La disposición de alias ‘Otoniel’ a declarar ante la JEP y la Comisión de la Verdad encuentra resistencia del gobierno y de voces que reclaman su extradición inmediata a Estados Unidos. ¿Lograrán prioridad los derechos de las víctimas?
Álvaro Villarraga Sarmiento*
Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’
Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, era un campesino muy joven que se vinculó a las FARC y luego al EPL en Urabá a mediados de los 80.
Úsuga se desmovilizó en 1991, pero al año siguiente se vinculó a un grupo rearmado por exintegrantes del EPL en la misma región, es decir a una disidencia que después se dedicó a atacar a los excombatientes del EPL que se habían acogido al proceso de paz.
La disidencia del EPL en Urabá se entregó al Ejército en 1996 y sus integrantes fueron trasladados a Córdoba a una zona dominada por los Castaño, de manera que ‘Otoniel’ se vinculó a la Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU). Con la expansión nacional del paramilitarismo a nombre de las AUC, ‘Otoniel’ fue trasladado al inicio de los años 2000 a Casanare y Meta, integrándose al Bloque Centauros, bajo la jefatura de Diego Rendón, alias Don Mario.
Entre 2004 y 2006 se desmovilizaron las AUC, pero pronto ‘Otoniel’ resultó vinculado al grupo narco-paramilitar que se reorganizó entre el Atrato y Urabá, denominado entonces los Urabeños, nuevamente bajo el mando de Don Mario.
Se traslada a Los Llanos a actuar a nombre del grupo narco-paramilitar ERPAC. En el curso de los años 2010 fueron capturados o dados de baja Don Mario y otros jefes de los Urabeños, por lo cual ‘Otoniel’ pasó a ser su comandante principal.
En 2021 la fuerza pública y el gobierno anunciaron la captura de ‘Otoniel’ en Urabá, pero él ha declarado que se trató de una entrega voluntaria.
‘Otoniel’ y la JEP
‘Otoniel’ tiene numerosos procesos judiciales en la justicia ordinaria y una solicitud de extradición por la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
Paralelamente, desde diciembre de 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP lo ha escuchado y tiene previstas otras audiencias para reunir información sobre el macro caso 04 referente a Urabá y Atrato.
Además, ‘Otoniel’ presentó una solicitud para ser admitido como compareciente ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas con apoyo en su equipo de abogados, argumentó que en condición de “tercero civil” fue colaborador de las Fuerzas Militares y financiador y promotor de grupos paramilitares.
En la solicitud a la JEP afirma Úsuga que él quiere describir su “colaboración en acciones ilegales de graves violaciones de los derechos humanos por parte del Ejército colombiano y el DAS, así como la promoción, planeación, organización y financiación de grupos paramilitares sucesores de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre los años 2006 y 2008”.
Las revelaciones de ‘Otoniel’
La interpretación de un artículo reciente artículo de El Espectador resulta confusa al no distinguir entre el histórico acuerdo de paz del EPL en 1991 —en el contexto de la Asamblea Nacional Constituyente— y el surgimiento de varias agrupaciones disidentes que no aceparon ese acuerdo. En una de las dichas agrupaciones disidentes estuvo ‘Otoniel’ en Urabá y es un primer escenario referido en el documento de solicitud de sometimiento. En este contexto, se produjeron en la región simultáneamente el exterminio contra la UP por el paramilitarismo y de Esperanza Paz y Libertad por ésta disidencia y por las FARC.
Un segundo escenario hace referencia a los primeros años 2000, cuando fue trasladado a zonas de Casanare y Meta, donde actuó como mando intermedio del Bloque Centauros de las AUC. En estos años, las AUC sostuvieron una cruenta guerra con otro grupo paramilitar en la región, las ACC, en alianza con el Ejército, a la vez que mantenía ataques sistemáticos contra pobladores de la región señalados de supuestos vínculos con las guerrillas.
También hace referencia expresa de querer esclarecer casos de “falsos positivos” en esta región coordinados entre militares y paramilitares, entre ellos el conocido caso de los campesinos Julio y Daniel Torres, padre e hijo.
Igualmente, el documento dice que ‘Otoniel’ habría tenido vínculos con mandos militares en esta región entre 2005 y 2007, periodo que se corresponde con la desmovilización parcial de las AUC.
Otro escenario transversal que se extiende desde los años 80 hasta la actualidad, es el de las revelaciones sobre políticos, ganaderos, empresarios y otros actores que participaron o contribuyeron en las alianzas con el paramilitarismo, en especial en estas regiones de Urabá y los Llanos Orientales.
A todo lo cual habría que añadir el escenario de la conformación o rearme de otros grupos narco-paramilitares como el llamado inicialmente los Urabeños, después autonombrado AGC y conocido como Clan del Golfo en la actualidad.
La actuación comprometida de estas estructuras con ciertos poderes tradicionales de élites y con mafias del narcotráfico también denota ataques y presiones contra líderes sociales y de poblaciones reclamantes de derechos, como es el caso del ataque contra los campesinos reclamantes de las tierras que les fueron despojadas. Además, esta alianza criminal incluía perpetrar asesinatos, secuestros, amenazas, atentados y el desplazamiento forzado de familias campesinas. En este punto dice ‘Otoniel’ que “Esa práctica contó con el apoyo de dirigentes políticos regionales de Casanare y Urabá, aliados del entonces presidente Uribe, así como de alcaldes, diputados y congresistas pertenecientes a la coalición de gobierno entre 2006 y 2008…”.
Suspensión abrupta de una audiencia con la Comisión de la Verdad y su reclamo de garantías
El gobierno nacional y algunos analistas han insistido en la más rápida extradición de ‘Otoniel’, sin valorar la importancia de garantizar su aporte efectivo a la verdad ante la justicia transicional.
Por otra parte, las organizaciones de víctimas, de derechos humanos y vertientes políticas partidarias del acuerdo de paz han defendido la sujeción prioritaria de ‘Otoniel’ a la justicia colombiana, tanto la regular como la JEP y al mecanismo extrajudicial de la Comisión de la Verdad.
En medio de esta tensión, la Comisión de la Verdad inició el 14 de febrero una audiencia de entrevista con Dairo Antonio Úsuga, ‘Otoniel’, en la sede de la Dijín, la cual fue suspendida abruptamente por la Policía Nacional, por presuntos motivos de “seguridad”.
El 18 de febrero fue asaltada la vivienda de un profesional investigador que asiste al comisionado Alejandro Valencia, encargado por la Comisión de la Verdad para realizar las entrevistas a ‘Otoniel’. El asalto fue obra de un grupo que actuó con el formato de las operaciones “técnicas especiales y secretas”, de la misma manera como se hicieron comunes contra ONG de derechos humanos en los años 2000. En la operación fueron sustraídas las grabadoras digitales, un celular y un computador que estaban en su vivienda.
El presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, se pronunció contra este tipo de presiones, dirigió una carta al presidente Duque solicitando garantías para la Comisión y solicitó apoyo de la ONU. Por su parte, Alejandro Valencia declaró ante la prensa que, además del robo de los equipos, se habían producido seguimientos, pero que la información estaba a salvo y bajo custodia por la Comisión de la Verdad.
El equipo de abogados de ‘Otoniel’ denunció la gravedad de estos hechos que “bloquean el avance de la construcción de la verdad sobre el conflicto armado además de la hostilidad por parte de los miembros de la fuerza pública”.
La Policía declaró que las medidas de seguridad debían ser muy estrictas al tratarse del “narcotraficante más buscado” y argumentó la existencia de un “posible plan de fuga” para liberarlo. Esta versión ha sido reiterada por el ministro de defensa Diego Molano.
El aporte a la verdad antes de la extradición
El editorial de El Espectador se sumó a la exigencia de garantías para la JEP y la Comisión de la Verdad y argumentó la importancia de dar prioridad al tratamiento judicial de las violaciones de los derechos humanos sobre el delito transnacional del narcotráfico.
Por su parte, la ONU instó al Estado a tomar medidas urgentes para proteger la actuación de la JEP y de la Comisión de la Verdad para el esclarecimiento de los hechos denunciados por la Comisión.
Sobre este debate es preciso recordar que la extradición de la mayoría de los exjefes paramilitares por el gobierno Uribe a los Estados Unidos por cargos de narcotráfico en 2008, cuando estaban recluidos y sometidos a la Ley 975 por violaciones masivas a los derechos humanos, produjo un cambio en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia a este respecto. Por eso a partir de 2010 la Corte comenzó a negar las extradiciones de ex paramilitares comprometidos en violaciones graves y masivas violaciones de los derechos humanos.
Así lo hizo al negar la extradición de Edward Cobos, alias Diego Vecino, al estar implicado con masacres y desplazamientos forzados en Montes de María. Igualmente lo hizo al no autorizar la extradición de Diego Rendón, alias Don Mario. Además, negó la extradición de Freddy Rendón, alias El Alemán.
De esta manera la Corte dio prioridad al tratamiento en la justicia interna y sus formas transicionales de los crímenes de lesa humanidad y de guerra. En este cambio de jurisprudencia coincidieron en tales momentos los conceptos de la Procuraduría General de la Nación, de la Fiscalía General de la Nación y de numerosas voces de opinión interna e internacional.
En consecuencia, es de esperar que la Corte mantenga su jurisprudencia, favorable a la justicia en favor de las víctimas, del derecho a la verdad y de la consolidación de las condiciones para la paz.
