Regalo de navidad para las víctimas - Razón Pública
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Regalo de navidad para las víctimas

Escrito por María Victoria Duque
Maria Victoria Duque

Maria Victoria Duque

El Proyecto de Ley de Víctimas, que había sido “descuartizado” por la presión del Gobierno, acabó  siendo aplazado por la urgencia de aprobar el referendo.

Maria Victoria Duque

Lo había dicho el mismo ponente del proyecto: "El texto que el Gobierno hizo aprobar en la Comisión Primera de la Cámara llega desnaturalizado a la plenaria. Va en contra de las víctimas y sus expectativas"[1]. Y para rematar, al cierre de las sesiones del Congreso, las víctimas del conflicto armado fueron "aplazadas" en  medio de los "vasos tinteros llenos de whisky" que circulaban  para celebrar las fiestas navideñas.  

De acuerdo con las declaraciones de algunos miembros de la bancada oficialista, la discusión del proyecto estaba retrasando la discusión de otros puntos de la agenda que eran "de mayor importancia" para el país y para el gobierno[2]: es decir, el referendo para la segunda reelección del Presidente Uribe, que finalmente fue aprobado al amanecer del 16 de diciembre y después de que el Ejecutivo convocó a sesiones extras para lograrlo.

No obstante lo anterior, el gobierno sostiene que el aplazamiento se debió a una sentencia que cambia totalmente los alcances del Proyecto de Ley de Víctimas. Es más: según explicó el Ministro del Interior y de Justicia al anunciar que su discusión se aplazaría para marzo del próximo año, en esta materia el Ejecutivo  se abstendrá de tramitar una ley mientras no llegue a un consenso exhaustivo con la oposición, lo cual contrasta con los "pupitrazos" que propició para adoptar el referendo o la Reforma Política.

Y la Comunidad Internacional preocupada pero sin dientes… por ahora

La Ley de Víctimas quizás ha sido el tema que ha suscitado más preocupación y más acciones conjuntas por parte de la Comunidad Internacional. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU afirmó que el proyecto de ley no era adecuado porque discrimina entre las víctimas: "las directrices de reparación deben ajustarse sin excepción a las normas internacionales de derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, sin discriminación de ninguna clase ni por ningún motivo", y el  proyecto de ley desconoce "las recomendaciones hechas por esta Oficina en el sentido de beneficiar por igual a víctimas de grupos armados ilegales así como de agentes del Estado"[3].

Víctor Abramovich, Relator para Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ha unido su voz a la de numerosas organizaciones nacionales e internacionales que sugieren retomar el proyecto inicial, que fue "desnaturalizado" por la Comisión Primera. La OEA deja constancia de su preocupación porque el proyecto excluye de la reparación administrativa  a las víctimas de violaciones de los derechos humanos  cometidas por agentes del Estado, al obligarlas a agotar, en forma previa, la vía judicial y al establecer un tope a la indemnización por esta vía[4]. 

De igual manera, Amnistía Internacional ha llamado la atención sobre la ambigüedad del texto con respecto a si se incluye o no a las víctimas de violaciones del Derecho Internacional Humanitario, así como la negación de indemnizaciones a futuras víctimas del conflicto y a víctimas de agentes del Estado que no hagan parte de las fuerzas de seguridad.

Una Ley de Víctimas que las discrimina

Los defensores de derechos humanos y los representantes de las asociaciones de víctimas coinciden en que no es justo exigir que las víctimas de crímenes de Estado necesiten contar con una sentencia ejecutoriada antes de acceder a los beneficios de la Ley, lo que quiere decir que sólo serían indemnizadas si el autor es declarado culpable por un tribunal de justicia y en la medida en que el agente hubiera actuado de manera dolosa o gravemente culposa. Así pues los familiares de cientos de víctimas de ejecución extrajudicial o de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad del Estado sólo serán indemnizados si el autor es declarado culpable por uno de nuestros paquidérmicos tribunales de justicia.

