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Una paz paradójica

Escrito por Álvaro Villarraga
Alvaro Villarraga

Alvaro Villarraga Contrariamente a lo que suele decirse, Colombia ha recorrido un largo trecho en el camino hacia la paz. Contrariamente a lo que muchos piensan, la paz no puede reducirse a la negociación. Este gobierno ha dado pasos importantes pero aún le falta una política de paz. 

Álvaro Villarraga Sarmiento*

Paradojas colombianas

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Augusto Ramírez Ocampo, a quien muchos recordamos con gran afecto por su dedicación a la causa de la paz, hacía referencia al péndulo de nuestra historia reciente, para explicar que periódicamente se agotan las estrategias militares y reaparecen los intentos de entendimiento político entre las guerrillas y los gobiernos de turno.

Tales circunstancias –siempre complejas y con altas tensiones– nos permitieron optar por el difícil camino de haber logrado una paz parcial –con el M19, el EPL y otros grupos menores– y de prolongar una guerra parcial –con las FARC y el ELN y la expansión de las AUC–. A la vez, el intento más reciente de desarticular el dispositivo paramilitar sólo tuvo efecto parcial.

Alvaro Villarraga guerrilla
Foto: rincondesantos.blogspot.com

La paradoja colombiana radica entonces en que, ante la imposibilidad de conseguir la solución global del conflicto armado y en medio de la persistencia de las hostilidades militares, se registran avances notables hacia la construcción de la paz. Estos han tenido fundamento especialmente en la Constitución pactada en 1991 y en diversas procesos ciudadanos, sociales e institucionales.

En este momento el país y la comunidad internacional están siguiendo con expectativa el desenlace del operativo humanitario de liberación de los últimos integrantes de la Fuerza Pública en poder de las FARC, hecho que podrá contribuir al clima de aproximaciones que se insinúa.

El operativo de la liberación pone otra vez de presente cómo – aunque sea sólo la aplicación de un acuerdo muy específico de carácter humanitario- ha requerido de facilitadores internos e internacionales y de sortear una fase de preparativos convenidos en medio de una alta desconfianza entre las partes, de fragilidad y de fuertes tensiones permanentes en este tipo de procesos.

Pero además resulta paradójico que afloren síntomas de un quiebre que permita pasar de las estrategias de guerra hacia la búsqueda de una salida negociada con las FARC y el ELN, en medio de la notoria intensificación del conflicto armado, en particular con las FARC. En efecto, asistimos a un cierto escalamiento de la guerra, que se expresa en la retoma de iniciativa guerrillera en varias regiones donde consigue hostigar y confrontar a la Fuerza Pública, a la vez que ésta consigue replicar con golpes contundentes. 

Una Constitución de paz

De tal manera, Colombia experimenta dinámicas de paz y de guerra irregular como procesos complejos y diversos; con avances, retrocesos y acumulados de diverso orden. Infortunadamente no conseguimos la solución global y concertada del conflicto armado con un evento de cierre único, como ha sucedido en otros países.

Alvaro Villarraga Andres Pastrana
Foto: AFP

Por tanto resulta contraproducente para la consolidación de la paz no reconocer que – precisamente producto de los pactos de paz con el M19, el EPL y otras guerrillas- junto con otros factores también determinantes en el orden político, institucional y de la movilización social y ciudadana, se consiguió el logro más significativo y decisivo para la construcción de la paz, que mantiene vigencia, cual es la Constitución Política de 1991.

Hoy resulta claro que la eventualidad de nuevos pactos de paz, deseables con las FARC y el ELN, podrían enriquecer dinámicas sociales, de inclusión y ampliación política y de tratamiento de las graves condiciones de inequidad, pero necesariamente sobre la base de retomar y proyectar los logros democráticos centrales que aseguró la Constitución del 91.

