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¿Rebaja de penas para los violadores?

Escrito por Farid Benavides
Farid Benavides

Farid BenavidesMás allá de las reacciones emotivas a la propuesta del Fiscal, es importante saber en qué consiste la iniciativa, cuál es su razón de ser, y por qué la derecha y la izquierda colombianas coinciden en exigir más mano dura. 

Farid Samir Benavides*

El Fiscal General, Eduardo Montealegre Lynett.

La propuesta y sus críticos

Por estos días el fiscal general de la Nación propuso extender los beneficios de la llamada “justicia premial” (donde se conceden beneficios a los procesados que colaboren con la investigación)  a individuos responsables de delitos sexuales.

El fiscal no logró explicar bien la propuesta, y dejó la impresión de que su propósito fundamental era acabar con las bandas criminales dedicadas a la violencia sexual. Dada esta  mala explicación, en varios programas de radio se criticó el uso de ese tipo de medidas para enfrentar delitos que casi siempre son cometidos por individuos aislados.

La propuesta también fue criticada por la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quien pidió aumento de penas para los responsables de delitos sexuales (como lo había hecho en el caso de las niñas y niños asesinados en Caquetá) porque, en su opinión,  las penas actuales son insuficientes.

Desde un partido que suele perfilarse como de centro-izquierda, la senadora Claudia López se sumó sin embargo a los opositores de la idea, afirmando que se trataba de una medida improvisada y contraria al proyecto político de la fallecida senadora Gilma Jiménez. López  incluso lamentó que Jiménez no hubiera logrado establecer la cadena perpetua para los violadores.

El debate por tanto, ha estado dominado por la emociones, pero ha brillado por su ausencia el examen sereno de los hechos. Una conversación más constructiva sobre la propuesta del Fiscal debería versar al menos sobre dos asuntos:

  • ¿Es eficaz la justicia premial, y es conveniente en relación con los delitos sexuales?  
  • ¿Por qué la izquierda y la derecha coinciden en materia de seguridad ciudadana?, ¿Por qué la izquierda no parece defender el Estado de Derecho frente a las exigencias de un supuesto derecho a la seguridad?
La fallecida ex-senadora del Partido Verde, Gilma Jiménez.
La fallecida ex-senadora del Partido Verde, Gilma Jiménez.
Foto: Congreso de la República de Colombia

El por qué y el para qué de la medida

El procedimiento penal colombiano se caracteriza por (i) la presunción de inocencia, (ii) la separación entre acusación y juzgamiento, y (iii) la atribución de la función acusatoria a la Fiscalía. De aquí se sigue que la Fiscalía debe demostrar más allá de toda duda que la persona es responsable del delito que se le imputa.

Pero la Fiscalía no tiene la capacidad de investigar todos los delitos que se cometen en el país. Esto no es novedoso ni es exclusivo de Colombia: sencillamente ningún Estado puede investigarlo todo. Por eso en todas partes del mundo existe un cierto margen de arbitrariedad en la escogencia de las investigaciones, que por regla general está condicionado por el criterio de mayor probabilidad de éxito.

Por ejemplo en Estados Unidos, una proporción muy alta (casi un 95 por ciento) de los procesos que se inician no llega a la etapa de juicio, pues antes de desgastar el sistema en una investigación engorrosa, los fiscales prefieren ofrecer un acuerdo donde ganen las dos partes: el Estado obtiene una condena y el procesado obtiene una pena menor de la que  se le imputaba inicialmente. Esta práctica permite dedicar los mayores esfuerzos a los casos más difíciles o de mayor impacto, aunque también es claro que las injusticias son muy comunes y que los riesgos de condena de inocentes son altos. Y sin embargo el sistema norteamericano ha logrado funcionar así y dar la impresión de eficiencia.

La Fiscalía no tiene la capacidad de investigar todos los delitos que se cometen en el país. 

El caso colombiano no es tan sencillo porque el constituyente de 1991, en vez de adoptar el modelo acusatorio anglosajón (con la Fiscalía como parte de la Rama Ejecutiva y con la facultad de elegir discrecionalmente los delitos a investigar), adoptó el modelo europeo, mucho menos dinámico y con una Fiscalía que es parte de la Rama Judicial, con las obligaciones de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al acusado.  

No obstante lo anterior, desde 1993 se han intentado distintas formas de negociación de la pena, todas ellas tendientes a desarticular las organizaciones criminales. Al mismo tiempo se han aplicado medidas que premian la colaboración con la justicia y el ahorro de los costos que un juicio penal implica para el Estado.

Los delitos de violencia sexual en todas sus modalidades son muy difíciles de probar pues, por su propia naturaleza, ocurren en privado y sin la posibilidad de que la Fiscalía tenga acceso a toda la evidencia. Por eso los incentivos para obtener colaboración del procesado pueden ser necesarios – y en esta misma medida se justificaría la justicia remedial para tales delitos.

Además se ha demostrado que eliminar los beneficios por colaboración e imponer penas elevadas no se traduce en aumentos en el número de condenas ni en reducción efectiva de los delitos respectivos.  

En estas circunstancias tiene razón el Fiscal al proponer mecanismos que produzcan penas efectivas, aunque no satisfagan el deseo punitivo de la ciudadanía.

La justicia premial debe ser vista como un medio para obtener condenas cuando de otra manera habría sido imposible llegar a una. Esta forma de justicia no debe pues ser vista como un privilegio de algunos delincuentes, como los autores de delitos de narcotráfico, o -dentro de un modelo de justicia transicional- los autores de crímenes de lesa humanidad.

Seguridad ciudadana y populismo punitivo

Hacinamiento en la Cárcel Modelo de Bucaramanga.
Hacinamiento en la Cárcel Modelo de Bucaramanga.
Foto: Defensoría del Pueblo

Como lo ha mostrado el criminólogo inglés David Garland y, para el caso colombiano, los investigadores Manuel Iturralde y Libardo Ariza, de la Universidad de los Andes, vivimos en una cultura punitiva donde se intenta resolver los más diversos problemas sociales mediante el endurecimiento de las penas, incluso cuando intuimos su inutilidad y prevemos que esto va a causar problemas aún más graves – como el hacinamiento y la violencia dentro de las cárceles-.

Frente a la crisis del modelo de bienestar en el sistema penal (penal welfarism), los partidos de derecha se apropiaron de un discurso de ley y orden que resultó atractivo para los votantes. El aumento de la criminalidad como consecuencia de la crisis económica (y de la crisis carcelaria) hizo  que la idea retributiva de la prisión adquiriera mayor fuerza. El delito y la cárcel se convirtieron en mecanismos de gobierno. Según mostró Jaume Curbet, a menor provisión de servicios sociales, mayor uso de la pena de prisión por parte del Estado: de este modo la derecha encontró la formula ideal para eludir las obligaciones sociales del Estado.

Y sin embargo los partidos de izquierda no ofrecieron alternativas viables. Por el contrario, cayeron en el mismo discurso, que en los últimos años ha sido denominado “populismo punitivo” o “populismo del miedo”.

En Colombia el discurso punitivista fue sostenido durante mucho tiempo por la senadora Gilma Jiménez. Pero en varias ocasiones, desde diversos lugares, se ha insistido en la debilidad de sus argumentos y en los riesgos de su propuesta.

La propuesta de cadena perpetua para los violadores de menores de la senadora iba acompañada con la reducción de la edad penal para los menores infractores. El sistema penal quedaba convertido en el mecanismo de solución de los problemas sociales. La idea parecía ser que el sistema penal solucionara todo lo que el Estado no podía, en una versión distorsionada del principio de derecho penal mínimo.

Los delitos de violencia sexual en todas sus modalidades son muy difíciles de probar

Frente a hechos como la violación y asesinato de Rosa Elvira Cely, la izquierda ofreció lo mismo que la derecha: ausencia de ideas y penas más severas. Esa fe desmedida en el sistema penal y en la pena de prisión va acompañada por la falta de interés en resolver la gravísima crisis de la prisión en Colombia. En este escenario el silencio de ideas se disfraza mediante el ruido de los barrotes.

La reacción de la senadora López se ubica dentro de esta pobreza de respuestas institucionales.  Este es un hecho lamentable, pues necesitamos soluciones de verdad y no simplemente el espectáculo de la condena. Es hora de dejar de gobernar a través del delito y comenzar a solucionar los problemas del sistema penal.
 

 

* Director del Área de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. fs.benavides@uniandes.edu.co

 

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