Un país atrapado en el bucle la guerra: balance de las tendencias de violencia en Colombia

El peso del informe de Indepaz se mide en la zozobra cotidiana de quienes habitan las geografías del abandono. Detrás de cada promedio hay historias de vida de líderes comunitarios silenciados, dramas humanos de familias despojadas de su tierra, y de menores a quienes el conflicto continúa arrebatándoles el derecho a crecer y vivir en paz.

El gobierno que recién comienza se encuentra ante un panorama complejo y lleno de matices en materia de tendencias de violencia y de protección de los firmantes de paz y de la población civil. El informe que al respecto presenta Indepaz dibuja el mapa de sombras de un país en el que muchas regiones continúan alejadas de la protección de las autoridades, y sus habitantes siguen atrapados bajo el control de diversos grupos armados.

Indepaz construyó su informe comparando las dinámicas que presentó la violencia contra la población civil a partir de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, suscrito el 26 de septiembre de 2016, y durante las administraciones de Iván Duque (2018-2022) y de Gustavo Petro. 

La persecución de las voces comunitarias

La violencia política, según cifras de Indepaz, alcanzó su punto más crítico durante el cuatrienio de Iván Duque, cuando se registraron 852 asesinatos de líderes sociales —un promedio de 213 por año—. Estas agresiones cedieron levemente en el período de Gustavo Petro: los asesinatos de líderes disminuyeron a 705 (una reducción del 17,3%), lo que representó un promedio anual de 176 víctimas.

Los líderes comunales (que representaron el 28,2% de las víctimas), indígenas (15,6% de las víctimas), comunitarios (13,6% de las víctimas) y políticos (12,1% de las víctimas), han sido los más golpeados por la violencia mortal.

El asesinato de líderes y lideresas sociales provoca daños que trascienden la pérdida de vidas. Detrás de cada homicidio hay un golpe directo a la organización de las comunidades, porque acallar las voces de denuncia, de organización o de control social amputa procesos colectivos que seguramente han tardado años en construirse y consolidarse. Al silenciar a estas personas, los grupos armados envían un mensaje intimidatorio que paraliza el tejido social: ejercer la libertad de opinión, la incidencia y la veeduría ciudadana constituye una actividad de altísimo riesgo.

La erosión de la confianza en la palabra empeñada

El informe reseña una forma de violencia que, en sus palabras, “debilita la confianza en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado”. Se trata de los homicidios de los firmantes de los acuerdos de paz. La violencia contra estas personas comenzó al año siguiente de la firma de dichos acuerdos. Desde entonces, según cifras de Indepaz, han asesinado a 522 firmantes. 

El 15% de estas muertes ocurrieron en los últimos meses del gobierno de Juan Manuel Santos (78 muertes). El 53% (277 muertes), durante el cuatrienio de Iván Duque. El 32% (167 muertes), durante el cuatrienio de Gustavo Petro. Indepaz valora que la disminución de los hechos violentos contra los firmantes de los acuerdos de paz durante este último período presidencial no obedece exclusivamente a mejoras en las condiciones de seguridad, sino también a cambios en la localización y la composición de los firmantes.

Indepaz hace énfasis en que la reducción de asesinatos entre los firmantes de los acuerdos de paz “no implica necesariamente que hayan desaparecido los factores de riesgo que enfrentan las personas firmantes”. El informe hace un análisis aún más desesperanzador: “…la reducción observada también coincide con una disminución progresiva del universo de firmantes en proceso de reincorporación”, consecuencia, entre otras causas, de fallecimientos, desplazamientos y alejamiento de procesos organizativos.

Indepaz atribuye los homicidios de firmantes de los acuerdos de paz a dinámicas relacionadas con disputas por el control territorial entre grupos armados, economías ilegales, la débil presencia institucional del Estado y la estigmatización de quienes ejercen liderazgos en actividades de reincorporación.

El asesinato de personas desmovilizadas o de suscriptores de alguna modalidad de acuerdos de paz no es un hecho nuevo. El informe no atribuye al Estado responsabilidad por la muerte de los firmantes de paz por acción, aquiescencia o determinación de sus agentes, como sí ha ocurrido en el pasado remoto y en el más reciente (recuérdense, por ejemplo, el asesinato de Guadalupe Salcedo en 1957 y el exterminio de los miembros del partido Unión Patriótica ocurrido entre 1987 y 1990). 

No obstante, esa acumulación de hechos hace sospechar un evidente desinterés del Estado por honrar las garantías asumidas en los procesos de paz. Ello socava la credibilidad de las instituciones y termina por minar el entramado democrático de la sociedad.

En todo caso, no se puede soslayar que la débil presencia del Estado en las regiones donde se instalaron o se concentraron los combatientes desmovilizados de las disueltas FARC-EP dificulta en extremo el cumplimiento de las obligaciones convencionales que tienen las autoridades de respetar y garantizar los derechos humanos de estas personas. Tal situación crea una combinación de factores que no solo perpetúa la violencia contra los firmantes, sino que además genera un clima de impunidad.

