No hay certeza sobre el futuro del Acuerdo ni sobre la voluntad del nuevo gobierno para cumplir los compromisos estatales. La reintegración de los exguerrilleros y los cultivos ilícitos son dos puntos neurálgicos.
Juan Carlos Palou*
Posibles cambios
La legitimidad de los cambios que el nuevo gobierno aspira a introducir en el Acuerdo Final con las FARC dependerá sobre todo del talante que éste adopte para llevarlos a cabo. Un giro demasiado radical podría traer traumatismos para el propio presidente, mientras que la actitud ponderada le facilitaría los ¨ajustes¨ que anunció hacia la parte final de su campaña.
De algunos apartes del discurso de posesión podría inferirse que esta segunda es la intención del presidente Duque. Es así cuando afirma que quiere “gobernar a Colombia con el espíritu de construir, nunca de destruir” o cuando define la grandeza como la voluntad de “mantener todo lo que funcione, corregir todo lo que sea necesario y construir nuevas iniciativas” que aseguren un futuro de justicia social. En otro párrafo afirma que hay que “devolverle el valor a la palabra del Estado”, con lo cual establece un principio de respeto a los compromisos adquiridos.
Pero en otros momentos del discurso se asomó la radicalidad, como cuando dijo que hay que aprovechar el bicentenario para “corregir el pasado y construir el futuro”. Es igualmente significativo que no se mencionen los términos “proceso de paz” o “acuerdo de paz”. De esa omisión cabría deducir que Duque no quiere reconocer la legitimidad de lo acordado entre las FARC y el gobierno de Santos.
Así, las alusiones del discurso al Acuerdo son ambivalentes, pero en algunos casos permiten anticipar cómo actuará el nuevo gobierno en ciertos temas específicos. Hay dos aspectos respecto de los cuales hubo una toma de posición relativamente clara:
- La reincorporación de guerrilleros, y
- Los cultivos ilícitos.
Reintegración…de la base guerrillera
 Erradicación de cultivos ilícitos. Foto: Policía Nacional de Colombia |
Duque fue contundente al afirmar que cree “en la desmovilización, el desarme y la reinserción de la base guerrillera”, una creencia que parte de la idea de que esas bases son más víctimas que victimarios, pues “muchos de ellos fueron reclutados forzosamente o separados de su entorno por la intimidación de las armas”.
Se trata así de separar la suerte de las bases guerrilleras de la de sus excomandantes. Duque envía el mensaje de que esas bases no van a ser procesadas por la justicia -lo cual disminuiría el riesgo de reincidencia por inseguridad jurídica-.
De hecho, el uribismo tiene bastante experiencia en el diseño y desarrollo de programas de desmovilización guerrillera y paramilitar. Se trata, sin embargo, de una reintegración individualista que podría chocar con el espíritu colectivista que proponen las FARC.
El uribismo tiene bastante experiencia en el diseño y desarrollo de programas de desmovilización guerrillera y paramilitar.
En cualquier caso, el gobierno Santos expidió el Documento CONPES 3931 de 2018, donde se establece la Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de Exintegrantes de las FARC. En este documento se propone destinar 6,3 billones de pesos para el programa en los próximos ocho años.
El apoyo del gobierno Duque es indispensable en este frente, pues los obstáculos por superar son grandes:
- Dificultades para conseguir la tierra para los proyectos productivos agropecuarios;
- Dificultad para construir proyectos productivos sostenibles que den sustento a los desmovilizados;
- Dificultad para crear cooperativas que canalicen los proyectos productivos (de 70 previstas solo se han constituido 8);
- Problemas de seguridad que afectan especialmente a los desmovilizados; según la Misión de Verificación de Naciones Unidas, 51 exguerrilleros han sido asesinados y 5 han desaparecido desde el comienzo del proceso.
El gobierno Duque parece ser consciente del peligro de que los desmovilizados decidan regresar a las armas o a la delincuencia al sentirse maltratados. Por eso es casi seguro que el nuevo gobierno no descuidará este aspecto, aunque habrá que ver si respeta instituciones como el Consejo Nacional de Reintegración, instancia paritaria entre el Gobierno y las FARC.
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Cultivos ilícitos
Con respecto a la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, hay un ligero cambio entre los planteamientos de la primera etapa de la campaña de Duque y el discurso de posesión. En la posesión evitó referirse a la fumigación y al componente forzoso de la sustitución, y aseguró que el proceso lo va a llevar a cabo “de la mano de las comunidades, en la puesta en marcha de proyectos productivos (…)”.
Este cambio de tono indica moderación frente al sesgo punitivo que dejó traslucir el ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien afirmó que la erradicación forzosa es inevitable para poder cumplir las metas del gobierno aunque también aumenta el riesgo de violencia en las regiones.
