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Avatares del delito político en Colombia

Escrito por Álvaro Villarraga
Reunión en la Sala Plena del Consejo de Estado.

Reunión en la Sala Plena del Consejo de Estado.

Alvaro VillarragaUn fallo reciente del Consejo de Estado determinó que la guerrilla no incurrió en actividades terroristas al atacar una base militar en la década de los noventa. ¿Qué implicaciones jurídicas y políticas tiene esta declaratoria?

Álvaro Villarraga Sarmiento*

Un  fallo con consecuencias

En un fallo reciente sobre el ataque de las FARC a la base militar de las Delicias en 1996, el Consejo de Estado reconoció a los grupos guerrilleros como actores del conflicto armado y desestimó su calificación como “organizaciones terroristas”. Este fallo reedita una discusión necesaria sobre el delito político para el futuro del proceso de paz.

En efecto: el debate acerca de la condición jurídica y política de la insurgencia ha sido uno de los escollos más difíciles para negociar con las guerrillas en Colombia, y este fallo reafirma el carácter político del alzamiento armado, lo cual permite adoptar un marco legal para proteger los derechos de las víctimas y regular la aplicación de amnistías.

Aunque el tema tiene un trasfondo político, se relaciona claramente con las exigencias de un Estado Social de Derecho. Entre los escenarios que se verán influidos por el fallo del Consejo de Estado cabe destacar:

  • El alcance de las reformas institucionales que proponga el gobierno a raíz de sus diálogos con las guerrillas,
  • La agenda legislativa que se desprenda de los acuerdos con las FARC y el ELN, y
  • Los procesos de participación ciudadana para refrendar los acuerdos de paz.

Entre derecho y delito  

Delegación de paz de las FARC en La Habana, Cuba.
Delegación de paz de las FARC en La Habana, Cuba.
Foto:  FARC-EPaz

El surgimiento de los Estados modernos inspirados en la tradición liberal consagró los derechos y garantías fundamentales del ciudadano.

Como el Estado liberal fue producto de los alzamientos contra las monarquías autoritarias, la rebelión fue considerada como uno de esos derechos. De allí surgió el trato privilegiado del delito político. El sistema de derechos humanos que se desprende de la Declaración Universal de los Derechos Humanos también lo consagra.

Sin embargo, la consolidación de la burguesía frente al ascenso de nuevos movimientos sociales volvió a declarar la rebelión como delito. En consecuencia, la rebelión se asocia simultáneamente con las nociones de derecho y de delito.

La rebelión se asocia simultáneamente con las nociones de derecho y de delito.

Más adelante la guerra fue proscrita por los tratados de la ONU, aunque con ciertas  excepciones. Sin embargo proliferaron los conflictos armados asociados con las luchas de liberación nacional en África y otros continentes. La ONU aprobó varias resoluciones a favor de tales luchas como parte de su política de reconocimiento de los derechos de los pueblos. Según la Resolución 2621 aprobada por la Asamblea General en 1970, los pueblos podrían emplear “todos los medios necesarios en su lucha”. La resolución consagra algunas restricciones, pero reconoció al menos tácitamente la legitimidad de las guerras de liberación nacional y de las luchas contra el racismo y el apartheid.

Por su parte el Derecho Internacional Humanitario reconoce la condición jurídica de los  grupos beligerantes y de los combatientes, de modo que en el marco de solución o terminación de las guerras puedan serles concedidas amnistías “de la manera más amplia posible” y brindarles protección para insertarse en la vida política institucional.

El reconocido jurista Robert Goldman sostiene que cumplir las condiciones de la resolución de la ONU implica la existencia de una guerra civil entre fuerzas beligerantes reconocidas por el derecho consuetudinario internacional. Para que el protocolo pueda aplicarse a un caso determinado se necesitan:

  • La existencia de un conflicto armado entre el Estado y grupos armados organizados,
  • El control del territorio por parte de los disidentes o levantados en armas.
  • La existencia de una organización con mando unificado, y
  • La realización de operaciones militares sostenidas.

La rebelión en el derecho internacional ha sido reconocida como delito complejo, puesto que no es fácil distinguir si el delito justifica los medios o los fines de la lucha armada.

¿Existe o no el delito político en Colombia?

El sistema político colombiano se desarrolló en medio de continuas guerras civiles que dieron lugar al reconocimiento del delito político y a la aplicación de amnistías.

Durante la guerra civil liberal-conservadora de 1957 se recurrió a un plebiscito y a un cambio de régimen constitucional que consagraba el delito político. Durante las últimas décadas el delito político ha servido como base jurídica para los acuerdos de paz y los procesos de diálogo, como los adelantados con el M19.

Sin embargo, a partir de una demanda del general Harold Bedoya, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 127 del Código Penal que consagraba la exención de pena para los delitos punibles cometidos en combate, en situaciones de rebelión o sedición. En consecuencia los delitos conexos al delito político pasaron a ser delitos autónomos esto es, sancionables de por sí e independientemente de la rebelión o de la sedición.

La demanda del general fue impugnada por el alto comisionado para la paz, el defensor del pueblo, el procurador general, el fiscal general y las ONG de derechos humanos. Magistrados como Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero salvaron su voto y defendieron el concepto tradicional del delito político y el reconocimiento de su conexidad con otros delitos.

El jurista Iván Orozco Abad aclaró que, pese al fallo de la Corte, el “delito político” estaba consagrado constitucionalmente y que el Congreso mantenía la facultad para aprobar amnistías.

Las posiciones a favor del delito político no desconocen la tendencia nacional e internacional hacia la criminalización total de la rebelión. El rótulo oficial de “terroristas” para referirse a los grupos insurgentes y la oposición a las soluciones políticas de los conflictos armados, son pruebas de esta tendencia. 

El presidente Uribe equiparó el concepto, tratamiento y definición legal de la insurgencia guerrillera con aquellos propios del paramilitarismo: rechazó el delito político, negó la existencia de un conflicto armado y redujo el problema interno a una amenaza “terrorista” contra el “régimen democrático”.

La sentencia y sus críticos

El Senador por el Centro Democrático, José Obdulio Gaviria.
El Senador por el Centro Democrático, José Obdulio Gaviria.
Foto: Congreso de la República

El relato anterior realza la importancia del mencionado fallo del Consejo de Estado, que declara responsable al Estado por fallas cometidas por el Ejército en el caso de Las Delicias, pues hubo negligencia en el envío de refuerzos ante el ataque de las FARC.

El fallo ordena indemnizar al soldado Gonzalo Orozco, retenido en este hecho por la guerrilla, y exige que la Fiscalía y la Procuraduría investiguen posibles infracciones con soldados heridos y capturados por las FARC.

Este fallo reconoce la existencia del conflicto armado y declara que es jurídicamente incorrecto denominar terroristas a los actores armados que participan en el conflicto bélico, aunque estos incurran en actos terroristas o en crímenes de guerra. El Consejo de Estado estimó que las FARC atacaron un objetivo militar, de modo que su actuación no puede considerarse como terrorista.

El fallo pone en discusión si debe distinguirse entre hostilidades propias del conflicto armado y actos de terrorismo que comprometan a los distintos actores del conflicto. Además, precisa que los actos de violencia individual asociados con la delincuencia común “no encuadran en la condición de conflicto armado”.

Los senadores del Centro Democrático Alfredo Rangel y José Obdulio Gaviria rechazaron el fallo del Consejo de Estado, lo acusaron de legitimar las guerrillas y reiteraron las opiniones del expresidente Uribe, para quien es claro que: “el Consejo de Estado parece estar legitimando el asesinato en combate de soldados”, pues “el país no tiene hoy una guerra civil”.

Ignorando las obvias diferencias, los senadores uribistas equiparan la coyuntura actual de  negociación entre el gobierno y las FARC con las circunstancias que motivaron la ruptura de los diálogos del Caguán. En palabras de Uribe: "poco a poco y por cuenta del proceso de paz, el país volvió a la época del 2002, cuando las FARC hicieron de sus acciones violentas y terroristas un arma para alcanzar el poder”.

Por su parte, Iván Márquez, jefe negociador de las FARC, saludó el fallo del Consejo de Estado porque en efecto las FARC no son una organización terrorista, y criticó el hecho de que las guerrillas sigan siendo condenadas como si lo fueran.

El Consejo de Estado estimó que las FARC atacaron un objetivo militar, de modo que su actuación no puede considerarse como terrorista.

En el Estado Social de Derecho la rebelión debe ser considerada una opción para proteger los derechos de la oposición, pero nuestra realidad aún dista de plasmar con integridad tales figuras. Mientras tanto persiste el conflicto armado relacionado, entre otras circunstancias, con la falta de garantías y el clima de persecución contra los opositores y críticos del establecimiento.

La persistencia de un escenario de guerra civil en Colombia constata precisamente que estamos ante procesos de inclusión y construcción propios de un Estado inacabado. En estas circunstancias, el delito político adquiere vigencia plena en los procesos de paz y en la inclusión de la insurgencia a la vida política institucional.

El reconocimiento del delito político puede fortalecer el necesario consenso social y ciudadano para refrendar los acuerdos que surjan de la mesa de negociaciones.

 

* Presidente de la Fundación Cultura Democrática, integrante del Centro de Memoria Histórica y catedrático universitario.

@Alva_Villarraga

 

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