Un recorrido detallado sobre el proceso que hace treinta años llevó a la desmovilización del M-19, y sobre cómo ese acontecimiento fue decisivo en el cambio de la vida política del país.
Álvaro Villarraga Sarmiento*
El primer acuerdo
El 9 de marzo de 1990 el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) firmó un pacto de paz —el primero entre un Estado y una guerrilla en América Latina— con el Movimiento 19 de Abril (M-19) en cabeza de Carlos Pizarro. Este mes se cumplieron treinta años del acontecimiento.
Pero el camino que llevó a ese acuerdo no fue fácil. En contraste con las otras guerrillas –FARC, ELN y EPL-, el M-19 no adoptó una ideología centrada en el marxismo-leninismo, fue más flexible en lo político y más audaz en lo militar. Eran trashumantes con poco arraigo regional y la forma como se organizaron diferenciaba poco entre guerrilla, milicia local y red de apoyo político y logístico.
Con la toma de la Embajada de la República Dominicana en Bogotá en 1980, el M-19 consiguió dos cosas importantes:
- La primera mesa de negociación gobierno-guerrilla, que logró con apoyo de facilitadores un acuerdo humanitario de liberación de los rehenes.
- Y la propuesta de su entonces comandante Jaime Bateman al gobierno para conseguir un acuerdo de “diálogo nacional, amnistía y paz”.
El gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) tuvo el mérito de realizar el primer proceso de paz, que dio lugar en 1984 a dos acuerdos de tregua bilateral y compromisos hacia la paz: uno entre el gobierno y las FARC-EP y otro entre el gobierno y el EPL y M-19. Sin embargo, los acuerdos se frustraron porque las élites rechazaron las reformas propuestas y por la presión del Ejército que no acató la orden presidencial de cese al fuego contra las guerrillas.
El M-19 cometió entonces en 1985 otra reprobable toma de rehenes contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con el equivocado cálculo de hacer un juicio simbólico a los incumplimientos oficiales en la aplicación del acuerdo de tregua, lo que derivó, junto con la contra-toma militar, en una gran tragedia humanitaria.
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Empeoraba el conflicto
Después del fracaso final del proceso de paz del gobierno Betancur, el gobierno de Virgilio Barco optó por eludir las conversaciones con las guerrillas y adoptó la política que denominó “mano tendida y pulso firme”.
Su apuesta era mantener el Programa Nacional de Rehabilitación (PNR), que intentaba hacer frente a la pobreza y la exclusión en zonas rurales de conflicto, y fortalecer la respuesta militar contra las guerrillas. Sin embargo, Barco heredó la vigencia de la tregua bilateral con las FARC, por lo cual mantuvo un contacto directo con ellos, que se conoció como el “teléfono rojo”.
A pesar de cierto impacto del PNR, en algunas zonas el conflicto armado aumentó notoriamente. La tregua con las FARC se rompió en 1987 y todas las guerrillas se agruparon en la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar (CNGSB). El paramilitarismo se extendió a varias regiones, asesinando a líderes sociales, políticos de izquierda y comunidades campesinas, a quienes señalaban de ser la base social de las guerrillas.
El M-19 irrumpió con notorio éxito en la política
Simultáneamente irrumpieron violentamente los carteles del narcotráfico. El de Medellín, especialmente, hizo atentados terroristas para presionar al Estado y al Gobierno contra las solicitudes de extradición de la justicia de Estados Unidos.
Con su inmenso poder económico, el narcotráfico penetró esferas del Estado, sectores de la sociedad, fracciones políticas y tuvo una simbiosis con el paramilitarismo y sus alianzas regionales, dando lugar a una especie de ejércitos privados regionales, con epicentro en el Magdalena Medio.
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Ofensiva en el Cauca y el Valle
Por otra parte, el golpe político, militar y moral de la tragedia del Palacio de Justicia en 1985 llevó al M-19 a adoptar en 1986 un plan de ofensiva estratégica guerrillera con pretensión insurreccional, que comenzaba en Cauca y pretendía al llegar a Cali provocar un alzamiento popular.
