Estados Unidos tiene sin duda el derecho de cancelar una visa sin dar explicaciones. ¿Pero por qué emprende acciones hostiles simultáneas contra tres funcionarios distintos de un país amigo?
Farid Samir Benavides*
Los magistrados sin visa
La semana pasada conocimos la noticia de que a dos magistrados de la Corte Constitucional —Diana Fajardo y Antonio Lizarazo— y a uno de la Corte Suprema de Justicia —Eyder Patiño— les habrían retirado la visa de turista para ingresar a los Estados Unidos.
Aunque el por qué no se sabía con certeza, se especulaba que podía tratarse de una sanción por el apoyo de la Corte Constitucional a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y por la negativa de la Corte Suprema a ordenar la extradición a Estados Unidos de Seuxis Paucias Hernández, conocido como Jesús Santrich, por su aparente participación en un delito de conspiración para traficar narcóticos desde Colombia.
Tal como se esperaba, el gobierno de Estados Unidos respondió que la concesión de visas es un asunto de su exclusiva competencia y que no cabe dar razones sobre su retiro. El procedimiento puede ser reglado o puede ser arbitrario, y ningún ciudadano extranjero tiene derecho a que se le conceda la visa de entrada como turista a otro país. A lo sumo se puede reclamar que su concesión o negativa se haga conforme a la ley.
Pero es innegable que el hecho tiene implicaciones políticas y diplomáticas que vale la pena examinar. Y habría que empezar por entender el uso que hace Estados Unidos de las visas como instrumentos de presión internacional.
La visa como herramienta diplomática
Las visas pueden tener dos usos.
El primero es controlar el flujo de migrantes. Mientras que los pasaportes les permiten a los Estados proteger a sus ciudadanos y ciudadanas fuera de sus territorios, la visa de entrada es una forma de proteger el territorio controlando la entrada de personas extranjeras. Según Stringer, con frecuencia “son utilizadas para restringir o facilitar el comercio entre países y el desplazamiento de sus ciudadanos dependiendo del estado de sus relaciones”.
No parece legítimo el uso de la visa para coercionar o sancionar a un Estado con el cual se mantienen relaciones amistosas.
Pero la visa también es un instrumento de política exterior. Puede simbolizar el estado de las relaciones entre dos países o el cambio en la política exterior de uno de ellos. También puede expresar la posición oficial de descontento con respecto a la política exterior de otro Estado o ser un paso más en el conflicto entre dos o más países.
En ese sentido, la diplomacia de la visa es un instrumento legítimo dentro de las relaciones internacionales y todos los Estados la utilizan de manera cotidiana.
Foto: Facebook Corte Constitucional |
Sin embargo, lo que no parece tan legítimo es el uso de la visa como una herramienta de coerción o de sanción hacia un Estado con el cual se mantienen relaciones supuestamente amistosas, como es el caso de Estados Unidos con Colombia. En circunstancias así, se trata más bien de una forma de represalia por políticas o decisiones —en este caso judiciales—que no son del agrado del sancionador con el fin de promover un cambio en la política interna del sancionado.
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Desde un Nobel hasta un presidente sin visas
El gobierno de Estados Unidos ha ejercido de manera corriente la diplomacia de la visa.
Basta con ver la política de Trump frente al mundo musulmán. Este gobierno quiere impedir la entrada de personas procedentes de países musulmanes —con excepciones como Arabia Saudita— y lo hizo mediante un decreto conocido como el Muslim Ban. Tras una intensa polémica, la Corte Suprema de Estados Unidos acabó por avalar este uso de la visa y —pese a toda la evidencia disponible— no concluyó que se trataba de una medida discriminatoria.
También en tiempos de la Guerra Fría el gobierno de Estados Unidos impedía la entrada al país a ciertos grupos o ciertas nacionalidades, y de forma todavía más decidida a personas cuya ideología fuera considerada como comunista.
A muchos escritores latinoamericanos le fue negada la visa o fueron expulsados del territorio de Estados Unidos. Un caso conocido es el del uruguayo Ángel Rama, esposo de Marta Traba, cuya visa fue cancelada y debió abandonar el país. La razón de su salida no fue otra que sus viajes a Cuba y a la China.
La historia de la relación entre Estados Unidos y Colombia no es ajena a este uso de la visa. Es un hecho conocido que el gobierno negó la visa a Gabriel García Márquez por el simple hecho de su cercanía con el gobierno de Fidel Castro.
Pero quizás el hecho más conocido de interferencia fue la cancelación de la visa del presidente en funciones Ernesto Samper Pizano. Esta fue un mensaje claro de que Washington rechazaba la política del gobierno colombiano, aun cuando no pudiera o no quisiera hacer nada más para cambiarla.
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¿Qué busca el gobierno de Estados Unidos?
Verdad que el gobierno de Estados Unidos no tiene por qué explicar por qué concede o niega la visa a ciudadanos de otros países. Pero sí tendría que explicar a su socio en la región por qué asume actitudes hostiles contra representantes del poder judicial colombiano.
El contexto en el cual se habría negado o suspendido la visa de los magistrados no es el de una simple visita personal, sino que existen elementos para afirmar que la medida se toma como respuesta a decisiones de la Corte Constitucional en materia de la ley estatutaria de la JEP y de la Corte Suprema con respecto a la posible extradición de Santrich.
Foto: Facebook de Ernesto Samper Pizano |
Por eso las magistradas de las altas cortes han coincidido en afirmar que el incidente se da en medio de un ambiente de presión sobre las decisiones judiciales que rodean al Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC.
El hecho más conocido de interferencia fue la cancelación de la visa del presidente en funciones Ernesto Samper Pizano.
En este caso, Estados Unidos no está usando la cancelación de las visas como un asunto rutinario o personal de quienes la solicitan, sino con un claro sentido punitivo. La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué el Gobierno de Estados Unidos está tan interesado en torpedear a la JEP? ¿cuál es el temor, tanto del Gobierno colombiano como el de Estados Unidos, de que el sistema creado con los Acuerdos de Paz alcance la verdad del conflicto colombiano?
Con frecuencia se ha sostenido que uno de los actores del conflicto en Colombia nunca se ha sentado en la mesa para dar sus explicaciones. Quizás es momento de que el gobierno de Estados Unidos rinda cuentas por su política exterior, que tanto daño ha causado a los países de América Latina, en lugar de pedir cuentas a su aliado leal en la región.
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¿Y la reacción del gobierno colombiano?
Sandra Borda se preguntó en una columna reciente por la reacción de la diplomacia colombiana ante este incidente. La pregunta es pertinente si tenemos en cuenta que la medida no afecta únicamente a los tres ciudadanos involucrados. En realidad, es una clara e ilegítima interferencia del gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos de la justicia colombiana.
Lo mínimo que debió hacer el gobierno colombiano era presentar una nota de protesta ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, porque se trata de un acto hostil contra integrantes de las instituciones de un socio fundamental en la región.
La diplomacia colombiana está en mora de entender que no estamos en la época del Gran Garrote de Theodor Roosevelt, cuando detrás de las negociaciones diplomáticas estaba la amenaza de acciones hostiles como medio de presión. Hoy, por el contrario, los Estados latinoamericanos reclaman ser vistos y tratados como actores iguales en las relaciones internacionales.
*Ph.D. Profesor Asociado Universidad Ramón Llull – Blanquerna
faridsamirbv@blanquerna.url.edu
