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Alto al fuego, cese de hostilidades y verificación internacional

Escrito por Álvaro Villarraga
Alvaro Villarraga

Álvaro VillarragaExplicación precisa de dónde estamos, qué necesitamos y que podemos esperar – o no esperar- de la comunidad internacional para llegar por fin al final del conflicto.

Álvaro Villarraga Sarmiento*

 

 

El Presidente Santos, y el jefe negociador del Gobierno Nacional en los diálogos de paz Humberto de la Calle.

Ideas contrapuestas

El presidente Santos y el comandante de las FARC anunciaron la posibilidad de conseguir el cese al fuego bilateral antes de fin de año, pero sus posiciones  difieren sustancialmente:

  • El Gobierno aspira a que se agilice la negociación y  haya un acuerdo sobre el último punto de la agenda- “Fin del Conflicto”- para llegar al cese biliteral y definitivo y poderlo aplicar antes de la firma del acuerdo final. Por esta razón el gobierno plantea tres exigencias: (1) concentración geográfica de la guerrilla, (2) metodología para su dejación de armas y (3) verificación y monitoreo internacional.
  • Por su parte las FARC proponen que antes de concluir las negociaciones, el gobierno declare el cese al fuego en reciprocidad con el que ellas declararon y han cumplido hasta ahora. Así entraríamos en una situación de cese bilateral, sin los riesgos derivados de los operativos que el Ejército ha seguido adelantando contra  esa guerrilla, y de modo que el cese bilateral se mantenga hasta el acuerdo final, cuando tendría lugar el fin de las hostilidades.

Ante esa discrepancia es necesario moderar las expectativas. Aunque es probable que el gobierno adopte algunas medidas de “des-escalamiento” en reciprocidad con el cese que han mantenido las FARC, un cese al fuego de las tropas oficiales es improbable debido al costo político que le implicaría al gobierno.

Los bombardeos, un ejemplo al punto

Representantes de los países garantes de los Diálogos de Paz en La Habana, Cuba.
Representantes de los países garantes de los Diálogos de Paz en La Habana, Cuba.
Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica

La intención del gobierno es entonces llegar pronto al acuerdo sobre el último punto  de la agenda, lo cual sería difícil en lo que resta de este año. Las FARC son conscientes del altísimo costo político que tendría romper su cese al fuego, pero denuncian que los ataques de tropas oficiales en Guaviare, Antioquia y Putumayo – con un saldo de varios guerrilleros y soldados muertos- constituyen un riesgo para la sostenibilidad de esta medida, y así lo han hecho saber tanto a los garantes y acompañantes internacionales como a la comisión de congresistas que los visitó en La Habana.

Las FARC afirman que hubo bombardeos aéreos del gobierno en Putumayo, lo cual sería una violación del compromiso del presidente Santos, pero el ministro de Defensa negó que hubieran ocurrido y reiteró que los operativos contra las FARC se han mantenido precisamente con excepción de los bombardeos aéreos, que siguen suspendidos.  

Ante esa discrepancia es necesario moderar las expectativas.

Este es el tipo de situaciones que ponen de presente la fragilidad de la situación y la necesidad de contar con mecanismos de verificación, cuando menos en cuanto al  cumplimiento de las promesas unilaterales para des-escalar la confrontación militar.

Dos avances internos

Los aportes en materia de observación y monitoreo que pueden brindar entidades civiles como el Frente Amplio por la Paz, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) y otras varias ONG con sus informes, resultan limitados y carecen de un estatus reconocido- lo cual no implica por supuesto desconocer sus méritos-.

Mientras tanto, e independientemente de las declaraciones de alto al fuego o de las operaciones militares, la Subcomisión sobre Fin del Conflicto integrada por voceros del gobierno y las FARC avanza en acordar los compromisos recíprocos para llegar al cese bilateral y definitivo del conjunto de las hostilidades, con acompañamiento directo de la ONU y de UNASUR. Y este hecho sugiere que es posible adoptar un sistema de verificación y monitoreo con el concurso de al menos estos dos entes intergubernamentales, lo cual le daría especial garantía y posibilidad al desarrollo de los compromisos pactados al respecto.

La ONU

La Carta de Naciones Unidas regula las “operaciones de mantenimiento de la paz” en sus capítulos VI (“arreglo pacífico de controversias”) y VII (“uso de la fuerza ante amenazas para la paz y la seguridad”). Estas consisten en el envío de misiones con personal militar, policial o civil a determinado territorio, país o países, bajo un mandato definido para cada operación. Las operaciones se rigen por cinco principios:

  • Deben ser ordenadas por el Consejo de Seguridad y controladas por el Secretario General;
  • Requieren el consentimiento de las partes en conflicto;
  • Son imparciales, no pueden tomar parte en el conflicto;
  • Los Estados miembros de la ONU les proporcionan personal y equipamiento de manera voluntaria, y
  • La fuerza armada, si se incluye, sólo puede utilizarse en legítima defensa.

En consecuencia, desde los años 90 la ONU ha llevado a cabo tres tipos de “operaciones de paz”:

  1. “Operaciones de mantenimiento de la paz”, orientadas a preservar la paz en contextos de tensión. Es el caso de países en guerra que consiguen acuerdos de paz y necesitan vigilar su implementación. Estas operaciones requieren el consentimiento de las partes y podrían utilizar fuerza militar, pero solo en defensa propia.
  2. “Operaciones de establecimiento de la paz”, con el propósito de conseguir que las partes enfrentadas consigan un acuerdo de paz.
  3. “Operaciones de imposición de la paz”, que no requieren consentimiento del Estado donde se actúa y consideran el uso de la fuerza para imponer un mandato del Consejo de Seguridad.

Hoy por hoy el gobierno de Colombia adelanta gestiones ante el Consejo de Seguridad de la ONU y antes los países con asiento permanente en el Consejo para obtener el mandato de una operación de paz en nuestro territorio.

Una vez alcanzados los acuerdos entre el gobierno y las FARC (y quizás el ELN), se trataría de un mandato para una misión de “operación de mantenimiento de la paz”, cuyas funciones y alcance estarían por definir con el concurso de las partes involucradas en estos pactos de paz. Pero en principio cabría pensar en que

  • La misión estuviera formada por civiles y por expertos militares en condición de civiles, pero no por contingentes militares ni policiales.
  • Su mandato se refiriera al cese bilateral de las hostilidades, al seguimiento y monitoreo de lo acordado, con presencia directa en las regiones colombianas que han sido teatro de guerra.
  • También sería deseable que el mandato de seguimiento, acompañamiento y monitoreo se extienda al conjunto de los acuerdos de paz que sean pactados.
  • Y como es habitual, esta misión de la ONU se acompañaría de otros actores de la comunidad internacional y de actores internos, de forma que habría acciones compartidas o complementarias y en todo caso coordinadas, en el marco de los dispositivos previstos por las partes. 
  • La participación de diversos organismos intergubernamentales en misiones por la paz y en misiones humanitarias a instancias de la ONU u otros entes de carácter regional es una práctica creciente en la comunidad internacional. Estos organismos tienen fortalezas como la cercanía e interacción el país, incluyendo temas fronterizos y de impacto regional.

Otras instancias internacionales

El Presidente Santos, y el jefe negociador del Gobierno Nacional en los diálogos de paz Humberto de la Calle.

El Presidente Santos reunido de miembros de la Fuerza Pública.
Foto: Presidencia de la República

Pero además existen las posibilidades de la OEA, dados el papel y la  importancia de la Comisión y de la Corte Interamericanas de Derechos Humanos; su acompañamiento y sus informes sobre procesos electorales; además de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP-OEA)  con su mandato de verificación del proceso de desarme, desmovilización y reinserción de los paramilitares.

También podríamos contar con los servicios del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), de larga y positiva trayectoria en las gestiones humanitarias a raíz del conflicto colombiano.

En todo caso, las acciones de acompañamiento, verificación y monitoreo por parte de entidades internacionales o nacionales, son necesarias para garantizar el cumplimiento de los acuerdos, sin menoscabo del carácter soberano y autónomo de las soluciones que han sido concertadas.

Un papel delimitado

Por eso mismo aunque contemos con el concurso internacional desde esta fase de negociaciones (esto es, con los países garantes, los países acompañantes, los delegados especiales de países, y ahora con la ONU y UNASUR) otras actividades de estos países u organismos en Colombia solo tendrían posibilidad y de sentido a partir de los acuerdos de paz.

Se equivocan quienes piensan que el progreso depende de concesiones unilaterales de las guerrillas

Y de otra parte se entiende que para consolidar tales acuerdos, el gobierno tendría que coordinarse con las demás ramas del poder público y permitir la participación de la sociedad civil y sus diversas expresiones organizadas (es lo que manda la Ley 434 de 1998).

Es claro que las acciones de verificación y monitoreo tienen sentido en la medida que los  acuerdos mismos vayan formalizándose y consolidándose. Se equivocan por eso quienes piensan que el progreso depende de concesiones unilaterales de las guerrillas, o que  la comunidad internacional ha establecido fórmulas únicas, o que a esta comunidad debería  corresponder la superación de nuestras discrepancias acerca de la paz y su alcances, o de las  resistencias y actos de sabotaje en su contra, o aún del riesgo de disidencias armadas.

Pero el concurso de la comunidad internacional en su papel de verificación será de gran importancia, tanto en la fase de transición como al desarrollar y ejecutar el conjunto de los acuerdos, en especial los incluidos bajo el Fin del Conflicto, y entre ellos:

  • Las garantías para el tránsito de la insurgencia a proyectos políticos en la legalidad y la reincorporación de los excombatientes a la vida civil.
  • Las garantías a los sectores sociales y poblacionales de las zonas afectadas por el conflicto armado.
  • Los compromisos de superación efectiva de las expresiones del fenómeno paramilitar.
  • El cese definitivo de las hostilidades por las partes, repliegue de tropas oficiales y formas de especificación territorial y temporal para la dejación de armas de las guerrillas.
  • Las garantías plenas en derechos humanos y la atención a las víctimas y sus derechos.
  • La protección especial para los sectores que han sufrido mayor persecución como los opositores políticos de izquierda, defensores de derechos humanos y movimientos que  reclaman derechos desde el ámbito popular.

 

* Directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica, catedrático e integrante de la Fundación Cultura Democrática  (FUCUDE).

 

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