Explicación clara de por qué la administración de justicia enfrenta problemas muy serios, y de por qué son insuficientes o son equivocadas las medidas que propone el gobierno frente al escándalo de la Corte Constitucional.
Farid Samir Benavides Vanegas*
El diagnostico oficial
El pasado martes 24 de marzo el presidente Santos anunció un paquete de medidas para remediar la crisis de la administración de justicia.
Según el presidente los principales problemas de la Rama son el sistema de elección de los magistrados de las altas Cortes y la ausencia de una instancia válida de investigación y juzgamiento de los altos funcionarios judiciales. Para solucionar estos dos problemas el gobierno propone:
- Modificar el sistema de elección de los magistrados y hacer más estrictos los requisitos para acceder a las Cortes.
- Crear un Tribunal de Aforados que se ocupe de las investigaciones contra estos altos funcionarios, dejando su juicio político al Senado de la República y su juzgamiento penal a la Corte Suprema de Justicia.
- Algo paradójicamente, el gobierno se opone a eliminar la Corte Constitucional, pero propone eliminar al Consejo Superior de la Judicatura.
Que todo cambie para que todo siga igual-.
En un artículo anterior en Razón Pública mostré cómo el Tribunal de Aforados era una forma de producción de desigualdad, y allí sostuve que la reforma de la justicia debía ser estructural y no meramente coyuntural, como la entonces presentada por el ministro de Justicia.
En este artículo trataré de analizar si los problemas de la Rama Judicial son los que intenta resolver la propuesta del gobierno, o si por el contrario esta es apenas otra forma de hacer más de lo mismo -o, como diría el escritor Giuseppe Lampedusa, de hacer que todo cambie para que todo siga igual-.
 El Magistrado Jorge Pretelt Chaljub. Foto: Corte Constitucional de Colombia |
Los problemas de la justicia
Al revés de los que dicen los medios, esta no es la primera ni la peor crisis de la administración de justicia en Colombia, aunque tal vez sí sea la primera que afecta a la Corte Constitucional, instancia que hasta ahora había sido considerada como la joya de la Constitución de 1991.
Desde hace mucho tiempo la administración de justicia ha estado en crisis por su incapacidad para servir como mecanismo de tramitación de los conflictos ciudadanos. Ya en la década de 1970 el exministro Jorge Enrique Gutiérrez Anzola afirmaba que la justicia colombiana era ineficiente y que esa ineficiencia producía la congestión judicial, lo cual hacía que los conflictos quedaron sin ser resueltos y afectaba la cohesión social.
Aquella crisis de la justicia fue tratada mediante varias reformas o intentos de reforma, siempre pensando en que el problema radicaba en los procedimientos y no en la formación de los abogados o en la forma de incorporar los jueces a la Rama Judicial. Durante los años setenta por ejemplo, los gobiernos de Alfonso López y Julio César Turbay intentaron sin éxito reformar a la administración de justicia para hacerla más eficiente y para garantizar que cumpliera su función de resolver los conflictos y evitar la violencia no estatal.
Pero solo con la Constitución de 1991 tuvimos una reforma estructural, pues se creó un conjunto nuevo de instituciones, como la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional, y se introdujeron mecanismos judiciales para proteger los derechos de las personas, como la acción de tutela.
Las reformas propuestas desde entonces no se han quedado en el plano de las instituciones, pues incluyeron cambios en el plano educativo. Pero además el lenguaje de los derechos se fue imponiendo en Colombia, y la ciudadanía encontró en la tutela un mecanismo que convertía a los jueces en actores centrales del sistema político que los protegían de los abusos comunes de parte del Estado y de actores privados.
Era tal el prestigio de la administración de justicia, que la política acabó siendo judicializada, pues las Cortes hicieron lo que los políticos no se atrevían a hacer. En un momento de grave crisis institucional, producto del escándalo por el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper, los jueces asumieron, con grave riesgo para sus vidas, la protección del sistema político colombiano.
Los jueces y magistrados contribuyeron al desarrollo de la Constitución y al avance de nuestros derechos. Son ya clásicas las sentencias de magistrados como Ciro Angarita, Carlos Gaviria o Alejandro Martínez, e incluso algunos magistrados auxiliares de la Corte (Rodrigo Uprimny, Juan Jaramillo o Rodolfo Arango) llegaron a ser conocidos no solo por su capacidad académica sino por su integridad moral.
