¿Cuál es la reforma laboral que necesita Colombia?

Una exposición del debate vigente sobre la reforma laboral. Aunque beneficia a algunos, puede agravar dos grandes fenómenos del mercado de trabajo: una tasa de desempleo alta y una informalidad enorme.

Panorama del mercado de trabajo

El mercado de trabajo en Colombia, entendido como el espacio en el cual convergen la oferta y la demanda de trabajo, posee, grosso modo, dos grandes problemas de fondo. El primero: una estructura regulatoria poco acorde con la capacidad productiva actual de la economía; el segundo: la manera como se financia la seguridad social.

Estas dos dificultades estructurales repercuten directamente sobre el bienestar de la sociedad en general: el desempleo, definido como la proporción de personas en edad, condiciones y disposición de trabajar que no encuentran un puesto de trabajo, y la informalidad, entendida como aquel trabajo remunerado que no cumple, ya sea de forma parcial o total, las regulaciones laborales vigentes.

La tasa de desocupación promedio en Colombia durante el año 2024 fue de 10,2%, mientras que la de informalidad fue de 55,9%. Al comparar estas cifras con los países OCDE, el país es superado únicamente por España (11,4% en la tasa de desempleo) y por México (56,3% en la de informalidad). A nivel regional, Colombia es líder en materia desempleo, mientras que en informalidad, Perú (70,9%), Ecuador (68,0%) y Paraguay (62,1%) lo superan.

Estos datos son preocupantes. Muestran que existe una barrera que limita de manera significativa las capacidades de consumo y ahorro por parte de las familias, así como la posibilidad de que las empresas generen mayor productividad mediante incorporación de nuevas tecnologías o de capital humano mejor y más calificado. Sin importar el caso, las consecuencias para el mercado de trabajo y la economía en general son negativas.

Es urgente explorar nuevas políticas que brinden una solución a las consecuencias derivadas de las problemáticas previamente mencionadas. Para dar un contexto al lector se presenta un pequeño pero conciso resumen de la propuesta impulsada por el gobierno nacional, cuya finalidad declarada es “adoptar una reforma orientada al trabajo decente y digno en Colombia”.

Sobre la propuesta del gobierno nacional

Los proyectos de Ley 311 de 2024 del Senado y 166 de 2023 de la Cámara son como la hoja de ruta del gobierno nacional para “mejorar” las condiciones de trabajo en Colombia. La Comisión séptima del Senado aprobó la ponencia por la cual se archivó la iniciativa del Gobierno, pero subsisten dos alternativas. La primera: una propuesta radicada por el Partido Liberal; la segunda: una consulta popular promovida desde el Ejecutivo.

La propuesta que el gobierno nacional presentó ante el Legislativo, atractiva para quien desconoce su impacto económico, ostenta seis puntos clave: 

1. 1. Incremento en recargos nocturnos y dominicales: Busca aumentar las horas que los empleadores deben pagar con recargo nocturno y elevar el sobreprecio del trabajo al 100% durante domingos y festivos.
   2. Predominio de la figura de contratación a término indefinido: El propósito es que esta figura sea la norma general, lo que limita otras figuras a situaciones temporales, con el fin de dar mayor estabilidad laboral.
   3. Ampliación de períodos de licencias: Se propone aumentar la licencia de paternidad hasta llegar a doce semanas en 2026. Asimismo, que las trabajadoras puedan tomar hasta tres días de licencia pagada al mes por dolores menstruales.

• Modificación de los contratos de aprendizaje: Consiste en que practicantes y aprendices gocen de un contrato a término fijo con derecho a prestaciones sociales, lo que mejora la remuneración.

1. Aumento en las indemnizaciones por despido sin justa causa: Aumentar el monto de las indemnizaciones para desincentivar despidos injustificados y promover la estabilidad en el empleo.
2. Regulación del trabajo en plataformas digitales: Reconocer la existencia de una relación laboral entre las plataformas digitales de reparto y sus trabajadores, al otorgarles derechos laborales y de seguridad social. 

Aunque los beneficios de la iniciativa pueden asociarse a una mejora en la calidad de vida de los trabajadores mediante la promoción de entornos más inclusivos y mayor protección, es indispensable analizar los efectos negativos de su implementación: las empresas, como unidades económicas, son las creadoras de nuevos puestos de trabajo y verían incrementados sus costos laborales, lo que afecta su competitividad y permanencia en el mercado.

En el tiempo conllevan las consecuencias de los problemas aludidos atrás: desempleo e informalidad. Para el caso, el Banco de la República estima que el aumento en los costos generado por la reforma implicaría la pérdida de 450.000 empleos formales, además de que encarecería y desincentivaría la creación de trabajo formal. Los 2,7 millones de desocupados y 12,8 millones de informales enfrentarían mayores dificultades para acceder a un empleo formal.

