Un repaso cargado de enseñanzas del camino recorrido en busca de la paz en Colombia. Siete gobiernos, múltiples intentos, trabas y esperanzas, constituyen valiosas experiencias. Por fin se ve la luz al final del túnel.
Álvaro Villarraga Sarmiento
Fue en el gobierno Betancur que se produjeron, el acuerdo de La Uribe con las FARC. Foto: El Tiempo.
Coyuntura excepcional
Durante las seis décadas de enfrentamiento entre el Estado y las varias guerrillas de Colombia, hemos tenido períodos de recrudecimiento de las hostilidades, pero también momentos de búsqueda de soluciones dialogadas. Es erróneo afirmar que los entendimientos fracasaron siempre. Sería más preciso distinguir los matices: pactos de paz exitosos, acuerdos parciales de importancia, ejercicios de interlocución con resultados precarios y diálogos fracasados.
Para empezar recordemos los pactos de paz definitivos y en general exitosos con el Movimiento 19 de abril (M19), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y otras agrupaciones menores a instancias de la Constituyente de 1991.
Sin embargo durante las últimas dos décadas el conflicto se recrudeció, y los entendimientos entre gobiernos anteriores y las FARC y el ELN no lograron resultados efectivos. Por eso cundieron la desconfianza y el escepticismo sobre las posibilidades de un nuevo proceso de paz.
No obstante hoy asistimos a una coyuntura extraordinaria: el gobierno y las FARC anunciaron un acuerdo sobre la negociación para finalizar pronto las hostilidades; el ELN y el presidente han expresado interés en sumarse al proceso, y — de manera también sorprendente — la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, instituciones y la comunidad internacional manifiestan respaldo y esperanza de que se alcancen soluciones negociadas.
Por eso es conveniente revisar lo sucedido en los anteriores procesos de paz. Entender sus aciertos y errores puede arrojar luces para el actual proceso, sobre la base por supuesto de reconocer que las circunstancias han cambiado significativamente.
Betancur (1982–1986)
Fue el gobierno Betancur quien – por primera vez – adoptó una política de paz que incluyó la amnistía (Ley 35), la reforma constitucional sobre elección popular de alcaldes, el Plan Nacional de Rehabilitación en zonas afectadas por la pobreza y el conflicto armado, y una Comisión de Paz de representación plural autorizada para negociar con las guerrillas. Entonces en 1984, se produjeron, de una parte, el acuerdo de La Uribe de “Cese al Fuego, Tregua y Paz” con las FARC, y de otra, el acuerdo con el EPL y el M19 de “Cese al Fuego y Tregua Bilateral”.
Es erróneo afirmar que los entendimientos fracasaron siempre. Sería más preciso distinguir los matices. Foto: RCNradio.com |
En virtud del acuerdo con las FARC surgió la Unión Patriótica (UP) para hacer posible un tránsito a la actividad política legal y existió el compromiso de la inserción social y económica de los guerrilleros. La UP fue un fenómeno político: consiguió bancadas en el congreso, acceso a corporaciones y gobiernos locales y adhesión de varios grupos de izquierda.
Entre tanto, en desarrollo de la tregua, el M19 propuso un diálogo nacional y el EPL propuso convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Las tres guerrillas propusieron reformas políticas y sociales. Por su parte, el ELN no aceptó dialogar.
Pero este proceso entró en crisis:
- La exigencia de reformas por parte de las guerrillas fue rechazada e interpretada desde sectores de poder como una imposición que desconocía las instituciones;
- las políticas de ajuste exigidas por el FMI debilitaron la política social, desdibujaron el Programa de Rehabilitación y dieron pie a protestas sociales;
- las comisiones veedoras registraban frecuentes violaciones al cese al fuego atribuidas principalmente a la fuerza pública, que expresamente desacató las treguas pactadas;
- a la vez se señalaba a las guerrillas de seguir realizando homicidios, secuestros y extorsiones y de desplegar acciones de proselitismo armado;
- una creciente oposición de los partidos liberal y conservador, de los gremios y de las mayorías del congreso fueron arrinconando al presidente Betancur.
Entonces, tras asesinatos y atentados contra voceros de las guerrillas en tregua, en 1985 se produjeron las rupturas de los pactos con el M19 y el EPL. Simultáneamente, los grupos paramilitares atacaron de manera sistemática y brutal a los integrantes de la UP, actuando con el apoyo directo o la inacción deliberada de unidades de la fuerza pública.
Barco (1986–1990)
Este gobierno acordó la prórroga de la tregua con las FARC, pero no consiguió brindar garantías a la UP ni se comprometió con las reformas. Luego, tras varios operativos de las Fuerzas Militares contra campamentos de las FARC y la reacción de esta guerrilla con un fuerte ataque contra el Ejército en 1987, la tregua se rompió definitivamente.
