Los retos del sistema de salud antes y después del terremoto

Se requieren respuestas articuladas y eficientes de un sistema de salud ya debilitado en el que la emergencia no da margen para esperar la estabilización del sistema. También es una oportunidad, tantas veces postergada, para construir un sistema de salud distinto.

Una crisis que venía de antes

En marzo de 2025, la Defensoría del Pueblo alertaba sobre el deterioro crítico del sistema de salud en Colombia. Según esta entidad, entre 2022 y 2024 las quejas por fallas en la prestación de servicios aumentaron 75,7%, concentradas especialmente en barreras para la atención médica, retrasos en la entrega de medicamentos e incumplimiento de tutelas y desacatos judiciales.

A través de las defensorías regionales se han documentado múltiples deficiencias en la prestación de servicios médicos en distintas zonas del país, con casos especialmente críticos en el sur de Bolívar, el sur de Córdoba, Sucre, Vichada, Santander, Caldas, Valle y Nariño.

Pese a las marcadas diferencias sobre el tipo de reforma que debe hacerse al sistema de salud —y a que las discusiones sobre el rumbo de este sector siguen notablemente marcadas por la polarización ideológica de la contienda presidencial—, existen algunos acuerdos sobre lo que resulta inaplazable para el sector. Algunos de estos puntos fueron señalados recientemente en un análisis del profesor Luis Jorge Hernández para Monitor de la Salud, en el que compara la propuesta de reforma presentada en su momento por el gobierno Petro con el documento “Visión Prospectiva del Sistema de Salud en Colombia”, formulado por la Academia Nacional de Medicina. El análisis muestra que, pese a los matices, existe cierto consenso sobre los males del sistema: la necesidad de reformar las EPS y terminar con la intermediación financiera con recursos públicos, tener un pagador único que gire de forma directa a los prestadores de servicios, el desarrollo de un modelo centrado en la Atención Primaria en Salud y la necesidad de pensar modelos diferenciados para zonas urbanas y rurales, el manejo de los recursos del sector. Como señala Hernández, “a pesar del acuerdo en la arquitectura básica de la reforma, las verdaderas diferencias radican en la gobernanza institucional, el abordaje del talento humano y los mecanismos de saneamiento financiero”.

Promesas de rescate y límites de la financiación

En su posesión, Abelardo De la Espriella anunció sus prioridades: seguridad, el rescate financiero del sistema de salud, y la política anticorrupción y de recorte del Estado. Propuso inyectar $10 billones —cuyo origen aún no está claro— al sistema durante los primeros noventa días de gobierno, recursos que estarían destinados a saldar deudas con los prestadores, ponerse al día con las nóminas atrasadas del personal de salud, ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y garantizar el acceso a medicamentos y tratamientos.

Si bien no hay duda de que todos estos puntos requieren atención, la experiencia también nos ha enseñado que la sola inyección de recursos no resuelve necesariamente la crisis estructural que el sistema arrastra desde hace más de una década y que se ha incrementado tras la pandemia. Durante el gobierno de Gustavo Petro, en particular, el conflicto sobre qué modelo de salud necesita el país —si debe ser el Estado o el mercado quien rija las decisiones del sector— y sobre cómo deben administrarse sus recursos se intensificó, y dejó a los usuarios de los servicios como los principales damnificados de esta disputa. Según una encuesta de la revista Cambio y el Centro Nacional de Consultoría realizada antes de las elecciones de 2026, el 36,2% de los colombianos consideraba que la salud debía ser la prioridad del próximo presidente. La crisis se ha manifestado en el deterioro financiero del sistema, las barreras de acceso a la atención, el desabastecimiento de medicamentos y el desequilibrio en la concentración de recursos entre los sectores público y privado. Según este análisis, la deuda de las seis EPS con mayor cartera creció cerca del 42% entre 2023 y 2025, lo que amplió la brecha entre lo facturado y lo pagado, con un fuerte impacto en la liquidez, la sostenibilidad y la capacidad operativa de los hospitales. Estos elementos se reflejan tanto en la valoración ciudadana de los servicios como en el lugar que la salud ha ocupado en la agenda pública reciente.

Lo que revelan los datos sobre el acceso

Algunos datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV) 2025 ayudan a comprender mejor este panorama. Un análisis publicado por Johnatan García, de Deciclon, muestra que entre 2023 y 2025 la búsqueda de atención en salud cayó en todos los niveles de ingreso, y de manera más pronunciada entre los hogares más pobres, lo que ha llevado a este grupo a una mayor automedicación. Como señala García, los hogares más pobres enfrentan un dilema cada vez más complejo: esperar a que su EPS resuelva la crisis o pagar de su bolsillo por atención en el sector privado, a costos mucho más altos.

Los datos muestran, además, los factores que más influyen en la valoración ciudadana del servicio de salud, con diferencias claras entre los regímenes. En el régimen subsidiado, los principales problemas identificados son la mala atención por parte del personal de salud, las marcadas demoras para acceder a la cita ya asignada y las condiciones deficientes del equipamiento en las IPS. En el régimen contributivo, en cambio, la insatisfacción se concentra en la demora en la asignación de citas médicas y en la entrega de medicamentos, y en la percepción de que el personal asistencial no cuenta con las capacidades o habilidades suficientes para prestar una atención adecuada.

El terremoto como punto de quiebre

En medio de este panorama ocurrió una de las tragedias naturales más catastróficas del siglo: el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto. Además de las pérdidas humanas y materiales, al menos trescientas instituciones prestadoras de servicios de salud resultaron afectadas, y municipios como El Cairo y El Águila, en el norte del Valle, vieron su infraestructura hospitalaria completamente destruida. A esto se suman los pacientes cuyos centros de salud dejaron de estar en condiciones de atenderlos, los tratamientos que no pueden interrumpirse —como diálisis, insulina y quimioterapias— y los sobrevivientes que, aunque físicamente a salvo, requieren atención en salud mental.

El reto es mayúsculo: se requieren respuestas articuladas y eficientes de un sistema de salud ya debilitado en el que la emergencia no da margen para esperar la estabilización del sistema. En este sentido, el decreto de estado de emergencia 1261, firmado por el presidente tras el sismo, identifica daños en las instalaciones de salud, dificultades para la atención extramural y afectaciones en los sistemas de captación, tratamiento y distribución de agua, así como en las redes de aguas residuales. El decreto contempla la atención hospitalaria, la habilitación de capacidad adicional y el traslado de pacientes entre departamentos, además de garantizar el suministro de energía eléctrica a hospitales, acueductos y otra infraestructura crítica. También prevé una respuesta humanitaria que incluye hospitales de campaña, albergues, centros de acopio y otros recursos logísticos, dado que la magnitud de las necesidades supera la capacidad actual de los territorios y de la Nación para garantizar servicios como la atención en salud.

Reconstruir también el sistema

Este hecho que nos enluta a todos y que una vez más nos recuerda la inmensa vulnerabilidad humana, no es solo un desafío de gobernanza y de capacidad institucional, también es una oportunidad, tantas veces postergada, para construir un sistema de salud distinto. La reconstrucción que viene no puede limitarse a reconstruir las infraestructuras destruidas. Tiene que ser la ocasión de garantizar, por fin, que tener acceso a servicios básicos de salud y salvar una vida no dependan de los ingresos del asegurado ni de la geografía donde le tocó nacer.

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