Sobre los problemas estructurales del mercado de trabajo

El argumento que sustenta la negativa a la propuesta del gobierno nacional es que no brinda soluciones a los dos grandes fenómenos que afectan a la sociedad en general. Dado que el objetivo consiste en garantizar equidad y eficiencia, buscar alternativas que brinden soluciones más que de forma, de fondo, conlleva a replantearse la forma como los principales problemas del mercado de trabajo están siendo abordados por parte de los formuladores de política.

La regulación vigente en el país impone de manera obligatoria unos costos mínimos al trabajo formal, los cuales, debido al nivel de generación de ingresos, muchas empresas no están en capacidad de afrontar. Un estudio de Confecámaras muestra que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) representaron el 99,3% del tejido empresarial en 2024, siendo las micro (92,9%) las de mayor participación. Un incremento en sus costos reduciría, aun más, su tasa de supervivencia (33,4%).

El salario mínimo (SM) es el mayor costo que asumen las empresas y la barrera más significativa que enfrentan los trabajadores en el momento de querer acceder al mercado de trabajo. Para el caso colombiano, Eslava y Fernández mostraron que el valor del SM es 8,0% menor al ingreso mediano y 30,0% menor al ingreso promedio, lo que genera que, aproximadamente, el 43,0% de trabajadores perciban un ingreso laboral inferior a un SM y 21,0% menos de medio SM.

En línea con lo anterior, las empresas, en su mayoría Mipymes, se ven forzadas a mantener un equipo de trabajo reducido o a establecer vínculos informales. Por el lado de los trabajadores, y dada la necesidad de generar ingresos, estos se ven obligados a desempeñarse “por cuenta propia”, evadiendo sus contribuciones a la seguridad social y por ende, sin poder acceder a los beneficios que esta ofrece. En cualquiera de los dos casos, el resultado es una prevalencia del desempleo y la informalidad.

Aunado a esto, la actual financiación del sistema de seguridad social, que recae en su mayoría sobre el costo del trabajo formal, funge como un incentivo perverso que limita el acceso a la formalidad. Por último, es necesario resaltar que la afectación de la desocupación es mucho mayor en mujeres que en hombres, y de la informalidad, en jóvenes de entre 15 y 24 años, con bajo nivel educativo y denominados como “por cuenta propia”.

Posibles respuestas a la pregunta del título

Existe pleno consenso de que los derechos adquiridos por parte de los trabajadores deben ser garantizados de forma permanente. Ningún sentido tiene entonces implementar una reforma que beneficie a quienes ya gozan de ellos. Por el contrario, y como ya se ha mencionado, esto impediría que personas catalogadas como desocupadas o informales tuvieran mayores oportunidades de revertir su situación y los estigmas que esto conlleva en los niveles económico y social.

Para lograr un mercado de trabajo más equitativo y eficiente es prioritario rediseñar la forma como se financia la seguridad social. Resulta fundamental avanzar hacia un modelo en el que los beneficios no se financien con sobrecostos al empleo formal, sino con una mayor tributación general, especialmente a través de impuestos progresivos que recaigan en las personas naturales con mayores ingresos. Lo anterior permitiría reducir las cargas que desincentivan la generación de empleo formal. 

Asimismo, es urgente flexibilizar la política de SM. Su actual definición excluye a una gran proporción de trabajadores con empleos de tiempo parcial o baja productividad. En ese sentido, permitir el pago por horas o días y establecer esquemas especiales para trabajadores con mayores dificultades de empleabilidad, como los jóvenes y personas mayores con baja cualificación, incentivaría la formalización. En la misma dirección, su diferenciación y regionalización podría incrementar la ocupación formal.

En materia pensional, infortunadamente, si bien la Ley 2381 de 2024 aumenta la cobertura, lo hace a través de un mayor nivel de gasto público, en lugar de concentrarse en la generación de nuevos puestos de trabajo y en mayor formalización del empleo. Urgente es contemplar medidas que reduzcan el costo del trabajo formal para quienes más lo necesitan, con lo que se promueve el acceso y la equidad del Sistema General de Pensiones (SGP).

Por último, es más que necesario que las políticas sociales se integren a las políticas de empleo. Programas de transferencias monetarias deben transformarse en mecanismos que apoyen la formalización laboral, de manera que la asistencia social no sea un desincentivo a la formalización, sino, por el contrario, un medio para lograr trayectorias laborales más sostenibles en el tiempo.

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*Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor.