La democracia está enfrentando hoy muy serias amenazas en el mundo entero. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Cómo evitar que nuestro sistema político colapse?
Alejandro Gómez- Velasquez*
Tiempos difíciles
A comienzos del año pasado, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, dos profesores de ciencia política de la Universidad de Harvard, presentaron el libro How Democracies Die (Crown, 2018) —“Cómo mueren las democracias” —.
Los autores explican su preocupación por el futuro de la democracia en todo el mundo, incluyendo en especial a su propio país: aunque la tradicional democracia estadounidense ha venido debilitándose desde hace unas décadas, la llegada de Donald Trump a la presidencia ha significado un reto particularmente complejo para ella.
En el plano mundial, la democracia experimenta una situación paradójica: desde los años ochenta este sistema político se ha popularizado tanto que en la actualidad existen más regímenes democráticos que nunca. Sin embargo, desde hace un par de décadas también ha crecido aceleradamente un sentimiento de descontento hacia la democracia que se manifiesta en movimientos como el de los indignados en España y en la irrupción de numerosos regímenes autoritarios en el mundo entero.
Los autores señalan que en la actualidad las democracias no mueren como antes. Para nadie es un secreto que durante la segunda mitad del siglo XX muchas democracias —particularmente en el Cono Sur de América Latina— desaparecieron porque grupos militares se tomaron el poder mediante golpes de Estado, pero de unos años para acá, muchas democracias han llegado a su fin gracias a mecanismos mucho más sofisticados como artículos previstos por constituciones que, en principio, respaldan ese sistema político.
Políticos demagogos electos instrumentalicen artículos constitucionales para concentrar el poder matando así el espíritu democrático.
Cada vez es más común que políticos demagogos electos por voto popular instrumentalicen artículos constitucionales para concentrar el poder y aferrarse a él indefinidamente, matando así el espíritu democrático que caracteriza a las constituciones de sus naciones. Un ejemplo es el dramático proceso de degradación democrática e institucional que ha sufrido Venezuela desde la elección democrática de Hugo Chávez.
Aunque suele creerse que las constituciones son un elemento fundamental para enfrentar las pulsiones antidemocráticas, la historia ha probado que confiar en ellas no es suficiente para defender este sistema político. Hasta el momento, la Constitución estadounidense ha permitido resguardar el régimen democrático de esta nación, sin embargo la Carta Magna argentina de 1853 era prácticamente una copia de la de Filadelfia de 1787 y evidentemente, no fue suficiente para evitar las elecciones fraudulentas de finales del siglo XIX, ni el golpe militar de 1930 ni la llegada de la autocracia populista de Perón en 1943.
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Dos pilares democráticos
De acuerdo con Levitsky y Ziblatt, al revisar la historia política y constitucional estadounidense es posible identificar dos pilares que, a modo de convenciones o normas informales, han sustentado la democracia y el orden institucional. El primero de ellos es la tolerancia mutua (mutual toleration), es decir, la idea que supone que siempre y cuando los rivales políticos acaten las reglas constitucionales tienen derecho a existir, a competir por el poder y a gobernar en caso de que ganen las elecciones. Esto implica que aunque existan desacuerdos y rivalidad, debe primar el reconocimiento mutuo de la institucionalidad. En últimas, se trata de reemplazar la figura de ‘enemigo’ por la de ‘oponente político legítimo’.
Foto: TV Perú |
El segundo de ellos es la contención institucional (institutional forebearance) que hace referencia al auto control y auto restricción que deben tener cada uno de los órganos institucionales para evitar acciones que, pese a respetar la literalidad de las normas o los vacíos de regulación, vulneran su espíritu democrático. Dos ejemplos jurídicos que ilustran ese pilar son el abuso del derecho como principio general del derecho y la institución de la desviación de poder en derecho administrativo.
