte de las FARC se debilitaron e hicieron más raros en los últimos años. Aunque varios dirigentes de la antigua guerrilla han mantenido las expresiones de verdad y perdón, algunas voces se han resistido a mantener la misma actitud reconciliadora si el gobierno no demuestra su voluntad de cumplir el Acuerdo.

Por eso, el reconocimiento del asesinato de Álvaro Gómez no parece un hecho fortuito: se trata de una decisión política del partido de seguir diciendo la verdad, aunque el gobierno y otros actores del conflicto callen e incumplan su parte. En mi criterio, esta decisión contribuye a fortalecer el proceso de paz y le otorga al Partido FARC mayor legitimidad y credibilidad política y social.

Esta interpretación optimista adquiere más fuerza si se tiene en cuenta que esta misma semana, las FARC tuvieron otro gesto de perdón: ante la Asamblea de Antioquia, el exfeje guerrillero Pastor Alape pidió perdón por el secuestro y asesinato del exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y de su asesor de paz Gilberto Echeverri.

Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica Se requiere toda la verdad desde todos los actores diversos del conflicto, armados y no armados, con responsabilidades directas en graves violaciones.

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Que todos digan la verdad

Desde luego, estas acciones tienen un impacto judicial. Después de recibir la carta donde las FARC reconocen su responsabilidad en el asesinato de Gómez Hurtado, la JEP llamó a dos exjefes guerrilleros para que rindan su versión sobre los hechos.

Además, la JEP le solicitó a la Fiscalía remitir el expediente sobre el caso y dejó claro que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad es competente para estudiar los hechos, pues fueron cometidos en el marco del conflicto armado antes de la firma del Acuerdo de Paz.

En una visión más amplia, el reconocimiento sobre el asesinato de Gómez Hurtado puede aportar a la verdad en otros hechos. Actualmente, la JEP lleva dos macro casos contra las FARC:

  • Uno, sobre retenciones ilegales y secuestros;
  • Y otro, sobre reclutamiento y utilización de menores de edad en el conflicto.

Además, lleva otros casos regionales por conductas violatorias de los derechos humanos de distintos actores en Nariño, Urabá y Cauca-Valle del Cauca.

Incluso fuera del marco de estos casos, las FARC estuvieron involucradas en varios hechos contra civiles:

  • Atentados y homicidios contra personalidades públicas, por ejemplo, contra adversarios políticos regionales, como los miembros del Partido Liberal en Caquetá, del Partido Esperanza, Paz y Libertad en Urabá, contra indígenas en Cauca y contra otros en diferentes regiones;
  • Masacres contra la población civil como las de Urabá contra sindicalistas;
  • Y uso de terrorismo y de minas antipersonales sin las protecciones demandadas, entre otras relevantes.

Para llegar a saber la verdad de lo que sucedió en todos estos casos, se necesita que todos los actores, armados y no armados, reconozcan sus responsabilidades. El reconocimiento del asesinato de Gómez Hurtado es un signo positivo de que las FARC están tomando la iniciativa de hacerlo.

En lugar de amenazar a los miembros de las FARC por decir la verdad, el gobierno debería seguir el ejemplo y contar de forma integral su propia responsabilidad institucional e histórica en el conflicto. Así, los paramilitares, otras guerrillas, milicias, autodefensas y sectores de élite y poder deberían continuar y dar una versión completa y genuina sobre lo que ocurrió.

Como dijo Cristina de la Torre en El Espectador: “que honren la verdad todos los actores de la guerra: el ELN, la verdad de sus secuestros; los paras, la verdad de sus masacres; comandantes de brigadas del Ejército, la verdad sobre los ‘falsos positivos’. Y los empresarios que financiaron a paramilitares para lucrarse de la guerra, ¿qué dirán?”.

Esta exigencia para que todos los actores del conflicto cuenten la verdad podría ayudar a crear condiciones hacia la paz y una reconciliación genuina, en suma, a lo que ha pedido Álvaro Leyva: un movimiento nacional por la verdad.

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Álvaro Villarraga

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Álvaro Villarraga

*Directivo de la Fundación Cultura Democrática y catedrático universitario.

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Alvaro Villarraga Razón PúblicaUn recorrido detallado sobre el proceso que hace treinta años llevó a la desmovilización del M-19, y sobre cómo ese acontecimiento fue decisivo en el cambio de la vida política del país.

            Álvaro Villarraga Sarmiento* Continue reading «El M-19: guerrilla pionera en la paz»

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*Directivo de la Fundación Cultura Democrática y catedrático universitario.

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Alvaro Villarraga¿Por qué sucedió el rearme, qué diferencia a esta disidencia de las demás y cómo actuará el gobierno para combatirla?

Álvaro Villarraga Sarmiento*

Continue reading «¿Logrará Iván Márquez unir a las disidencias de las FARC?»

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*Directivo de la Fundación Cultura Democrática y catedrático universitario.

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Alvaro VillarragaLa captura de un soldado por parte de una disidencia de las FARC en Arauca ha revivido el temor de que se reorganice una nueva guerrilla y constituye un factor de violencia en distintas regiones. Pero, en realidad ¿cuántos son, qué tipo de acciones realizan y que se puede esperar del futuro de estas disidencias?

Álvaro Villarraga Sarmiento*

Continue reading «Disidencias de las FARC: riesgo para la paz y actores de violencia regional»

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Alvaro VillarragaHace casi 30 años esta guerrilla firmó la paz y se desmovilizó, pero aún una fracción disidente actúa en Catatumbo y reaparece en suroccidente. ¿Se repetirá esta experiencia con disidencias de las FARC?

                                               Álvaro Villarraga Sarmiento*

Continue reading «La disidencia del EPL: reducto armado que se resiste a desaparecer»

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Captura a miembros del Clan del Golfo.

Alvaro VillarragaEs un capítulo poco conocido y menos comprendido de nuestro muy complejo conflicto armado, que sin embargo recobra actualidad por el reciclaje de exguerrilleros como paramilitares o como simples delincuentes que amenazan la paz.  

Álvaro Villarraga Sarmiento*

Continue reading «La historia de las disidencias guerrilleras: una advertencia para la construcción de paz»

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*Directivo de la Fundación Cultura Democrática y catedrático universitario.

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