Alejandro Gómez- Velasquez, autor en Razón Pública
Foto: Alcaldía de Bogotá

Compartir:

El excanciller Leyva y el exfiscal Montealegre plantean una Constituyente derivada del acuerdo con las FARC. ¿En qué se basa la propuesta, por qué está equivocada y a dónde nos llevaría?.

Alejandro Gómez- Velásquez*

La constituyente según Leyva y Montealegre    

Desde el mes de marzo, el presidente Petro nos ha venido acostumbrando a que, a través de sus discursos y mensajes en redes sociales, se hable de forma deshilvanada e infundada de la posibilidad de convocar un Asamblea Nacional Constituyente por fuera de la vía  prevista por el artículo 376 de la Constitución. 

Lo novedoso de esta última semana es que el excanciller Álvaro Leyva sorprendió a la opinión pública con un breve mensaje en redes sociales donde pretendió otorgarles fundamento jurídico a las desordenadas ideas del presidente. 

Según Leyva, el presidente podría convocar directamente a una Asamblea Nacional Constituyente, sin que el Congreso de la República lo apruebe (por mayoría absoluta), ni que la Corte Constitucional ejerza control (tanto por vicios de trámite  como por falta de  competencia) y sin que el pueblo lo decida (con la participación mínima de un tercio de los colombianos), ya que así lo ordenaría expresamente el Acuerdo  suscrito con las FARC en 2016. 

Para sustentar su curiosa teoría, el excanciller, citó un aparte del preámbulo que dispone: “[El Gobierno de Colombia y las FARC EP] con el ánimo de consolidar aún más (sic) las bases sobre las que se edificará (sic) la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el procedimiento de refrendación convocará a todos los partidos, movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran ACUERDO POLÍTICO NACIONAL encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social […]”.

El hecho de referirse a un “acuerdo político nacional” (que el excanciller toma como sinónimo de una Asamblea Constituyente) y la existencia de una declaración unilateral por parte de Colombia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas donde se obliga a cumplir el acuerdo, son, según Leyva, las razones jurídicas para que el presidente proceda a convocar la constituyente. 

Ante la exótica propuesta de Leyva, no tardaron en reaccionar personas involucradas en la negociación, aprobación y ejecución del Acuerdo Final suscrito con las FARC.

A esta idea parece sumarse el exfiscal Eduardo Montealegre, quién ha señalado recientemente que el incumplimiento del Acuerdo con las FARC facultaría al presidente para convocar a una constituyente a través de un decreto con fuerza de ley.   

Foto: Cancillería - En la misma línea se pronunció Sergio Jaramillo quien era Comisionado de Paz para la época de los diálogos con las FARC.

Reaccionan los actores del acuerdo

Ante la exótica propuesta de Leyva, no tardaron en reaccionar personas involucradas en la negociación, aprobación y ejecución del Acuerdo Final suscrito con las FARC. 

El primero en hacerlo fue el expresidente Santos, quien sostuvo en un video  que usar el Acuerdo como pretexto para convocar una constituyente es “un absurdo”. Según Santos, el tema de la constituyente fue precisamente una de las líneas rojas en la negociación,  y el Acuerdo no podría reabrirse cuando ya el conflicto entre las FARC y el gobierno había terminado. Finalmente, reiteró que las reformas constitucionales solo pueden hacerse en el marco del artículo 376. 

El jefe negociador del gobierno con las FARC, Humberto de la Calle, se pronunció  al calificar la propuesta de Leyva como “equivocada” y “descabellada”. Si bien reconoce que las FARC siempre tuvieron la intención de la Constituyente, en la mesa de negociación eso no fue concedido y, en su lugar, se accedió a convocar el plebiscito por la paz. En criterio del ahora Senador, simplemente no es cierto que en el Acuerdo de Paz esté implícita la autorización para una constituyente ni nada parecido. 

En la misma línea se pronunció Sergio Jaramillo, Comisionado de Paz en tiempos de la negociación con las FARC. Jaramillo reconoce ser el autor del mencionado párrafo y haberlo discutido expresamente con Leyva durante las negociaciones. Pero utilizarlo para convocar a una constituyente no era el espíritu del texto y es equivocado. El Acuerdo Político en cuestión se refería a asuntos posteriores al cumplimiento del Acuerdo, y hablando con rigor, este es un desarrollo de la Constitución de 1991.

El acuerdo y la constituyente

Dado el contraste entre las dos teorías mencionadas, vale recordar que durante las negociaciones las FARC insistieron e intentaron de manera recurrente otorgarle el carácter de constitucional a lo dispuesto en el Acuerdo Final como estrategia para garantizar su cumplimiento. 

Para eso trajeron a la mesa la figura del Acuerdo Especial, una figura del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que permitiría, según si posición, hacer que, el contenido completo del Acuerdo entrara a hacer parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, y así tuviera rango constitucional (según dispone el artículo 93 de la Constitución  vigente).

La figura del Acuerdo Especial alcanzó a estar consagrada en el artículo 4° del Acto Legislativo 01 de 2016  y fue uno de los puntos de más dura oposición por parte de los líderes de la campaña por el No en el plebiscito; para ellos se trataba de un despropósito jurídico, además de una imposición del Acuerdo a través de un “atajo” jurídico. 

