Tras el anuncio –y cumplimiento- de la tregua indefinida por parte de las FARC, se ha producido una especie de cese bilateral de las acciones ofensivas – así este sea precario y no oficializado-. ¿Cómo seguir avanzando y qué falta en el camino?
Álvaro Villarraga Sarmiento*
Falta mucho… pero ya hay grandes avances
Puede decirse que las conversaciones en La Habana han superado por lo menos la mitad de su camino. Sin embargo, se equivocan quienes afirman que el proceso está en la recta final. Esta apreciación produce falsas expectativas y acabará por frustrar a quienes esperan una salida muy pronta del conflicto.
Verdad que existen el acuerdo inicial y tres acuerdos temáticos (tierras, participación política y drogas ilícitas). Pero aún faltan otros tres acuerdos temáticos (víctimas y marco legal, fin del conflicto y formas de “refrendación, implementación y verificación”). Algunos de estos asuntos se abordarán este año, pero es probable que apenas en 2016 se proceda a la fase final o de “refrendación, implementación y verificación”.
Antes que un asunto cronológico, los diálogos entre el gobierno y las FARC son un proceso político acumulativo.
Es más: antes que un asunto cronológico, los diálogos entre el gobierno y las FARC son un proceso político acumulativo que hasta ahora ha logrado incluir la construcción de confianza, los acuerdos sucesivos, el respaldo internacional y el creciente apoyo interno, a la vez que ha debido sortear los escollos propios de las divergencias evidentes, los impactos del conflicto armado, las oposiciones y los sabotajes.
Al acuerdo inicial, que definió principios, agenda y metodología, le siguieron hechos como la creación de subcomisiones técnicas y la serie de foros, visitas e intercambios que permitieron la participación de diversos actores: el Congreso, los partidos, las víctimas, las mujeres, los LGBTI, expertos, organizaciones sociales y la comunidad internacional.
Distensión militar
Adicionalmente, se anticipó el tratamiento del “cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo”, parte del tema “fin del conflicto”, después del cese al fuego unilateral e indefinido que las FARC declararon el pasado 20 de diciembre, que está condicionado a que sus frentes o unidades no sean atacadas por tropas oficiales.
Esta situación ha dado lugar al inicio de un proceso de distensión militar que apunta a un cese bilateral al fuego, al menos en lo relativo a las acciones ofensivas, que debe ser abordado en este momento y no al final del proceso, como estaba previsto. Ahora, le corresponde al gobierno mantener una actitud prudente y evitar que se frustre este gesto unilateral que crea un ambiente político favorable a las conversaciones.
Asistimos así a un quiebre en la inercia del conflicto armado, porque ahora se revierte la tendencia a la intensificación de las hostilidades registrada en las fases de exploración y durante los dos años de negociación:
- Durante esas fases las FARC -aunque estratégicamente debilitadas y replegadas- buscaron mostrar su capacidad militar con intensas actuaciones en el suroccidente del país y en otras regiones.
- Simultáneamente, el gobierno mantuvo la ofensiva militar con la intención de no cesarla hasta el acuerdo final de paz. Con esto se mantenía consistente con su estrategia y podía acallar la infundada crítica del uribismo sobre un supuesto debilitamiento de la actuación contraguerrillera.
Según el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (CERAC) ha sido evidente el escalamiento de las hostilidades en los últimos años, y la tendencia se ha reafirmado después de cada una de las cuatro declaraciones de tregua unilateral temporal por parte de las FARC.
 El cese al fuego unilateral de las Farc está condicionado con un cese de ofensivas militares por parte de la Fuerza Pública. Foto: Facebook Delegación de Paz de las Farc-EP |
La posición del gobierno
Pero el actual cese unilateral e indefinido de las FARC exige que la Fuerza Pública se abstenga de emprender ofensivas militares contra las tropas, campamentos y zonas de reconocida presencia guerrillera. Hacerlo significaría romper la tregua, lo que implicaría un alto costo político nacional e internacional para el gobierno, y nos haría volver al ambiente de confrontación militar que le resta credibilidad y respaldo ciudadano al proceso.
Por esa razón tiende a configurarse una situación de cese bilateral de las acciones ofensivas, aunque esto no signifique el fin de las actuaciones militares.
A comienzos de este año el presidente Santos llamó a corregir la desconexión entre los diálogos de paz y la continuidad de la violencia en Colombia y, más recientemente, a comenzar la discusión sobre el cese bilateral y definitivo. Mientras tanto, las FARC mantienen el cese al fuego, aunque denuncian que los operativos militares en su contra pueden ocasionar la ruptura de esta frágil distensión militar.
