La reforma que salió del Congreso no era buena, y la Corte además acaba de tumbarla. Más que crear tribunales u organismos nuevos, la justicia necesita un rediseño integral y para eso ya no queda más camino que una asamblea constituyente.
Farid Samir Benavides*
El fallo
La semana pasada la Corte Constitucional decidió sobre la demanda interpuesta contra el segundo intento de reformar la administración de justicia por parte del gobierno Santos.
Arguyendo que el Acto Legislativo en cuestión tocaba los pilares de la Constitución (en este caso el de la autonomía de la Rama Judicial) a tal punto que la “sustituía” – en vez de simplemente reformarla- y que además se habían presentado vicios en el trámite, la Corte declaró la inconstitucionalidad de varios artículos y entre ellos:
- los que eliminaban la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y la sustituían por un Tribunal de Aforados, y
- los que creaban el Consejo de Gobierno Judicial que habría de reemplazar al también desprestigiado Consejo de la Judicatura.
Ni Tribunal ni Comisión
 Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Foto: Corte Suprema de Justicia |
En un artículo anterior de Razón Pública había criticado la creación del Tribunal de Aforados por ser un mecanismo de reproducción de la desigualdad y se basaba en la falsa premisa de que los altos funcionarios necesitaban de un tribunal especial por la importancia de su cargo y para protegerlos de jueces incapaces o corruptos, como si los demás ciudadanos no tuviéramos derecho a esa misma protección. Por eso propuse entonces que simplemente se asignara el conocimiento de los casos a los jueces ordinarios, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto y no el cargo o la función que desempeñara el acusado. Desde el punto de vista de la equidad social, la Corte ha hecho pues bien en impedir ese esperpento jurídico que se llamaba “Tribunal de Aforados”.
Pero esto no implica que no haya que acabar de una vez por todas con la Comisión de Acusaciones de la Cámara o, por lo menos con la exigencia de que el juicio político previo sea condición necesaria para que estos altos funcionarios sean juzgados por sus posibles delitos
Me explico: la Comisión de Acusaciones es un órgano político de la Cámara de Representantes que acusa a ciertos altos funcionarios ante el Senado. Si el Senado condena a la persona, esta puede ser juzgada por la Corte Suprema de Justicia. Por ende, la Comisión de Acusaciones no es propiamente un tribunal que adjudica casos en derecho, sino que decide sobre la base de consideraciones políticas. Esto está bien y es sano para la democracia.
Pero no está bien que ese juicio político sea una condición de posibilidad para el juicio en derecho, pues no existe un argumento válido para que las razones políticas determinen la actuación de las Cortes. Estos dos procedimientos deberían estar separados.
La reforma que no anda
Este nuevo fracaso del presidente Santos en su empeño de llevar a cabo la reforma que sin duda necesita la justicia podría atribuirse a dos razones principales:
- La confusión de la reforma de la justicia con otro tipo de reformas. En ambos casos las cuestiones referentes al sistema judicial se han incluido en proyectos que buscan modificar también las otras Ramas de la administración.
El gobierno fue incapaz de explicar la relación de la reforma a la justicia con el restablecimiento del equilibrio entre los poderes públicos. Además, no era clara la relación entre eliminar la reelección presidencial y eliminar el Consejo Superior de la Judicatura.
- Esto lleva a la segunda razón del fracaso: el escenario escogido para tramitar la reforma. Es un hecho evidente que el Congreso es el peor lugar para hacer reformas de gran calado en Colombia, por los diversos intereses que entran en juego allí y por la lentitud de sus trámites. Recordemos que la reforma de 1991 solo fue posible gracias a la revocatoria del Congreso y la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
La administración de justicia se encuentra en crisis desde hace varios años. Pero el diagnostico que inspiró los dos proyectos de reforma de Santos ha sido equivocado, pues se creyó que bastaba con modificar instituciones como el Consejo de la Judicatura o la Comisión de Acusaciones para resolver estos graves problemas.