Esta contención puede ser equiparada a lo que el profesor Mark Tushnet ha denominado como “beligerancia” o “juego sucio” constitucional (constitutional hardball), es decir, decisiones que están amparadas formalmente por el ordenamiento jurídico, pero que afectan los arreglos y acuerdos constitucionales pre-existentes. En el contexto estadounidense, podríamos pensar, por ejemplo, en la propuesta del gobierno de Roosevelt de “diluir” la Corte Suprema de Justicia (packing the Court) en la era del New Deal y en la práctica del filibusterismo en el procedimiento legislativo o en el juicio político del presidente por causales claramente dudosas.
Para los autores, estos dos pilares se refuerzan mutuamente cuando están presentes, pero también se debilitan recíprocamente cuando están aminorados y esto supone un profundo riesgo para la estabilidad de la democracia y del orden institucional.
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¿Cómo estamos en Colombia?
Todas estas reflexiones resultan sumamente iluminadoras para reflexionar sobre el contexto colombiano, pues aunque no nos encontramos ante un gobierno con pretensiones autoritarias dado que, hasta ahora, el presidente se ha pronunciado en favor de las instituciones democráticas, sí es importante indagar por la solidez de los pilares de la democracia colombiana.
Al leer las últimas noticias, resulta evidente que los pilares democráticos descritos anteriormente no pasan por su mejor momento en Colombia. Indudablemente, es un mal síntoma que Proyectos de ley tan importantes como el Plan de Desarrollo o aquellos que buscan combatir la corrupción estuvieran en riesgo o se hundieran por falta de apoyo político. Así mismo, es un pésimo augurio que en los debates parlamentarios sean tan frecuentes las descalificaciones personales entre los políticos que algunas sesiones hayan tenido que suspenderse. Quizás la prueba más contundente de que los niveles de tolerancia mutua han decaído estrepitosamente en nuestro país sea que el propio gerente del Banco de la República acuse a la polarización política de algunos resultados económicos
Quizás la prueba más contundente de que los niveles de tolerancia mutua han decaído estrepitosamente en nuestro país sea que el propio gerente del Banco de la República acuse a la polarización política de algunos resultados económicos.
El panorama no es más alentador para la beligerancia entre los órganos del poder público: los magistrados se han visto obligados a dar ruedas de prensa sobre sus decisiones para que no las “tergiversen”; algunos congresistas quieren presentar un proyecto de reforma constitucional que permita la convocatoria y realización de referendos para revocar sentencias judiciales que vayan en contravía de la opinión general y, como si fuera poco, se está considerando la posibilidad de revocar a los magistrados de las altas cortés a través de algún mecanismo de participación ciudadana. Es evidente que, al igual que la tolerancia mutua, la contención inter- institucional está en crisis en nuestro país.
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El libro de Levitsky y Ziblatt cierra con un capítulo corto titulado “Salvando la democracia” en el que sugieren algunas estrategias para fortalecer los pilares democráticos en tiempos de crisis. Sobre la polarización, sugieren que las élites de los partidos inicien acercamientos caracterizados por la tolerancia y el reconocimiento mutuo y también que los partidos amplíen sus bases electorales para sean más incluyentes y dejen de representar los mismos sectores sociales de siempre. En cuanto al juego sucio constitucional, promueven reconstruir el acuerdo tácito según el cual la institucionalidad está por encima de todo, incluso en contra de los intereses partidistas y mayoritarios.
Foto: Urna de Cristal |
A mi modo de ver, las advertencias y sugerencias de los autores estadounidenses resultan sumamente pertinentes para abordar la realidad colombiana. Teniendo en cuenta que en los últimos años hemos testificado los dramáticos efectos que ha provocado el colapso del régimen venezolano, es necesario que reflexionemos sobre los riesgos que enfrenta nuestra democracia.
Candidato a Doctor en Derecho en la Universidad Pompeu Fabra, LL.M en Estudios Jurídicos Internacionales de American University, Magister en Derecho Constitucional del CECP, Profesor Asociado e investigador de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT de Medellín.