Su entonces comandante, Álvaro Fayad, propuso el plan a las otras guerrillas, quienes no lo compartieron. Ellas persistían en su estrategia de acumular fuerzas y hacer ofensivas guerrilleras tácticas, y no creían que existieran las condiciones para tomarse el poder.
Sin embargo, el M-19 concentró sus efectivos en Cauca y logró que el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) se uniera a su plan, así como algunos núcleos guerrilleros amigos de Ecuador y Perú. Una gruesa columna guerrillera denominada “Batallón América”, bajo la comandancia de Carlos Pizarro, sostuvo con el Ejército fuertes combates en Cauca.
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30 años del acuerdo de paz con el M-19
Luego entró al Valle, donde sufrió golpes y bajas, por lo que el MAQL se retiró y retornó al Cauca. Con una fuerza notoriamente debilitada, el M-19 llegó a Cali, donde actuó marginalmente con apoyo de su núcleo miliciano de Siloé, pero el levantamiento esperado no sucedió.
Tras este revés, en 1988 el M-19 replegó sus efectivos al Cauca y adoptó un giro estratégico con acento más político que militar, lanzando las consignas de “tregua a las Fuerzas Armadas, guerra a la oligarquía y paz a la nación”. Aspiraban a “ser gobierno”.
Vuelve el llamado a la negociación
Reaccionando al crítico panorama de guerra, violencia generalizada y narcotráfico, diversos sectores sociales presionaron al gobierno para que formulara una política de paz que diera lugar a conversaciones con las guerrillas.
Entre ellos, sobresalieron los esfuerzos de la Comisión de Convivencia Democrática coordinada por la Iglesia Católica y de la Comisión de Notables, autorizada por el gobierno para realizar contactos exploratorios con las guerrillas.
También se hicieron foros y comisiones que pedían la paz desde regiones como Tolima, Magdalena Medio y Cauca. A esta convergencia social, política y con frecuencia de corporaciones públicas y autoridades locales se le conoció como los “diálogos regionales”.
Estas circunstancias llevaron al presidente Barco a dar un viraje en su política y adoptar la “Iniciativa para la Paz”, que incluyó cuatro elementos:
- Disposición gubernamental al diálogo con las guerrillas, bajo el presupuesto de conseguir su integración a la vida civil.
- Reconocer que la paz implicaba reformas constitucionales, políticas e institucionales de democratización.
- Conceder garantías a excombatientes guerrilleros acogidos a acuerdos de paz para su actuación política, de amnistía en lo jurídico y de apoyo en su paso a la vida civil.
- Reconocimiento de los diálogos regionales por la paz.
Por su parte, la CNGSB envió una carta al presidente Barco en octubre de 1988. En ella le proponía “diálogo directo a alto nivel con todas las guerrillas representadas en la CNGSB”. Plantearon buscar una solución política, pero criticaron la propuesta del gobierno de ser un “plan de rendición y desmovilización guerrillera”, que no garantizaba las transformaciones que la paz requería.
En 1989 el M-19 se separó de la CNGSB e inició conversaciones de paz con el gobierno Barco sobre la base de su “iniciativa de paz”. El entonces consejero de paz Rafael Pardo y el comandante guerrillero Carlos Pizarro consiguieron consensos hacia un acuerdo de paz.
Finalmente, en septiembre de ese mismo año, el Gobierno, el M-19 y el Partido Liberal suscribieron el Pacto Político por la Paz y la Democracia, que demandó reformas políticas y sociales, en especial una reforma constitucional a tramitar en el Congreso que incluía un referendo por la paz.
El proyecto de esta reforma constitucional se hundió, pero en marzo de 1990 el M-19 dejó las armas y pasó a la legalidad. Su primera acción fue respaldar al movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta, que demandó convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ante la grave crisis institucional, de conflicto armado y de violencia generalizada que existía en el momento.