 Varios dirigentes y parlamentarios de la UP de pasado guerrillero retornaron a las armas, mientras que el conjunto de la organización fue víctima de un plan de exterminio.
Foto: lamanchaobrera.es |
En tal contexto, varios dirigentes y parlamentarios de la UP de pasado guerrillero retornaron a las armas, mientras que el conjunto de la organización fue víctima de un plan de exterminio que con el tiempo cobró más de cinco mil víctimas, señaladas de tener vínculos con las FARC desde sectores oficiales, de la fuerza pública y los grupos paramilitares.
Sin embargo, de manera paradójica, al final de este gobierno, en medio del desborde de violencia propiciada por el narcotráfico y la intensificación de las hostilidades con las cuatro guerrillas agrupadas entonces en la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar (CNGSB), se produjo un viraje en la política gubernamental que hizo posible un pacto de paz definitivo con el M19, guerrilla que optó por la lucha política, y se iniciaron conversaciones con el EPL y otros grupos menores, a partir de la fuerza que cobró la demanda de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
Gaviria (1990-1994)
Este gobierno consiguió nuevos pactos de paz, con el EPL, con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y con el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), como producto de la Constitución de 1991, en cuya elaboración participaron nuevas vertientes políticas y sociales, incluidas las propias de la insurgencia que accedió a la vida política.
En forma simultánea sin embargo, el gobierno Gaviria desató una fuerte campaña militar contra las FARC y el ELN, quienes dieron prioridad a su estrategia de guerra, aunque llegaron a considerar la posibilidad de participar en la Constituyente.
En ese ambiente se produjeron las rondas de diálogo en Caracas y en Tlaxcala. Se logró consenso en una agenda y se discutieron varios temas, pero no se produjo ningún acuerdo sustancial y los hechos de violencia llevaron a la suspensión abrupta del diálogo tras la muerte de un exministro en poder de una fracción guerrillera.
Un aspecto relevante de estos diálogos fue la participación por primera vez del ELN en conversaciones para la paz y el acompañamiento de la comunidad internacional en calidad de testigo en la mesa y de facilitador para los diálogos en Venezuela y México.
Samper (1994 – 1998)
El gobierno Samper diseñó una política de paz y dejó aportes como la creación del Consejo Nacional de Paz, pero no consiguió iniciar diálogos con las FARC ante la oposición del estamento militar a la desmilitarización del municipio de Uribe que exigía esa guerrilla.
 El gobierno Gaviria consiguió pactos de paz, con el EPL, con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y con el Movimiento Armado QuintínLame (MAQL).
Foto:Banco de la República. |
La crisis del proceso 8.000 consumió los esfuerzos de este gobierno. No obstante, en 1996 se produjo un acuerdo humanitario con las FARC, con apoyo en facilitadores internos e internacionales, que permitió liberar a 61 miembros del Ejército y de la Armada. El hecho creó un ambiente de aproximación: las FARC expresaron su interés en un proceso de paz que podía tener como escenario definitivo otra Constituyente y el gobierno nombró un equipo de comisionados que elaboró una Propuesta Marco, pero los entendimientos no prosperaron.
Sin embargo este gobierno mantuvo contactos discretos con el ELN, que contaron con la asesoría de la Comisión de Encuesta del Protocolo I de los Convenios de Ginebra y alentaron un acuerdo con el Consejo Nacional de Paz en Maguncia (Alemania), que incluyó compromisos humanitarios y la propuesta de esta guerrilla de realizar una Convención Nacional en busca de la paz.
Pastrana (1998 –2002)
La creciente movilización ciudadana se convirtió en un auténtico clamor por la paz a finales de los años 90: el gobierno de Andrés Pastrana inició conversaciones con las FARC en 1999, aceptando de entrada la desmilitarización de cinco municipios de Meta y Caquetá, de tradicional presencia guerrillera.
Esta guerrilla venía moviéndose en una curva creciente de acciones militares exitosas frente a la fuerza pública, criticada por su ineficacia. El gobierno no tenía definidas con claridad la política, estrategia y propuestas para la paz, pero acordó con las FARC una amplia agenda, comisiones de negociación, de consulta temática y un sistema de audiencias públicas que consiguió amplia participación social.
Varios acuerdos parciales permitieron la liberación de más de 400 miembros de la fuerza pública en poder de la guerrilla. Una Comisión de Notables designada por consenso entregó un documento que aportó una propuesta y una estrategia viable hacia un acuerdo de paz.
Sin embargo, este proceso fracasó por varias razones:
- Ni el gobierno ni los sectores de mayor poder institucional, económico y social hicieron propuestas sobre reformas que dieran fundamento y perspectiva al proceso.
- Más allá del despliegue político y del importante acompañamiento internacional, el principal esfuerzo oficial estuvo en el acuerdo con Estados Unidos para implementar el Plan Colombia, dirigido al fortalecimiento y a la retoma de iniciativa por parte de las Fuerzas Armadas.