Un estudio reciente de la Fundación Ebert en Colombia (FESCOL) identifica algunos de los principales problemas de las reformas a la justicia en América Latina, así:
1. Las reformas se han concentrado en modificar las instituciones, y en especial las altas Cortes. Con esto se olvida que uno de los principales problemas de la ciudadanía es el acceso a la justicia y que se necesitan mecanismos eficaces para que los ciudadanos puedan recibir protección por parte de los jueces. Este acceso será aún más importante durante el posconflicto, pues la ausencia de justicia estatal y la proliferación de formas violentas de justicia privada son causas decisivas de la violencia en Colombia.
2. Las reformas se han limitado a la justicia penal, dejando de lado jurisdicciones como la civil y la laboral que son más cercanas a la ciudadanía y cuyo funcionamiento dista de ser óptimo.
3. No suele hablarse con claridad de cuáles son los objetivos de las reformas. Y por ejemplo en el caso de este segundo intento de Santos faltó aclarar que tiene que ver la administración de justicia con una reforma política como la del equilibrio de poderes. Pero además y en todo caso la justicia colombiana necesita de una reforma integral o “estructural”, que aproveche los muchos y muy serios estudios que ya existen sobre sus varios problemas. Basta de paños de agua tibia que sirven para dar la apariencia de una reforma pero que en realidad muestran el desprecio de los gobiernos hacia este servicio público esencial.
La reforma que se necesita
 El Presidente Santos junto al Ministro de Justicia Jorge Eduardo Londoño. Foto: Presidencia de la República |
Casi todas las reformas se han orientado hacia la modernización de la justicia o la mejoría de su gestión, ora aumentando el número de jueces, ora reduciendo la carga procesal. Esta descongestión es sumamente es importante, pero hay otros problemas que también ameritan atención, y entre ellos:
- El papel de las facultades de derecho,
- La aplicación efectiva del sistema oral,
- El acceso de la ciudadanía a jueces y abogados,
- El funcionamiento efectivo de mecanismos alternativos de resolución pacífica de conflictos.
Estas reformas suelen responder a las ideas de instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero es notoria la ausencia de los jueces y juezas de la República en el diseño de las reformas. Cuando se invita a participar a la Rama Judicial, se invita solo a los magistrados de las altas Cortes, lo cual despierta suspicacias como las que rodearon los dos proyectos de Santos o la reciente escogencia del fiscal general de la Nación.
La administración de justicia no puede darse el lujo de esta falta de confianza y por ello la participación en las reformas debe darse en todos los niveles. Esto también exige que los jueces y juezas reflexionen sobre sus mecanismos de representación, pues entidades como la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial) también son objeto de críticas y desconfianza.
En Colombia se hacen reformas con mucha facilidad, pero ellas no suelen tener una base sólida y, sobre todo, no se suele examinar su eficacia para resolver los problemas concretos que padece la ciudadanía. Sería preciso que el gobierno nacional y entidades como el Departamento Nacional de Planeación justifiquen las reformas a partir de estudios empíricos serios y no apenas de enunciados políticos gaseosos.
Estos y otros problemas que aquí no he mencionado necesitan de una reforma especializada, sistemática y profunda. Y el único escenario posible para lograrlo sería una Asamblea Nacional Constituyente.
Además, la justicia no es la única que necesita una reforma. Por eso estoy en desacuerdo con las personas que proponen una constituyente limitada. Todo lo contrario: los acuerdos con las FARC deben dar pie a una reforma estructural del Estado, y a que los colombianos podamos plasmar en este acuerdo fundamental el país y el Estado que imaginamos.
Yo imagino un Estado donde que la igualdad y la justicia social sean realidades. Pero sé que este Congreso es incapaz de llevarnos hasta allá.
*Profesor asociado de la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. fs.benavides@uniandes.edu.co