Esta situación se debe a una confusión conceptual inexcusable por parte del gobierno, quien teme que al incluir a víctimas de agentes del Estado en programas de reparación, estaría aceptando, de facto, su responsabilidad jurídica. Como bien lo explica Javier Ciurlizza, Director en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional,  "los programas de reparación, cuando son administrativos, no implican directamente el reconocimiento de la culpa de un agente estatal en concreto, sino que es consecuencia del deber que tiene cualquier Estado de garantizar los derechos humanos de todos sus ciudadanos, sin excepción ni discriminación alguna".

Según el texto del Proyecto que aprobó la Comisión, las víctimas del conflicto deberán certificarse como tales en un plazo no mayor de veinticuatro meses y anexar – si son víctimas de agentes del Estado- el comprobante judicial respectivo. Al acotar el significado de "agentes del Estado", el texto alude exclusivamente a miembros de la Fuerza Pública, lo cual deja por fuera al resto de los funcionarios oficiales y en especial a las personas que ocuparen cargos de elección popular.

Además, la propuesta emanada de la Comisión de la Cámara ignora los principios de buena fe y de favorabilidad para las víctimas, fija topes irrisorios para la reparación (40 salarios mínimos) y no establece las necesarias medidas diferenciales según el género o el origen étnico de la víctima. Peor todavía, a través del texto se borra la pretensión de las víctimas de obtener verdad, justicia y garantías de no repetición, y se ignora que cualquier debate serio sobre reparación en un país como Colombia, debería pasar por un tema tan dramático por sus implicaciones políticas, pero tan indispensable para la reconciliación, como lo es el de la restitución de tierras.

Un gobierno con prioridades, por lo menos, distorsionadas

Aún cuando el Senado aprobó el proyecto en junio de 2008, para nadie es  un secreto que el gobierno enfiló sus baterías a que la Cámara de Representantes le introdujera tantas modificaciones que, en la opinión de distintos analistas e incluso en la de algunos senadores[5], el texto que eventualmente aprobaron más parecía  una propuesta en contra las víctimas o una en defensa de los victimarios.

No me cabe duda de que el aplazamiento del Proyecto como  había salido de la Comisión es lo mejor que ha podido pasar: así lo habían solicitado los propios ponentes y los representantes de las asociaciones de víctimas. Pero los motivos para esta decisión fueron vergonzosos: el aplazamiento no se hizo en beneficio de las víctimas, ni para tener un espacio de reflexión que permita llegar a decisiones más acertadas, y ni siquiera para atender las solicitudes de connotados funcionarios que en cartas públicas al Presidente de la República le exhortaron a dar "con parsimonia este nuevo paso a favor de las víctimas[6]No. La decisión se tomó  simple y llanamente para darle paso a la aprobación del referendo de la reelección presidencial que, tampoco me cabe duda, será aprobado por arte de magia legislativa para el 2010.

Entre tanto las Farc siguen matando y secuestrando, los "grupos emergentes" siguen generando más desplazamientos y el fantasma de los  "falsos positivos" nos sigue rodeando. Pero estos temas no son tan importantes

 

Notas de pie de página


[1] Representante Guillermo Rivera, El Tiempo.com, 17 de Diciembre

[2] Representante Constantino Rodríguez, en declaraciones para RCN, 17 de Diciembre.

[3] Comunicado de la OACNUDH publicado el 14 de noviembre

[4] CIDH, Comunicado de prensa N° 54-08, 26 de noviembre

[5]uan Fernando Cristo, quien expresó que "así como los criminales descuartizaron a muchos colombianos, el gobierno descuartizó el proyecto", o Germán Navas Talero, quien se retiró en pleno debate afirmando "Esta iniciativa es más gravosa para las víctimas…Yo creo que se debe legislar para ellas y no contra ellas"

[6] Carta Pública de Eduardo Pizarro León-Gómez al presidente de la República.

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