El diálogo de paz con las disidencias de las FARC, y sus ulteriores resultados de negociación, dependen de la forma como estas agrupaciones se conciban.
Álvaro Villarraga Sarmiento*
El debate de en el contexto de la paz total
En el contexto de la Paz total promulgada por el gobierno de Petro, surge un debate sobre la validez y el sentido de las conversaciones y los acuerdos con las agrupaciones llamadas “disidentes” o agrupaciones post Farc.
Para el gobierno, no puede haber exclusión de ningún grupo partícipe del conflicto armado o de la delincuencia organizada que ejerza poder, control y formas de coerción en territorios contra la población.
Sin embargo, el Acuerdo Final de Paz (AFP) de 2016 establece que los guerrilleros que rechazaron o abandonaron el acuerdo tienen que ser tratados como delincuentes comunes.
No obstante, aunque el gobierno Petro se comprometió en aplicar cabalmente el AFP, esto no contradice la búsqueda de soluciones particulares de cada grupo armado ilegal que participa en el proceso.
En ese sentido, es importante aclarar si las actuales «disidencias» de las FARC son la prolongación de grupos guerrilleros insurgentes o si, en cambio, pertenecen a la delincuencia organizada relacionada con el narcotráfico para que el gobierno pueda actuar en consecuencia en ulteriores acuerdos de paz o de acogimiento a la justicia.
Las agrupaciones “disidentes” o post FARC
Las agrupaciones que pretenden continuar el alzamiento armado a nombre de las FARC-EP son grupos muy minoritarios y pueden dividirse en tres tipos:
- El primero y mayoritario, se conformó bajo el mando de “Gentil Duarte” con integrantes del Frente Primero y en discrepancia con el AFP de 2016. Se ha expandido desde Caquetá, Meta y Guaviare hacia Casanare, Arauca, Huila, Cauca y Nariño, principalmente.
- El segundo, con el nombre Segunda Marquetalia, es resultado de un rearme en 2019 liderado por Iván Márquez junto con otros excomandantes guerrilleros en reacción al “entrampamiento” de la Fiscalía y la DEA con el que se intentó capturarlos y extraditarlos a E.E. U.U. Sus jefes se han refugiado en Venezuela y ha tenido expansiones principalmente en Norte de Santander, Antioquia, Cauca y Nariño.
- El tercer tipo lo conforman varios grupos regionales que permanecieron armados o se rearmaron desde exguerrilleros o exmilicianos de las anteriores FARC-EP, de forma que en la gran mayoría de los casos se han integrado a redes del narcotráfico. Están en el norte del Cauca, el Pacífico de Nariño y el bajo Putumayo, donde el Comando de la Frontera se integró con el grupo mafioso La Constru, ligado al narcotráfico en la región.
Antecedentes de acuerdos de paz con guerrillas y «disidencias»
Si bien hay un nuevo contexto, existen experiencias históricas cercanas que tienen algunas similitudes y que pueden proveer una guía sobre el tratamiento de este tipo de agrupaciones:
- Tras el acuerdo de paz con el M19 en 1990 surgió el pequeño grupo armado Jaime Bateman Cayón (JBC), liderado por dos anteriores mandos medios del M19, el cual actuó casi una década entre Cauca y Valle.
El gobierno Samper sostuvo diálogos entre 1996 y 1998 con el JBC que no prosperaron. Ante el rechazo a su presencia por parte de las comunidades indígenas, la presión militar de las FARC cuando se desplazaron a su zona de presencia histórica en la región y, finalmente, ante la presión militar del Ejército los mandos fueron capturados y el JBC se disolvió.
- Tras el acuerdo de paz con el EPL en 1991, en trece de los dieciocho frentes se formaron pequeñas agrupaciones de combatientes que permanecieron en las armas.
De tales fracciones “disidentes”, o post EPL, las de Urabá y Córdoba fueron asimiladas por las AUC. La de Bolívar entró en diálogos con el gobierno Gaviria en 1994 y suscribió un acta o protocolo de adhesión al acuerdo de paz bajo el nombre de Frente Francisco Garnica.
La del Eje Cafetero mantuvo discurso insurgente por una década, pero sucumbió ante la presión del Ejército y sus pocos integrantes que quedaban se entregaron a las autoridades, de forma que quienes no tenían compromiso con graves violaciones se integraron al programa de reincorporación.
La del Putumayo debilitada en combates con el Ejército se disolvió en la Bota Caucana y la del Catatumbo aún existe.
Guerrillas o delincuencia organizada
El grupo mayor que lideró Gentil Duarte sucedido por el comandante “Iván Lozada” declara adoptar los estatutos y el programa que tuvieron las FARC-EP antes del AFP.
Ha mantenido hostilidades contra el Ejército, ataques en los municipios y su infraestructura pública y ha sido señalado en casos de homicidios y de masacres contra pobladores. Su financiación ante todo depende del narcotráfico. Además, ha sostenido guerras locales con la Segunda Marquetalia en Cauca y Nariño y con el ELN en Arauca y zonas de Venezuela.
La Segunda Marquetalia tenía el núcleo de excomandantes de las anteriores FARC replegados en Venezuela pero, tras la muerte en confrontaciones de varios de ellos, tiene como mandos a “Zarco Aldinever” y “Walter Mendoza” que acatan a Iván Márquez que está en convalecencia. También depende del narcotráfico.