Por lo tanto y tras los resultados del plebiscito, el Acto Legislativo 02 de 2017  aclaró la situación en los términos siguientes:  

  1. Solo los contenidos del Acuerdo Final referentes al DIH o a derechos humanos serían parámetros obligatorios de interpretación y desarrollo del Acuerdo; 
  2. Las instituciones del Estado tienen la obligación de cumplirlo de buena fe; y 
  3. Lo anterior tendría vigencia para tres periodos presidenciales, es decir, hasta 2030. 

Por tratarse de una reforma tramitada por “fast track”, tuvo control automático por parte de la Corte Constitucional. En sentencia C-630 de 2017, la Corte decidió que, en virtud del Acto Legislativo, el Acuerdo Final pasó de ser una “política de gobierno” a una “política de Estado”, en tanto involucra a todas las instituciones públicas y representa un compromiso en torno a la paz y la convivencia social. 

Sin embargo, a renglón seguido, afirma que dicha reforma no puede incorporar automáticamente el Acuerdo Final al ordenamiento jurídico interno, ni tampoco al bloque de constitucionalidad, sino que debe ser desarrollado en decisiones legislativas por los órganos competentes y de conformidad con los procedimientos previstos en la Constitución para tal efecto. 

En cuanto al deber de cumplir el Acuerdo de buena fe, afirma que esta es una obligación de medio y no de resultado, lo cual implica que los órganos políticos, en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, deberán llevar a cabo los mejores esfuerzos para cumplir lo pactado.

De lo decidido por la Corte, resulta claro que

  1. No todo el Acuerdo Final hace parte de la Constitución, y menos un apartado introductorio que nada tiene que ver con asuntos de DIH o de derechos humanos. 
  2. Los órganos y ramas del Estado tienen el deber de procurar, de buena fe y sin obligarse con un resultado, a ejecutar lo allí dispuesto, sin que ello implique el deber de convocar a constituyente alguna ―menos aún, para hacerlo a criterio del gobernante de turno― . 
  3. El Acuerdo no implicó un cambio en las competencias de los órganos del Estado. Cuando menos, de los procedimientos de reforma constitucional que están taxativamente previstos en la Constitución y que en nada tuvieron que ver con lo acordado. 

El sombrero del que sale la propuesta 

La propuesta de Leyva parece salir de un libreto bien conocido y que confunde o desconoce uno de los fundamentos del derecho constitucional contemporáneo, a saber, el del dualismo constitucional (como lo llama  Bruce Ackerman).

Confundir o fusionar ambos momentos daría al traste con la función de límite que tiene la Constitución en una democracia y supone el mundo ideal para el gobernante de turno que quiera desconocer los frenos y contrapesos constitucionales.

Ackerman afirma que el derecho constitucional se basa en distinguir entre los momentos de política constitucional y los de la política ordinaria. Los primeros son tan extraordinarios como las revoluciones científicas y en ellos el pueblo toma las decisiones trascendentales a través de la Constitución. En los segundos, son los órganos del Estado quienes deciden a la luz de los parámetros y límites constitucionales. Precisamente por eso las constituciones prevén los mecanismos para su propia reforma y disponen de procedimientos más exigentes que los propios de la política ordinaria, puesto que está de por medio el ethos mismo del constitucionalismo. 

Confundir o fusionar ambos momentos daría al traste con la función de límite que tiene la Constitución en una democracia y supone el mundo ideal para el gobernante de turno que quiera desconocer los frenos y contrapesos constitucionales.

Esto fue lo que ocurrió en Venezuela en 2017, cuando el presidente Maduro, ante la derrota en las elecciones de la Asamblea Nacional, decidió convocar por decreto y con claro desconocimiento de los preceptos constitucionales a una Asamblea  Constituyente, con el fin de contrarrestar la labor del órgano legislativo y de dictar algunas “leyes constitucionales” que garantizaran su permanencia en el poder.

En este escenario, ¿será que el presidente Petro sucumbirá ante los cantos de sirena de sus asesores, que con propuestas claramente traídas de los cabellos y sin sustento jurídico alguno, le permitan desatarse y desconocer la Constitución que juró cumplir fielmente al asumir su mandato? 

Este es el tamaño de interrogante que tenemos entre nosotros y que el presidente deberá resolver en los próximos días.  

1 comentarios

Alejandro Gómez- Velasquez

Escrito por:

Alejandro Gómez- Velasquez

Doctor (PhD) en Derecho en la Universidad Pompeu Fabra, Magister (LL.M) en Estudios Jurídicos Internacionales de American University, Magister en Derecho Constitucional y Ciencia Política del CECP, Abogado y Politólogo. Profesor Titular e investigador de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT de Medellín.

Compartir:

Alejandro GomezLa democracia está enfrentando hoy muy serias amenazas en el mundo entero. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Cómo evitar que nuestro sistema político colapse?

Alejandro Gómez- Velasquez*

Continue reading «¿Está en riesgo la democracia colombiana?»

0 comentarios

Alejandro Gómez- Velasquez

Escrito por:

Alejandro Gómez- Velasquez

Doctor (PhD) en Derecho en la Universidad Pompeu Fabra, Magister (LL.M) en Estudios Jurídicos Internacionales de American University, Magister en Derecho Constitucional y Ciencia Política del CECP, Abogado y Politólogo. Profesor Titular e investigador de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT de Medellín.

ISSN 2145-0439

Razonpublica.com se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. Basada en una obra en razonpublica.com.