La debilidad institucional, la impunidad y la estigmatización constituyen una mezcla mortal para los firmantes de los acuerdos de paz. No se trata solamente de que el Estado haga más presencia con el Ejército y la Policía. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en el caso Cepeda vs. Colombia y en el caso Unión Patriótica vs. Colombia, al limitar la precaria acción estatal a la presencia de la fuerza pública sin garantías de justicia, violan la obligación reforzada de investigar y desarticular los discursos de estigmatización previos a los ataques.

El control social y territorial mediante las armas

Las masacres, esto es, “el homicidio intencional y simultáneo de tres o más personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), y en estado de indefensión, en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar”, tampoco son actos de barbarie desconocidos en Colombia y, como señala Indepaz, constituyen uno de los indicadores más representativos de la intensidad de la violencia contra la población civil.

Indepaz documenta que las masacres se redujeron entre 2016 y 2018, seguramente como resultado del proceso de paz, pero registraron un notable incremento durante los siguientes ocho años. Mientras en aquel lapso se registraron 96 masacres (equivalentes a un promedio de 36,9 por año), en el cuatrienio 2018-2022 se documentaron 317 (promedio de 79,3 por año) y en el cuatrienio 2022-2026 se registraron 359 (promedio de 89,8 por año).

La dinámica de las masacres señala, según el informe, que estas están asociadas a disputas entre actores armados por el predominio en corredores estratégicos de movilidad y por el control de actividades económicas ilegales. Últimamente, las masacres no ocurren predominantemente en ámbitos rurales. Cada vez son más frecuentes las masacres en áreas urbanas y suburbanas, que afectan de manera indiscriminada a la población. Estas características, destaca Indepaz, convierten las masacres en una forma extrema de control social.

El dramático fenómeno del desplazamiento forzado, que tampoco es desconocido para los colombianos, “continúa siendo una de las principales consecuencias humanitarias del conflicto armado en Colombia”, según Indepaz. En efecto, se trata de una violación de derechos que, bajo distintas modalidades y expresiones, ha modificado el paisaje territorial, social y humano de Colombia desde los tiempos recios de La Violencia.

El desplazamiento forzado no desapareció con la firma de los acuerdos de paz de 2016. De hecho, en 2025 registró un crecimiento crítico: de 41.045 casos en 2024, pasó a 107.079 al año siguiente. En general, durante los diez años de análisis que abarca el informe de Indepaz, se registraron 361.572 casos de desplazamiento. El 58% ocurrió durante la administración de Petro.

Indepaz analiza un fenómeno asociado al desplazamiento: el confinamiento de comunidades. Se trata, según la investigación, de dos estrategias complementarias que los actores armados emplean para dominar a la población y consolidar el control de los territorios en los que operan. Durante el primer semestre de 2026, 64.787 personas sufrieron confinamiento. 

El confinamiento es aquella situación en la cual la población permanece en su territorio, pero bajo severas restricciones de movilidad y circulación como consecuencia de prohibiciones ordenadas por los actores armados, presencia de minas antipersona y combates.

La trágica vulnerabilidad de los menores frente al fuego cruzado

La protección integral de los menores en el conflicto armado es una deuda pendiente del Estado colombiano. Indepaz documentó 578 casos de reclutamiento de menores (niños, niñas y adolescentes) en 2024, 410 en 2025 y 51 entre enero y mayo de 2025. Estas cifras no reflejan la realidad de esta grave infracción del DIH y apenas ofrecen datos de referencia para analizar el fenómeno. Como señala la organización investigadora, cuantificar el reclutamiento de menores constituye una de las dimensiones más difíciles de medir en el conflicto armado y, por ello, existe un notable subregistro de casos. 

El informe no lo menciona, pero resulta evidente que el Estado no actúa con la debida diligencia para prevenir el reclutamiento de menores. Peor aún, no se aplica el principio humanitario de distinción cuando se producen hostilidades contra los combatientes. Así lo demuestran los bombardeos que han causado las muertes de decenas de menores. 

El desafío ético de la protección

Más allá de la frialdad de las estadísticas, el verdadero peso del informe de Indepaz se mide en la zozobra cotidiana de quienes habitan las geografías del abandono. Detrás de cada promedio que sube o baja no hay simples oscilaciones numéricas. Hay historias de vida de líderes comunitarios silenciados. Dramas humanos de familias despojadas de su tierra y de menores a quienes las dinámicas del conflicto continúan arrebatándoles el derecho a crecer y vivir en paz. La persistencia de esta barbarie recuerda que la paz no se firma en un papel ni se agota en la voluntad de un gobierno. Se construye, ante todo, en el compromiso ético de exigir dignidad y justicia para las víctimas, que trasciende cualquier ideología.

Le recomendamos: Seguridad y política criminal en el gobierno de De la Espriella