- Por su parte, las FARC sobredimensionaron sus posibilidades, concedieron prioridad a la propuesta de un “canje humanitario de prisioneros” y aunque asistieron al intercambio temático con la sociedad civil, mantuvieron hostilidades militares, ampliaron sus contingentes y realizaron violaciones sistemáticas al derecho humanitario, especialmente con tomas de rehenes y secuestros colectivos de civiles.
- Simultáneamente, se desató un sanguinario despliegue paramilitar por parte de las AUC que produjo miles víctimas en regiones campesinas.
Tras varias suspensiones, el proceso entró en crisis y se produjo la ruptura definitiva a inicio de 2002.
Paralelamente el gobierno Pastrana sostuvo diálogos con el ELN, pero fueron precarios, interrumpidos y utilizados como reserva ante las dificultades con las FARC, por lo cual no arrojaron mayores resultados, aunque ambientaron una agenda y consiguieron cierto acercamiento en algunos temas. Es de destacar que el ELN aceptó conversar en el exterior y propició intercambios también con la sociedad civil y la comunidad internacional.
Uribe (2002 –2010)
Durante los dos mandatos del presidente Álvaro Uribe (2002–2006 y 2006–2010) no se produjeron diálogos de paz con las FARC ni propuestas viables de las partes al respecto, pero ante la exigencia ciudadana y de las víctimas y con apoyo en facilitadores e intermediarios internos e internacionales, se produjeron varios acuerdos específicos para facilitar la liberación humanitaria de personas civiles y de miembros de la Fuerza Pública en poder de las FARC.
 La creciente movilización ciudadana se convirtió en un auténtico clamor por la paz a finales de los años 90: el gobierno de Andrés Pastrana inició conversaciones con las FARC en 1999.
Foto: Redepaz |
La presión política de las FARC —utilizando rehenes civiles, prolongando injustificadamente la retención y maltratando personal de la fuerza pública en su poder— y la masacre contra los diputados del Valle, provocaron una amplia movilización ciudadana en su contra.
Entre tanto, este gobierno sostuvo diálogos exploratorios con el ELN en La Habana, los cuales dieron lugar en 2007 a convenir un Acuerdo Base para iniciar negociaciones, el cual contenía seis compromisos humanitarios y la implementación de la Convención Nacional.
Sin embargo, el presidente exigió para su firma — de forma improcedente — la concentración e identificación de los integrantes de esta guerrilla, cuando apenas se iniciaban las negociaciones, lo que dio al traste con este acuerdo.
A pesar de esta situación, también se logró rescatar algunos rehenes mediante los buenos oficios de la sociedad civil y de la comunidad internacional, aunque en medio de obstáculos, vetos y señalamientos hechos por el gobierno nacional contra buena parte de sus participantes.
Santos (2010 – 2014)
Asistimos ahora bajo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos al inicio de nuevas negociaciones de paz con las FARC y la posible participación del ELN, tras una fase exploratoria que permitió definir una agenda acotada y muy realista en comparación a las anteriores y unos criterios y términos a tono con las nuevas circunstancias. Es ampliamente reconocido el cambio en la relación de fuerzas a favor del Estado y en contra de las guerrillas tanto en aspectos políticos, de representatividad, como militares.
Entre lo convenido vale destacar:
- la aceptación de negociaciones en el exterior,
- el compromiso con la terminación de la guerra,
- el tratamiento integral de la agenda hasta conseguir consensos en todos sus tópicos,
- la convocatoria a la participación de la sociedad,
- la consideración prioritaria de temas de derechos humanos, derechos de las víctimas, revelaciones en memoria histórica, ampliación de la democracia, tratamiento del narcotráfico, el compromiso de llegar al desarme y la integración política y social de los guerrilleros y la vinculación de varios países como garantes y facilitadores.
Ha sido dado a conocer un Acuerdo General en tal sentido muy positivo, por cuanto responde a los consensos necesarios y posibles en las actuales condiciones. Paralelamente repunta el respaldo ciudadano, otra vez mayoritario, a favor de la solución negociada. Queda por resolver la necesaria exigencia del cese del fuego lo más pronto posible y el expreso compromiso inmediato de las partes con las obligaciones humanitarias.
Pero en todo caso vivimos una nueva coyuntura histórica que explica el rápido, amplio y decidido respaldo interno e internacional brindado. Queda también sobre el tapete la potenciación de la necesaria contribución e incidencia de la sociedad civil en todas sus expresiones y del conjunto de la institucionalidad, porque es claro que la paz como propósito nacional es obra compleja que incumbe en su conjunto a la sociedad y al Estado de múltiples maneras y que aún están por darse muchas de las condiciones para una paz posible y sostenible.
* Presidente de la Fundación Cultura Democrática, integrante del Centro de Memoria Histórica y catedrático universitario.