Botero se refiere a las metas acordadas en un plan quinquenal suscrito formalmente por Colombia y Estados Unidos, cuyo objetivo es reducir anualmente 70.000 hectáreas de coca sembrada en el país. Pero en las palabras del ministro de Defensa hay el sesgo preocupante de un eventual retorno a la época cuando, para no parecer una narco-democracia, teníamos que pagar altos costos en sangre y violencia represiva como prueba de nuestro compromiso en la lucha contra el narcotráfico.
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Por lo demás, el Acuerdo nunca tuvo la sustitución voluntaria como un principio absoluto. Si las comunidades no se acogen al programa de sustitución -o si habiéndose acogido incumplen los compromisos- el Estado puede aplicar la erradicación forzosa.
Lo que sí establece el Acuerdo es un camino alternativo para controlar los cultivos ilícitos, uno de franca cooperación con los pequeños cultivadores y de transformación territorial para hacer sostenibles la sustitución y los proyectos productivos legales.
En ese sentido son esperanzadoras las declaraciones del nuevo gobierno en Tibú, donde se dijo que se respetarán los acuerdos firmados con las familias cultivadoras. Allí 123.000 familias han manifestado su intención de sustituir voluntariamente la coca y ya hay 77.659 familias vinculadas al Programa de Sustitución Voluntaria. Estas últimas se encuentran en un proceso de transición a legalidad y sería muy perjudicial que fueran abandonadas presupuestalmente en la mitad del camino.
Ahora bien, el Acuerdo estableció un vínculo estrecho entre la reforma rural integral (punto 1) y la solución al problema de las drogas ilícitas (punto 4), pues si no se transforman los territorios afectados por los cultivos ilícitos toda iniciativa productiva o económica corre el riesgo de ser insostenible. Por ello en el punto 4 se creó una alternativa en la frontera entre las políticas antidrogas y las políticas de desarrollo, aunque estas son relativamente incompatibles:
El Acuerdo nunca tuvo la sustitución voluntaria como un principio absoluto.
- La política antidrogas, con el sello de Estados Unidos, se caracteriza por acciones rápidas, duras y “eficaces”. La estrategia es simple: erradicar, erradicar, erradicar. En general, por esta vía se logran resultados volátiles e insostenibles.
- Las políticas de desarrollo son la antítesis de la rapidez y la dureza. El desarrollo se logra con inversión en bienes públicos, con persistencia en acompañar a los campesinos y con presencia estatal permanente en las regiones. Estas políticas deben ser incluyentes, no divisivas y, desde luego, cualquier violencia es incompatible con ellas.
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Antes de la desmovilización de las FARC la obsesión del gobierno contra estos cultivos se explicaba porque eran la fuente de financiación de la capacidad militar de la guerrilla. Hoy esa preocupación ha sido reemplazada por la afirmación de que los cultivos ilícitos impiden el logro de una paz estable y duradera. Esto es así por los retos de seguridad y control territorial que representan los grupos que aspiran a apropiarse de las rentas ilegales.
Pero a pesar de la validez de esas preocupaciones, no hay ningún argumento sólido para justificar el retorno a las estrategias del pasado. Estas tienen apenas una “eficacia simbólica”, pues por su violenta espectacularidad envían el mensaje de que se está haciendo lo correcto a cualquier costo. Eso sería repetir el error garrafal de la guerra contra las drogas que en buena hora Barack Obama declaró terminada.
La mejor manera de superar esta tensión es darles prevalencia a las estrategias de desarrollo territorial y subordinar a ellas las estrategias inmediatistas y las metas radicales de la política punitiva en materia de cultivos ilícitos.
Más problemas pendientes…
 Presidente electo, Iván Duque. Foto: Ministerio de Interior |
El Instituto Kroc, en la última evaluación de la implementación del Acuerdo, asegura que la reforma rural integral y la participación política son los puntos más atrasados en el desarrollo del Acuerdo.
La seguridad también es reconocida, tanto por el presidente Duque como por el Instituto Kroc, como uno de los obstáculos más importante por superar. El asesinato de líderes sociales y de exguerrilleros es una amenaza grave para el cabal cumplimiento del Acuerdo.
La seguridad y la participación política son condiciones necesarias para lograr los objetivos del Acuerdo. La reforma rural integral, como lo planteó Carlos Lleras respecto de la reforma agraria, requiere pueblo, campesinos dolientes que reclamen y presionen para el reconocimiento de sus derechos, y para ello es necesario, justamente, garantizar la seguridad de los líderes y voceros campesinos.
* Consultor independiente. Asesor del programa de cultivos ilícitos.