A la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH), deben promoverse acuerdos espaciales humanitarios con todas las partes en conflicto, lo que implica también con todos los “grupos armados organizados” (GAO) que actúen en el marco del conflicto.
El Consejo Nacional de Seguridad, con base interpretativa en el Protocolo II de 1977, reconoce como GAO a determinados grupos procedentes de la insurgencia o del paramilitarismo que cuentan con mando reconocido, control territorial y capacidad de realizar hostilidades bélicas.
En ese sentido, tanto las principales facciones de las “disidencias” de FARC, como la “disidencia” vigente del EPL, las AGC y oalgunos de los grupos del narco-paramilitarismo pueden caber en tal definición y son objeto de exigencias humanitarias. Otras estructuras o redes delincuenciales organizadas no.
De hecho, el actual delegado del CICR en Colombia, Lorenzo Caraffi, declara que los grupos herederos o residuales de las antiguas FARC EP, que no denomina disidencias, son agrupaciones distintas de la anterior guerrilla, pero que algunos de ellos se inscriben como partícipes del conflicto armado.
Comienzo de diálogos exploratorios y posibilidades de cese al fuego
Recientemente, hubo una reunión entre el gobierno, a través del Comisionado de Paz, y el grupo post Farc que lidera Iván Lozada.
A partir de esa reunión, se emitió un comunicado que expresa la voluntad de preparar un cese bilateral del fuego y avanzar hacia un diálogo para una solución de paz definitiva.
En declaraciones de prensa, mandos de esta agrupación han expresado que consideran que el AFP puede ser la base para considerar por su parte el paso hacia la paz, pero agregando otros puntos como los relacionados con la Fuerza Pública, el efecto de las transnacionales y los beneficios para la juventud.
También han expresado resistencia a dejar las armas. Esto, por cuanto pretenden que se condicione a la ejecución efectiva de lo acordado. A su vez, muestran optimismo frente al carácter “alternativo” del nuevo gobierno que les da confianza en su disposición y capacidad de cumplimiento. Por último, manifestaron su deseo de que los diálogos se hagan en Colombia.
El comisionado de paz también ha informado que hay un “acercamiento indirecto con Iván Márquez”, en el que se expresó un acuerdo entre las partes para comenzar las conversaciones, “de forma que ha enviado mensajes y hay un grupo de ellos que directamente se acercan a este diálogo de exploración de las posibilidades de un diálogo hacia la paz”.
Esto indica que hay ambiente para el diálogo con estas dos agrupaciones post FARC que permita el cese de hostilidades, el compromiso con demandas humanitarias y la creación de una hoja de ruta y de una agenda de temas a considerar.
Aceptar el AFP
La experiencia con este tipo de agrupaciones residuales o rearmadas minoritarias de los acuerdos de paz con las guerrillas nos dice que las disidencias no representan a las guerrillas históricas, lo cual tiene efectos en el alcance de la negociación a abordar.
Es deseable que acepten la validez del AFP, lo cual podría ser posible por las declaraciones hechas por integrantes del grupo de Lozada y porque la Segunda Marquetalia no constituyó una ruptura programática ni política con el acuerdo, sino que se originó de la forma referida.
Caben opciones de agendas complementarias, de protocolos de adhesión y de tratamiento de asuntos del orden regional, social, comunitario y otros en sintonía con la importante agenda de reformas que el actual gobierno propone.
Ante las preocupaciones expresadas por Humberto De la Calle y otros negociadores de AFP que rechazan la negociación con Iván Márquez y la Segunda Marquetalia, hay que advertir que el gobierno Petro ha sido claro y resulta evidente que el AFP no está en negociación ni en revisión.
Conviene entender la nueva realidad del contexto actual, la existencia de nuevos GAO procedentes de las antiguas FARC en el marco del conflicto, con quienes se deben encontrar soluciones humanitarias de forma urgente y soluciones de paz que culminen con su desmovilización y el paso de sus efectivos a la vida civil.
Del mismo modo, cuando se aclare la verdadera naturaleza insurgente de las agrupaciones, corresponde la aplicación de compromisos de acuerdos de paz, solución jurídica posible de amnistía e indulto, con exclusión del beneficio para los principales responsables de graves violaciones e infracciones.
Se habrá de estudiar la fórmula para que quienes acogidos al nuevo acuerdo de paz con tal particularidad deban responder por graves delitos en derechos humanos y derecho humanitario, en el sentido de considerar las opciones que al respecto pueda ofrecer el Sistema Integral de Justicia y Verdad y en especial la JEP, su experiencia, posibilidades, posibles reformas en respuesta a las nuevas necesidades y posibilidades.
En ese sentido, es claro que agrupaciones post FARC degradadas y asimiladas al narcotráfico y las redes de economías ilegales, tendrán el tratamiento previsto para este tipo de grupos. Esto implica aportar a la paz y superar la violencia mediante el marco legal de acogimiento a la justicia, con el cumplimiento de los términos que se definan de desarticulación, entrega de recursos u bienes, colaboración con la justicia, compromisos con los derechos de las víctimas y la sociedad, para que les puedan otorgar beneficios penales y de reintegración social.