El tránsito a la política
El M-19 irrumpió con notorio éxito en la política. Esto a pesar de que a solo 47 días de haber pasado a la vida legal fue asesinado su excomandante Carlos Pizarro, cuando realizaba la campaña electoral como candidato presidencial. El hecho comprometió a agentes estatales y redes narco-paramilitares. Ante este duro golpe, el M-19 persistió en la paz y consiguió el respaldo de una amplia movilización ciudadana.
Agrupados en la nueva Alianza Democrática M-19 (AD/M-19), exintegrantes del M-19, junto con los de otras insurgencias desmovilizadas (el EPL y el PRT), una docena de agrupaciones de izquierda, líderes de movimientos sociales, intelectuales y dirigentes progresistas de los partidos Liberal y Conservador, consiguieron la mayor votación en la elección de constituyentes, con el 28 por ciento. Previamente, Antonio Navarro obtuvo casi un millón de votos como candidato a la presidencia por la misma AD/M-19.
El protagonismo político de este mismo movimiento fue decisivo en la Constituyente de 1991, que consagró mecanismos democráticos, derechos y garantías antes inexistentes y configuró un nuevo mapa político que cambió la anterior hegemonía liberal-conservadora.
Además, durante los treinta años posteriores al acuerdo de paz, personas del M-19 han tenido destacados liderazgos en proyectos políticos
Por su parte, el MAQL –autodefensa indígena del Cauca-, también pactó la paz en 1991 sobre la base de la convocatoria de la ANC y con aliados del ámbito popular conformó la Alianza Social Indígena (ASI), liderando durante esa década la participación indígena en los procesos políticos.
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Treinta años después
El colectivo de excombatientes del M-19, al igual que de los demás acuerdos de paz suscritos en los años noventa, participaron en el Programa para la Reintegración durante esa década, de manera general exitoso. En los últimos años, la directora nacional de este programa fue la exintegrante del M-19 Gloria Quiceno, quien también había sido elegida congresista.
Foto: Alcaldía de Bogotá
Evento celebración en Bogotá de los 30 años del acuerdo.
De tal manera, un millar de excombatientes del M-19 participaron en programas educativos y de capacitación y formación laboral, entre los cuales se destacan la creación del Programa de Ciencias Políticas de la Universidad del Valle y la masiva iniciativa nacional del programa de Bachillerato con Enfoque de Paz y Convivencia. Consiguieron logros y atravesaron las dificultades propias de las iniciativas de reintegración socioeconómica y laboral.
Además, durante los treinta años posteriores al acuerdo de paz, personas del M-19 han tenido destacados liderazgos en proyectos políticos de la izquierda y el ámbito democrático, de los cuales han hecho parte junto con otros sectores aliados, casos del Polo Democrático Independiente (PDI) —que luego se denominó Polo Democrático Alternativo (PDA)—, el Partido Alianza Verde (PDA) y el movimiento Colombia Humana.
Entre ellas: Antonio Navarro fue senador en varias ocasiones, alcalde de Pasto y gobernador de Nariño; y Vera Grave lideró la bancada de la AD/M-19 en el Congreso y fue fórmula vicepresidencial de Navarro como candidato presidencial. Como senador, Gustavo Petro encaró con valentía la denuncia del paramilitarismo y sus vínculos con la política, el poder político y la economía.
En las últimas elecciones presidenciales, a nombre de Colombia Humana, Petro consiguió la histórica votación de más de ocho millones, configurando por primera vez una alternativa de gobierno nacional de las vertientes de izquierda, progresistas, ambientalistas y de ciudadanías diversas.
Como legado, han incidido positivamente en procesos políticos, sociales y ciudadanos del ámbito local, regional y nacional. Y también, como parte de una realidad común de estos procesos de paz, han afrontado expresiones de estigmatización, persecución y casos de graves violaciones a los derechos humanos. Todo esto, como resultado de su decisión y protagonismo en todo lo que implica construir la paz.
*Catedrático, integrante de la Fundación Cultura Democrática.