La posición gubernamental sobre el cese bilateral ha variado, pero lo ha hecho sin un reconocimiento oficial de tal situación, tal vez debido a las presiones de la oposición uribista. De esta forma, podría consolidarse un cese bilateral pero sin reconocimiento formal de parte del gobierno. En este caso, y al igual que se ha dado en otros procesos de paz, pueden darse acuerdos en materia militar que no se hagan públicos o totalmente públicos.
El gobierno reconoce expresamente el desescalamiento militar en curso, aunque se abstiene de reconocer las implicaciones militares que este puede traer y pone el acento en hacer exigencias humanitarias a las FARC.
Los veedores
Tanto una tregua como el cese del fuego exigen supervisión o veeduría de actores idóneos, neutrales, independientes e imparciales. Las FARC solicitaron tal apoyo pero el gobierno lo negó alegando que esto estaba acordado para la etapa final de aplicación del conjunto de los acuerdos.
No obstante, el Frente Amplio por la Paz, ente propuesto por la guerrilla entre las opciones de veeduría, decidió hacerlo de manera autónoma, sin tener todos los recursos requeridos, aunque con el apoyo de organizaciones y redes sociales. Por su parte, la Defensoría del Pueblo, que ya realiza el monitoreo sobre riesgos para la población civil con su dispositivo de alertas tempranas, también anunció su actuación en este sentido.
En enero pasado, el Frente Amplio por la Paz, la Defensoría del Pueblo y el mismo presidente Santos declararon que las FARC habían cumplido el cese, lo que motivó el llamado presidencial a priorizar el tema del cese bilateral y definitivo.
 Quinta delegación de víctimas en su llegada a La Habana, Cuba. Foto:FARC-EPaz |
¿Viene el desescalamiento?
Los síntomas del desescalamiento militar se muestran por todas partes:
Tiende a configurarse una situación de cese bilateral de las acciones ofensivas, aunque esto no signifique el fin de las actuaciones militares.
- La referida situación de eventual cese bilateral de acciones ofensivas;
- La conformación del Comando de Transición de las Fuerzas Militares y del Comando de Normalización de las FARC, que concurren en la subcomisión técnica de “fin del conflicto” con la presencia de importantes mandos militares;
- El acuerdo entre las partes tras la liberación del general Alzate por parte de las FARC, el cual habilita a los países garantes, Noruega y Cuba, para obrar de inmediato como facilitadores;
- El dispositivo de la intermediación humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja y otras entidades.
Victimas y justicia transicional
Entre tanto, la mesa se apresta a abordar la discusión sobre víctimas, con el apoyo de los foros y de las reuniones del año pasado con algunos voceros en La Habana. Además existe una declaración de principios consensuada y los encuentros con víctimas permitieron su reconocimiento, estimularon su participación y pusieron sobre la mesa propuestas muy diversas.
Entre los asuntos ya convenidos sobresalen la prioridad de los derechos de las víctimas, el reconocimiento de responsabilidades, el compromiso de “no intercambio de impunidades” y el esclarecimiento de las graves, masivas y sistemáticas violaciones ocurridas.
Con relación a este asunto, también están los insumos de la Comisión Histórica y de Víctimas, así como una prevista comisión de la verdad que entregaría una narrativa consensuada sobre victimizaciones, sus motivos, los patrones de actuación y las responsabilidades, además de recomendaciones orientadas a la paz, la recuperación de la justicia y la reparación de las víctimas.
Queda pendiente el difícil acuerdo sobre el marco jurídico, el cual podrá conceder amnistías o indultos pero también establecer exclusiones de beneficios ante responsabilidades directas para los casos más graves, masivos y sistemáticos. También podrían adoptarse penas alternativas, medidas de reparación y compromisos de contribución a la memoria histórica y a las garantías de no repetición.
Tal acuerdo será un insumo decisivo para la ley estatutaria que debe aprobar el Congreso y sobre la cual ya existe una intensa polémica por la posibilidad de que ella incluya beneficios o tratamientos particulares para otros actores del conflicto, incluidas la Fuerza Pública y los agentes estatales, a quienes les cabe una responsabilidad jurídica mayor por tratarse del poder del Estado.
En resumen, los acuerdos conseguidos, la distensión militar, la disposición a compromisos humanitarios (como el declarado en forma parcial por las FARC sobre el no reclutamiento de menores) y el desarrollo de los temas de agenda pendientes ayudan a cimentar el respaldo ciudadano al proceso.
Sin embargo aún no se cuenta con un gran consenso nacional por la paz, el cual será necesario para conseguir el triunfo en el mecanismo de refrendación ciudadana que se adopte para validar los acuerdos de paz con las FARC y el ELN.
* Directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica
