Resumen histórico de los intentos que se han hecho para alcanzar la paz a través de la negociación. ¿Por qué algunos experimentos han fracasado y otros han logrado llevarse a feliz término?
Álvaro Villarraga Sarmiento*
Los ciclos de la guerra
Históricamente, el modelo de negociación de paz en Colombia no ha sido comprensivo o integral, porque con cada guerrilla se ha llegado a soluciones parciales. Además la experiencia colombiana muestra una relación directa entre los pactos de paz y la convocatoria de consultas populares; esto se repite en el momento de hacer la paz con las FARC, cuando se está convocando al plebiscito.
En Colombia se han sucedido dos fases históricas de conflictos bélicos y expresiones de violencia generalizada:
- La primera corresponde a la guerra irregular y la violencia degradada entre conservadores y liberales que comenzó entre 1946 y 1948 y se superó mediante los acuerdos entre dirigentes de estos dos partidos en 1957.
- La segunda fase corresponde a la confrontación entre el Estado y las guerrillas de izquierda, que se originó en 1964 pero tuvo raíces en el período anterior. El cierre parcial de este ciclo se dio con los pactos de paz al inicio de los años noventa y ahora se busca su finalización definitiva.
La paz de los cincuenta
 Episodio de protestas violentas el 9 de abril 1948, llamado el Bogotazo. Foto: Wikimedia Commons |
La confrontación liberal-conservadora fue altamente degradada e involucró a amplios sectores de la sociedad.
En 1953 estos partidos decidieron sustituir el gobierno conservador autoritario por el gobierno militar de Rojas Pinilla, concebido como una forma de transición a la paz. Rojas expidió amnistías a la Fuerza Pública y a las guerrillas (mayoritariamente liberales y minoritariamente comunistas) y consiguió la desmovilización de la mayoría de sus contingentes. Sin embargo este gobierno derivó en dictadura y fue derrocado por un movimiento cívico que impulsó el acuerdo liberal-conservador para sellar la paz, suscrito entre Alberto Lleras y Laureano Gómez en España en 1957.
Este pacto de paz bipartidista convocó con éxito un plebiscito que consagró el régimen del Frente Nacional, en el cual:
- Se entregó la exclusividad para acceder al gobierno y al Estado a estos dos partidos por 16 años,
- Se nombró una Comisión de Esclarecimiento sobre La Violencia (que no consiguió cumplir su mandato al imperar un pacto de silencio sobre lo acontecido), y
- Se llevó a cabo un precario programa de reinserción para más de seis mil excombatientes.
Aunque en ese momento cesó el conflicto bélico entre los partidos, pronto se reactivó la guerra ante la ausencia de garantías para los amnistiados y ante los cercos del Ejército contra zonas campesinas que tenían organizaciones de autodefensa.
La paz de los noventa
El Frente Nacional cerró el régimen político, sin dar soluciones al campesinado desplazado y despojado, y sin poder garantizar la seguridad de la población amnistiada. Los consiguientes operativos contrainsurgentes fueron estimulados por el discurso anticomunista, de manera que la corriente socialista nacional e internacional ayudó a reactivar los núcleos guerrilleros en zonas campesinas. Esto dio lugar a la segunda fase de la guerra irregular, ahora contra las FARC, el ELN y el Ejército Popular de Liberación (EPL).
El Frente Nacional cerró el régimen político, sin dar soluciones al campesinado.
Unos años más tarde se sumó a esta lista una guerrilla inicialmente urbana y luego rural llamada M19, surgida en respuesta a la denuncia de fraude electoral contra Rojas Pinilla en la elección presidencial del 19 de abril de 1970.
Tras dos décadas de confrontación bélica el gobierno Betancur suscribió pactos y treguas con las FARC, el EPL y el M19 en 1984, iniciando las políticas de paz que harían posibles los diálogos posteriores entre gobierno y guerrillas. En ese momento:
- Las FARC reclamaron garantías, reforma agraria y reformas sociales;
- El EPL propuso una asamblea nacional constituyente para reformar el régimen político; y
- El M19 exigió reformas políticas y en la justicia.
Sin embargo, las élites rechazaron estas demandas por proceder de las guerrillas, la Fuerza Pública no acató la orden presidencial de cesar el fuego, y las propias guerrillas no adoptaron la decisión estratégica de pasar a la política. Así fracasó este primer experimento de paz.
Al finalizar los años ochenta el presidente Barco sufrió una crisis de gobernabilidad ante la intensificación del conflicto armado, el impacto humanitario de la “guerra sucia” paramilitar y el terrorismo del narcotráfico. Entonces se produjo una coyuntura excepcional. La presión de la sociedad civil llevó al gobierno Barco a adoptar una política de paz que permitió un acuerdo definitivo con el M19. Además, el movimiento estudiantil por la Séptima Papeleta exigió convocar una Constituyente con un número de votos superior a los que eligieron al presidente Gaviria.
El EPL, junto con las milicias regionales del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Movimiento Armado Quintín Lame, demandó convocar la Constituyente para suscribir nuevos pactos de paz definitivos. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia habilitó la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 que revocó al Congreso y expidió una nueva Constitución.
Gracias a este proceso más de 5.500 excombatientes de la insurgencia fueron amnistiados y vinculados a la vida civil, se realizó la Constituyente y se promovieron proyectos políticos de izquierda. Sin embargo, los excombatientes amnistiados sufrieron ataques desde varios sectores ante un débil marco de garantías y debido a la incapacidad del Estado para recuperar los territorios donde antes habían actuado las guerrillas acogidas a la paz. Así, muchos cayeron víctimas de la incursión de otras guerrillas o los paramilitares.
Aunque el proceso constituyente tuvo logros importantes y cambió el espectro político y las posibilidades del movimiento social, el conflicto armado se prolongó y sus efectos se multiplicaron. Las FARC, el ELN y una pequeña fracción disidente del EPL mantuvieron las hostilidades con acciones que incluyeron frecuentes violaciones al derecho humanitario.
Además sobrevino (con responsabilidad estatal) la expansión paramilitar, la cual ocasionó nuevas víctimas entre la oposición de izquierda, los liderazgos sociales populares y la población campesina en zonas de actuación histórica de las guerrillas.
 Carlos Pizarro, líder del Movimiento del 9 de Abril, M-19. Foto: Facebook M-19 |
El acuerdo con las FARC
Fracasados los diálogos de San Vivente del Caguán, impulsados por el presidente Andrés Pastrana, los sucesivos gobiernos intentaron durante una década (2002-2012) aniquilar militarmente a las FARC. La guerrilla fue entonces golpeada, pero se replegó y desde 2007 recuperó su capacidad de respuesta en condiciones estratégicamente desfavorables.
Sin embargo, el presidente Santos retomó la posibilidad de la solución política, pues persistir en la vía militar podría implicar varias décadas de conflicto. Por su parte las FARC flexibilizaron sus propuestas para llegar a un entendimiento.
Así, después de un año de conversaciones secretas el gobierno y la guerrilla suscribieron en 2012 un “Acuerdo para finalizar el conflicto y construir una paz estable y duradera” que definió la agenda temática, las reglas de juego y el acompañamiento internacional al proceso de paz.
Vinieron entonces cuatro años de intensas conversaciones en La Habana, hasta concluir este año el conjunto de los acuerdos en materia agraria, participación política y social, superación de las economías ilegales, derechos de las víctimas, marco jurídico y compromisos para finalizar las hostilidades, así como la implementación y mecanismos de verificación con el concurso de la ONU y otros organismos internacionales.
Para cerrar definitivamente la guerra falta un acuerdo de paz con el ELN.
Sin ser un requisito legal, el gobierno Santos y las FARC incluyeron en el Acuerdo la convocatoria a un plebiscito para que la ciudadanía refrende o rechace el pacto de paz. Aunque la mayoría de la población y casi la totalidad de los partidos políticos respaldan este acuerdo, todavía existe un margen de incertidumbre sobre los resultados electorales que se producirán a favor del Sí o del No este 2 de octubre.
Si se consigue el respaldo popular al Acuerdo Final se aplicará un cronograma para que las FARC dejen las armas, pasen a la vida política, reintegren sus combatientes a la vida civil y se aplique el conjunto de los acuerdos pactados.
Pero para cerrar definitivamente la guerra falta un acuerdo de paz con el ELN, así como desmantelar las expresiones subsistentes del paramilitarismo. Con el ELN ya se produjo un acuerdo inicial que definió la agenda y el acompañamiento internacional de un proceso de conversaciones.
Lamentablemente, el diálogo gobierno-ELN se empantanó cuando esta guerrilla quiso mostrar presencia militar con acciones que incluyeron la toma de rehenes y los secuestros, lo cual le acarreó altos costos políticos y debilitó las posibilidades del apoyo a este proceso. Sin embargo, se espera que pronto se instale de forma definitiva esta mesa y se aplique la exitosa dinámica de des-escalamiento militar que dio resultado con las FARC.
En resumen, en Colombia se han mezclado los legados de la paz hecha y de la paz pendiente. Por eso, la Constitución de 1991 es la piedra angular para el postacuerdo, sin que se descarte la posibilidad de convocar otra constituyente para consolidar los requisitos institucionales de la construcción de la paz.
Ahora la ciudadanía tiene en sus manos la posibilidad de poner punto final al conflicto con las FARC, aunque con la claridad de que si bien los pactos de paz entre los actores de la guerra son condición necesaria para la paz, esta no será posible sin la movilización de la sociedad y sin el compromiso integral de las instituciones nacionales.
* Directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica, integrante de FUCUDE y catedrático.
@Alva_Villarraga