 Magistrados de la Corte constitucional de Colombia entregan el informe de gestión durante el periodo 2009-2015 de la institución. Foto: Corte Constitucional de Colombia |
La debacle
Pero la falta de transparencia en el proceso de elección de magistrados permitió que a las cúpulas llegaran individuos con escasas calidades intelectuales o, peor, con nulas calidades morales.
El derecho fue separado de la ética en un sentido perverso, y ya la fuerza no era el derecho (como en los Estados autoritarios) sino que fue siendo cada vez más dependiente del dinero. Como en las clepto-cracias o Estados muy corruptos, pasamos a una forma perversa de crony capitalism o, como la llamara Luis Jorge Garay, sufrimos una de reconfiguración cooptada del Estado.
Pero los problemas del Estado no se reducían a las altas Cortes. De una justicia amenazada por los actores armados pasamos a una justicia comprada por esos mismos actores. Las posibilidades de acceso a la justicia fueron asociadas con la capacidad monetaria de la gente.
Poco a poco volvimos a la época anterior a la Constitución de 1991, con unos jueces mal pagados, con condiciones indignas de trabajo, sin el apoyo del Estado y forzados a entrar en paro para llamar la atención del gobierno nacional. Mientras tanto las posibilidades de acceso de la ciudadanía a cualquier forma de justicia iban siendo eliminadas, lo cual nos dejó el uso de la tutela como única salida.
Como sostuvo el actual ministro de Justicia, la tutela se convirtió en el mecanismo por excelencia de acceso a la justicia y los jueces acabaron resolviendo una cantidad tan numerosa de asuntos que con esto demostraban la incapacidad del Estado para atender las necesidades del ciudadano.
Sin embargo se trataba de una vana ilusión, porque la tutela no produce redistribución de los recursos y sobre todo porque no puede incluir a todas las personas vulnerables. Y además la tutela fue “descubierta” también por las élites, que abusaron (o también abusaron) de ella para privar a otros de sus derechos.
Estos son solo algunos de los problemas de la Rama Judicial. Tampoco son males exclusivos de Colombia sino que afectan a muchos países en desarrollo. Pero a pesar de su complejidad, nuestros gobiernos proponen soluciones tan simplistas que hasta nos hacen dudar de su capacidad o de la buena voluntad de sus altos funcionarios.
Remedios equivocados
Las medidas propuestas por el gobierno Santos obedecen a la misma lógica que en general orienta las políticas públicas en cuanto a la justicia: la improvisación.
Es como si de repente y apenas a raíz del affaire Pretelt, el gobierno se hubiera enterado de que la justicia está en crisis y de que ésta se debe a la manera de escoger o de juzgar a los magistrados de las altas Cortes. Por eso:
1. Aunque es verdad que el sistema para elegir magistrados invita a la corrupción (pues los candidatos van de oficina en oficina para pedir el voto en la corporación correspondiente y en el Congreso), no es verdad que un nuevo sistema de elección garantice que lleguen los mejores.
2. Obligar a los abogados y abogadas a presentar exámenes periódicos, como también propone el gobierno, garantizaría la actualización de sus conocimientos pero no su corrección moral. Es más: los casos de corrupción no suelen deberse al desconocimiento de la ley sino a todo lo contrario – a acciones de profesionales del derecho con una alta capacidad técnica al servicio de intereses ilegales-.
De una justicia amenazada por los actores armados pasamos a una justicia comprada por esos mismos actores.
3. La propuesta de un Tribunal de Aforados no solo produce una desigualdad innecesaria, sino que trata de curar la fiebre en las cobijas. Está muy bien separar el proceso político del proceso penal, pero no hay razón para crear un tribunal especial para invesigar a los altos funcionarios. Basta con asignar la investigación a la Fiscalía ante la Corte y que sea la Corte quien decida sobre la responsabilidad penal de las personas acusadas.
De modo pues que las reformas anunciadas o en curso en el Congreso no son medios verdaderos para solucionar los problemas de la administración de justicia. Necesitamos partir de un diagnóstico adecuado acerca de los problemas para poder evaluar las mejores soluciones. Y ni los unos ni las otras pueden ser coyunturales, o menos aún, cosméticas.
Se comprende que el gobierno quiera quedar bien con la opinión pública y dar la impresión de reaccionar ante los problemas que se presentan, pero ya es hora de que el Ministerio de Justicia se ponga en la tarea de pensar una reforma estructural de la Rama Judicial.
O tal vez, como vamos, habría que esperar a una asamblea constituyente posterior a los acuerdos de paz para tener una reforma estructural del sistema de administración de justicia.
* Profesor asociado y director del Área de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología de la Universidad de los Andes fs.benavides@uniandes.edu.co