Alvaro Villarraga Alvaro Uribe

En consecuencia, resulta equivocado concederle importancia sólo al aspecto de la prolongación de las hostilidades y a la posibilidad de nuevos acuerdos de paz con las guerrillas que persisten, sin reconocer que la construcción de la paz es un proceso intenso en el cual se ha debatido el país por más de dos décadas.

Así pues se necesita resolver la dicotomía entre un desarrollo constitucional democrático, soportado en el precepto del Estado Social de Derecho, que arroja valiosos resultados, y dinámicas de guerra que se asocian con expresiones de autoritarismo, violencia, ilegalidad, empobrecimiento y crisis humanitaria.

En los ejercicios conmemorativos del año pasado, bien se recordó que el proceso constituyente fue posible precisamente por la confluencia de varias dinámicas:

  • La movilización ciudadana promovida especialmente por los estudiantes con la Séptima Papeleta;
  • Pactos de paz con varias guerrillas;
  • Medidas de sometimiento del narcotráfico a la justicia;
  • Fallos históricos de la Corte Suprema de Justicia que hicieron posible convocar una auténtica Asamblea Nacional Constituyente, y
  • Decretos gubernamentales que aunque inicialmente negaban o limitaban tal posibilidad luego la facilitaron.

De todo ello se derivó un ejercicio de consenso para adoptar una Constitución de contenido democrático y progresista, fundamento para conseguir la paz.

Política de guerra y ausencia de política paz

El presidente Santos ha contribuido a mejorar el ambiente político interno e internacional con varias medidas que incluyen su anuncio de estar dispuesto, dadas ciertas circunstancias, a retomar el diálogo de paz con las guerrillas.

El presidente sin embargo no ha removido obstáculos que impiden avanzar en ese camino. Más allá de reiterar su disposición hacia la paz, no define una política al respecto y confunde la atribución constitucional y legal que tiene para liderar el orden público y el manejo de los procesos de paz con la negativa a la participación del conjunto del Estado y de la sociedad.

Entre las contribuciones del gobierno nacional hacia un clima de paz están:

  • La disposición a emprender diálogos de paz;
  • El reconocimiento de la existencia del conflicto armado;
  • El tratamiento prioritario de la ley de reparación de las víctimas y restitución de tierras a campesinos despojados y desplazados;
  • La recuperación de las relaciones con los países fronterizos;
  • El aval al Congreso en el debate de una iniciativa sobre la paz, y
  • La aceptación de soluciones humanitarias concertadas.

Pero entre los obstáculos se encuentran:

  • Herencias no superadas -del presidente Uribe- sobre la pretensión de derrotar militarmente a las guerrillas a cualquier precio, desestimando las posibilidades de una solución política y negociada.
  • Limitaciones en las políticas referentes a asuntos agrarios, sociales y de desarrollo económico, que no brindan reformas ni acciones para superar de forma significativa las condiciones de exclusión, polarización social y extendida pobreza existente.
  • Mantenimiento de una formulación de política de paz reducida al sometimiento a la justicia y la reinserción.
  • Ausencia de estrategia y compromiso con un proceso real de transición.
  • Ausencia de un verdadero consenso político nacional orientado hacia la paz.
  • Pervivencia de expresiones de la equivocación del anterior gobernante de concebir y tratar de forma idéntica la insurgencia y el paramilitarismo.
  • Creer erróneamente que ha sido superado en lo fundamental el fenómeno paramilitar.
  • Falta de revisión de la política de tratamiento del narcotráfico y sus múltiples efectos de distinto orden.
  • Falencias e inconsecuencias que aún se expresan en el tratamiento de las problemáticas en derechos humanos y derecho humanitario.

Otra vez hoy, el sólo esfuerzo militar se revela insuficiente e inadecuado. No obstante el alto nivel de deslegitimación y los golpes militares que ha sufrido la guerrilla, y después de una década de esfuerzos muy intensos, no se ha podido terminar el conflicto armado. Persistir en la derrota militar definitiva y final de las guerrillas implicaría aún más altos costos humanos, institucionales, presupuestales, materiales, sociales, políticos y culturales, con consecuencias negativas de todo orden y de mediano plazo.

Si bien en circunstancias de conflicto armado resulta entendible el desarrollo de una estrategia militar y la ejecución de un plan de guerra, es discutible que se mantenga en ellos el énfasis político, presupuestal y práctico. Que este énfasis se mantiene lo demuestran

  • medidas como el “Plan Espada de Honor”,
  • el anuncio de pasar a los frentes de guerra todos los efectivos que prestan servicio militar, o
  • reforzar la intervención de los asesores militares norteamericanos en esta nueva fase del Plan Colombia.

En contraste, no se adoptan formulaciones y medidas propias de una política de paz. Pues ésta no se puede reducir a la expectativa en torno a un incierto inicio del diálogo con las guerrillas. Por el contrario, debe ser una apuesta convincente hacia la sociedad y el Estado, la superación de las causas y los efectos del conflicto y la atención a una agenda diversa de medidas que también conllevan formas de participación a todo nivel y, por supuesto, el tratamiento hacia la superación definitiva de fenómenos como la insurgencia y el paramilitarismo.

Una tarea colectiva

Sin desconocer la oportunidad que todavía tiene el gobierno del presidente Santos de revisar y reenfocar su política de paz, es preciso reiterar que todo depende de recuperar un amplio consenso nacional y de comprometer a todos los ámbitos estatales, institucionales y sociales.

Alvaro Villarraga marcha paz

Desde abajo, en las regiones y en diversos sectores sociales y de opinión se observa un renacer progresivo de iniciativas hacia la paz. Desde la década pasada y en amplios sectores sociales, se viene imponiendo un discurso que aboga por no seguir delegando la paz a los actores del conflicto armado, sino que el conjunto del Estado y de la sociedad deben asumirla en términos de derecho y obligación, como lo demanda la propia Constitución.

Es pues una tarea colectiva y no circunscrita al poder ejecutivo desarrollar políticas y acciones de paz que aseguren los mínimos necesarios en términos de derechos fundamentales, de régimen de garantías, de soluciones para los graves problemas sociales y de posibilidades reales de tramitar pacíficamente los conflictos.

Consolidar una paz frágil pero probable es un asunto complejo que requiere que el Estado mismo, el gobierno nacional, las autoridades territoriales, las corporaciones públicas y el conjunto de la sociedad se comprometan en una agenda multidimensional sobre asuntos sociales, garantías efectivas y recuperación institucional bajo los preceptos constitucionales y formas de gobierno y de gestión pública con transparencia.

La actual agenda de paz solo contiene un tímido consenso en torno a reconocer que no se debe limitar a eventuales acuerdos con las guerrillas aún activas. Ya no es viable tampoco esperar a “la maduración del conflicto” para resolverlo en términos de escalamiento militar.

Alvaro Villarraga bandera Colombia
Foto: blog.librosyeditores.com

Ante tal panorama, es preciso exigir a las guerrillas un compromiso expreso y una actitud consecuente con las actuales demandas sociales, con las obligaciones que les impone el DIH y coherencia entre sus expresiones a favor de la paz y el propósito firme de llegar a un cierre definitivo de la guerra, la disposición a concertar acuerdos realistas y la decisión radical de superar conductas violatorias que afectan a la población civil.

La decisión reciente de las FARC en tal sentido es un avance positivo y el Acuerdo Base que quedó por firmarse con el ELN tiene vigencia. Así podrían contribuir a crear un ambiente favorable al entendimiento y el progresivo desescalamiento del conflicto armado, como soporte importante para aproximaciones iniciales de las partes en torno precisamente a compromisos en la regulación humanitaria.

Generado un ambiente propicio, mejorarían las posibilidades de una interlocución política y el gobierno tendría de hecho que dar una respuesta de fondo que conduzca a un proceso de paz.

* Presidente de la Fundación Cultura Democrática, integrante del Centro de Memoria Histórica y docente universitario. 

 

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